Friday, Oct 18, 2019
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TEGUGIGALPA, HONDURAS

Uno de los responsables de haber perpetrado ataques contra el transportista de pasajeros Discovery y la empresa agrícola Camosa, fue detenido esta tarde por la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) en un punto de la capital de Honduras.

El sospechoso, según la FNA, responde al nombre de Yani Medina Carranza, de 30 años, quien fue detenido en la colonia Óscar Flores, a pocos kilómetros de Camosa, donde sus compañeros de pandilla lanzaron un cóctel molotov para atemorizar a empleados y ejecutivos.

La portavoz de la fuerza, Norma Moreno, señaló que al presunto responsable se le decomisó unos 10 mil lempiras y un teléfono celular con que realizaba las llamadas para pedir extorsión.

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Añadió Moreno que al inculpado se lo sindica de ser el autor intelectual del atentado que sufrió la empresa, propiedad del dirigente deportivo Pedro Atala.

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Respecto a los señalamientos que penden contra el sospechoso, la servidora pública afirmó que el capturado declaró haber sido uno de los autores del ataque a la empresa de transportes que conecta Tegucigalpa con Juticalpa y Catacamas, en el oriental departamento de Olancho.

TEGUGIGALPA, HONDURAS

El portavoz de la Policía Naciona, Luis Osabas, justificó hoy el arresto de dos defensoras de derechos humanos Gabriela Díaz y Karen Mejía, al señalar que el taxista tuvo miedo cuando las jóvenes iban a contratarlo para que fueran trasladadas a otro lugar de la capital de Honduras.

Aseguró que “a lo mejor quisieron entablar una conversación amistosa con él y lo tomó de manera diferente. Se consideró un riesgo y, al pasar por el sector donde funcionaba la antigua Penitenciaría Central, se detuvo y le pidió ayuda a los policías municipales, creyendo que llevaba en su vehículo pretendían agredirlo”.

Aunque las dos mujeres que iban en el taxi no portaban armas, según testimonio de familiares, el portavoz aseguró que “tuve la oportunidad de escuchar la relación de los hechos. Los policías municipales, cuando vieron una patrulla de la Policía Metropolitana, le dijeron al oficial del incidente”.

Osabas aseguró desconocer si los oficiales –de apellido Galeano y Obando– se identificaron; dijo que tampoco tuvo conocimiento si ambas defensoras de la vida se identificaron ante los policías que procedieron a detenerlas.

“Ellos hicieron el procedimiento correcto. La trasladaron a Centro Integrado (Policía y Ministerio Público), les pusieron a disposición un fiscal y al señor que las acusó y les tomó declaración…nunca hubo detención”, añadió.

El funcionario insistió que fueron trasladadas por una denuncia que se entabló contra las dos jóvenes y “el policía está en la obligación de tomar la denuncia, no puede descartarlo y lo que hicieron los agentes fue llevarla ante el fiscal para que tuviera conocimiento del caso”.

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Añadió que las ofendidas indicaron que son defensoras de derechos humanos, “pero hay una denuncia y se tiene que investigar”.

Aunque la persona no porte un arma, prosiguió, pero si es sujeta de denuncia “se tiene que cumplir el procedimiento porque es una obligación del policía atenderla y si se acusa a alguien, aunque no le encuentren arma, se está en el deber de investigar qué está sucediendo”.

Repitió varias veces que las integrantes de la organización internacional Médicos sin Fronteras estuvieron detenidas, “las llevaron a la sede policial y el fiscal determinó que no hubo delito”.

Cabe recordar que ambas defensoras de la vida fueron detenidas la noche del jueves en la exclusiva zona de Palmira en Tegucigalpa.

De acuerdo a informes preliminares, Gabriela Díaz y Karen Mejía, miembros de la organización internacional fueron interceptadas por una patrulla, minutos después de haberse reunido con el relator de derechos humanos de la ONU.

Díaz y Mejía fueron requeridas a inmediaciones de un lujoso complejo hotelero que funciona en Palmira y fueron llevadas a la sede de la Policía Metropolitana, ubicada en el céntrico barrio Los Dolores y fueron dejadas en libertad alrededor de las 10 de la noche de ayer jueves.

RÍO DE JANEIRO, BRASIL

(Spútnik Mundo) Un tercio de los senadores que analiza si la presidenta apartada Dilma Rousseff debe perder su cargo definitivamente tiene cuentas pendientes con la Justicia.

Del total de 81 senadores, 26 responden por diversos procesos ante el Tribunal Supremo Federal, la más alta instancia judicial del país, encargada de juzgar a las autoridades con foro privilegiado, como es el caso de los senadores.

De los 26 senadores que están siendo investigados o responden a alguna acción penal; 13 lo están por posible participación en el esquema de corrupción descubierto alrededor de Petrobras con la Operación Lava Jato, según recoge un informe publicado por Congresso em foco.

El propio presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB), que comanda junto al presidente del Supremo, Ricardo Lewandowski, la recta final del ‘impeachment’, tiene abiertas diez causas en el Supremo, ocho de ellas relacionadas con la Operación Lava Jato.

Los senadores que están en el punto de mira de la Justicia pertenecen a todos los partidos: el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) Aécio Neves, rival de Rousseff en las pasadas elecciones, está acusado de recibir sobornos de la empresa estatal Furnas.

La senadora del Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann está acusada de financiar de forma irregular su campaña electoral para senadora en 2010; el cambista Alberto Yousseff aseguró a la policía que inyectó un millón de reales provenientes de la trama de Petrobras.

Uno de los casos más paradigmáticos es el del senador del Partido Trabajador Cristiano (PTC) Fernando Collor de Mello, expresidente de Brasil que sufrió un ‘impeachment’ en 1992 —el primero en la historia del país— y fue apartado de su cargo.

Tras volver a la política como senador ahora está investigado en la Operación Lava Jato, acusado de recibir hasta 26 millones de reales (ocho millones de dólares) a cambio de favorecer a determinadas empresas para que consiguieran contratos con BR Distribuidora, una subsidiaria de Petrobras.