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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y dirigente político, Romeo Vásquez Velasquez, advirtió en entrevista con ConfidencialHn que todavía «no es tiempo que intervenga» el cuerpo armado respecto al conflicto político provocado por la controvertida reelección presidencial auspiciada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en favor del Partido Nacional.

Vásquez, detalló que las estrategías militares se desarrollan en fases y «la primera fase es la prevención; ahorita aún no se ha violentado la Constitución de la República, porque no se han inscrito las personas que van a la reelección» y enfatizó que aún hay tiempo de solucionar el problema de ilegalidad mediante el diálogo y la presión social.

Asimismo, pidió que por el momento sea la población hondureña la que debe pronunciarse y tratar que los políticos enmienden su posición ambiciosa y evitar que sigan violentando la Carta Magna, recomendando que si quieren ir a un proyecto que es necesario para el país que lo hagan a través de los mecanismos legales establecidos, «pero no meter a las Fuerzas Armadas».

El político y general en condición de retiro, pidió respetar al cuerpo armado, porque ellos tienen una ley que cumplir y no pueden pronunciarse porque hay reformas constitucionales donde las Fuerzas Armadas están subordinadas al Poder Ejecutivo y culquier pronunciamiento en este momento es ilegal.

Además, expresó que la ambición desmedido de los políticos que promueven la reelección presidencial, tratan de legalizar una acción que a todas luces es ilegal, y siguen la misma ruta del 2009 cuando se dió «Golpe de Estado» contra el presidente Manuel Zelaya, solo se han invertido los papeles de los actores.

«En estos momentos en las Fuarzas Armadas lo que están pensando es prevenir el conflicto político y social y que sean los políticos quienes resulevan mediante el dialógo y el consenso en el Congreso Nacional, a través de los procedimientos que establece la misma Constitución, como el plebiscito o peferendum», reafirmó.

Señaló que estos conflictos no deben ser llevados a las Fuerzas Armadas, «no tienen que ser las Fuerzas Armadas las que tienen que estar resolviendo los problemas aquí en Honduras», ahondó, y a renglón seguido manifestó que no se debe permitir llegar al extremo donde los militares tengan que intervenir.

 

 

ANKARA, TURQUÍA  

(Spútnik Mundo) Al menos 246 personas murieron y más de 2.000 fueron heridas a raíz de la intentona golpista en Turquía, ocurrida en la noche del viernes pasado, declaró el presidente turco, Recep Tayip Erdogan, citado por la agencia Reuters.

Antes se informó de 232 muertos y más de 1.500 heridos. Además, más de 4.000 personas, entre ellas 103 generales del Ejército, fueron detenidas tras el ataque, comunicó el mandatario.

Después de sofocar la intentona golpista del pasado 15 de julio, el Gobierno respondió con purgas para descubrir a los simpatizantes del clérigo opositor Fethullah Gülen, a quien indica como promotor del motín. El imán, cuya extradición Ankara exige a Washington, niega esas acusaciones.

Desde que se produjo el fallido golpe de Estado, en Turquía fueron detenidas o suspendidas en sus funciones decenas de miles de militares, agentes, jueces, funcionarios públicos y docentes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La agonizante Dirección General de Transporte (DGT) realizó este jueves despidos masivos de personal, alegando que el nuevo Instituto Nacional del Transporte Terrestre (INTT) ya entrará en operación.

Un recorrido hecho por ConfidencialHN por las instalaciones de la DGT pudo constatar que el personal está esperando una explicación de la junta interventora presidida por el inveterado funcionario nacionalista Felipe Morales.

Los extrabajadores de la DGT –que suman unas 685 personas–  esperan que alguien les informe cuándo podrán recibir su indemnización laboral luego que recibieran la notificación que ya no trabajarán más para el gobierno.

Cabe señalar que la DGT, dirigida por el activista del Partido Nacional Yovany Dubón, fue intervenida hace unos meses por el presidente Juan Orlando Hernández, para dar paso a la nueva institución, quien se encargará de regular el transporte terrestre de pasajeros y carga.

Y es que la extinta dirección fue liquidada por el gobierno, pero tuvo un costo de unos 100 millones de lempiras, explicó el inteventor Felipe Morales.

Hasta el momento, el gobierno–dice el secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato– ha despedido unas 18 mil personas, pero el Banco Central de Honduras (BCH) estima en más de 30 mil los empleados que han sido echados a la calle por presión de los organismos financieros internacionales.