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TEGUCIGALPA, HONDURAS

Las centrales obreras exigen que la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) aborde e investigue a profundidad las irregularidades en varios temas relacionados a concesiones hechas por el Estado a empresas multinacionales.

Además, solicitan que se indague de inmediato el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que asciende a unos siete mil millones de lempiras; piden que el organismo solicite al periodista David Romero la documentación de actos de corrupción cometidos por el actual gobierno.

En una carta entregada a la MACCIH, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), señala que luego de una reunión sostenida con los miembros de la entidad patrocinada por la OEA, se comprometieron a exponer casos de corrupción gubernamental.

Exponen que se debe llegar al fondo del escandaloso robo de recursos del IHSS “que ha tenido como consecuencia muertes, afectación a todos los derechohabientes y que hasta la fecha no ha sido posible recuperar ni la mínima parte de los miles de millones de lempiras robados, el cual tiene a ese instituto en una situación lamentable”.

Se quejan que los proyectos concesionados por el Poder Legislativo no fueron sometidos a consulta en las comunidades, por lo que ha causado malestar y tienen claros visos de corrupción en la forma cómo fueron entregados, entre ellos, la concesión de la autopista norte o carretera CA5, entregado a la empresa ecuatoriana Concesionaria Vial, S.A. (Covi) con un contrato que es lesivo a los intereses de la población.

Asimismo, reclaman que se investiguen actos de corrupción cometidos en el Instituto de la Propiedad, Instituto Nacional de Estadísticas y Secretaría de Recursos Naturales. Respecto al asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, solicitan que se investigue cómo se extendió la concesión a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), responsable de edificar el cuestionado proyecto Agua Zarca.

En la carta de tres páginas que fue entregada a la MACCIH, exigen la investigación del asesinato de ambientalistas, comunicadores, dirigentes populares y campesinos que han sido asesinados y cuyos casos siguen en la impunidad. También plantean que se averigüe sobre las irregularidades en el masivo despido de empleados públicos.

Otras propuestas planteadas por las centrales obreras destacan la eliminación de la Ley de Secretos Oficiales para que se investigue cómo se han invertido los recursos del Fondo de Seguridad Poblacional o “Tasa de seguridad” y los bienes confiscados al crimen organizado que controla la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Por último, piden que la MACCIH revise el anteproyecto del controvertido Código Penal, que amenaza con fuertes sanciones contra las personas que protesten y da potestad de cancelar personerías jurídicas a organizaciones que participen en manifestaciones públicas.

 

 

 

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) tiene los días contados. Y es que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad determinó hoy que cuando la junta que realiza una megapurga en la Policía Nacional, ingresará a funcionar la Superintendencia de Pruebas de Confianza.

El organismo, según resolución del Consejo presidido por Juan Orlando Hernández, determinó que la Superintendencia comenzará a funcionar cuando la Comisión Depuradora finalice el proceso de separación de agentes y oficiales de policía coludidos con el crimen organizado.

Señala la resolución que la superintendencia ha realizado varias capacitaciones, por lo que entrará en operación cuando finalice la actual junta depuradora de realizar su trabajo.

El organismo se dedicará a aplicar pruebas psicométricas, socioeconómicas e implementará el detector de mentira tanto a los agentes de la Policía Nacional y otras dependencias públicas.

Por ahora, no se ha dado mayores detalles de cuál será el futuro del organismo encargado de supervisar la conducta de los policías, aunque la junta depuradora ha pedido que se elimine la DIECP sin que ofrezcan propuestas de crear otra entidad que se encargue de los asuntos internos del cuerpo de seguridad.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El gobierno de Honduras ha determinado que las FFAA siembren unas mil 500 hectáreas de maíz en tierras que tiene en los valles de Naco (norte) y Jamastrán (oriente).

Las Secretarías de Desarrollo Económico y Defensa informaron que han suscrito convenios con varias empresas que permitirá la producción de unas 700 toneladas anuales del grano básico.

Sobre el tema, el secretario de Desarrollo, Arnaldo Castillo, indicó que el propósito del convenio es lograr que se incorpore el sector privado mediante la capacitación con transferencia de tecnología para logar productividad y altos rendimiento”.

El propósito del proyecto, añadió, es abastecer de maíz como insumo para la producción de harina “fortaleciendo, de este modo, la productividad y calidad del grano contribuyendo con la seguridad alimentaria nutricional de la población hondureña, social y económicamente sostenible”.

Dijo que esta iniciativa fue ordenada por el presidente Juan Orlando Hernández, quien ordenó a Defensa que preste sus instalaciones y aporte soldados para reactivar el agro nacional.