HomeArticles Posted by Redacción ConfidencialHN (Page 6391)

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik Mundo) Tres días después de que el presidente Enrique Peña pidió a perdón por la indignación e irritación que causó en México por la llamada «Casa Blanca», comprada por su esposa Angélica Rivera, la periodista Carmen Aristegui, que descubrió el caso, denunció acoso y persecución.

“Se intensificó el acoso, el hostigamiento y la persecución judicial» con la que se ha castigado el trabajo de los periodistas del portal Aristegui Noticias que investigaron la mansión comprada y financiada por un contratista del gobierno, dijo la periodista.

La periodista y sus cinco colaboradores fueron despedidos del noticiario estelar de la cadena radiofónica MVS, por supuestas presiones de la Presidencia.

Aristegui, que conduce un programa de entrevistas nocturno en CNN en español, dijo que el mandatario “pidió perdón esta semana por el tema de la Casa Blanca (…), con la cual se dio a conocer la existencia de una lujosa mansión en posesión del mandatario mexicano y de su familia, resguardada por el Estado Mayor Presidencial”.

Los seis periodistas encabezados por Aristegui, que participaron en la investigación de la Casa Blanca, valuada de 4,5 millones de dólares, «alentamos el debate sobre sus graves repercusiones, fuimos echados del aire de la radio mexicana”, dijo en un vídeo publicado en su portal tras una conferencia de prensa.

Los periodistas que perdieron su espacio informativo, emprendieron un «proyecto propio, independiente, desde el espacio digital», y a partir de entonces enfrentan demandas judiciales.

Además, denunció que se pretende por la vía judicial «mutilar» el prólogo del libro sobre la investigación periodística: “se demanda a quien lo escribió y a la editorial (Random House) que se atrevió a publicarlo”.

“De lo que se trata es de intimidar, de fastidiar y de impedir que estos periodistas sigan haciendo su trabajo”, dice la denuncia.

La demanda judicial emprendida por el empresario de MVS, Joaquín Vargas, en mayo pasado en un juzgado civil, que Aristegui califica de “acciones de censura y aniquilamiento”.

A la editorial Random House, la empresa radiofónica MVS le exige retirar el libro lanzado en octubre del año pasado y eliminar el prólogo de Aristegui, antes de volverlo a publicar y ponerlo en venta.

Pero el editor en México, Ricardo Cayuela, dijo en la misma conferencia que la trasnacional “nunca antes Random había enfrentado una demanda de este tipo y en estas condiciones».

«No aceptaremos ninguna demanda que tenga una dedicatoria en contra de una figura de liderazgo político inobjetable, como lo es Carmen Aristegui”, puntualizó Cayuela.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Otra empresa hondureña está a punto de cerrar operaciones de manera temporal por el cobro de la extorsión o “impuesto de guerra”.

En esta ocasión, la empresa Leche y Derivados, S.A. (Leyde), se vio forzada a dejar de comprar leche cruda a proveedores luego que fueran asesinados dos de sus empleados y una de las unidades de reparto fuera incendiada por criminales en un punto de La Ceiba, 400 kilómetros al norte de la capital.

En un escueto comunicado emitido este jueves, la empresa informó que no compraría leche cruda a productores luego de los atentados en su contra.

«La Compañía, Leche y Derivados, S.A., se ve obligada al cese temporal y parcial de compra de leche cruda hasta no contar con las garantías de seguridad suficientes para continuar comercializando nuestros productos de manera habitual», dice el comunicado.

Ejecutivos de la empresa denunciaron ser sujetos de ataques por organizaciones criminales, quienes exigen se le dé una alta cuota a cambio de no agredir al personal.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Las centrales obreras exigen que la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) aborde e investigue a profundidad las irregularidades en varios temas relacionados a concesiones hechas por el Estado a empresas multinacionales.

Además, solicitan que se indague de inmediato el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que asciende a unos siete mil millones de lempiras; piden que el organismo solicite al periodista David Romero la documentación de actos de corrupción cometidos por el actual gobierno.

En una carta entregada a la MACCIH, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), señala que luego de una reunión sostenida con los miembros de la entidad patrocinada por la OEA, se comprometieron a exponer casos de corrupción gubernamental.

Exponen que se debe llegar al fondo del escandaloso robo de recursos del IHSS “que ha tenido como consecuencia muertes, afectación a todos los derechohabientes y que hasta la fecha no ha sido posible recuperar ni la mínima parte de los miles de millones de lempiras robados, el cual tiene a ese instituto en una situación lamentable”.

Se quejan que los proyectos concesionados por el Poder Legislativo no fueron sometidos a consulta en las comunidades, por lo que ha causado malestar y tienen claros visos de corrupción en la forma cómo fueron entregados, entre ellos, la concesión de la autopista norte o carretera CA5, entregado a la empresa ecuatoriana Concesionaria Vial, S.A. (Covi) con un contrato que es lesivo a los intereses de la población.

Asimismo, reclaman que se investiguen actos de corrupción cometidos en el Instituto de la Propiedad, Instituto Nacional de Estadísticas y Secretaría de Recursos Naturales. Respecto al asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, solicitan que se investigue cómo se extendió la concesión a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), responsable de edificar el cuestionado proyecto Agua Zarca.

En la carta de tres páginas que fue entregada a la MACCIH, exigen la investigación del asesinato de ambientalistas, comunicadores, dirigentes populares y campesinos que han sido asesinados y cuyos casos siguen en la impunidad. También plantean que se averigüe sobre las irregularidades en el masivo despido de empleados públicos.

Otras propuestas planteadas por las centrales obreras destacan la eliminación de la Ley de Secretos Oficiales para que se investigue cómo se han invertido los recursos del Fondo de Seguridad Poblacional o “Tasa de seguridad” y los bienes confiscados al crimen organizado que controla la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Por último, piden que la MACCIH revise el anteproyecto del controvertido Código Penal, que amenaza con fuertes sanciones contra las personas que protesten y da potestad de cancelar personerías jurídicas a organizaciones que participen en manifestaciones públicas.