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Autorizan enjuiciamiento contra exdirectivos de Inprema por abuso de autoridad y fraude

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Ministerio Público de Honduras fue notificado de que 11 exdirectivos y exfuncionarios del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) acusados por irregularidades en un contrato de licitación del proyecto de pavimentación de la colonia capitalina La Cañada, en Tegucigalpa, serán sometidos a juicio.

El organismo acusador explicó que los exmiembros del directorio de Inprema Pedro Arnaldo Pinto, Darío Roberto Cardona Valle, José Alejandro Ventura, Oscar René Recarte, Saturnino Sánchez, Milton Daniel Bardales y Lorenzo Sauceda Cálix, así como los exintegrantes de la Junta Evaluadora del Proyecto, René Elizabeth Gutiérrez, Ángel Moisés Perdomo Laínez, Mario Alberto Batres y Oscar Nahun Rubí Flores, se les decretó el auto de apertura a juicio.

«A todos los imputados se les notificó en enero pasado la resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán de fecha 17 de julio de 2017 que declara ‘con lugar’ un recurso de apelación del Ministerio Público, con lo cual se revocan los sobreseimientos provisionales emitidos a su favor en primera instancia y se dicta auto de formal procesamiento en su contra», precisó el operador de justicia en un comunicado.

A los otrora directivos del organismo de previsión magisterial fueron requeridos por abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos, luego que las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción determinaran que en 2008 se emitió irregularmente un decreto de emergencia que autorizaba la contratación directa de la empresa Prodinco para cementar las calles de colonia La Cañada, cuyo monto total ascendió a más de 23 millones de lempiras, dándose en diferentes etapas del proceso una serie de anomalías que contravienen la Ley de Contratación del Estado y en lo referente a las disposiciones generales de presupuesto y de carácter financiero.

El tribunal de alzada, en su resolución de julio de 2017, le dio la razón al Ministerio Público en el sentido que existían los suficientes indicios racionales de participación de los procesados con los hechos imputados.

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