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BID avala corrupción de JOH e Investh al autorizar jugosos sueldos a interventores para ocultar corrupción de Bográn

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los tres interventores de Inversión Estratégica de Honduras (Investh) José Leva, José Benítez y José Boquín ganan un espectacular sueldo para ocultar actos de corrupción cometidos durante la gestión de Marco Bográn y encubiertos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) según un documento colocado en el portal de transparencia del organismo estatal.

La planilla de empleados de Investh, actualizada hasta septiembre anterior, se constata que tanto Leva, Benítez y Boquín devengan un sueldo mensual de 207 mil 944 lempiras con 85 centavos, por lo que llegan a recibir alrededor de 623 mil 834 lempiras con 55 centavos.

No obstante, a los tres interventores se les realizan deducciones, lo que se traduce en un sueldo neto de 167 mil 892 lempiras y cada 30 días se les entrega por su trabajo 503 mil 677; a pesar de esa rebaja por impuestos, termina siendo muy oneroso para las finanzas públicas; en cambio, el exdirector Marco Bográn tenía una asignación de 232 mil 505 lempiras, de acuerdo a los hallazgos que realizaron en su momento Radio Globo y ConfidencialHN.

En consecuencia, hubo un aumento de un 268.31 por ciento en el sueldo asignado a los tres comisionados, en comparación a lo que recibía Bográn y cuyas funciones no han sido para esclarecer la pútrica corrupción que se generó en torno a la compra de los hospitales móviles, ventiladores mecánicos incompletos, insumos biomédicos sin las mínimas garantías de seguridad, entre otras irregularidades.

EL BID AVALA CORRUPCIÓN EN INVESTH. Un documento que tienen en sus manos ambos medios confirman que los fondos asignados para el pago a estos funcionarios provienen de un préstamo efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que está destinado al mantenimiento de la red vial.

Al respecto, el contrato de consultoría individual que firmaron Leva, Benítez y Boquín reza que Investh «ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para sufragar el precio de los Servicios Profesionales, que se llevarán a cabo como parte del Préstamo No. 2470/BL-HO-2 y/o Contrato Modificatorio del Contrato 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional«.

Este documento fue eliminado de los servidores de Investh a fin de mantener en bajo perfil cuanto ganan los tres empleados, sin embargo, pudo ser rescatado ya que compromete de manera directa al organismo financiero internacional, cuyo

Investh, expresa el escrito, «se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, quedando entendido que (i) el Banco sólo efectuará pagos a pedido del contratante y previa aprobación por el Banco (si aplica), (ii) dichos pagos estarán sujetos en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del Contrato de Préstamo y (iii) nadie más que el contratante podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a reclamar fondos del financiamiento».

En consecuencia, Bulnes (con identidad 0801-1961-05171), Boquín (0801-1992-09031) y Benítez (0601-1974-00912), en realidad son consultores individuales que fueron enchambados por Juan Orlando Hernández, usando los fondos del BID que debían ser destinados al mantenimiento de la red vial primaria y secundaria, para dar resultados sobre los actos de corrupción que sacuden a esa oficina pública y que hasta la fecha nadie sabe cuál ha sido el papel de los tres cuadros de confianza del ocupante del palacio José Cecilio del Valle.

Al revisar los contratos de consultoría, se evidencian algunas obligaciones que fueron pasadas por alto por el mismo Hernández -quien se declara afín a la cultura de la transparencia- para colocar a estas personas al frente de Investh, entre ellas, los concursos a los que deberían someterse aquellos que buscan ofrecer servicios profesionales al organismo financiero internacional. El apartado E precisa claramente la definición de «concurso» que » es el proceso que tiene por objeto seleccionar y contratar al profesional».

En la documentación exclusiva que tiene en su poder ambos medios no aparecen los términos de referencia, mucho menos que los interventores hayan concursado para acceder a esa plaza en la administración pública. Tampoco hay documentos precontractuales o las bases que «contemplan las disposiciones para el proceso de selección del profesional y para la negociación del Contrato».

JOH BUSCA OCULTAR CORRUPCIÓN. En otras palabras, los sustitutos de Marco Bográn fueron nombrados, no necesariamente por su capacidad ejecutiva y de resolución de conflictos institucionales, sino como meros activistas del Partido Nacional para ocultar cualquier información que pudiera comprometer los intereses de Juan Orlando Hernández y aquellos que han administrado de manera fraudulenta la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

Asimismo, el contrato de prestación de servicios profesionales o de consultoría individual, da opción para que Hernández proceda a extender los plazos a las cabezas visibles de Investh, según consta el apartado nueve: «Previa conformidad del BID (si aplica), se podrá prorrogar el Contrato del consultor siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: (i) la prórroga sea consistente con los objetivos del programa; (ii) la evaluación del desempeño del consultor hasta la fecha sea satisfactoria; (iii) que el contrato no se haya vencido; (iv) que sea un contrato que se haya pactado en honorarios por mes; y, (v) que exista la disponibilidad de fondos».

«La prórroga del Contrato se debe tramitar siguiendo los mismos procedimientos del contrato original, contando con: (i) la justificación detallada de la necesidad de extensión y la evaluación del grado de progreso del contrato; (ii) los términos de referencia ajustados; (iii) el costo de la prórroga; (iv) la aprobación previa del BID al proyecto de Enmienda al Contrato principal (si aplica); y, (v) finalmente, la suscripción de la enmienda», se detalla.

El jefe del Ejecutivo tomó la decisión de irse contra las políticas anticorrupción del BID en cuanto a la prevención de actos de corrupción y fraude; sobre el tema, el apartado 14 establece que «el Banco Interamericano de Desarrollo exige que todos los consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) observen las Políticas para la Contratación y Selección de Consultores financiados por el Banco. En particular, el Banco exige que todos los Consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) que han presentado sus ofertas o que están participando en proyectos financiados por el Banco, observen los más altos niveles éticos, y denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y de negociaciones o la ejecución de un Contrato».

«Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. El Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, de acuerdo a los procedimientos administrativos del Banco», explica con claridad este inciso que fue revisado por Radio Globo y ConfidencialHN. 

Cabe recordar que el préstamo No. 2470/BL-HO-2 y/o Contrato Modificatorio del Contrato 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional por un monto de 134 millones de dólares, suscrito el 16 de diciembre de 2015 por el exsecretario de Finanzas Wilfredo Cerrato, la exrepresentante del BID Mirna Lievano de Marques y el exgerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y actual superitendente de Concesiones Leo Castellón, estaba destinado al fortalecimiento del principal puerto marítimo de Centroamérica, pero fue reorientado al programa de integración vial regional, asignado a Investh y que se está utilizando para pagar a los tres interventores o consultores.

EE.UU. Y EL BID CALLAN. Ni EE.UU., ni los altos ejecutivos del BID, ni el representante de Honduras ante el organismo dan una explicación sobre el desvío de dinero para encubrir actos ilícitos, sin importar los reproches emanados contra la administración nacionalista por reprobar los indicadores de corrupción e impunidad, lo que ha impedido tener acceso a cuantiosos recursos destinados por Washington a obras de desarrollo.

También resulta contradictorio que el banco regional pregone transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción cuando no se ha pronunciado sobre la dilapidación de más de dos mil millones de lempiras de Investh que también alcanzó la unidad de preservación del patrimonio vial, que recibe dinero de la cooperación internacional para mantener las calles en óptimas condiciones.  «El Banco trabaja constantemente para mejorar su gobernanza y sus prácticas de lucha contra la corrupción por medio de su sistema de sanciones, su sistema de resolución de conflictos y las normas de ética para sus empleados, así como los mecanismos de salvaguardias para los ciudadanos, por medio de la Política de Acceso a la Información del Banco y su Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación», señala el portal web del BID, pero esa máxima no se cumple en la práctica.

En su momento, el representante Eduardo Almeida, desestimó las acusaciones contra autoridades hondureñas al expresar que «la corrupción no afecta a los proyectos que el BID aprueba y ejecuta. Tenemos los mecanismos necesarios para para supervisar».

«Tenemos confianza. Nuestros proyectos son verificados y tenemos control de ellos, la definición que pone el BID es que un país tiene mucho que ver con la macroeconomía y desde ese punto Honduras está muy bien», dijo hace varios meses.

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