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jueves, octubre 6, 2022
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Iglesia Católica se benefició con fondos de Tasa de Seguridad Poblacional

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, sigue siendo señalado de hacer negocios a través de la Iglesia Católica con los recursos de la Tasa de Seguridad.

Con el secretismo con que históricamente se manejaron los fondos de la denominada Ley de Seguridad Poblacional, que consistía en un “tasón de seguridad”, impuesto y aprobado por el Congreso Nacional en el año 2012, y cuya información contable era clasificada por Decreto Presidencial como “Secreto de Estado” y prohibido su acceso al público.

De acuerdo al acceso de documentos que fueron formulados por personas que trabajaban con la Arquidiócesis de Tegucigalpa, detallamos a continuación, documentación emitida el 3 de abril del 2013.

Es así como el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga entra en el juego y pasa a ser uno más de los que supuestamente se aprovecharon para sacar su parte del pastel de una fiesta de reparto ilegal de dinero público. Pero como siempre, el purpurado no se iba a ensuciar las manos y mucho menos dar la cara, sino haciendo todo por medio de algún “mandadero” o un “testaferro” como es su costumbre, en este caso el “trabajo sucio” se lo delego a su obispo auxiliar Juan José Pineda Fasquelle, para ser la cara visible, pero el dinero se le dio a el cardenal Rodríguez  y bajo su firma y autorización se drenaron los fondos del fideicomiso creado para ser ejecutado única y exclusivamente con la autorización del mismo Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

Fueron entregados L 30,835,190.00, los mismos que se depositaron en un Fideicomiso en el Banco xxx a nombre de la Arquidiócesis de Tegucigalpa; del Banco xxx; la cuenta en Lempiras es la #914334102 y la cuenta en Dólares Americanos es la #914334101.

El mismo Pineda Fasquelle presentó informes sobre cómo se habían hecho los gastos para la creación de los “proyectos invisibles de la Iglesia católica”. Que fueron tan invisibles que ni los demás obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), ni mucho menos las parroquias a nivel nacional, se dieron cuenta.

Laicos de Honduras no pudieron obtener documentos que evidencian los pobres informes presentados por el obispo auxiliar Pineda Fasquelle, los que carecen de toda formalidad, criterios y requisitos exigidos por los órganos gubernamentales hondureños. Era de esperar la pobreza de la información brindada, ya que no es fácil hacer este tipo de fraudes, para personas que han sido formadas para pastorear las ovejas del Señor y que maliciosamente se dediquen a tareas que solo delincuentes entendidos en la materia pueden hacer sin mayores dificultades.

También hemos tenido acceso a documentos que fueron formulados por personas que trabajan para los Órganos Contralores del Estado de Honduras y cuyas observaciones más importantes se las detallamos a continuación, con el fin de que el pueblo hondureño conozca la verdad y reclame lo que por derecho le corresponde.

Deficiencia en la argumentación y Presentación del Proyecto 

El proyecto presenta fuertes deficiencias en su fundamentación y carece de información básica requerida por las Leyes de la administración pública del País.

Dicho Proyecto presentaba incoherencias e inconsistencias en las cifras presentadas y casi en su totalidad los datos base utilizados para su justificación no están documentados ni respaldados con comprobantes (facturas, contratos, recibos, etc.).

Se creó un régimen de excepción y privilegio para el Proyecto «Fortalecimiento Institucional para Obras Sociales de la Iglesia Católica de Honduras».

Un álbum de fotografías no es suficiente para respaldar una actividad donde se ha manejado dinero de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras, teniendo en cuenta la regla universal de la transparencia y la eficiencia contables. La excepción posiblemente se dio por vía de amistad y tolerancia de parte de algunos ejecutivos de la TSP.

Anomalías evidentes que eran deducibles por drenaje de fondos del Estado a cuentas personales.

La única cifra segura y confiable en todo el informe presentado por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga y su Obispo Pineda Fasquelle es la otorgada por la Tasa de Seguridad Poblacional, la suma de L 30,835,190.00. No hubo finiquito formal y legal sobre ello.

Según el Código de Comercio de la República de Honduras, el fiduciario, es la parte a quien se transfieren los bienes, y está obligada a administrarlos con la prudencia y diligencia propias del buen hombre de negocios y actúa sobre la base de la confianza depositada en él. En Honduras la Ley exige que las personas que conformen el Comité Técnico del Fideicomiso deben ser personas de alta moral y autorizada para ser Fiduciarias en los términos de la Ley. Este es un dato claro e irrebatible. El gestor de los fondos pidió, procuró, recibió, administró y finiquitó la totalidad de los fondos, y tendrá que demostrar que no lo hizo para provecho propio cuando saque de la invisibilidad los proyectos por él creados.

En caso de que el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga y su Obispo Pineda Fasquelle hubiesen presentado o no presentado la correspondiente y legal demostración de sus incumbencias como los responsables del manejo del Proyecto «Fortalecimiento Institucional para Obras Sociales de la Iglesia Católica de Honduras», y para ello usaron mentira, dolo, subterfugios y falsedad pública, habría que tener en cuenta que en todas partes la Ley General de Publicidad califica de «ilícita» la publicidad engañosa, desleal y agresiva; en todos los países donde existe la Ley de Competencia desleal se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico. Lo que supuestamente habrían cometido el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga y su Obispo Pineda Fasquelle es un delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública, concretamente del Gobierno mismo, que de buena fe les otorgó un dinero que nunca han visto los pobres. La Ley tiene que aplicarse.

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