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martes, noviembre 29, 2022
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MP formalizará acusación y pedirá auto de apertura a juicio contra Marco Bográn y Alex Moraes

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Por su supuesta responsabilidad en la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19 a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), este jueves se desarrollará la audiencia preliminar a Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, contra quien el Ministerio Público formalizará acusación y solicitará auto de apertura a juicio.

Se recuerda que ambos imputados se encuentran recluidos, luego que el pasado 29 de septiembre la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción le diera la razón a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) en el sentido de revocar las medidas sustitutivas a Moraes Girón y a otros cuatro involucrados actualmente prófugos.

Entre los prófugos se identifica al contador general de INVESTIGACIÓN-H, Carlos Luis Guevara Mondragón, la especialista administrativo y financiero, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza y las representantes legales de Germar Ferretería,Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández.

La condena que en juicio oral y público se pretende obtener contra el exdirector de INVEST-H y su ex administrador es por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios; otro implicado en el caso el propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero (prófugo de la justicia con alerta roja internacional).

Asimismo, de acuerdo a lo que establece el requerimiento fiscal, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.

Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de INVEST-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra

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