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Buscan imputar a los Rosenthal por narcoavioneta caída en 2012 en Olancho

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La imputación que pretende hacer el Ministerio Público de Honduras a la familia Rosenthal, en particular, contra Yani Rosenthal Hidalgo, respecto al hallazgo de una narcoavioneta cuyos ocupantes murieron no tiene el asidero legal porque el clan advirtió con un año de antelación sobre la presencia de traficantes de estupefacientes en el área fronteriza con Nicaragua.

Resulta que el organismo acusador, acude siete años después a la zona al ser notificados a través de una «denuncia anónima» sobre el «hallazgo» de dos pilotos que perdieron la vida producto del derribo, a fin de montar un entramado legal para tratar de imputar a Rosenthal de delitos relacionados con la narcoactividad, pues el predio donde cayó la nave es de su propiedad.

Esta trama carece de cualquier lógica ya que los reconocidos empresarios alertaron del incidente en la región ubicada entre los departamentos de El Paraíso y Olancho, pues en la década de 1980 operó en ese lugar un destacamento de la desaparecida Contrarrevolución Nicaragüense y al ser desolada, sirvió para que los criminales la pudieran utilizar como centro de distribución de drogas y la pista apenas fue destruida.

Desde el 1 de febrero de 2011, el empresario Jaime Rosenthal Oliva avisó al entonces secretario de Seguridad, Óscar Álvarez, sobre la presencia de traficantes y pidió que se instalara un campamento policial ya que el sitio está un poco cerca del nuevo embalse Patuca III y dejó claro que «no queremos problemas con narcos y menos queremos que nuestros trabajadores en la zona se sientan amenazados».

 

La carta, de carácter confidencial girada por Rosenthal a Álvarez, fue respondida dos días después por el ex alto funcionario, quien le afirmó que realizarían las «investigaciones pertinentes» para determinar quiénes eran los responsables del ilícito.

Este periódico tiene en su poder los cruces de correos entre Jaime, Yani y César Rosenthal, quienes realizaron gestiones ante el exdirector policial Juan Carlos Bonilla y el exsecretario de Defensa Marlon Pascua para que enviaran un pelotón para proceder contra un grupo de 80 personas vinculadas al narco que estaban esperando una avioneta en la zona remota. Para evitar incidentes futuros, determinaron enviar un correo electrónico para dejar constancia del llamado de emergencia que jamás fue respondido.

Resulta que tras ocho años de haber ocurrido este suceso, coincide con el operativo que emprendió el gobierno del expresidente Lobo, denominado Yunque que consistió en el derribo de aeronaves que transportarían estupefacientes, hecho que enfureció a EE.UU. al alegar que en las mismas se movilizarían agentes antidrogas infiltrados en los cárteles, por lo que provocó la suspensión inmediata de cualquier asistencia en la detección de narcoavionetas.

De hecho, una aeronave fue destuida cuando navegaba sobre Guanaja en 2012 -y otra en un punto no determinado del caribe hondureño-, aceleró las contradicciones con Washington que llevó a la destitución del entonces jefe de la Fuerza Aérea, Ruiz Pastor Landa, a pesar de que había un trabajo conjunto con las autoridades de EE.UU. para la intercepción de aquellos aeroplanos que pudieran transportar narcóticos.

En estos operativos murieron agentes de la DEA, la cual fue el motivo principal para que cualquier colaboración se cancelara y se generaron presiones de altos funcionarios norteamericanos para que Pastor Landa dejara el cargo.

En esos incidentes, fue derribada la avioneta que cayó en los predios propiedad de los Rosenthal que terminó con la vida de los dos pilotos cuya identidad se desconoce y la fiscalía pretende «indagar» más.

El ente acusador siempre supo de la existencia de los restos del bimotor y sus ocupantes, por lo que jamás se realizaron diligencias orientadas a rescatar los cuerpos, realizar las pericias que exige la ley y emprender la persecución penal contra los presuntos responsables. Asimismo, los Rosenthal dejaron constancia para evitar que se les persiguiera.

Ante esos hechos, en los que tuvo participación la Fuerza Aérea, el Congreso decidió aprobar en enero de 2014 la Ley de protección de la soberanía del espacio aéreo, que faculta a atacar las avionetas sobre las que se tengan indicios ciertos de que están traficando drogas. En principio, se planteó crear una zona de exclusión aérea entre las 6:00 de la tarde a las 6:00 de la mañana, pero se decidió que el todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad definiera horarios y áreas prohibidas para la navegación y esta decisión fue recibida con cautela y recelo por EE.UU.

Cabe recordar que el gobierno hondureño y el norteamericano firmaron en 2004 un convenio que obligaba a las autoridades locales abstenerse de atacar aeroplanos sospechosos de narcotráfico, el cual fue transgredido ocho años después.

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