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“Cachurecos” infieren puñaladas por la espalda al pueblo y a la Constitución

Por : Juan Alfaro Posadas

Nuevamente los cachurecos que usurpan el poder desde hace doce años infieren puñaladas por la espalda al pueblo y a la Constitución de la República al aprobar las mal llamadas “Zonas Especiales de Desarrollo (Zedes)”, en puntos estratégicos de nuestra geografía nacional.

El decreto contentivo de esa ley que cercena nuestro territorio de 112 mil 492 kilómetros cuadrados, es ilegítimo e inconstitucional, y la responsabilidad puede ser deducible de oficio, en cualquier tiempo, a petición de un ciudadano (a), porque el delito de “traición a la patria” es imprescriptible.

Esas Zedes, que han sido disfrazadas como proyectos generadores de empleo, representan en pleno siglo XXI y en el nuevo milenio, la entrega vía concesión, de nuestro territorio a extranjeros inescrupulosos, que vienen a convertir en esclavos a los compatriotas y a robarse los recursos naturales.

Precisamente, el artículo 19 de nuestra Constitución, literalmente expresa: “Ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la Patria. La responsabilidad en este caso es imprescriptible”.

El pernicioso proyecto de ley de las Zedes, como se recordará, fue aprobado en 2013, al margen de la carta magna y las leyes, sin que se le consultase al pueblo, en la denominada “diarrea legislativa”, que dirigió el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, a la sazón presidente del Congreso Nacional.

Esa iniciativa de ley establece que “las Zedes podrán ser de carácter comercial e internacional, minera, forestales, ciudades autónomas que serán sujetas a legislaciones especiales, sistema jurídico especial, entre otros. Además, tendrán su propia normativa, libertad de cambio de moneda, libre acceso de barco, aviones de cualquier tipo sin autorización del Estado, su propio sistema de salud, educación, seguridad, sistema procesal penal, su propio régimen penitenciario y podrán suscribir tratados y convenios internacionales”.

Esto significa que el Estado de Honduras no tendría ningún papel en el manejo ni gobernabilidad de dichas concesiones, creando con ello estados autónomos, dentro del Estado de Honduras.

En otras palabras, dentro del Estado hondureño existirán diversos Estados, con dominio de territorio, ordenamiento jurídico y población, a lo que denominaríamos enclaves.

En consecuencia, el hondureño (a) ya no podrá moverse libremente por todo el territorio nacional, como lo hace actualmente.

De esta manera, el Partido Nacional contribuye a que grandes mafias internacionales se instalen en esos enclaves, laven dinero, trafiquen con drogas y le den protección a cuantos delincuentes estimen conveniente, de acuerdo a sus leyes, sistemas de seguridad e instituciones bancarias.

Asimismo, el Estado hondureño no podrá velar por los derechos laborales y humanos de quienes presten sus servicios en las Zedes.

Al tener su propio régimen fiscal, el Estado de Honduras recibiría montos determinados por los concesionarios, favoreciendo sus propios intereses, de manera que tampoco aportarían mucho a la economía nacional.

En virtud de lo anterior, se hace un formal, enérgico, combativo, convincente y legal llamado a la comunidad internacional e inversionistas para que no se involucren en este nuevo acto delictivo que pretende cometer el Partido Nacional y el régimen de Juan Orlando Hernández Alvarado (JOHA).

Además, deben recordar que la comisión de este delito no prescribe, y quienes lo promueven, hagan y ejecuten, serán juzgados y encarcelados, al tiempo que las ilegales, ilegítimas e inconstitucionales concesiones, se derogarán.

Entonces, se advierte que quienes destinen recursos para las tales Zedes, perderán cualquier inversión realizada, y deberán abandonar inmediatamente el país, porque ¡“Honduras no se vente, no se presta, no se hipoteca, ni se alquila” ..!

Todos los hondureños (as) dignos, patriotas, justos y honestos estamos obligados a cerrar filas y aglutinarnos en un solo bloque para hacer frente a este nuevo crimen en contra de la soberanía e integridad territorial, que pretenden perpetrar los “cachos”, avalados por las corruptas Fuerzas Armadas de Honduras.

Recordemos, que tenemos como último recurso, el derecho a la “insurrección”, contemplado en el artículo 3 de la Constitución de la República, en vigor, para levantarnos contra el actual orden de cosas, que es lesivo a nuestros intereses, y de las futuras generaciones. ¡Que así sea..!

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