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Cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán, instrumento de “limpieza social” de privados de libertad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Una de las cárceles de “máxima seguridad”, ubicada en el Valle de Siria, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, se ha convertido en el nuevo instrumento de “limpieza social” para privados de libertad.

A pesar que el gobierno central implementó y promocionó  una política de “seguridad penitenciaria” a lo interno de los nuevos recintos, desde 2019 se registra un rosario de asesinatos, principalmente  en una de las cárceles de máxima seguridad: la del valle de Siria.

Ese reclusorio es  uno de los cinco que se encuentran intervenidos por elementos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

No obstante, ante la presencia de los custodios y de cámaras de seguridad, en los últimos dos años han ocurrido dentro de la prisión, numerosos asesinatos selectivos, entre ellos, masacres y motines letales.

Frente a este negro panorama subyacen varias interrogantes sin respuestas específicas:  ¿Cómo ingresan las armas a una cárcel que supuestamente cumple con todos los protocolos de  máxima seguridad?,  ¿dónde están los cuerpos de seguridad que monitorean las 24 horas del día a los privados de libertad cuando ocurren los hechos?, ¿será que se venden  al mejor postor las autoridades del centro penal?

Lo que sí es verídico, y a pesar del discurso oficial que destacan las autoridades, es que la situación en el sistema penitenciario del país refleja una “política de seguridad fracasada e ineficaz”.  

El considerar a la población privada de libertad  como  delincuente, enferma y peligrosa, permite que se convierta en un segmento aún más vulnerable y susceptible de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, lo que viene a empeorar las condiciones y los problemas ya graves que históricamente han caracterizado a las cárceles de Honduras.

Además del hacinamiento, otros factores que tienen un fuerte impacto en la disfuncionalidad e ineficacia del sistema penal,  es el deterioro de los centros penitenciarios.

Asimismo, están a la orden del día, los malos tratos, el tráfico de drogas y armas, la violencia, impunidad, la corrupción y todo lo vinculado a lo poco o nada en lo referente a la prestación de servicios de salud, alimentación, educación y recreación, para una reinserción en la sociedad de los privados de libertad, mantiene colapsados los centros penitenciarios en el país.  

¿Asesinatos clasificados?

La forma de operar de los encargados de los reclusorios, con respecto a aquellos privados de libertad que representan un estorbo o peligro para los grupos de poder, es enviarlos a otros centros penales de mayor “seguridad” (peligrosidad), donde los desaparecen, tal y como ocurrió con Magdaleno Meza, hace más de un año.

Una de esas cárceles donde eventualmente hay amotinamientos, y se registran muertes, es la de El Porvenir, Francisco Morazán. Esos escenarios de violencia en los centros penitenciarios, resultan propicios para acabar con la vida de cierto tipo de reos, y enseguida se disfrazan como hechos de sangre perpetrados por los mismos privados de libertad.

En diciembre de 2019, unos 19 privados de libertad murieron tras fuertes enfrentamientos entre bandas criminales en esa cárcel, conocida como de “máxima seguridad”.

Igualmente, en la cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán,  el 30 de octubre de ese mismo año (2019), se produjo una balacera entre internos, dejando como saldo, seis heridos.

Un ejemplo evidente fue el hecho ocurrido el 17 de diciembre 2020, cuando se materializaron los asesinatos de Jairo Anwar Orellana Recinos y de Elvin Donaldo Pérez Rodríguez.

Orellana Recinos era conocido con el sobrenombre de “El Sony”, y se le consideraba el segundo al mando de la Mara Salvatrucha (MS-13), liderada por el prófugo de la justicia, Alexander Mendoza, alias “El Porkys”.

Orellana Recinos tenía un parentesco, por afinidad, con el presunto narcotraficante, Magdaleno Meza Fúnez; era pareja sentimental de una hermana del ‘Sony”.

Meza Fúnez, como se recordará, fue abatido a tiros y cuchilladas en octubre de 2019, por otros privados de libertad en el centro penitenciario de máxima “seguridad”, denominado El Pozo I, ubicado en Ilama, Santa Bárbara, en el occidente del país.

A Meza se le mencionaba como supuesto autor de las “narco libretas”, utilizadas para anotar la coordinación de actividades criminales, que se ejecutaban con la venia de Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, hermano del que ocupa el poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández Alvarado (JOHA).

‘Tony’ Hernández Alvarado, como se sabe, fue condenado por la justicia estadounidense a cadena perpetua, más treinta años de reclusión, tras comprobarle la comisión de diversos delitos, entre ellos narcotráfico.

Otros sucesos sangrientos se registraron en el mismo reclusorio, el 9 de marzo de 2021, luego de una reyerta, que dejó como  resultado un muerto y tres heridos. El reo fallecido respondía al nombre de Josué Alexander López Amador.

Asimismo, el pasado jueves 3 de junio (aunque no trascendió en medios de comunicación) se conoció la muerte por ahorcamiento de Xavier Alexander Ramos Puerto, un ex oficial de policía.

Para reafirmar la situación que se da en los centros de reclusión, el lunes 7 del presente, se perpetró un nuevo enfrentamiento en el centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, registrando tres heridos.

Datos preliminares señalaron que en el enfrentamiento resultaron heridos ocho privados de libertad, pero sólo tres fueron trasladados con carácter de urgencia a un centro asistencial capitalino.

Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se pronunciaron sobre el nuevo enfrentamiento, con la retórica de siempre, argumentando que “redoblarán las medidas de seguridad”, con la finalidad de evitar este tipo de tragedias.

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, señaló que a raíz de los últimos hechos sangrientos  perpetrados en las cárceles, se deben cambiar las políticas penitenciarias del país.

“Ya no se puede seguir decomisando ese armamento cada vez que hay un operativo en el interior de los centros penitenciarios. Las armas llegan al interior de las cárceles y el sistema penitenciario sigue en la misma rutina. Es tiempo de actuar diferente, con mano dura, castigando a los responsables”, señaló.

La vorágine de la violencia dentro de las cárceles constituye uno de los problemas más visibles, que debe buscársele solución cuanto antes, recomendó Maldonado.

Sólo el hecho de que miles de personas permanezcan en hacinamiento y en condiciones carcelarias pobres, equivale a un tratamiento cruel, inhumano y degradante, que se califica como una violación a los Derechos Humanos, según las normas internacionales vigentes y ratificadas por el Estado hondureño, pero que no cumple.

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