Monday, Aug 26, 2019
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Castigo e impunidad

(Por Edmundo Orellana) Entre estas dos categorías se resuelve el problema de gobernar en nuestro país. Quien exige castigo ejemplar para los que infringen la ley, demanda impunidad cuando es él quien la contraviene, lo que resulta patente con la emisión del nuevo Código Penal y, desde hace algún tiempo, con la presencia de la MACCIH.

La insoportable impunidad que protegía a los delincuentes de cuello blanco permitió la presencia de la MACCIH en el país, la que, en poco tiempo, se ha convertido en un dolor de cabeza para las redes de corrupción. Para deshacerse de ella la acusan de suplantar la soberanía, olvidando, muy convenientemente, que son otros los que impúdicamente la ultrajan, como es el caso del FMI o de gobiernos extranjeros cuyas embajadas dictan órdenes en forma de sugerencias. La diferencia es que estos organismos conceden recursos, vía préstamos o donaciones, con mucha liberalidad, sin que les preocupe si, efectivamente, llegan a su destino; en cambio, la MACCIH, en apoyo a la UFECIC, es la que contribuye al castigo para quienes resulten responsables de desviar esos fondos hacia innombrables destinos. En este esquema, los vejámenes que sufre nuestra soberanía como precio del otorgamiento de esos recursos, son percibidos como nimiedades comparados con los beneficios que resultan de ese atropello; por el contrario, exigir que sean castigados quienes desvíen esos fondos hacia bolsillos propios o ajenos, cual es el proceder de la MACCIH, en su acompañamiento a la UFECIC, resulta repugnante porque, aquí sí, se trata, inequívocamente, de intervención extranjera.

Con el Código Penal pasa lo mismo. Existe la creencia de que toda disfunción social se resuelve tipificando delitos y penas, pero cuando se aplican realmente, mediante acusaciones y sentencias, alegan injusticias y abusos, descalificando las investigaciones, las acusaciones y las sentencias.

La represión es la receta, desde el poder, para toda manifestación de violencia que no sea la suya. No conciben que la única forma de alcanzar la paz social es el desarrollo económico, social y cultural. Por eso, destinan más recursos para la seguridad que para el desarrollo integral del hondureño, lo que se ha traducido en un fracaso total, porque, pese al multimillonario presupuesto de los cuerpos armados, la violencia se ha generalizado; prueba de ello son las 29 masacres en lo que va del año y que los municipios están declarando estado de emergencia, en sus respectivos términos municipales, por la insoportable criminalidad que los azota.

En este contexto se integra la jurisdicción penal, como el mecanismo idóneo y único para terminar con cuanta disfunción social ocurre. De ahí, la importancia atribuida al nuevo Código Penal. Resulta, sin embargo, que las penas para los delitos que más afectan a la sociedad hondureña, fueron reducidas en ese nuevo Código; ese es el caso del narcotráfico, lavado de activos y similares, así como los delitos de corrupción.

Esta masiva reducción de penas en este tipo de delitos estimula el surgimiento de nuevos narcos, lavadores de activos y de corruptos, aumentando exponencialmente la inseguridad por los estragos que causan en el nuestro y otros países, como es el caso de Estados Unidos, con el delito de narcotráfico y lavado de activos, lo que, inevitablemente, nos plantea lo siguiente: ¿no se enteró la embajada gringa de este atentado contra la seguridad de su país, siendo que por el nuestro, según aseguran ellos, pasa la mayor parte de la droga que va para el suyo? ¿Pasó lo mismo que con las caravanas? Muy mal parada queda la embajada, puesto que este asunto les concierne y muy de cerca.

En contraste, incrementaron los delitos y las penas contra la indignación popular. Perseguirán a todo el que se manifieste en contra de las redes tejidas desde el poder para ejercerlo arbitrariamente. Nadie que se exprese o proteste en las calles en contra del gobierno y de la empresa privada, quedará impune. Cuentan, para ello, con una Policía Militar pertrechada como si fuese del primer mundo, adscrita a la cual opera la jurisdicción penal nacional, con fiscales y jueces sometidos a la jerarquía militar.

La reacción ha sido oportuna y contundente. El CNA y otras instituciones exigen que se derogue ese mamarracho de Código Penal, en cuya confección contribuyeron, dicen, juristas españoles, seguramente franquistas. No se trata de reformarlo, sino de derogarlo, porque está elaborado, con una perspectiva fascista, para perseguir al enemigo y favorecer al crimen organizado y, a esa variante fresa de este, la corrupción.

No se debe permitir que entre en vigor, porque automáticamente favorecerá a quienes están procesados o condenados por narcos, lavadores y por corruptos, que es lo que persiguen sus proyectistas. Es un Código Penal a la medida (lo dijo sin adornos un diputado del partido en el poder), siguiendo la estrategia del gobierno, que se inauguró con la ley de secretos, inspirados en el mítico Anillo de Giges, que, según relata Platón, ofrecía la invisibilidad para cometer fechorías.Y usted, distinguido lector, ¿qué opina?

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