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(Víctor Meza) No se me ocurre un título mejor, si he de referirme a la Misión de apoyo de la OEA en la lucha contra la corrupción y la impunidad (MACCIH), su difícil surgimiento, azaroso desempeño y anunciado final. En efecto, desde sus mismos orígenes, la novedosa organización estuvo rodeada de conflictos, rechazos injustos, descalificaciones prematuras y conspiraciones abiertas o escondidas, que buscaban neutralizar su trabajo, bloquear sus iniciativas o, simplemente, provocar su fracaso institucional.

A decir verdad, la MACCIH empezó a morir en el mismo momento – febrero de 2018 – en que su primer vocero y coordinador oficial, el jurista peruano Juan Jiménez Mayor, fue obligado a renunciar y abandonar la conducción del organismo anticorrupción. A partir de entonces, la MACCIH entró en una fase tan provisional como incierta, cargada de pequeños avances y otros tantos retrocesos, regida en forma interina por otra abogada peruana que, lamentablemente, no logró ni mantener el ritmo institucionalizador de Jiménez ni concitar el gradual apoyo de las organizaciones de la sociedad civil hondureña. Para colmo, y en descargo de su gestión, los controles burocráticos desde Washington se acentuaron, reduciendo a su mínima expresión la necesaria autonomía administrativa de la oficina local.

El círculo íntimo del Secretario General de la OEA se llegó a convertir en un verdadero obstáculo, funcional y político, para el mejor funcionamiento de la MACCIH. Hubo momentos en que se debía pedir permiso a Washington hasta para los gastos minúsculos e intrascendentes de una sana administración. Era casi imposible trabajar con eficiencia y eficacia en condiciones semejantes.

Como si eso fuera poco, la MACCIH debía enfrentar a cada paso las conspiraciones silenciosas que se tejían a menudo entre la Casa Presidencial en Tegucigalpa y el señor Luis Almagro en Washington, todas ellas orientadas a mantener la lucha contra la corrupción en los márgenes apropiados para no tocar los grandes intereses de políticos y funcionarios involucrados en el saqueo de los fondos públicos. Por ello, no es casual que cuando Jiménez decidió rebasar esos límites y llevar ante los tribunales a los llamados “tiburones” de la corrupción, las alarmas saltaron aquí y en el norte, provocando la grosera caída del jefe de la Misión. Los corruptos de toda laya se unieron más que nunca, advertidos ya del riesgo que corrían y el peligro que los acechaba. El ímpetu investigador y su concepto de “colaboración activa”, que caracterizaban el desempeño de Jiménez, lo convirtieron en un funcionario incómodo, un personaje potencialmente peligroso para la estabilidad negociada de las redes de corrupción incrustadas en el aparato estatal. A partir de entonces, la muerte de la MACCIH era ya casi una “muerte anunciada”. Su existencia parecía más una agonía lenta y no una actividad febril. La suerte estaba echada.

La llegada del juez brasileño Luiz Guimaraes para sustituir a Jiménez fue tan intrascendente como su apresurada salida. Una gestión sin pena ni gloria, matizada por la chatura y un exceso de cautela con frecuencia innecesaria. Los periodos de interinato, como suele suceder, no tuvieron ni la fuerza ni la influencia suficiente para cambiar el ritmo y modificar las cosas. Limitado por su propio carácter, el interinato repetido no sirvió para mucho.

Hoy, cuatro años después de su difícil inicio, la MACCIH ha pasado a mejor vida. Víctima de conspiraciones palaciegas y zancadillas burocráticas, el organismo internacional no ha podido superar la embestida de los corruptos y sus socios internacionales. Pero, eso sí, nos ha dejado valiosas lecciones y más de alguna enseñanza. La lucha contra la corrupción es condición básica para devolver a Honduras su naturaleza republicana y recuperar los valores del Estado de derecho. Los corruptos son enemigos peligrosos que amenazan la seguridad del Estado, la estabilidad del país y el bienestar y progreso de la sociedad. Se debe ser implacable con ellos.

(Por Joaquín Mejía) Uno de los elementos fundamentales del sistema democrático es la legitimidad, es decir, el consentimiento y convencimiento de la ciudadanía de que el régimen que gobierna y sus decisiones son las mejores para la colectividad, y, por tanto, no necesita el uso de la fuerza para imponerse.

Para ello se requiere el respeto absoluto al principio de la soberanía popular que se expresa en la voluntad de las mayorías mediante elecciones libres, auténticas y justas. En otras palabras, una parte de la legitimidad democrática se gana cuando los resultados electorales corresponden con la voluntad popular.

Dos de las principales características del régimen de Juan Orlando Hernández son el autoritarismo y la falta de legitimidad, por lo que ha tenido que imponerse mediante el fraude, la represión policial-militar y las graves violaciones a derechos humanos, todo cubierto bajo el manto de la corrupción y la impunidad.

Como todo régimen autoritario, es ciego y sordo ante la voz popular, y solo vela por sus propios intereses y de la clase corrupta que representa. Por eso no le importó violar la Constitución para imponer su reelección que consumó a través de un fraude electoral.

Y lo mismo ha sucedido con la MACCIH, que, pese a existir una rotunda demanda ciudadana para su continuidad, el régimen la dejó morir para evitar que siguiera con su trabajo de desenredar las redes de corrupción que llegan hasta él y su círculo de poder.

Por ello, como señala la doctora Ana Ortega, “pese al contexto de represión, precariedad de la vida, fragmentación e incluso expulsión de buena parte de la población”, el papel opositor de la ciudadanía es central para activar la ruptura de este círculo vicioso de corrupción, impunidad y cinismo de los actores políticos.

(Por Edmundo Orellana) Ya lo somos oficialmente. En eso nos hemos convertido con la expulsión de la MACCIH, último logro efectivo del gobierno.

El gobierno conspiró en su contra desde la negociación del convenio, que, afortunadamente, por la impericia de los negociadores hondureños, los de la OEA lograron ocultar en sus estipulaciones los dispositivos que, en su oportunidad, se activarían para causarles a los corruptos del patio los dolores de cabeza que sufrieron con su presencia en el país.

Pese a que venía a enfrentarse al sistema de impunidad impuesto desde hace mucho y que sus funciones se limitaban a acompañar al MP y al Poder Judicial, transfiriendo los conocimientos y las técnicas modernas que sus funciones requieren para tornarlas más efectivas, logró crear, a iniciativa suya, una institucionalidad operativa (UFECIC y los juzgados anticorrupción) que funcionó. La prueba es que puso de correr a los corruptos.

También tuvo logros en la transparencia y rendición de cuentas del financiamiento de las campañas políticas, con la aprobación de la ley respectiva y poner en marcha el órgano que la aplica. Que alcance sus objetivos es responsabilidad de quienes fueron nombrados para ello, cuya función consiste en impulsar los procesos que permitan el fortalecimiento de su organización y la operatividad de sus funciones.

Puso al descubierto las redes de corrupción que operan en el país con total impunidad, integradas por políticos de todos los partidos, empresarios, dirigentes gremiales, miembros de la sociedad civil y hasta ministros religiosos. Exhibió las maquinaciones urdidas -torpemente, por cierto- por estas redes para saquear sistemáticamente las arcas del Estado, para aprovecharse de las funciones y servicios públicos con contrataciones amañadas o para conseguir jugosos subsidios o excepcionales privilegios.

Otras iniciativas impulsadas por la MACCIH quedaron en el camino, como la Ley de Colaboración Eficaz y otras que las redes de corrupción celebran hoy su no aprobación.

Su legado es notorio e impactante pero precario. Los invaluables logros de la MACCIH son innegables y por eso nadie podrá ignorarlos. Sin embargo, durarán lo que dure el proceso de desaparición de los órganos creados a su iniciativa. UFECIC y los juzgados anticorrupción no podrán sobrevivir en su estado actual sin el apoyo de la MACCIH, porque su relativa independencia -que les permitió enfrentarse cómodamente a las poderosas redes de corrupción del país- descansaba, justamente, en ese apoyo, porque detrás de la MACCIH se encontraba activa y vigilante la cooperación internacional, especialmente, el gobierno de Estados Unidos.

Cuando la cooperación internacional disminuyó la intensidad de su apoyo a la MACCIH, el destino de esta no podía ser otro que su desaparición.

El gobierno estadounidense jugó un importante papel en su creación y fue decisivo en su desaparición. La apoyó mientras le fue útil. Cuando dejó de serlo, porque se convirtió en una amenaza real para su imprescindible socio en sus intereses imperiales, simplemente le dio la espalda. Lo que aprovechó Almagro para simular una negociación que favorecía a las redes de corrupción y le garantizaba el voto para su reelección.

Incluso algunas de las organizaciones nacionales que dicen ser portaestandartes de la dignidad nacional, dieron la impresión de ser cómplices del crimen porque fueron incapaces de promover actividades masivas para impedir que el crimen se perpetrase.

El pueblo tampoco se entusiasmó en la defensa de la MACCIH, adormecido por la sutil campaña de algunos medios en su contra, que destacaron, con grosera relevancia, las arremetidas de las redes de corrupción en contra de la MACCIH y sus creaciones, sembrando en el imaginario popular la idea de que eran negligentes e ignorantes. Ponían en duda las investigaciones, descalificaban los requerimientos judiciales y de remate promovían debates, no con académicos cuya opinión objetiva y científica podían dar luces a los mismos, sino con los abogados defensores, cuyos alegatos no pasaron de ser simples ataques en contra de la MACCIH y de la UFECIC.

De esta aventura, lo rescatable es que los logros son, realmente, de la UFECIC y de los tribunales anticorrupción. En otras palabras, que en nuestra aldea tenemos calidad y cantidad de profesionales capaces para combatir, con dignidad y profesionalismo, la impunidad, entre los que se destaca el heroísmo del fiscal Luis Javier Santos.

Lo que le debemos a la MACCIH es que puso en evidencia que el Estado hondureño ha sido capturado por las redes de corrupción. Rescatarlo está en nuestras manos. Incapaces de rescatarlo por otra vía, no nos queda más que el voto; ese que, por lo general, botamos y que de seguir esa conducta perpetuaremos el sistema de impunidad. Votemos, pues, pero esta vez inspirados en el ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?