Friday, Nov 15, 2019
HomeEditorial

(Víctor Meza) Mientras unos aseguran que el país retrocede, otros prefieren pensar que nos hundimos. Pero, sea como sea, de todas maneras vamos para atrás, retrocedemos en el tiempo y revivimos, a veces sin darnos cuenta, experiencias que alguna vez creímos definitivamente superadas. Ha habido algo de ingenuidad en estas creencias.

Esta reflexión viene a cuenta a raíz de los últimos acontecimientos que han impactado en la conciencia colectiva y nos han hecho recordar tiempos pasados que, alguna vez, creímos sepultados para siempre. Nos referimos al secuestro de un conocido líder magisterial y el asesinato de un joven dirigente estudiantil de secundaria. Ambos delitos despiden el mismo tufillo de las acciones criminales que caracterizaron la represión imperante en la primera mitad de la década de los años ochenta en el siglo pasado.

Es como si de pronto recuperara plena vida el fantasma de los escuadrones de la muerte que, en aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), sembraron el terror por la vía de la desaparición forzada, el secuestro, la tortura y la muerte de los opositores en aquellos aciagos años.

La DSN, diseño maléfico de la guerra fría, privilegiaba los intereses del Estado por encima de los valores del ser humano. Sus postulados contrainsurgentes daban sustento al terrorismo de Estado y fueron la fuente que alimentó las llamadas “guerras sucias” que se llevaron a cabo entonces en varios países del cono sur de nuestro continente.

En Honduras fue aplicada bajo las órdenes del general Gustavo Álvarez, un militar demencial y mesiánico que se creía elegido para organizar y dirigir la tercera guerra mundial en Centroamérica. Egresado de una academia militar argentina, no vaciló en traer como asesores a sus antiguos colegas gauchos y poner en práctica el denominado “Método argentino” de desaparición y muerte de los entonces llamados “delincuentes subversivos”.

La represión desatada al amparo teórico de la DSN tenía, entre otras, tres características muy notorias y básicas: era preventiva, selectiva y clandestina. Preventiva, porque se aplicaba para prevenir el desarrollo y fortalecimiento de los disidentes y opositores; selectiva, porque apuntaba más a los cabecillas que a las cabezas en general, se proponía impedir el desarrollo de liderazgos “subversivos”; y, finalmente, era clandestina, porque se realizaba al margen de las instituciones del sistema de administración de justicia, lejos de los tribunales, en las llamadas “casas de seguridad secretas”.

Estas tres características, en su conjunto, conformaban la base operativa de la DSN en Honduras. Eran el eje funcional del terrorismo de Estado, que se encargaban de ejecutar los escuadrones de la muerte, todos ellos agrupados bajo las siglas siniestras del 3/16 (unidad secreta de los militares con jurisdicción mortal en las tres brigadas y 16 batallones entonces existentes).

Todavía el saldo de sus actividades solo se conoce a medias: centenares de desaparecidos, muchos muertos, otros tantos torturados y sacrificados de mil maneras. Crímenes de lesa humanidad que todavía siguen esperando el justo castigo.

Hoy, cuando vemos lo que está sucediendo con jóvenes dirigentes de los movimientos sociales, cuadros políticos de la oposición, activistas del movimiento popular y disidentes, sometidos al acoso de la vigilancia, objeto de la fabricación de los llamados “perfiles” (retratos biográficos de las personas espiadas o perseguidas) y, algunos de ellos, ya convertidos en víctimas fatales, no podemos menos que recordar aquellos difíciles días en que la suerte y la vida dependían de los sicarios uniformados que se desplazaban en vehículos sin placas y tenían montada una red logística clandestina, que incluía desde médicos criminales que medían el alcance mortal de la tortura, hasta residencias urbanas y fincas rurales utilizadas como centros de detención y tortura. Fue una larga y siniestra noche que cubrió con un manto sangriento la vida cotidiana de la sociedad hondureña.

¿Será posible que permitamos el retorno a estos tiempos lúgubres y terribles? ¿Será posible que nuestra sociedad retroceda tanto o se hunda tan profundo, mientras nosotros simplemente observamos, entre atónitos e impotentes, la debacle sangrienta? Espero que no, confío en la vitalidad subterránea de las nuevas generaciones, en la beligerancia de la ciudadanía emergente, y deposito mis esperanzas y los vestigios de mi antiguo optimismo en las manos de los nuevos compatriotas que, mejor informados, más críticos y con mayor disposición guerrera, sabrán enfrentar con decisión y furia a los malos gobernantes que quieren hacernos retroceder en el tiempo o hundirnos en el pasado.

(Por Víctor Meza) Lealtad comprada no es lealtad, dicen los que saben de estos asuntos. Puede ser cualquier cosa – hipocresía interesada, falsa amistad, simulación calculada -, pero no lealtad. Y si esto es cierto para todos los aspectos de la vida, en la política es doblemente verdad. No hay lealtad real cuando su contenido se nutre del chantaje…o del obsequioso regalo que esconde el veneno del soborno. La lealtad, en política al menos, sólo suele ser verdadera cuando se fundamenta en la coincidencia del compromiso, en la identificación de ideales y en los intereses comunes al momento de compartir los sueños y las utopías. El resto, como diría el poeta, es selva.

En los últimos meses, ante la proliferación de los disturbios sociales y la conflictividad política en América Latina, poco a poco se va afianzando una peligrosa tendencia entre los líderes civiles (presidentes en aprietos, aspirantes desesperados, opositores ansiosos, etc.) por buscar el respaldo institucional de los militares, ya sea para afianzar gobiernos en apuros o para derribar regímenes autoritarios y desacreditados. Esta es la conclusión a que llega el comentarista político Max Fisher en una reciente edición del influyente diario New York Times. Los ejemplos abundan y las fotografías proliferan.

Ya es común ver a presidentes muy cuestionados cuando aparecen rodeados de uniformados ante las cámaras de la televisión para reafirmar, como quien dice, el apoyo que reciben desde el Olimpo verde olivo. Las escenas se repiten y en ellas desfilan los rostros afligidos de gobernantes como Moreno, en Ecuador; Piñera, en Chile; Bolsonaro, en Brasil; Maduro, en Venezuela; Ortega en Nicaragua y, más recientemente, Evo en la convulsa Bolivia. Todos ellos, rodeados por generales sombríos, agobiados por el peso de sus múltiples medallas y condecoraciones ganadas en batallas soñadas o inventadas, exhiben a los uniformados como si fueran los símbolos del poder real y el ejemplo vivo del respaldo al régimen. Las imágenes han sido diseñadas para impresionar o atemorizar a la población y, sobre todo, para ufanarse del apoyo castrense a la arbitrariedad civil.

Aquí, en estas profundas y cada vez más peligrosas honduras, no somos la excepción. El inquilino de turno de Casa Presidencial acostumbra, de vez en cuando, aparecer en la televisión rodeado de sus hombres de uniforme favoritos. Al hacerlo, nos envía un mensaje: su poder es incuestionable y sólido porque cuenta con la venia y servidumbre de los militares. Y si eso es así, quienes se atrevan a desafiarlo en las calles, recibirán el castigo violento de los cuerpos represivos y pagarán muy cara su alocada osadía.

Pero ese mensaje no es tan cierto. Contiene en su interior la semilla que lo niega y distorsiona, porque entre mayor es la dependencia del gobernante con respecto a las armas militares, mayor es la debilidad y vulnerabilidad de su propio gobierno. No hay liderazgo civil verdadero si su fortaleza depende de las armas ajenas. El presidente que se crea fuerte porque cuenta con el respaldo ocasional de los militares, se engaña a sí mismo… y, de paso, pretende engañarnos a los demás. No es el gobernante el que se fortalece, son los propios militares.

Ese tipo de “lealtades” no son confiables, sobre todo si son pagadas o compradas. Se puede adquirir todo el armamento que los uniformados piden, aunque sea a costa de los escasos dineros de la hacienda pública. Se les pueden asignar millonarios fondos y confiarles, como está sucediendo ahora, nuevos y curiosos programas que tienen que ver con la economía agrícola del país y la seguridad alimentaria de la población. Se les puede satisfacer en todo lo que pidan y nunca se logrará satisfacerles plenamente. Son voraces, insaciables, poco fiables.

Se equivoca el inquilino de palacio si cree que les tiene satisfechos y plenamente a su servicio. Nada de eso. La lealtad que le muestran es tan falsa como falsos son y han sido siempre sus declamados respeto a la Constitución de la República y obediencia a la Ley. Lucirán fieles mientras dure la fiesta y los recursos abunden, como sucederá con esos miles de millones aprobados ya para financiar el rescate de la agricultura local por obra y gracia de la ofensiva militar.

No hay que olvidarlo: lealtad comprada no es tal. A lo sumo es engaño disfrazado, burla mafiosa, picaresca uniformada… Nada más.

(Por Edmundo Orellana) “Los hondureños somos diferentes”. Es una frase escuchada en todos los ambientes y con demasiada frecuencia cuando queremos justificar algún desaguisado, particularmente en materia política.

Frase perfecta para abordar el tema de nuestra democracia. Estamos convencidos de que vivimos en un régimen democrático porque vamos en manada a votar cada cuatro años por las autoridades supremas que nos gobiernan mientras dura el período presidencial.

Ese es el único momento que los ciudadanos creemos que ejercemos el poder. ¿Lo ejercemos realmente?

Evidentemente, no. La prueba es que no hay político que no cuestione el sistema electoral, acusándolo de fraudulento. Eso significa que se burlan de la voluntad popular porque los votos se cuentan como le convenga al que tiene el poder. Para evitarlo, se cambian, supuestamente, las reglas del juego electoral periódicamente.
El último gran cambio nos metió en un embrollo descomunal que solo los políticos de oficio entienden. Se crearon nuevos órganos electorales, pero aún no se emite la ley que regule su organización y competencias; sin embargo, ya se nombraron los titulares de esos nuevos órganos.

Mientras esto ocurre, la Ley Electoral que, supuestamente será derogada por la nueva ley, sigue vigente. En otras palabras, los órganos que deben desaparecer aún existen legalmente y funcionan. Los nuevos funcionarios electorales, entonces, fueron nombrados para dirigir organismos que aún no existen, pero, mientras los crean, dirigen los que serán sustituidos por estos. Para el común de la gente es un absurdo, pero no para los políticos, para quienes nada es imposible ni irracional, siempre que justifique sus fines. En todo caso, lo que sí está clarísimo es que esos nuevos funcionarios desempeñan la labor de quien ayuda a bien morir a un enfermo terminal.

Otro absurdo es que alegan que estas decisiones constituyen reforma electoral. Para ellos, entonces, nombrar autoridades para rectorar órganos electorales cuyas reglas aún no han sido establecidas, es reforma electoral. ¿Entiende este galimatías, distinguido lector?

Hasta ahora la única certeza que tenemos es que nada se sabe del nuevo sistema electoral. Proyectos hay varios, pero nada es definitivo. En materia electoral, en este momento, la certeza es la incertidumbre. No sabemos nada sobre la organización, funcionamiento y atribuciones de los nuevos órganos electorales, ni sabemos nada sobre las nuevas reglas del proceso electoral, aunque sí conocemos los nuevos titulares de los nuevos órganos que algún día serán creados, quienes, mientras tanto, se entretienen practicando la eutanasia con los moribundos órganos electorales.

Lo único nuevo y real es que a Libre se le permitió acceder a cargos dentro de esos órganos electorales, luego de una intensa negociación con el Partido Nacional. Para este partido eso es suficiente para garantizar que ya no serán víctimas de fraudes en las elecciones futuras. ¿Cree usted distinguido lector, que Libre evitará el fraude estando adentro? ¿Ingenuidad o pragmatismo?

En mi opinión, será difícil que lo logre mientras cuestiones fundamentales del sistema electoral estén pendientes. Por ejemplo, la segunda vuelta electoral. Si no se aprueba, muy probablemente, las próximas elecciones nos conducirán a un infierno que consumirá las pocas esperanzas que aún tenemos en nuestra deforme democracia.

Otra cuestión importante es el caso de los partidos de maletín, cuya existencia ha permitido que nuestra democracia esté al servicio del mejor postor. Esos partidos, ciertamente, propician el fraude, mediante la venta de credenciales para las mesas electorales, y debilitan la democracia cuando, con su concurso, se toman, en el Congreso Nacional, resoluciones políticas a cambio de privilegios o concesiones. La perversión de nuestro sistema electoral, en gran medida, se debe a esos partidos, en manos de verdaderos mercaderes de la política.

Esa es nuestra cultura democrática. Creamos incertidumbre política para vivir en el caos institucional. Por eso, los cambios que aprobamos nada cambian; pero algo positivo nos dejan, la sensación de que hemos cambiado. “Somos diferentes”.

En conclusión, si no se avanza en los temas mencionados y en otros igualmente importantes, nada se habrá logrado en materia electoral. Será una lástima, porque las recientes elecciones nos dejaron lecciones que, de no atenderlas, las próximas elecciones nos precipitarán hacia escenarios devastadores.

Es el momento de exigir que se abandone el viejo y fraudulento sistema electoral, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?