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(Por Edmundo Orellana) La embestida del coronavirus desnudó el fracaso de la política gubernamental de privatizar los servicios públicos, convirtiendo en mercancía la salud, la educación, la seguridad y demás servicios, sometiéndolos a las reglas salvajes del supuesto “libre mercado”; a la ley de la oferta y la demanda, abandonaron, pues, los servicios públicos, para lo que se prepararon debidamente.

Aprovecharon la criminal gestión a la que sometieron las instituciones autónomas para desmontar el “Estado Interventor” y “Estado de Bienestar” cuyo diseño nos legaron los arquitectos constitucionales de 1957, replicado en 1982, y que fuimos incapaces de construir. Pese a operar con carácter de exclusividad, con un mercado cautivo, no evolucionaron tecnológica, administrativa ni financieramente, por la corrupción y las políticas estatales que, desde que advino el régimen constitucional en 1982, minaron gradual e irreversiblemente las bases del Estado legado por los constituyentes del 57.

El crimen más atroz de este proceso privatizador fue la entrega de la salud, la educación y la seguridad a los comerciantes, que no son empresarios, porque estos, aunque animados por el lucro, se preocupan por la calidad del servicio, preocupación que, salvo algunas excepciones, no observamos en la prestación de los servicios concesionados.

En el sector salud, por ejemplo, los bancos, aprovechando ese proceso privatizador, adquieren hospitales, lo que hace suponer la adquisición de equipo de última generación; sin embargo, cuando un interno de esos hospitales entra en fase crítica, no dudan en remitirlo al IHSS porque sus equipos son superiores a los que ellos poseen; y eso que el IHSS de hoy no es más que los despojos que quedaron del salvaje saqueo reciente.

Las escuelas públicas de hoy no tienen la calidad de las que existían cuando estudiamos quienes hoy somos el apetitoso plato del coronavirus, porque Estado y dirigentes gremiales sumieron en un caos la prestación del servicio, ofreciendo la excusa a los reformadores neoliberales para pasar el servicio, en todos los niveles, a los particulares, algunos de los cuales no lo han hecho mal, pero la mayoría ha convertido la prestación del servicio en un mercado de pulgas de la peor calidad.

La seguridad pública ya no la presta el Estado; la prestan las agencias privadas de seguridad. En los barrios y colonias de las grandes ciudades, y hasta en algunas oficinas estatales, la seguridad es privada y, curiosamente, la normativa que la regula es, de las existentes para las actividades concesionadas, la más laxa, al grado de que no se sabe con certeza quiénes son sus propietarios, cuánto es su capital ni el armamento y su calibre; a esto agréguese el régimen laboral humillante que opera en su interior.

De este proceso privatizador no se escapó ni la justicia. El auge de los tribunales arbitrales, integrados dentro de la estructura de organizaciones privadas y operando como justicia privada, surge a costa del desprestigio de los tribunales civiles. ¡La justicia! Que según Friedman es, con las Fuerzas Armadas, lo que nunca habría privatizado. Por esta razón, cuando el público exigió un trato especial en el pago de los servicios públicos, considerando las circunstancias de emergencia que vivimos, un alto funcionario del Estado, con toda razón, contestó que no se podía porque los servicios públicos ya no los suministra el Estado. En otras palabras, se niega inescrupulosamente la esencia misma de nuestro régimen político que nuestra Constitución encierra en las fórmulas siguientes: “el Estado se constituye para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, porque “la persona humana es el fin supremo del Estado”. ¿Qué sentido tiene, entonces, hablar de gobierno constitucional?

Las condiciones para aplicar la “doctrina del shock” están dadas; de no prepararnos para evitarlo el post coronavirus será el escenario ideal de la generalización del proceso privatizador. Se impone, entonces, la reivindicación de los principios de la intervención estatal y del Estado Bienestar, para retornar al diseño original, cumpliendo con el supremo deber de respetar la dignidad humana.

Podemos evitar la infección quedándonos en casa, pero no la pandemia; igualmente, será inevitable el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, y la reducción de personal en las grandes empresas, provocando un desempleo masivo; emergencia que demanda medidas radicales: si no hay ingresos no se pagan deudas (en versión de Derecho Privado se llama “quita y espera”; en versión de Derecho Público, “de necesidad pública”); si no hay ingresos, el gobierno debe proveer alimentos; medidas que están adoptando los estados. Una población que acumula deudas y no puede atender las necesidades básicas de la familia, nos anuncia un post coronavirus peor que la pandemia misma, porque nos llevará a encontrarnos con las palabras (¡terribles palabras!) que signan el fracaso: “demasiado tarde”. Trágica realidad, culpa, en parte, del peor gobierno de la historia, que nos mueve a gritar con más fuerza que nunca: ¡BASTA YA!

Y, usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

(Por Víctor Meza) Ya se que no se deben mezclar, que combinarlos no conduce a nada bueno y que, con seguridad, las consecuencias serán más negativas que positivas. Pero, lo cierto es que tampoco se debe negar la relación que existe entre una pandemia como la actual y los escenarios políticos, presentes y futuros, de nuestro país.

Ya hemos visto y comprobado durante catástrofes anteriores la forma en que se mezclan las emergencias y la política, los estrechos e insospechados vínculos que se establecen entre esos dos factores, y la manera en que los fenómenos naturales se traducen irremediablemente en fenómenos sociales. Basta revisar la experiencia de tragedias como las de los huracanes Fifí, en 1974, y Mitch en 1998.

Toda catástrofe natural genera consecuencias sociales y políticas. Es la inevitable relación que hay entre la naturaleza y la sociedad, entre las circunstancias naturales que rodean al ser humano y su entorno social. No olvidemos la vieja sentencia aristotélica que atribuye al hombre su innegable condición de animal político.

La pandemia del coronavirus ha tenido ya algunas consecuencias sociales y políticas. Son las primeras, pero, estoy seguro, no serán las últimas. A nivel social son más evidentes y perceptibles. La pobreza las hace más visibles y la miseria nos las arroja al rostro. Imposible negarlas o pretender esconderlas. A nivel político, en cambio, la evidencia, aunque real y efectiva, es menos precisa y más confusa.

En escenarios políticos como el nuestro, caracterizados por un autoritarismo fuerte y un Estado de derecho débil, con instituciones frágiles y vulnerables, corroídas por la corrupción y el abuso del poder, las emergencias tienden a fortalecer las tendencias concentradoras del poder y a reforzar los vicios autoritarios del gobierno.

El presidencialismo incrementa sus facultades a costa de debilitar o anular facultades vitales del Poder Legislativo. Los organismos de control pierden fuerza y se impone la opacidad inevitable que suele rodear a las compras directas y a la ausencia de rendición de cuentas. El centralismo aumenta y la horizontalidad de la gestión gubernamental se ve desplazada gradualmente por un creciente y amenazante autoritarismo concentrador. Las relaciones entre el poder central y los gobiernos locales también suelen sufrir modificaciones sustanciales.

Puede suceder que los Municipios incrementen su protagonismo y alcancen más autonomía en su gestión comunitaria. O, puede ser al revés: la concentración de poder en el centro debilita la independencia de la periferia municipal. Sea como sea, la emergencia, ya sea natural o sanitaria, como es este caso, genera consecuencias que erosionan la democracia y benefician la concentración del poder en pocas manos.

En el caso hondureño, la situación puede ser muy alarmante. A nivel social, el descontento y la insatisfacción van de la mano, camino hacia la confrontación y la protesta. La desesperación es mala consejera y puede llevarnos a niveles inesperados de conflictividad urbana y rural. A nivel político, se reforzarán (de hecho, ya lo están haciendo) las nocivas tendencias a fortalecer el militarismo, ampliando sus esferas de influencia y concediendo a los uniformados apoyo excesivo y facultades que deben pertenecer a otros organismos del Estado. De esta manera, la fusión de la conflictividad social cada vez más violenta con la creciente militarización del Estado y la sociedad, producirán – ojalá que no – una peligrosa mezcla explosiva que todos habríamos de lamentar.

Como si fuera poco, ya tenemos suficiente con la crisis humana que genera el coronavirus. No hace falta que, por un manejo inadecuado de la emergencia, desemboquemos todos en una crisis política y social de enormes consecuencias.

La paciencia de la gente tiene límites. Jugar con ella, apostándole al cálculo y la maniobra política, puede ser muy peligroso y arriesgado. Lo mismo puede suceder si se insiste en dar respuestas castrenses y policiales a un problema que requiere manejo científico y profesional.

(Por Edmundo Orellana) Con el coronavirus descubrimos que somos un todo, expuesto al peligro y vulnerable, y también que la mayor amenaza de la humanidad es el ser humano. Sea que el virus se haya manipulado en un laboratorio o sea producto de prácticas alimenticias exóticas, en el centro del problema está el ser humano.

La humanidad, por primera vez, está realmente en peligro, consecuencia de la globalización. Pero también descubrimos (o confirmamos) que evitar el contagio depende de cada uno. Protegiéndonos protegemos a los demás.

El problema es que la protección consiste en quedarse en casa y evitar la calle, lo que resulta imposible para la mayoría de la población hondureña que debe salir de casa a trabajar para sostener su familia y pagar sus deudas (con los prestamistas y las tarjetas de crédito). Está entre la espada y la pared. Si se queda en casa no come y sus deudas se incrementan desproporcionadamente; si sale puede infectarse del virus y enfermar a su familia. Es una verdadera tragedia para el pueblo hondureño.

Si salen a la calle a buscar el sustento diario en estas condiciones, la autoridad los persigue, incautándoles sus ventas o cerrando por la fuerza sus negocios, si son comerciantes, y capturándolos; si son asalariados, son detenidos y encarcelados. Esta es la tragedia de nuestro sistema de seguridad, eficaz contra quien lo sostiene con sus impuestos e ineficaz con el crimen, común y organizado.

Cuando termine, el problema económico lo sufriremos todos. Porque terminará, sin duda. El problema es fijar una fecha. Está previsto que nos mantengamos en casa aproximadamente quince días. Medio mes sin producir ni generar ingresos es un golpe mortal para cualquiera, persona individual, empresa o Estado. Pero es probable que necesitemos más tiempo. ¿Un mes? ¿Más de un mes?

En todo caso, el golpe a la economía es inevitable y será de gravísimas proporciones. ¿Está previendo algo el gobierno para amortiguar sus efectos? Asumo que no. Tan adictos, como somos, a la improvisación, seguro que el gobernante, motivado por sus consejeros espirituales, estará confiando en que, llegado el momento, “Dios proveerá”. Lo que es seguro es que este es el escenario ideal para aplicar, sin restricciones, la política del gobierno de convertir a este en “un inversor capitalista de recursos financieros sin límite que proporciona el capital inicial para la creación del complejo empresarial para luego convertirse en el principal cliente de sus servicios” (Naomi Klein) (Peaje, seguridad, concesión de aeropuertos y la “ciudad cívica”, son algunos ejemplos).

Mientras eso ocurre, el problema actual es cómo atender un enfermo de coronavirus en el sistema de salud. La torpeza con la que atendieron los primeros casos es un aviso de lo que viene, lo que podría alcanzar proporciones dantescas si la cantidad de enfermos se multiplica colapsando los hospitales, considerando la escasez de ventiladores (según denuncia de los mismos médicos) y las condiciones de inseguridad para su salud en las que trabaja el personal de salud, que amenaza con abandonar los hospitales.

Esta es la tragedia de nuestro sistema de salud –o al menos lo que queda de él, luego del saqueo al que fue sometido y a la política privatizadora del gobierno– cuya prioridad fue sustituida por la compra de armas, pertrechos para los uniformados, aviones lujosos y construcción de proyectos faraónicos, como el de la “ciudad cívica”.

Esta sería la excusa ideal del gobierno para concluir su programa privatizador en salud. Pero es incuestionable que los enfermos están siendo atendidos en los hospitales públicos, no en los privados, demostrando su falta de solidaridad, lo que se explica porque éstos (los privados) están impulsados por el “ánimo de lucro” y ven al enfermo como “cliente”; en cambio, aquellos prestan un servicio público, cuya finalidad es la salud, y ven al enfermo como “paciente”. ¡No permitamos la privatización de la salud!

No obstante, el gobierno demostró que su diseño de Estado da resultados. El fortalecimiento del autoritarismo y la prioridad en los cuerpos armados le permitió que un pueblo indisciplinado atendiese sumisamente la orden de recluirse en sus casas y, despejada la calle, se posesionó de ella con los cuerpos armados. Su sueño dorado: todo está bajo su control; lo que, seguramente, será parte de nuestra cotidianidad futura. En momentos que la evolución de los acontecimientos políticos y sociales amenazaban seriamente con alterar el orden público provocando la inestabilidad del gobierno, estas medidas le son oportunas y convenientes.

En todo caso, debemos quedarnos en casa. Pero es responsabilidad de las organizaciones políticas y sociales trabajar en propuestas para atender la crisis económica y social que dejará el paso de esta pandemia; de no hacerlo, demostrarán, una vez más, su distanciamiento de la realidad, motivo suficiente para invitar al estimado lector a decir: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?