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(Por Edmundo Orellana) “Mientras respire que nadie aspire” rezaba el slogan de campaña de los fieles seguidores del caudillo más longevo de República Dominicana, Joaquín Balaguer, al final de sus días, luego de ser presidente por siete veces, después de sobrevivir la dictadura de Trujillo, de quien fue, con palabras suyas, “cortesano” y de quien dijo, cuando murió, que fue el “mejor guardián de la paz pública”, pero que, al recibir la visita de Fidel Castro, archienemigo del tirano, en su casa de habitación -revelando su carácter camaleónico, que explica cómo sobrevivió a la “era de Trujillo”-, le dijo: “Me tiene aquí como un soldado suyo. Soy un admirador ferviente y me identifico con sus ideas de independencia y libertad de los pueblos y la libre determinación”. Zorro el nonagenario caudillo.

Ejemplos como este se cuentan a montones en los regímenes presidenciales, sin que sea la excepción Estados Unidos, cuando, rompiendo la tradición inaugurada por Washington, de reelegirse una vez nada más, y contra la que no pudieron Grant ni el primer Roosevelt, un pariente de este, Franklin Delano Roosevelt, logró ser electo por cuarta vez a la presidencia, aduciendo que “si la convención (del Partido Demócrata) me propone para la presidencia, aceptaré. Si el pueblo me elige, obedeceré”, “y serviré en este despacho, si eso me ordena el comandante en jefe de todos nosotros: el pueblo soberano de los Estados Unidos”, lo que alarmó a los políticos gringos de la época, quienes decidieron, mediante la Enmienda 22, constitucional, limitar la reelección a un período, para evitar la reelección indefinida.

Propicia el continuismo la creencia de que solo quien ocupa la presidencia puede garantizar la gobernabilidad o la continuidad de sus logros, como lo reconoció Truman en sus memorias. “Se me ha preguntado, -escribió- por qué en 1944 había participado en la campaña a favor del cuarto mandato de Franklin D. Roosevelt, en contra de mi convicción de que ningún presidente debe serlo más que en dos mandatos. La respuesta es sencilla; sabía lo que habría sucedido en 1944, si Roosevelt y sus ideales no hubiesen continuado presidiendo nuestra política en aquellos tiempos extremadamente críticos”, y seguía diciendo: “en cuestión de unos meses, hubiésemos visto la revocación o la anulación de gran parte del acertado programa social por el cual Roosevelt y los demócratas habían luchado tan duramente durante los dieciséis últimos años”.

Son, para sus seguidores, imprescindibles, cuando no providenciales. Entre estos últimos se cuentan Porfirio Díaz, Carías Andino y todos aquellos que se creen predestinados a gobernar indefinidamente, invocando la voluntad de Dios y recurriendo a todo tipo de argucias, incluido el fraude electoral, como ocurre en el caso del gobernante hondureño.

Esos providenciales acarrean tragedias, como es el caso de Ortega, con aproximadamente 500 muertos como saldo de su insensata represión contra el pueblo nicaragüense, que se ha tomado las calles, en ejercicio de su sagrado derecho a la insurrección. Maduro, quien se considera el heredero de Chávez y, por medio de este, del ideal bolivariano, podría encontrarse en similar situación, con la diferencia de que, en este caso, las desgracias históricas del pueblo venezolano son ocasionadas por las inagotables riquezas de su subsuelo, que despiertan la voracidad de sus gobernantes y de las potencias mundiales.

Nuestra Constitución de 1957 claramente estableció la diferencia entre el continuismo y la reelección. En el acto oficial por el que se le hacía entrega de la Constitución al presidente Villeda Morales, el presidente de la Constituyente, Modesto Rodas Alvarado, dijo: “El continuismo y la reelección, aristas del despotismo untadas de sangre, desaparecen de la norma al afirmar el derecho del pueblo para emplear la violencia cuando se infrinja el Principio de Alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Esto quiere decir que no sufriremos más la ambición bastarda de los providenciales ni los serviles, que han devorado el vientre mismo de la patria, podrán sumar unidad alguna en el inventario de la ciudadanía”.

Con esa fórmula constitucional se pretendió conjurar a los espectros siniestros del continuismo y la reelección, que tan dolorosos recuerdos evocaban del “cariato”, como se le conoció a la “era de Carías”. La Constitución del 82 (vigente aún, mientras no la derogue la Sala Constitucional), recogió la prohibición del continuismo y de la reelección.

Los hechos demuestran, sin embargo, que los providenciales “y los serviles que han devorado el vientre mismo de la patria” se impusieron finalmente a la voluntad del pueblo, que, contrario a lo que creían los constituyentes del 57, no hizo uso de su derecho constitucional a la insurrección, lo que inevitablemente nos llevará a aceptar, como parte de nuestro sistema constitucional, el continuismo y la reelección, provocando nuevas y más graves tragedias a la nación.

(Por Víctor Meza) Honduras, dicen los que saben de estas cosas, ha tenido en el pasado algunos buenos, excelentes, diplomáticos. Profesionales que han sabido diseñar y conducir los difíciles lineamientos de una política exterior adecuada y beneficiosa para el país. O, lo que es lo mismo, una política exterior que refleje los intereses y objetivos nacionales de manera fiel y provechosa. Así ha sido, aseguran, en el pasado.

La política exterior no es terreno plano y, a veces, puede resultar campo minado. Con frecuencia tiene arenas movedizas y hondonadas inesperadas. Por lo mismo, debe estar en manos de profesionales con la experiencia debida, el conocimiento suficiente y la habilidad negociadora apropiada.

Personas capaces de promover, con inteligencia y astucia, los grandes intereses del país para alcanzar los objetivos nacionales que la propia Constitución política establece. La diplomacia es, por eso mismo y entre otras cosas, una ciencia y un arte. Trabajo de expertos y asunto de profesionales. No se la puede dejar en manos de aficionados o aprendices.

En los últimos meses los temas de la política exterior han despertado de nuevo el interés de la opinión pública mejor informada. El rediseño de las políticas migratorias y el impacto del éxodo centroamericano hacia el norte, la estridencia amenazante de la Administración Trump, el triunfo de candidaturas novedosas en el entorno geográfico regional (México y El Salvador, especialmente), la grave crisis por la que atraviesan Venezuela y Nicaragua, el retorno de regímenes orientados a posiciones de derecha frente al repliegue humillante de la izquierda en buena parte del continente, son apenas algunos de los acontecimientos y hechos que, de alguna manera, demandan de las Cancillerías una combinación inteligente de intereses locales con las coyunturas internacionales, un sabio rediseño de posiciones y posturas que beneficien y coloquen al país en mejores condiciones.

Pero, a juzgar por las actitudes y decisiones adoptadas en meses recientes, se puede concluir que la llamada “política exterior” hondureña responde más a los intereses inmediatos del clan gobernante, a sus ambiciones mayúsculas y desmedidas, que a los intereses y objetivos de la sociedad hondureña en su conjunto. Es como si la ambición de la tribu se impusiera insolente sobre el bien común y el afán colectivo.

Los ejemplos sobran. Para sólo citar un par de casos, ese viraje súbito hacia Israel, tomando partido en un conflicto tan difícil y explosivo, tan local como internacional, puede traernos consecuencias inesperadas. Ya lo han advertido, con lenguaje dual y casi temeroso, algunos miembros destacados de la comunidad palestino hondureña.

Lo mismo puede decirse de ese radicalismo súbito en el caso de Venezuela, en donde el gobierno actual insiste en alinearse con la cruzada impulsada desde Washington y secundada alegremente por las actuales autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La absurda decisión de ofrecer el traslado de la embajada hondureña desde Tel Aviv a Jerusalén, inspirada en un afán servil y humillante ante la política exterior de la Administración Trump, no sólo nos pone en ridículo ante la comunidad internacional sino que también nos introduce, aunque sea por la puerta de atrás, en un peligroso e inflamable conflicto que no es nuestro ni nos concierne directamente.

De igual manera, sumar al país a los intentos de invasión militar contra el actual gobierno de Venezuela nos introduce en otro conflicto, este sí más cercano y no menos peligroso que el otro.

¿Quién ordena estos giros y virajes en la política exterior del país? ¿Quién diseña u orienta esta supuesta “estrategia” criolla ante la comunidad internacional? Todos sabemos que se trata del gobernante actual, el inquilino cuestionable de Casa Presidencial, quien, por lo visto, subordina los intereses del país a sus caprichos aldeanos y a sus pretensiones de aliado tan dócil como incondicional de la Administración norteamericana. Olvida que a su gobierno en Washington le ven de doble manera: como aliado solícito y obsecuente en materia de seguridad, pero incómodo e impresentable en materia de corrupción.

Esa doble visión puede cambiar de énfasis en cualquier momento, de acuerdo a los vaivenes propios de la política interna de los Estados Unidos, que puede ser tan volátil como lo demande la democracia y la voluntad de los ciudadanos en las urnas. La subordinación ciega e incondicional ante los intereses de la política exterior de Washington, no es ni puede ser la mejor forma de promover y defender los intereses y objetivos nacionales de nuestro país. Es, en todo caso, una forma oportunista y servil de confundir la propaganda con la política, de pretender jugar damero en la mesa de ajedrez.

(Por Edmundo Orellana)Nuestro régimen político no necesitó de una segunda vuelta electoral, porque hasta el surgimiento de Libre, ningún partido emergente compitió, realmente, con los dos partidos tradicionales.

Casi dos siglos transcurrieron turnándose en el poder, el PL y el PN. Surgieron algunos partidos, especialmente en esta última etapa de nuestra vida constitucional, pero ninguno, como Libre, llegó a amenazar el bipartidismo.

Ahora bien, ¿por qué, con la desaparición del bipartidismo, se hace necesaria la segunda vuelta electoral? Porque los resultados de las dos últimas elecciones fueron rechazados por la mayoría del pueblo hondureño, y la última hasta por la OEA, cuyo Secretario General exigió nuevas elecciones, alegando que estas habían sido fraudulentas.

Muchas acusaciones y muchas dudas nos dejó este último proceso electoral. Seguramente, las elecciones que se practiquen en el futuro nos dejarán más, con el riesgo de que la población se sumerja en un conflicto de imprevisibles proporciones de violencia y caos.

La causa de este problema es que el PN se declaró victorioso con una mayoría que no convenció a nadie. La diferencia entre el PN y Libre fue muy poca. Tanto que no convenció a nadie de su triunfo. Pero en ambas elecciones participó un tercero con una presencia importante, al que el pueblo favoreció con una significativa cantidad de votos.

Los votos del electorado se distribuyeron, entonces, entre tres partidos, a saber: PL, PN y Libre. El PN alegó que obtuvo la mayoría para declararse victorioso. Sin embargo, en ambos procesos electorales, la cuestionada mayoría no fue calculada con relación a la población que registraba el padrón electoral. La calcularon en relación con los votos computados a favor de Libre.

¿Por qué esto es un problema? Porque la Constitución manda que el “presidente y tres designados a la Presidencia de la República serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría de votos”. Para cumplir con el mandato constitucional, los votos escrutados a favor del candidato que resulte victorioso en las elecciones deben calcularse considerando el total de los votos escrutados en las urnas destinadas para la papeleta electoral para presidente de la República.

La simple mayoría sería la mitad más uno del total de votos válidos escrutados.

De los 3,285,250 votos válidos sufragados para el cargo de presidente, en estas últimas elecciones, el PN obtuvo 1,410,888, lo que representa el % 42.95 del total de aquellos votos válidos. Es decir, no obtuvo la simple mayoría exigida por la Constitución. Quien asumió, entonces, ostenta la investidura de presidente contrariando la Constitución.

Podría alegarse que esto no es importante, considerando que en nuestro país acostumbramos a irrespetar impunemente, la Constitución cuando nos conviene.

Hay otro problema, sin embargo. El de la legitimidad. Esta surge de la aceptación de la población, traducida en confianza y credibilidad en la autoridad presidencial, en este caso. De lo que, obviamente, carece la investidura de presidente del actual gobernante. Por eso lo rechaza un gran sector de la población. Piden su renuncia en todos los ámbitos, hasta, increíblemente, en los eventos académicos formales de las universidades, de modo que parece haberse incorporado en los rituales de las graduaciones.

La falta de legalidad y de legitimidad constituye una mezcla explosiva en un pueblo cansado de ser la víctima histórica de las elecciones, porque su voto no se respeta. Si la simple mayoría de los votos del pueblo hondureño determina la elección del presidente, según la Constitución, ¿por qué se acepta otra fórmula, en flagrante contradicción con lo dispuesto en esta?

Para evitar que los próximos gobernantes se encuentren en la difícil posición del actual, es necesario buscar soluciones que ofrezcan al pueblo la seguridad de que los resultados son confiables y creíbles. La única fórmula que ofrece esta garantía es la segunda vuelta electoral, que opera de la siguiente forma: si en la primera vuelta no se obtiene la mayoría de los votos válidos afirmativos (que podría ser 45 ó 50 por ciento), se recurre a una segunda vuelta en la que participan únicamente los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos en el primer escrutinio.

Los partidos perdedores podrían participar también, si así lo desean, apoyando al candidato que estimen pertinente, según sus intereses partidarios.

En estas condiciones, los resultados serían confiables y ninguna duda provocaría en el electorado la legalidad y legitimidad de la investidura presidencial. Si seguimos con este sistema lo más seguro es que repitamos lo ocurrido en las últimas elecciones presidenciales, pero con más violencia.