Tuesday, Sep 17, 2019
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(Por Gustavo Irías*) En horas de la mañana del 28 de agosto, en un operativo simultáneo, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aseguraba las sedes principales del Partido Liberal y del Partido Nacional, símbolos relevantes del centenario bipartidismo. Los aseguramientos fueron ordenados por el Juzgado de Privación de Dominio, por solicitud de la UFECIC/MACCIH, como parte del proceso judicial del caso Pandora.

Este caso, hay que recordar, es el primer requerimiento que la UFECIC-MACIH ha podido llevar con relativo éxito ante los tribunales de justicia, vinculado al uso ilegal de recursos públicos para el financiamiento de campañas político-electorales.

Ante la histórica inmunidad, impunidad y abuso de poder de la elite tradicional, estos aseguramientos sorprendieron a la ciudadanía en general, pero especialmente a la misma élite política. Probablemente quien mejor expresó este asombro y enojo fue el diputado nacionalista, Oswaldo Ramos Soto, para quien “la intervención al Partido Nacional y Liberal es una situación sin precedentes en la historia de Honduras”, agregando que “las instituciones son públicas y no delinquen, y por eso no pueden ser aseguradas, además la Constitución les da garantías, las que están irrespetando”.

Innegablemente esta acción de aseguramiento de las sedes de los partidos políticos tradicionales y de otros bienes de los involucrados en el caso Pandora, está inscrita en la actual política estadounidense hacia Honduras y el Triángulo Norte. Para entender este contexto, es necesario reconocer que la actual política estadounidense no es la misma que se implementó durante la Guerra Fría, específicamente de los años ochenta, mediante la cual promovió y facilitó redes de corrupción entre la élite y el crimen organizado, con el fin de bloquear el surgimiento de una oposición democrática interna, derrocar la revolución sandinista e impedir una eventual victoria política y militar del FMLN en El Salvador. Igualmente, en esa época e incluso en los años 1990 e inicios de 2000, toleró las abiertas, como descaradas, prácticas corruptas de las élites en la malversación de los caudales públicos.

Sin embargo, su actual interés de seguridad nacional le exige acorralar y desplazar a un sector de la élite tradicional, probablemente el más corrupto y, por ello mismo, el más incómodo. Pero eso no implica facilitar la modificación, como tampoco poner en riesgo, el estatus quo prevaleciente en Honduras, que es funcional a los intereses estadounidenses. Por eso mismo, en el fondo no es una simple estrategia contra la corrupción, de hecho hay un interés por reconfigurar las fuerzas política internas. De ahí que no haya sido una casualidad que las acciones de aseguramiento coincidieran en el mismo día y hora, con la suscripción del acuerdo para inicio del diálogo político entre el Partido Nacional, Partido Liberal y Salvador Nasralla.

Para profundizar en este análisis, es importante poner en claro cuál es esta nueva política exterior estadounidense para el Triángulo Norte.

EL INTERÉS DE EE.UU. EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. La Conferencia de Prosperidad y Seguridad en Miami, Florida, celebrada el 15 de junio de 2017, es el punto de partida de la actual administración Trump para delinear su política en el Triángulo Norte. Es la continuidad de la política de la administración Obama, en sus ejes por la seguridad y la lucha contra la corrupción pero colocando, ahora con mayor fuerza, el énfasis en la contención de la inmigración.

Rex Tillerson, Secretario de Estado en ese momento, aseguraba en esa Conferencia que “una América Central más segura y más próspera será muy útil para poner coto a la inmigración peligrosa e ilegal, vencer a las pandillas y el narcotráfico, así como poner fin a la corrupción de las economías”.

Pero quién mejor ha expresado el interés de la actual administración en la lucha contra la corrupción ha sido Kenneth Merten, subsecretario adjunto del Departamento de Estado, quien en el reciente mes de julio, en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, explicó que “nuestra táctica en esa zona tiene el foco en trabajar para prevenir la corrupción y reforzar la capacidad de las autoridades locales en la batalla contra el crimen” para que sus habitantes no tengan que escapar a Estados Unidos. Para Merten, la corrupción “corroe las instituciones y la confianza en la democracia” y provoca que la gente escape buscando mejor vida.

Visto de esta manera, la amplia y descontrolada “gran corrupción pública”, expresada en redes públicas-privadas y con algunos carteles del crimen organizado, es percibida como una grave amenaza a la seguridad estadounidense. En tanto, profundiza la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades, expulsando fuertes contingentes de la población al mercado laboral informal estadounidense.

Sin embargo, es importante resaltar que las prácticas corruptas que hoy pretende combatir la administración Trump, son prácticas similares a las promovidas y alentadas en el pasado por diferentes administraciones estadounidenses, las que involucran directamente a sus viejos aliados. De allí que lo novedoso de la actual política de Estados Unidos es su enfoque hacia un sector de la élite política tradicional, fieles aliados en la Guerra Fría, pero a quienes ahora considera que deben ser reemplazados en su influencia y roles de dirección en la política partidaria y sometidos a la justicia.

Pero, complementariamente, y al estilo de la tradición estadounidense, esta política no deja de lado a quienes consideran sus enemigos ideológicos o amenazas para su influencia hegemónica en lo que considera su “patio trasero”. Esto explica el reconocimiento del régimen surgido del fraude electoral en Honduras en noviembre del 2017, desconociendo el triunfo electoral de la Alianza de Oposición. El último hecho indica que esta nueva política estadounidense podría retomar las estrategias del pasado en la región, caracterizadas por el reconocimiento estadounidense de los fraudes electorales, gobiernos autoritarios y dictatoriales, si su “interés nacional” y preferencia ideológica así lo determinan.

En todo caso, la administración estadounidense posee varios instrumentos para desarrollar su política anti-corrupción en la región, algunos ya en funcionamiento y otros aún en proceso de implementación. Estos son el todavía vigente Plan Alianza para la Prosperidad, junto con sus condicionamientos para el desembolso del financiamiento. Dentro de esos condicionamientos, por lo menos el 50% tiene que ver con el cumplimiento de requerimientos en la lucha contra la corrupción (fortalecer la independencia del poder judicial y cooperar con la comisiones contra la corrupción –MACCIH-, entre otras).

También dispone de la Ley Magnitsky, que se aplica a ciudadanos vinculados en hechos de corrupción y violación de los derechos humanos, y que tiene como consecuencia la “muerte financiera” de las personas afectadas (congelamiento de cuentas bancarias nacionales e internacionales). Esta ley fue recientemente empleada contra 6 funcionarios públicos centroamericanos, incluido en esa lista el actual diputado del Partido Nacional, Óscar Nájera. Finalmente, en espera de implementación se encuentra la enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que obliga al Departamento de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa, a confeccionar, a más tardar el mes de enero del 2019, una lista de los funcionarios públicos de Honduras, El Salvador y Guatemala involucrados en actos de corrupción y en la utilización de fondos ilícitos para el financiamiento de sus campañas electorales.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA RECONFIGURACIÓN DE LAS FUERZAS POLÍTICAS EN HONDURAS. Líneas arriba se indicaba que no era casual que el aseguramiento de las sedes de los partidos políticos tradicionales coincidiera con el acuerdo para el inicio del diálogo político. Esto acontece porque existe una relación directa entre la política anticorrupción estadounidense y el esfuerzo por reconfigurar el sistema político, y el diálogo político es uno de los tantos espacios para trabajar en esa dirección.

Probablemente su mayor interés apunta a facilitar la estructuración de una nueva oposición, en la misma matriz del bipartidismo, aportándole legitimidad al liderazgo de Luis Zelaya en la lucha interna que libra contra otros sectores liberales (su principal rival, Elvin Santos, es uno de los políticos requeridos por el Ministerio Público en el caso Pandora). Igualmente, aportar legitimidad a Salvador Nasralla (aún sin partido político) para aproximarlo a Luis Zelaya, a partir del convencimiento de ambos de que sólo en alianza pueden derrocar al Partido Nacional. De esta manera, el gobierno estadounidense estaría viabilizando una oposición más próxima al ideario estadounidense y tendría un actor de recambio en la conducción del Estado hondureño para reemplazar al Partido Nacional, el que se ha constituido en un incómodo aliado en la actual realidad regional.

De más está decir que el propósito principal de esta política sería debilitar la oposición encabezada por Libre y sus aliados más cercanos a quienes considera poco confiables, por no decir indeseables, en su actual estrategia en el Triángulo Norte. Esto se reforzaría por su marcada preocupación por la apertura de relaciones del gobierno de El Salvador con China Continental y su advertencia a la actual administración hondureña de los riesgos que significaría si toma los mismos pasos.

No sería la primera vez que el gobierno estadounidense intenta “desde fuera”, reconfigurar a su favor las fuerzas políticas internas de un país. Uno de los ejemplos más ilustrativos en la región está en El Salvador. En los inicios de la guerra civil en los ochenta, ante el creciente apoyo popular a las organizaciones político-militares de izquierda, desplazó al histórico partido de la oligarquía salvadoreña, Conciliación Nacional, al que había acompañado en recurrentes fraudes electorales y golpes de Estado. En su lugar facilitó la alianza entre la Democracia Cristiana, los pequeños partidos socialdemócratas y los militares, instalando en el poder un gobierno reformista que impulso la reforma agraria y otras reformas sociales.

Sin embargo, la política estadounidense no es necesariamente la figura de un titiritero que con sus cuerdas mueve a su antojo a sus marionetas, las fuerzas internas también determinan con sus propias dinámicas, el curso de la historia.

En la actual coyuntura histórica de Honduras está planteada la necesidad de un cambio en la conducción de la gestión pública, lo que necesariamente implica el reemplazo de la élite actualmente en el poder, o más bien de sus representantes políticos. Tal como se están moviendo las reales fuerzas políticas, la disyuntiva dibujada en el horizonte es si ese reemplazo se opera en la misma matriz del status quo o bien, implica una recuperación y transformación de la democracia.

Las fuerzas que pugnan por la transformación de la democracia se desenvuelven en una compleja coyuntura no solo nacional, sino que regional (por lo menos a nivel del Triángulo Norte). La histórica política intervencionista de EE.UU. hacia Centroamérica es cada vez más directa y descarnada, pero, asimismo, la obstrucción de la corrupta élite tradicional a esa política es cada vez más agresiva.

El hecho más reciente y significativo de esa oposición es la decisión del presidente guatemalteco Jimy Morales, con el apoyo visible del alto mando militar y policial, a no extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-. A eso se suman los pactos de impunidad generados por la élite hondureña, en el seno del Congreso Nacional y las maniobras de la élite política salvadoreña por controlar organismos claves en la administración de la justicia.

Así que, un gran desafío para la oposición democrática es cómo efectivamente diferenciarse de la élite corrupta frente al intervencionismo estadounidense, tomar con decisión las banderas de la lucha contra la corrupción, como lo demanda la gran mayoría de la ciudadanía, sumar y articular fuerzas en torno a un programa viable de urgentes reformas democráticas.

A MANERA DE CIERRE. Como ha sido común en la historia del país en los últimos 150 años, la política exterior estadounidense es parte esencial de la política nacional. Pero como nunca antes esta política está afectando directamente a segmentos de las élites dominantes. Esto inevitablemente está conduciendo a una profundización de las diferencias al interior de las élites y especialmente en el bipartidismo, pero también a un mayor escalamiento de la crisis nacional heredada desde el golpe de Estado del 2009. Para los próximos meses será esencial dar seguimiento a cómo continua expresándose la política anti-corrupción estadounidense y sus implicaciones internas, así cómo se reconfigura la élite en sus expresiones tradicionales y renovadoras, igualmente, si logra reinventarse la oposición democrática y sobreponerse al aislamiento al que pretende orillarla los estrategas de Washington.

*Director Ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).

(Por Martha Alegría Reichmann) El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga no sólo ha vuelto a arremeter con insultos y mentiras contra quienes tienen el valor de denunciarlo, llamándolos sicarios que practican el acoso mediático valiéndose de anónimos.

También ha declarado que es vìctima de calumnias de difamación por parte del arzobispo Viganò y se ha lamentado de no tener ocasión para defenderse y quienes lo atacan son los que no quieren la reforma de la iglesia.

En su homilìa del domingo 31 de agosto y refiriéndose a redes sociales dijo que eran redes fecales; pero lo que es el clímax de su cinismo fueron estas palabras: “¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿El que procede honradamente, el que obra con justicia? ¿El que es sincero con sus palabras y con su lengua que a nadie desprestigia?». Claramente, este salmo lo dirigió a las personas y periodistas que lo atacan porque cuestionan su oscuro proceder.

Vamos por partes:

1) Quien responde de esa manera es, simplemente, porque no tiene razones válidas para una defensa hecha con seriedad, dignidad y raciocinio, ni tiene argumentos para demostrar que lo que se dice es falso y el único recurso que le queda es, por una parte, el silencio, y por otra, el insulto y la mentira.

2) Ningún periodista se atreve a publicar cosas tan delicadas si no lo respaldan las pruebas, aunque sí los nombres no son revelados publicamente para protegerlos; pero en caso de una demanda por calumnia, ellos tienen listas esas pruebas. En el caso del periodista Emiliano Fittipaldi, cuando éste lo denunció por corrupción en las finanzas, el cardenal lo atacó con insultos, pero cuando publicó las pruebas, se quedó mudo.

3) En mi caso particular, le envié una extensa carta el 9 de abril de 2018 donde lo cuestionaba por varias cosas y le hacía dos preguntas básicas sobre mi caso. Tuvo la oportunidad de contestarme, pero nunca lo hizo y si se llamó al silencio es porque no tiene respuestas que puedan salvar mínimamente su honor.

4) El testimonio del Arzobispo Viganò tiene todas las evidencias de veracidad, en primer lugar porque el papa Francisco no las desmiente. En sugundo lugar, porque el papa emérito Benedicto XVI ha dicho que recuerda haber dado instrucciones al cardenal Bertone para que transmitiera a McCarrick una sanción. También el prestigiado vaticanista Marco Tosatti afirma que él editó el informe de Viganò y asegura que todo está respaldado con pruebas.

5) No es cierto que quienes lo atacan son los que se oponen a las reformas de la Iglesia. El cardenal Rodriguez ya nos tiene cansados con esa su frase en la que se escuda. Somos nosotros, las víctimas los que lo denunciamos y no tenemos nada en contra de las reformas de la iglesia. Son las personas cansadas de esa fétida podredumbre que por tantos años ha alimentado y encubierto, prueba de ello es que por fin Pineda fue sacado.

6) Sabemos que tiene todos los medios a su disposición para defenderse. Todos sabemos que hasta el sagrado púlpito usa para insultar. La verdad es que no puede defenderse… ¿Por qué no ha usado el medio del periodista Edwar Pentin contestando a las preguntas que él ha hecho? ¿Por qué no contestó mi carta? ¿Por qué no contestó ante las puebas de Fittipaldi?

7) Está clarísimo que quien no es grato a los ojos del Señor es el cardenal Rodríguez, porque él no procede honrradamente, porque él no obra con justicia, porque él no es sincero con su palabra y con su lengua porque desprestigia a quien le conviene desprestigiar. Él lleva mucho tiempo desprestigiando a sus víctimas y a las de Pineda. Lo afirmo yo que soy una de ellas. En mi caso, lo grave no es solamente el dinero perdido en la estafa, lo más grave es su comportamiento, su actitud, su falta de humanidad, su falta de corazón, de rectitud, de hombría, traicionando a la viuda de un gran amigo… del amigo que tuvo la idea de que él fuera cardenal y que trabajó con ahínco durante cinco años hasta que lo logró. Eso lo sabe el cardenal perfectamente pero, en cambio, con el poder que adquirió con el cardenalato, ha destruido a la familia de aquel gran amigo.

8) Es un hombre totalmente injusto porque ha arremetido contra los que no hemos gustado de su auxiliar Pineda. Esa es la realidad de mi caso, esa es la realidad del caso del padre Bernardo Font a quien le canceló su sacerdocio en 2005 de manera arbitraria y le arruinó el resto de su vida, igual el caso del padre Domingo Salvador y Francisco Torres, quienes murieron marginados y abandonados a su suerte fuera de la iglesia, sólo por haber informado al cardenal cosas de Pineda. Eso se llama actuar contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, el cardenal Rodríguez es quien no es grato a los ojos de Dios.

(Por Edmundo Orellana) ¿Quién está asesinando a los estudiantes que protestan? ¿A quién molestaban con ejercer su derecho constitucional a la protesta?

Es un crimen que no debe quedar sin respuesta. Los responsables deben pagar. Y todas las sospechas apuntan hacia la autoridad. Porque no pudo perpetrarse a sus espaldas. Los ejecutaron o permitieron su ejecución.

¿Podría ser una conspiración contra el gobierno? Hay quienes dicen que fueron las maras. No es su modus operandi. Sin embargo, ninguna línea de investigación debe ser descartada.

El hecho real es que los captores vestían el uniforme oficial de los agentes de la ATIC. O al menos, eso parece en las imágenes captadas por no se sabe quién. Ahora bien, ¿eran agentes de la ATIC? No se debe descartar esta hipótesis. Sin embargo, habría que admitir que, de ser así, los agentes que lo hicieron no tomaron ninguna precaución para encubrir su crimen. Por eso fueron captados por dispositivos móviles. Pareciera que lo hicieron con el ánimo de que se supiera que fueron agentes de la ATIC quienes lo perpetraron. Y aquí es donde no cuadra esta hipótesis.

Aquí cabe la pregunta: ¿A quién conviene este crimen? La respuesta debe buscarse en el contexto de lo que está ocurriendo en el país. Nadie desconoce que el binomio UFECIC-MACCIH está bajo ataque sistemático de las élites corruptas del país.

Emiten leyes, dictan sentencias y manipulan la información para destruirlo. Aprueban leyes para mutilar sus competencias y sustraerle unidades. Lo hicieron en el pasado, cuando separaron la DIC del MP y hundieron al país, por más de 20 años, en un abismo de impunidad por la ausencia de la investigación criminal. No contentos con esto, se prepararon para cercenarle también medicina forense. El ataque se interrumpió cuando venció el período del fiscal. Hoy, surge de nuevo la iniciativa con lo que denominan el “Instituto de Medicina Forense”. Se propone en momentos en que el MP prepara más acusaciones contra diputados. ¿Cómo creer, entonces, que la iniciativa persigue mejorar la producción de la prueba científica si proviene del órgano cuyos miembros están siendo investigados por el MP, con el auxilio, justamente, de los peritos que laboran en Medicina Forense? La intención es la misma que perseguían con eliminar la DIC y con la aprobación del “Pacto de Impunidad”: garantizar su impunidad.

Emiten sentencias para anular decisiones internas del MP para dañar la UFECIC, como la proferida por la Sala de lo Constitucional invalidando su creación. Y la desinformación sobre lo que hace esta es tanta y tan burda que es evidente lo que se persigue: desacreditar a esta unidad fiscal y descalificar las acusaciones que presenta.

A esto habrá que agregar el extraordinario resultado que la ATIC ha tenido, para disgusto de aquellos uniformados que lucharon para retener la investigación criminal en la policía uniformada. Y, seguramente, habrá trasnochados quienes piensen que esto puede revertirse, utilizando tramas como las que urdieron contra la DIC, sembrando en el imaginario popular un supuesto “conflicto entre policías” que sirvió de excusa a los matreros políticos para eliminar la DIC del MP.

La diferencia entre UFECIC y ATIC, es que aquella ataca únicamente a los corruptos y esta va contra todos, incluidos los narcos, lavadores de activos y maras. Grupos criminales que, aunque muy diferentes en su modus operandi, coinciden en su deseo de que esas dos unidades desaparezcan. La estrategia puede variar, pero el propósito es el mismo.

Son muchos los enemigos del MP y juntos tienen poder para destruirlo. Por eso se empeñan en desacreditar sus órganos más visibles en la lucha contra la impunidad.

En todo caso, son tres los factores que nos inducen a concluir que los responsables están ligados al poder. La existencia en el pasado de “escuadrones de la muerte”, integrados por militares y policías que dejaron un rastro sangriento y de dolor en la sociedad hondureña (mañas que no se olvidan); el conocimiento de que, recientemente, altos jefes policiales se dedicaron al sicariato (así lo dijeron los “cachiros” en USA); y la circunstancia de que ese crimen no pudo perpetrarse sin la complicidad de alguna autoridad.

Es un crimen que no puede quedar impune. Más que del MP, es responsabilidad de la ATIC resolverlo, sin excusas. Es su existencia la que está en juego.