Thursday, Jun 20, 2019
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(Por Edmundo Orellana) Lo son y en un grado muy alto, en las circunstancias actuales, los postulantes a titulares del MP.

Son conscientes de que, de ser incluidos en la lista que se enviará al Congreso, los diputados, particularmente los sospechosos de cometer actos de corrupción, investigados o procesados, exigirán de ellos, como condición para votarlos, la garantía de la impunidad.

Es cierto que no se permite que quien ejerza una función pública, participe en un proceso de decisión en el que tenga un interés personal. Por eso, en determinados supuestos, a los funcionarios administrativos y judiciales, se les prohíbe participar en el proceso de toma de decisiones cuando no se garantice la objetividad e imparcialidad. Cuando se plantea un conflicto de intereses en el decisor, lo correcto es que este se retire, excusándose de conocer, o sea retirado del proceso de decisión, mediante la recusación para garantizar que la decisión no esté motivada por razones extrañas al interés público o reñida con este. De no existir estos recaudos, el funcionario podría, fácilmente favorecer intereses extraños o contrarios al servicio público.

Esta es la circunstancia en que se encuentran los diputados sospechosos de cometer actos de corrupción, sea que tengan investigaciones en curso o estén acusados criminalmente en los tribunales. La Ley Orgánica del Poder Legislativo, siguiendo aquel principio, prohíbe a los diputados participar en aquellos asuntos que tengan un interés directo. Por consiguiente, los diputados que se encuentran en esta situación no deben participar en la votación de los titulares del MP.

Esta norma es aplicable, sin problema alguno a los diputados procesados. Se sabe quienes son y, en consecuencia, bastaría que el diputado-presidente los excluya de ese proceso de votación. ¿Pero cómo se excluyen de este proceso los diputados que están siendo investigados, si no se sabe quiénes son?

No hay duda de que la situación se agravará. Porque el MP ha demostrado su firme decisión de desafiar la tristemente célebre sentencia de la Sala de lo Constitucional, por la que pretende, vana e inconstitucionalmente, neutralizar la UFECIC y la MACCIH. Puede ocurrir, entonces, que el actual fiscal, antes de vacar en su cargo, siga judicializando casos, como hasta ahora, en los que se pone a prueba la independencia del sistema de justicia. De modo que, es de suponer, que más casos serán judicializados, en los que están involucrados otros diputados.

En todo caso, ¿considera el distinguido lector que los honorables diputados se someterán a la ley? Acostumbrados, como estamos a observar cómo violan la ley impunemente, será difícil admitir que se abstendrán de votar en la elección del Fiscal, los diputados incursos en la prohibición prevista en la ley. Basta recordar el “pacto de impunidad”.

Votarán, si no directamente, indirectamente, por medio de suplentes afines a ellos. Tienen el poder porque son muchos los que se encuentran en ese supuesto de decidir, sea directa o indirectamente, quien será el nuevo Fiscal.

¿Qué cree usted distinguido lector, que exigirán los diputados involucrados en estos casos al Fiscal que elijan? Es ingenuo suponer que votarán considerando únicamente los méritos o la lealtad partidaria del candidato. Votarán por quien les garantice impunidad.

Quien acepte dirigir el MP en esas condiciones, sabe que su gestión se desarrollará entre presiones de políticos, exigiéndole que cumpla su compromiso, por un lado, y, por otro, la comunidad internacional y el pueblo demandando respeto a la MACCIH y a la UFECIC. Habrá que ver si el Secretario General de la OEA, que parece estar cambiando de bando con ese último tuit suyo, por el cual felicita a la MACCIH (¡oh, sorpresa!) por su participación en el caso conocido como “Pandora”, también se suma a estas exigencias, pero del lado del pueblo hondureño.

El nuevo Fiscal llega en un momento convulso. Marcado por el enfrentamiento entre la Corte Suprema y el MP, los brutales ataques del Congreso (para evitar que la justicia alcance a los “honorables” diputados sospechosos de cometer actos de corrupción) a la Corte Suprema, la que dócilmente se somete a estas humillaciones, y al MP, que ha reaccionado valiente y dignamente ante estos atropellos, y el interés del gobierno en mantenerse a salvo de estas acusaciones, sin importarle quienes resulten sacrificados.

Con un infierno se encontrará el nuevo Fiscal. Ningún otro fiscal hondureño ha asumido su gestión en estas condiciones. Con el agravante de que no podrá evitar que lo comparen con el Fiscal actual, que, de concluir su mandato sin variar su actuación de estos últimos meses, se retirará con el respeto y la admiración del pueblo y el reconocimiento de la historia. De ahí, que, si decide no seguir este ejemplo, provocará con consecuencias imprevisibles, el rechazo y la indignación del pueblo hondureño. Tendrá que escoger entonces, entre seguir el ejemplo de quien saldrá con laureles del MP, o pasar a la historia como el “Fiscal de la infamia”.

(Por: Edmundo Orellana) Eso ha hecho la Iglesia Católica hondureña. No por aquello de que la voz del pueblo es la voz de Dios, sino porque es evidente que el poder político se ha alejado de sus deberes elementales.

La exasperante situación de millones de hondureños abatidos por la pobreza extrema y la pesada carga que lleva a cuestas la menguada clase media, frente a la opulencia ofensiva, de origen sospechoso -en la mayoría de los casos-, de algunos pocos, convierte en un drama la vida diaria de aquellos y en un permanente desasosiego la de estos. Prueba irrefutable de que el encargado de evitar los excesos ha fallado.

El sistema estatal ha sido incapaz de frenar “la desmedida ambición de unos cuantos” en perjuicio de los demás y los políticos se niegan a dialogar entre sí sobre la solución de los problemas, cada vez más acuciantes, que flagelan a la población, cuya confianza en la institucionalidad “disminuye cada día más”.

Sin esa confianza la institucionalidad carece de idoneidad para liderar la búsqueda de soluciones; liderazgo, al que renuncian los políticos, más preocupados por resolver sus problemas internos que los del pueblo. Ha llegado, entonces, el momento de que este, en ejercicio de su indiscutible derecho a decidir -por cuanto es en él que reside originariamente la soberanía-, sea escuchado para opinar sobre “los asuntos fundamentales para la vida del país”. De habérsele consultado sobre la reelección, dice el comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), se habría evitado que este tema “alimentara la crisis política institucional y terminara siendo cuestionada y rechazada por un amplio sector de la población, por sus visibles muestras de inconstitucionalidad”.

No invitan ni piden, sino que exigen de los políticos que rehabiliten la política, entendiéndose por esto, no violar la Constitución y no emitir normas dirigidas a fortalecer la impunidad, protegiendo a los señalados por corrupción.

La “hacienda particular” en que han convertido el país los corruptos, saqueando las instituciones del Estado “cuantas veces quieran”, demanda de nosotros que defendamos “la dignidad y derechos de nuestro pueblo” luchando contra la corrupción. Y “luchar contra la corrupción significa defender las acciones de la MACCIH, del Ministerio Público, de la UFECIC” y, además, “sentirnos parte de la lucha que, contra los corruptos, lleva a cabo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)”.

Este pronunciamiento es de capital importancia en esta lucha. Como también lo es, que en la conferencia que diera el CNA, anunciando las acciones contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional, estuviera acompañado de importantes organizaciones civiles y de prominentes ciudadanos, y presentes, en la misma, representantes del G-16.

Lo curioso, sin embargo, es que la población no se manifieste multitudinariamente, como lo hizo en las marchas de los indignados y de las antorchas. Responsables de esto son los líderes de la oposición política, cuya participación en estas manifestaciones, auténticamente ciudadanas, tienen el efecto de desanimar a quienes asisten porque están indignados con el sistema, no porque obedecen a consignas políticas partidarias.

En todo caso, es visible la falta de consistencia y perseverancia en estos movimientos. Atribuible, sin duda, a la ausencia de una cultura ciudadana que solo se adquiere alimentando los valores cívicos en el hogar y en el sistema educativo. No es leyendo la Biblia en las escuelas que se obtienen estos valores, porque, como dice el comunicado de la CEH, “la Sagrada Escritura es don de Dios para fortalecer la fe”, cuyas enseñanzas no inciden en los niños y jóvenes “cuando los adultos no les ofrecemos… un ejemplo a imitar y una motivación positiva por medio de nuestro ejemplo y testimonio”.

Si sembramos en los niños y adolescentes los valores y principios de nuestra cultura, entendidos como producto de nuestra historia, especialmente de las gestas de nuestros próceres, rematando con la lectura analítica de la Constitución, especialmente sobre nuestro sistema democrático y republicano, sobre sus derechos fundamentales y los mecanismos que los garantizan, estaremos formando ciudadanos convencidos de la necesidad de la democracia y conscientes de sus responsabilidades, respetuosos de la ley.

El abuso y la explotación de los gobernantes, por esa ausencia de valores, ha provocado una crisis tan profunda que, hace temer entre los obispos, según se desprende de dicho comunicado, que se reproduzca en nuestro país lo que estamos presenciando en la hermana república de Nicaragua. ¡Y tienen razón!

(Por Víctor Meza) No somos pocos los hondureños que tenemos la impresión, triste impresión, de que el país, en lugar de progresar, retrocede. Hay como una percepción cada vez más generalizada de que vamos para atrás, o para abajo como dicen aquellos que ven en el pasado tiempos de menor penuria y mejor gloria. ‘Atrás’ está la gesta morazanista y sus momentos de esplendor; la reforma liberal que, aunque inconclusa, abrió nuevos espacios a la modernidad; el reformismo villedista; la incipiente desmilitarización… en fin.

En cambio, ‘abajo’ no hay nada, es el vacío, el abismo insondable, la oscura profundidad… Pero bien, al margen de los matices, lo cierto es que cada día crece la percepción del retroceso o la del inmovilismo, en el mejor de los casos. Los más recientes acontecimientos vinculados con la lucha anticorrupción solo han servido para reforzar esa lamentable percepción y mostrar hasta qué punto los promotores de la impunidad son capaces de llegar y descender.

La original sentencia de la Sala de lo Constitucional en relación con la validez jurídica del convenio que dio vida a la Misión de Apoyo de la OEA en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la Maccih, es una prueba – una más – de la ofensiva desatada para bloquear todas las iniciativas orientadas a reducir o eliminar los altos niveles de impunidad y corrupción que corroen el cuerpo social y sus diferentes órganos. Los artífices de esa jugarreta jurídica, convencidos de su sapiencia y astucia, pretendieron darle a la sociedad gato por liebre, acudiendo al expediente de los ‘considerandos’, así como ciertos diputados recurren al procedimiento de la fe de erratas para distorsionar y retorcer a su conveniencia la letra y el espíritu de las leyes.

Una parte de la ya famosa sentencia reconoce la constitucionalidad del convenio y da un aparente respaldo a la Maccih, pero otra parte, disfrazada en los considerandos, pretende negar la viabilidad jurídica del órgano especializado del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción de alto impacto. Por arriba te apoyo y por debajo te socavo. Y todo esto para frenar la lucha contra la corrupción y la impunidad, para colocar un palo en la rueda de la Maccih, para dificultar las iniciativas de la unidad fiscal especial del Ministerio Público, para proteger a los corruptos.

Todo forma parte de una ofensiva más general y amplia, la misma que cobró nueva fuerza con la forzada renuncia de Juan Jiménez, el antiguo vocero y conductor principal de la Maccih. A partir de ese momento, los corruptos se envalentonaron y creyeron que había llegado el momento del desquite, la hora propicia para golpear a una Maccih casi moribunda y en estado de confusión y languidez burocrática. Eso explica, entre otras cosas, el poco interés mostrado por las partes involucradas en nombrar un nuevo jefe de la Maccih. Pareciera que al Gobierno y la Secretaría General de la OEA les ha gustado el interinato y quieren prolongarlo tanto como sea posible, asegurando así la conveniente inercia y el desánimo de la misión de apoyo.

La lucha contra la corrupción, que había encontrado un nuevo aliento en la acusación contra un grupo de diputados y en los anuncios de Jiménez sobre nuevos requerimientos fiscales en contra de connotados personajes del mundo legislativo, ha sufrido un brusco frenazo que amenaza con volverse retroceso y parálisis. La estrategia de los corruptos se orienta a construir una plataforma normativa que devuelva fuerza y consistencia legal al sistema integral de corrupción e impunidad que la Maccih había comenzado a desmantelar.

No debemos permitir que tal cosa suceda. La sociedad civil organizada, especialmente aquellos grupos o asociaciones vinculados al trabajo de incidencia política y de lucha a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, debe movilizarse, alertar a la población, denunciar las maniobras de los corruptos y develar el trasfondo hipócrita de la ofensiva de la corrupción en contra de la decencia pública y el manejo transparente de los dineros del Estado. No permitamos que los corruptos nos arrastren hacia el fondo del abismo, contaminando al cuerpo social con su propia podredumbre y hediondez.

Todavía estamos a tiempo de detener ese afán de retroceso e inmovilismo institucional que niega la urgente modernidad y solo favorece a los promotores y responsables de una Honduras postrada y desintegrada éticamente.