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(Por: Víctor Meza)
El pasado viernes 12 de abril, el gobierno de los Estados Unidos hizo entrega oficial al gobierno argentino de 47 mil páginas de los llamados “documentos desclasificados” en torno a los hechos ocurridos en Argentina durante el periodo de su historia reciente conocido como “la guerra sucia”(1976-1983), tiempo oscuro en la vida política argentina que dejó como saldo miles de víctimas asesinadas, torturadas y desaparecidas.

La entrega de estos archivos, en cumplimiento de la legislación referente a secretos oficiales de los Estados Unidos y en atención seguramente a solicitud expresa de Buenos Aires, aporta conocimiento concreto y variados datos, tan abundantes como valiosos. No con pocas las organizaciones no gubernamentales especializadas, tanto en Argentina como en Estados Unidos, que han comenzado ya el análisis detallado de la información recibida y la búsqueda de nuevas pistas para encontrar la verdad última de aquellos hechos. La justicia, esta vez, aunque un tanto tardía, siempre podría llegar.

En Estados Unidos existe una amplia legislación muy rigurosa para gestionar el manejo de la información oficial considerada sensible. Reportes abundantes de las diferentes agencias de inteligencia, tanto norteamericanas como extranjeras, tienen un plazo de caducidad para mantenerse en secreto. Cada tanto tiempo, el gobierno libera al conocimiento interesado todos aquellos documentos que han permanecido ocultos durante varios años y cuyo contenido, una vez cumplido el plazo, no pone en peligro la seguridad nacional del país.

Pues bien, la entrega de esta abundante información al gobierno interesado ha permitido, como era de esperar, conocer nuevas y sorprendentes facetas de ese mundo oscuro y tenebroso, a veces fascinante y siempre misterioso, del espionaje internacional. Por ejemplo, se ha podido saber que los servicios de inteligencia de respetables y muy democráticos países europeos (Francia, Alemania, Italia, por ejemplo) mostraron un inusual interés en reproducir a su manera las experiencias del llamado Plan Condor, una operación multinacional de las dictaduras militares del Cono sur (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia), concertada para intercambiar prisioneros y secuestrar exiliados, opositores de izquierda, que buscaban equivocado refugio en los países vecinos a los suyos o en lejanos escondites europeos.

Esta siniestra operación de “cooperación criminal y multinacional” fue urdida en mayo de 1976, cuando los jefes de los cuerpos represivos de los seis países mencionados se reunieron discretamente en Santiago de Chile, bajo los entusiastas auspicios de la dictadura de Augusto Pinochet. En esa ocasión, se acordó crear una unidad especial, en el marco del Plan Condor, dedicada a eliminar físicamente a los opositores de izquierda radicados en países vecinos y en Europa.

La unidad mencionada recibió el nombre en clave de Teseo y debía ser financiada mediante aportes financieros proporcionados por los países miembros. Un cable de la agencia de inteligencia norteamericana, la CIA, fechado el 07 de abril de 1978, da cuenta del interés y la visita a Argentina de los servicios de inteligencia de los tres países europeos para conversar sobre los “métodos para el establecimiento de una organización antisubversiva similar a Condor”.

Los agentes europeos consideraban que el peligro subversivo había llegado muy lejos y amenazaba también a sus propios países. Esta es apenas una de las revelaciones contenidas en el voluminoso paquete de documentos entregados por Estados Unidos a Argentina. Poco a poco irán apareciendo nuevos detalles, novedosos datos que revelan el trasfondo de hechos hasta entonces desconocidos o inexplicables. La verdad, aunque muchos años después, seguirá abriéndose paso en el laberíntico ovillo de la historia. Será el turno de los ofendidos.

Y ahora, la pregunta clave para nosotros, en estas profundas y peligrosas honduras: ¿Cuándo será el momento de las revelaciones y el descubrimiento público de tantos y tan misteriosos secretos que ocultan pasajes clave de nuestra historia reciente? ¿Cuándo los hondureños podremos conocer todos los entresijos siniestros que se esconden tras el desempeño corrupto de los gobernantes? ¿Cuándo veremos todos los hilos que tejen la telaraña del crimen organizado y sus tentáculos en los diferentes eslabones del Estado y la sociedad? ¿Cuándo, por fin, se caerán las máscaras y quedará al descubierto el verdadero rostro de la corrupción todavía escondida y el rol de militares, empresarios, políticos, comunicadores sociales, líderes religiosos, funcionarios clave y prestanombres múltiples, en este infinito y grotesco baile de disfraces?

Puede ser que tarde más de lo deseado, pero un día, un buen día, se abrirán los archivos y un destello fulgurante inundara la noche oscura que hoy todavía nos circunda. Será, también, el turno de los ofendidos.

(Por Edmundo Orellana) Estos dos últimos gobiernos dejarán huella imborrable en la historia, como ningún otro en el pasado, bien, porque realizaron cambios que, aunque deseados, nadie se atrevió, o porque generaron tal nivel de malestar que provocaron novísimas respuestas sociales.

El autoritarismo forjó una estructura (Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en cuyo vértice colocó al Jefe del Estado y bajo su jerarquía a los jefes de los poderes del Estado y a algunos organismos extra-poderes, como el MP, por ejemplo.

Bajo su dependencia, se organizó una Policía Militar para “velar por la conservación del orden público”, violando flagrantemente el mandato constitucional que atribuye esa función a la Policía Nacional, y se formó la Dirección de Investigación e Inteligencia, responsable de las intervenciones telefónicas y de aplicar la Ley de Secretos de Estado.

El CNDS también asigna jueces y fiscales a la Policía Militar, a cuya jerarquía quedan sometidos, con funciones de jurisdicción nacional en el orden penal. Entre las funciones de esos fiscales y jueces está la de acusar y juzgar, con carácter de exclusividad, a los policías militares que incurran en delitos. Con lo que se militariza la justicia penal con jurisdicción nacional y se reconoce un fuero especial para los policías militares.

El proyecto de las ciudades modelo, en porciones del territorio nacional, dotadas de soberanía propia, distinta de la hondureña, cuya población no serán ciudadanos, sino empresas, cuyos directivos decidirán el destino de esas ciudades-estado, ha sido otra novedad y, afortunadamente, un fracaso. Afortunadamente, porque constituye delito de traición a la patria entregar porciones del territorio nacional a jurisdicciones extranjeras y porque podría ser aprovechado por países de la región para extender su territorio. Aquella frase, “del territorio nacional ni la sombra de una hoja”, ha sido sustituida por “entregar la patria en lotes, es hacer patria”.

Semejante estructura, facilitó una asfixiante corrupción, contra la que el pueblo indignado se tomó las calles exigiendo la presencia de algo parecido a la CICIG y nos trajeron la MACCIH, la que, junto a la UFECIC, desveló las redes en que se organizaron los corruptos –políticos, funcionarios y empresarios–, copando la totalidad del Estado, para saquear, sistemáticamente, las arcas estatales, en áreas tan sensibles como la salud.

Esa exasperante corrupción ha desestabilizado nuestras relaciones internacionales. Trump acusa al gobierno de corrupto y de complaciente con el narcotráfico y el presidente electo de El Salvador advierte que, por esas razones, el gobernante hondureño no está invitado a su toma de posesión. En esta atmósfera tan enrarecida, el gobierno hondureño cometió la estupidez de acusar al de México de instigar las caravanas de emigrantes hondureños.

Las caravanas no las provoca México; al contrario, son su problema. Las provoca el gobierno y, por eso, será recordado, porque representan su fracaso. Cuando miles de madres, con sus hijos, incluidos los de pecho, deciden salir huyendo de su país, enfrentando los desconocidos peligros del camino, porque ya no tienen futuro en la tierra de la “vida mejor”, estamos ante una tragedia nacional, que ni el “Honduras actívate” ni la “Marca País” podrán matizar.

Esas caravanas son la respuesta al fracaso del gobierno, que nos ha llevado a niveles tan bajos de calidad de vida, que ya somos los más pobres de América, con una población de aproximadamente 80% de pobres, de los que casi el 50% están en extrema pobreza, siendo los jóvenes y las mujeres los más afectados, que, en gran parte, huyen del país en esas caravanas, y el gobierno, no contento con expulsarlos, los estigmatiza, criminalizándolos.

Nunca como hoy, el crimen organizado ascendió tanto en la jerarquía política y estatal. Hasta los gringos están asqueados de la putrefacción encontrada en las élites políticas y empresariales involucradas en el lavado, en el trasiego de la droga y en las autoridades que, sin guardar las formas, les dieron protección.

La descarada manipulación del Poder Judicial para emitir sentencias favorables a esas élites, particularmente las emitidas para derogar la Constitución, es inédita, ya que, ni Carías, con su proyecto inconstitucional reeleccionista, se atrevió a tanto.

Logró atropellar las libertades de expresión y de prensa sin aspavientos, con el programa de canje de impuestos por publicidad, con el que invisibiliza a la oposición, que, por cierto, reacciona, a los cambios negativos, no como oposición, sino como prevé el gobierno, allanando el camino hacia los objetivos de este, entre estos el tercer período.

Y por último, pretende, con el apoyo de la oposición en el Congreso, sustituir a los empleados de salud y educación con correligionarios que servirán a las pretensiones reeleccionistas del gobernante.

Y usted, distinguido lector, ¿qué opina?

(Por Stephanía Román) Honduras vive tiempos de anormalidad democrática y una violencia casi pandémica que se reproduce a lo largo y ancho del país. Pocas son las noticias que llegan de este territorio con más de nueve millones de habitantes y que hoy en día recorre un camino semejante al de Venezuela y Nicaragua, pero desde la derecha.

La fragilidad actual del estado de derecho en Honduras se remonta a varios rompimientos del orden constitucional. El primero de ellos en 2009 con la controvertida destitución del presidente de aquel momento, Manuel Zelaya, alineado a Hugo Chávez y que venía produciendo una erosión del estado de derecho en el país.

Luego, en el 2012 se destituyen a cuatro de los cinco magistrados de La Sala Constitucional por parte del Congreso Nacional (a pesar de que no tenían la facultad de hacerlo); y después, en 2015, la nueva Sala Constitucional aprueba la reelección presidencial derogando el artículo 239 de la Constitución Nacional que prohibía la reelección desde 1982; y finalmente, en 2017 las elecciones presidenciales se ven envueltas en un “clima confuso” según la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, quienes por medio de un comunicado oficial declararon: “hay una falta de garantías y transparencia, así como un cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos han rodeado este proceso”. Debido a esto último, invitaron al país a celebrar de nuevo las elecciones, evento que nunca sucedió.

En estos cuatro quiebres democráticos siempre surge como autor y beneficiario el presidente actual del territorio hondureño, Juan Orlando Hernández, quien se encuentra en el poder desde 2014. En 2009 era líder de oposición de su partido en el Congreso Nacional, en 2012 fue presidente del Congreso Nacional, después en 2015 presidente del poder ejecutivo y en 2017 candidato a presidente.

Según el abogado y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, el régimen autoritario de JOH se sostiene sobre varios factores como: “el militarismo y la creciente fuerza de las armas con un fuerte rasgo dictatorial, la estigmatización de la oposición en alianza con los grandes medios de comunicación que han creado un cerco mediático, la alianza con las élites más ricas del país y el capital de las transnacionales que está implementando un modelo extractivista y la eliminación de casi todas las políticas públicas en materia social que han creado una red clientelar de asistencialismo que manipula a la población empobrecida en momentos de elecciones”.

Este cóctel de anormalidad democrática y represión ha dado como resultado diferentes violaciones a los derechos humanos. Según Human Rights Watch “la impunidad por los abusos a los derechos humanos sigue siendo la norma en Honduras” sin contar que hoy en día la “tasa de homicidios se encuentra entre las más altas del mundo”. Asimismo, las detenciones injustificadas a detractores del gobierno de Hernández cada vez toman más fuerza. Dos casos que encarnan esta situación son los de los periodistas David Romero y Jairo López, el primero detenido en las instalaciones de Radio Globo y el segundo mientras cubría las protestas contra el presidente el pasado 27 de enero, a quien trasladaron a una comisaria sin informarle el hecho del que se le acusaba.

Varios organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales se han pronunciado respecto a la situación que atraviesa el país. Freedom House en su última medición calificó a Honduras como un país “parcialmente libre” puntuándolo con un 46 sobre 100.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) durante el Examen Periódico Universal (EPU) que se dio el 8 de mayo de 2015 y que tuvo como relatores a Namibia, Paraguay y República de Corea, encontró que desde el primer ciclo (2010), el país evaluado había ratificado “seis instrumentos internacionales de derechos humanos”. No obstante, este avance contrasta con varias de las preocupaciones manifestadas por países como Polonia y Noruega por “casos de violencia contra periodistas y activistas de derechos humanos” y por la “destitución de cuatro jueces por el Congreso”.

Casi cuatro años después del segundo Examen Periódico Universal, las recomendaciones hechas a Honduras no se han hecho efectivas. Hoy en día continúan los hostigamientos a los defensores de derechos humanos, los ataques y asesinatos siguen impunes, la violencia está en aumento y el silenciamiento de periodistas y activistas no se detiene.

Si bien el país en materia de derechos humanos ha creado varios instrumentos para contrarrestar los ataques a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, como el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, según Amnistía Internacional “los esfuerzos siguen siendo insuficientes para garantizar la protección integral de estas personas”. Del mismo modo, como narra Vanessa Siliezar, abogada y defensora de los derechos humanos en Honduras, “hay muchas defensoras corriendo peligro, tuvimos el asesinato de Berta Cáceres, ambientalista reconocida, y el resultado es el miedo”.

Otro de los problemas en ascenso señalados por el EPU refiere a la “militarización cada vez mayor del país” y “la falta de independencia del sistema de justicia y la impunidad generalizada”, subrayados respectivamente por Suiza y Bélgica.

Estos señalamientos fueron los más fuertes y reiterativos durante el segundo ciclo del EPU, dando lugar a una serie de recomendaciones que coincidieron principalmente en “establecer mecanismos efectivos que permitan garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, los jueces, fiscales y periodistas, y evitar que los casos de violencia con resultado de muerte, se mantengan en la impunidad”; asimismo, “reforzar el poder judicial y garantizar su autonomía, independencia e imparcialidad”, “respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión”, entre otros.

Casi cuatro años después del segundo Examen Periódico Universal, las recomendaciones hechas a Honduras no se han hecho efectivas. Hoy en día continúan los hostigamientos a los defensores de derechos humanos, los ataques y asesinatos siguen impunes, la violencia está en aumento y el silenciamiento de periodistas y activistas no se detiene. Estos hechos hacen parte de las consecuencias que genera un estado de derecho en declive donde la corrupción se configura como una política de gobierno.

Periodista argentina. 

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