Friday, Jul 19, 2019
HomeEditorialOpinion (Page 49)

(Por Joaquín Mejia) Los graves casos de corrupción destapados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC) del Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), apenas son una muestra de la pudrición de nuestro sistema político y de la inoperancia del sistema de rendición de cuentas y de justicia para acabar con el cáncer de la corrupción.

Las denuncias presentadas por el CNA, la UFECIC y la MACCIH hablan de millones y millones de lempiras que fueron a parar a las cuentas bancarias personales de una clase política cuya forma de vida ha sido la corrupción, las coimas, el hurto, la apropiación de lo público y el manejo antojadizo del Estado y sus instituciones como su finca particular.

Como lo señala Marvin Barahona, investigador principal del estudio del ERIC-SJ, “Elites, redes de poder y régimen político en Honduras”, las consecuencias de ello “han sido graves para el Estado y la población, en una proporción que los estudios actuales no han podido cuantificar en su totalidad, reduciéndose a la calificación de Honduras como ‘Estado fallido’, ‘Narco-Estado’ o ‘Estado corrupto’”.

Todo ello ha generado, por un lado, una “elevada concentración de recursos económicos y financieros en un reducido número de familias y grupos”; y, por otro, se ha producido “una población que se encuentra mayoritariamente bajo la línea de la pobreza, sometida a un control social y político casi absoluto”, y prácticamente abandonada por el Estado en lo que respecta al desarrollo social.

Debemos reconocer que si no fuera por el CNA, la UFECIC y la MACCIH, los corruptos continuarían viviendo en un paraíso de total impunidad y no conoceríamos cómo algunos robos millonarios como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social representan la enorme olla de corrupción con la que se alimentan los cerdos que son presentados por los grandes medios de comunicación como personas honorables.

Gracias a las investigaciones de estos tres organismos el régimen que representa Juan Orlando Hernández se encuentra vulnerable y débil; sin embargo, su fortaleza radica en la debilidad de la oposición política y ciudadana que aún no logra articular un movimiento social que tome las calles democráticamente y exija una limpieza radical de las instituciones y una profunda reforma del Estado.

Es ahora o nunca, o dejamos que la clase política corrupta se fortalezca y salga bien librada de esta crisis, o demostramos el amor a Honduras a través del apoyo ciudadano masivo al CNA, la UFECIC y la MACCIH, que lideran una batalla desigual contra el monstruo de dos cabezas de la corrupción y la impunidad.

(Por Joaquín Mejía) La próxima elección del Fiscal General del Estado será recordada como la más cuestionada y carente de legitimidad de la historia del país debido a los evidentes intereses en juego y a los movimientos, negociaciones y manoseos de la institucionalidad para colocar al frente del Ministerio Público a alguien que no represente una amenaza para el poder.

Primero, en la Junta Proponente se permitió que se incorporara una representante de sociedad civil que está impedida por una sentencia que declaró inconstitucional el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, el cual había sido reformado en 2013 para incluir a un sector de sociedad civil en dicha junta, pero marginando a otro sector importante de la sociedad.

Segundo, el presidente de la Junta Proponente es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y su asistente personal, Herman Moncada, es un candidato que, a menos que pase algo extraordinario, estará en la lista final que será enviada al Congreso Nacional. A pesar de este conflicto de intereses, el señor Argueta ha participado en todo el proceso de evaluación de su asistente.

Tercero, por el caso la “Caja de Pandora” la UFECIC-MACCIH acusó por corrupción a decenas de diputadas y diputados, y lamentablemente son los mismos que participarán en la elección del Fiscal General y su Adjunto, lo cual a todas luces implica un conflicto de intereses, ya que los investigados serán quienes escogerán a quien los investiga.

Como bien lo señala el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, es preocupante que algunos de los miembros de la comisión parlamentaria que examinará los antecedentes de las candidatas y candidatos a fiscal hayan sido cuestionados públicamente y procesados por corrupción.

Y en este marullo de conflictos de intereses ya se perfilan tres candidaturas que aparentemente alegrarán a más de un corrupto: Abraham Alvarenga, quien ha sido abogado personal del presidente de facto Juan Orlando Hernández; Mayra Aguilera, promocionada por Mauricio Oliva y Mario Pérez; y Hermes Moncada, asistente personal de Rolando Argueta.

Si la ciudadanía no despierta de su doloroso letargo, el panorama se intuye nada alentador para la lucha contra la impunidad y tampoco para los liderazgos de Luis Javier Santos y Juan Carlos Griffin de la UFECIC, quienes, junto a Gabriela Castellanos y Odir Fernández del Consejo Nacional Anticorrupción, han emprendido una batalla titánica contra el cáncer de la corrupción.

(Por Edmundo Orellana) La reelección del Fiscal General plantea varias cuestiones que, probablemente, se resuelvan dentro del nuevo período.

El procedimiento utilizado constituye el principal problema. Porque fue necesario el voto de quienes han conspirado en contra del binomio UFECIC-MACCIH, que son los mismos que se sienten amenazados por sus investigaciones.

No fue reelegido en contra de su voluntad. Lo que supone que hubo pláticas previas a su reelección con quienes están siendo investigados. Me resisto a la idea de que haya aceptado compromisos que, a la postre, echarán por tierra el prestigio que, durante estos últimos meses, adquirió gracias a las acciones del binomio UFECIC-MACCIH.

Sin embargo, surgen algunas preguntas: ¿Por qué aceptaron reelegirlo con tanta premura y antelación? ¿Por qué no insistieron, como el caso de la Corte, hasta que lograron vencer la resistencia de los que simulaban ser honestos? Son interrogantes que encontrarán respuesta a lo largo de su gestión.

Juramentarse ante quienes, según ha trascendido, han recurrido hasta el recurso de amparo para evitar que la UFECIC avance en las investigaciones en contra suya, es otra cuestión que ensombrece el proceso de investidura, por los interrogantes que plantea.

La legitimidad del procedimiento estará en permanente cuestionamiento y lo aprovecharán quienes, aceptaron a regañadientes la reelección, para amenazar la estabilidad de su gestión, sea desde el Congreso o desde la Corte Suprema, puesto que estos son los nichos de poder utilizados, hasta ahora, para lanzar los notorios y brutales ataques perpetrados contra el binomio UFECIC-MACCIH, sin perjuicio de que, de ser necesario, se incorpore, en este menester, activamente la Casa Presidencial.

Esos votos, particularmente los del sector oscuro de los partidos políticos, esperan ser retribuidos. Son, en realidad, presentes envenenados. Por eso, el inexplicable júbilo de los diputados sospechosos el día de la reelección. Y el fiscal lo ha de saber, seguramente.

Quienes instaron que continuara, lo hicieron animados por el apoyo que al binomio UFECIC-MACCIH prodigó el fiscal. En otras palabras, por las acciones del fiscal Luis Javier Santos y su equipo, apoyados por la MACCIH. Sin embargo, se equivocaron de camino, porque el escogido pasaba, como se expuso en los párrafos anteriores, por la humillación del Fiscal General.

Había otras opciones. Especialmente la de no elegir. Si no se elige a ninguno de los cinco postulados, quedaba, obligatoriamente, el fiscal actual, ostentándose con una investidura legítima, imposible de cuestionar y, además, libre de la letal ponzoña del voto. Sería provisional, es cierto, pero en condiciones mucho más favorables que una investidura en propiedad concedida en las humillantes condiciones indicadas; en todo caso, la habría ostentado como si fuese en propiedad, puesto que el ejercicio de las funciones, siempre que su origen sea legítimo, es el mismo, sea en propiedad o interino, para todos los efectos legales.

Además, su interinato no estaría amenazado, al menos durante este período presidencial, porque los partidos de oposición decidieron no votar por ninguno de los postulados por la junta proponente. Su independencia habría estado garantizada.

Lo positivo es que resulta patente que la reelección fue forzada por la oposición, como reconocimiento a lo que hasta ahora ha hecho el binomio UFECIC-MACCIH, y así lo enfatizó el PL cuando decidió no votar por ninguno de los incluidos en la lista de la junta proponente. Lo que obliga al fiscal a continuar apoyando las acciones de ese binomio.

El que estará bajo una presión asfixiante será el Fiscal General. Habrá apremiantes exigencias de la sociedad y la comunidad internacional, siendo que le dio un voto de confianza, espera que satisfaga las expectativas. Cumplir le será fácil. Bastará que siga actuando como hasta ahora, no obstaculizando las acciones de ese binomio.

De actuar así, sin embargo, le traerá consecuencias muy negativas. Porque se trata, sin duda, de una declaración de guerra al sistema de impunidad, que descargará sobre el MP-UFECIC-MACCIH su poderosa fuerza destructiva.

El Fiscal General cambió el prometido exilio dorado en la Corte Centroamericana de Justicia por una trinchera en la que estará, probablemente solo, bajo el fuego nutrido del sistema de impunidad, pero tendrá la irrepetible oportunidad de seguir acompañando al binomio UFECIC-MACCIH, en su lucha para desmontar ese sistema, al que ya ha golpeado severamente, y, con ello, contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, sustituyendo la impunidad por la seguridad jurídica.