Tuesday, Jun 25, 2019
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(Por Javier  Jiménez para Xataka) Hace unas semanas, las autoridades daban el visto bueno a una de las compras corporativas más grandes del año y en Leverkusen ya prepara los 66.000 millones de dólares (más de 53.300 millones de euros) que va costarle comprar Monsanto. Cuando se consume la compra, como ya habíamos apuntado hace dos años, Monsanto habrá muerto.

Porque si algo sabe Bayer es que Monsanto es una de las marcas con peor imagen corporativa del mundo. Durante años, entre manifestaciones y protestas, el gigante norteamericano ha sido la bestia negra del ecologismo. Hay muy pocas empresas con una imagen pública tan quemada ante la opinión pública. Por eso no sorprende que Bayer haya decidido prescindir de ella.

EL NACIMIENTO DE UN GIGANTE. Solo se salvarán algunas marcas comerciales que, por su popularidad, mantendrán su nombre. El resto de la empresa desmembrada, vendida o integrada en la matriz alemana desaparecerá como la conocemos. Esto es importante porque no debemos olvidar el escenario en el que se consuma esta compra.

Tras años de bajadas continuadas de los precios agrícolas a nivel mundial, la presión por “ganar escala y reducir ineficiencias” ha llevado a una auténtica carrera por reorganizar el mercado: Syngenta apostó por unirse con ChemChina, Dow por fusionarse con Dupont y BASF busca reorganizarse para sobrevivir al tsunami (una reorganización que, como veremos, conlleva quedarse con parte del conglomerado de Bayer-Monsanto).

Porque, como parte de las exigencias de las autoridades europeas y norteamericanas, con la marca de Monsanto se irán 9.000 millones de dólares, 6.000 de los cuales son de la división de semillas y herbicidas Liberty que comprará la también alemana BASF, otro de los grandes jugadores del mercado agroquímico internacional, para obtener el visto bueno del regulador.

La otra gran pata que se pierde en el acuerdo de Monsanto-Bayer es el negocio de digitalización del campo. Esto sí parece una complicación para el nuevo gigante agroquímico. En los proyectos iniciales, Climate Corporation (una empresa californiana propiedad de Monsanto) parecía destinada a coordinar los esfuerzos de digitalización de la nueva compañía. Con este movimiento del regulador, hay dudas sobre lo que ocurrirá.

Pero, sea como sea, la competencia mundial por la ‘digitalización del campo’ estará más abierta. Algo fundamental porque todo parece apuntar que la transformación digital del mundo agrícola está a punto de cambiar para siempre los campos de todo el mundo. Un cambio en el que, por primera vez en décadas, no estará Monsanto.

(Por Edmundo Orellana) Desde que se declaró inconstitucional la Constitución nada debe sorprendernos. Por eso, era de esperar que la sentencia, resolviendo la acción de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó el convenio de la MACCIH, fuese un absurdo más.

El primer disparate fue el auto de admisión. Se le dio curso a la acción pese a que era evidente la falta de interés directo, personal y legítimo del actor, requisito necesario para admitirla, lo que la Sala, en la sentencia, reconoce paladinamente cuando afirma que la ley por la que se aprueba el convenio de la MACCIH “no contraviene derechos constitucionales”, y, por ello, no procede la declaratoria de inconstitucionalidad, “en este momento”, es decir, que en otro momento podría proceder (?). La amenaza es manifiesta.

El segundo dislate es “declarar la constitucionalidad” de dicha ley. La acción de inconstitucionalidad se interpone para que se declare inconstitucional una ley y, en caso de no proceder, la Sala debe desestimarla, relacionando en los considerandos los argumentos jurídicos pertinentes. Declarar en sede judicial “la constitucionalidad de la ley” es desconocer que todos los actos gozan de la presunción de legitimidad, es decir, que son emitidos conforme a la Constitución y las leyes; es, pues, una declaración inocua.

El tercer desatino es acusar a la MACCIH de ejercer las funciones del MP, esto es, las funciones de formular la política de la persecución penal, ejercer la acción pública penal, recabar información para la preparación de casos y de nombramiento del personal. Según la sentencia, el Fiscal General irresponsablemente permitió que la MACCIH ejerciese sus funciones constitucionales. La distorsión es manifiesta. Pretenden, con ese falaz argumento, hacer ver como una intromisión en las funciones del fiscal, lo que, claramente, es una acción de asistencia técnica de la MACCIH al MP.

El cuarto disparate es señalar que la cooperación debe ser en abstracto y no en concreto, para no atentar contra la independencia del fiscal y del juez. Es decir, que habrá de seguir la fórmula del maestro-alumno, con clases magistrales y la técnica de casos hipotéticos. Con este criterio habrá de juzgarse, a partir de ahora (porque se trata de una interpretación con carácter general), la colaboración, por ejemplo, de la DEA en los casos de narcotráfico y lavado de activos. Ya no podrán, en consecuencia, asistir en casos específicos a los agentes de investigación y a los fiscales, y de hacerlo la defensa, invocando este criterio, podrá solicitar sea excluida del conocimiento del tribunal toda diligencia en la que, de hecho, los expertos o agentes de la DEA participen.

El quinto despropósito es afirmar que la MACCIH atenta contra la independencia judicial. “Ninguna institución del Estado o externa a él, en su totalidad o a sus integrantes, podrá legítimamente realizar acciones y/o omisiones que sometan a posibles limitaciones para el cumplimiento de sus funciones por parte de instituciones fuera del Poder Judicial”, dispone la sentencia que nos ocupa. Sin embargo, esto no ocurre con la MACCIH, pero sí con el denominado “pacto de impunidad”, al que, sin embargo, sumisamente se sometió la Corte Suprema de Justicia, pese a que suspende temporalmente las funciones de investigar y de ejercer la acción pública penal de oficio al MP y a los tribunales la potestad de juzgar, en el caso conocido como “La Red de Diputados”.

El sexto desacierto es que la Sala se arroga la potestad de interpretar la ley, con efecto general y obligatorio, usurpando atribuciones exclusivas del Congreso Nacional. Invoca su condición de intérprete de la Constitución para justificar la intromisión, afirmando que cuando se pide la inconstitucionalidad de la ley, la Sala (aunque no proceda la interpretación constitucional) tiene potestad para, según la sentencia, “señalar la interpretación adecuada que se le debe dar a la norma impugnada, la cual debe ser observada por los poderes públicos”. No encontró mérito alguno para declarar la inconstitucionalidad, pero sí razones suficientes para fijar el sentido de la ley, ordenando a los poderes (incluido el Congreso) atenerse a su interpretación cuando sea aplicada.

El séptimo disparate es conceder lo que no se le ha pedido. Es decir, interpretar el mecanismo de entendimiento entre la MACCIH y el MP, así como normas reglamentarias de este, a la luz de “estándares” (que no identifica) y a los cuales, supuestamente, debe apegarse el MP, para reconocer como válidos esos actos, y, justamente, por no apegarse a esos misteriosos “estándares”, exige a este rectificar esos instrumentos y normas.

El propósito es evidente. Desmontar la estructura institucional MACCIH-UFECIC-JURISDICCIÓN ANTICORRUPCIÓN. ¿Cómo lograrlo? Desde que se declaró inconstitucional la Constitución, las sentencias de la Sala de lo Constitucional se constituyeron en la Ley Suprema del Estado, sometidas únicamente a los límites que se autoimpongan. Son, pues, estas sentencias el medio idóneo para lograrlo.

Nunca como hoy ha cobrado tanta vigencia la máxima de Lasalle de que “los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder”. Por eso, cuando no existen límites visibles para el ejercicio del poder, auténticas arbitrariedades pasan por manifestaciones de juridicidad. ¡Pobre Honduras!

(Por Víctor Meza) Así suele resumir la sabiduría popular la situación aquella, entre otras, de aparente ingratitud que convierte al otrora amigo o aliado en sospechoso e incómodo apestado. Y eso es lo que deben sentir todos aquellos personajes contaminados por el virus de la corrupción, que en su momento fueron o proclamaron ser entusiastas y serviles aliados de las políticas intervencionistas de Washington en Centroamérica.

El anuncio de una inminente investigación para hacer un inventario, algo así como la galería borgesiana de la infamia, de todos aquellos políticos y funcionarios corruptos que habitan y pululan en los pasillos oficiales de los tres países del llamado Triángulo del Norte, es decir Guatemala, El Salvador y Honduras, ha generado una ola de temor, casi de pánico en algunos casos, entre las élites políticas y empresariales de los tres países mencionados.

Ya se imaginan los posibles candidatos a figurar en tan temible galería, las consecuencias indeseables de semejante ‘honor’. Pérdida de visas, para empezar, lo que para muchos casi equivale a perder la propia identidad y la razón de su existencia; luego vendrán las sanciones más drásticas y contundentes, desde las de carácter simplemente patrimonial hasta aquellas que supongan la temible extradición cuando proceda.

La decisión ha sido adoptada por el Congreso de los Estados Unidos, en respuesta a la propuesta hecha por una destacada legisladora de origen hispano. El razonamiento es simple: si la migración es considerada por la nueva Administración Trump como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, se hace necesario buscar los orígenes y características de semejante ‘amenaza’. La lógica elemental indica que tales orígenes están fuera del territorio norteamericano, más concretamente en aquellos países, los del Triángulo Norte por ejemplo, en donde nacen y se reproducen o transitan los grandes flujos migratorios de personas que buscan mejores condiciones de vida en Norteamérica.

Y ¿por qué no encuentran tales condiciones y oportunidades de una vida mejor en sus propios países, a los cuales, razona Washington, se les ha proporcionado en el pasado y se les otorga en el presente ayuda millonaria de todo tipo, desde puramente humanitaria hasta militar y financiera…? La respuesta es una sola y demoledora: la razón hay que buscarla en la corrupción reinante, que le permite a los dirigentes locales, en un clima de grosera impunidad, apropiarse de buena parte de esa ayuda y, por arte de magia mercantil, convertir los dineros públicos en fondos privados.

Por lo tanto, el mal hay que comenzar a combatirlo ahí mismo en donde se origina, es decir entre los políticos y funcionarios corruptos que desvían los recursos nacionales para engrosar sus propias fortunas, impidiendo así el desarrollo real y la creación de mejores condiciones de vida y bienestar para sus propios ciudadanos. O sea, en pocas palabras, hay que combatir la corrupción en los países generadores de migración para reducir el crecimiento amenazante de la misma y disminuir el riesgo y las amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Para lograr ese objetivo hay que comenzar por identificar a esos políticos y funcionarios corruptos, incluir sus nombres y demás datos en una especie de listado infernal de la infamia, y así proceder a aplicarles la ley y sacarlos de la circulación pública. Ya existe un precedente regional muy aleccionador: en Nicaragua le aplicaron la llamada ley anticorrupción Magnitsky al señor Roberto Rivas, todopoderoso e intocable hasta entonces presidente del Consejo Supremo Electoral de ese país. El Gobierno se vio obligado a retirarlo del cargo y refugiarlo en otro rincón burocrático de menor visibilidad pero de parecida impunidad.

La aprobación de la propuesta y el mandato legislativo para que las diferentes agencias del gobierno norteamericano procedan a ejecutarla, ha creado temor y confusión en los círculos políticos de la región. No son pocos los funcionarios, diputados y dirigentes de los paridos políticos que han empezado a poner sus barbas en remojo. Eso explica esa alocada carrera por modificar apresuradamente leyes e instituciones, en un afán delirante por blindar sus posiciones, proteger sus fortunas y ponerse a salvo de los ojos de Washington. Es como si el barco se les hundiera y las ratas empezaran a abandonarlo. No son pocos los que tendrán en mente, en esta hora fatal, el viejo proverbio aquel que advierte cuán mal suele pagar el diablo a quienes mejor le han servido…