Sunday, Sep 22, 2019
HomeEditorialOpinion (Page 50)

(Por Víctor Meza) Como en los pasillos judiciales, en los juicios de jurados hay un momento en que llega el turno del ofendido. Es el momento supremo de la víctima, su propicia ocasión para mostrar ante los jurados el dolor y la gravedad de la ofensa. Es la hora del desquite. Pero también hay un turno para el acusado, su oportunidad de presentar los hechos de acuerdo a su propia versión, la ocasión de buscar y obtener algún rasgo de indulgencia o benévola neutralidad.

Siempre hay un turno para todo y para todos, hasta para aquellos que se han considerado como intocables, elevados, superiores, inalcanzables para la justicia común y corriente. Los barones de la élite, los minúsculos dioses del Olimpo criollo, ‘señoritos con aspecto de florero’, como los describía el poeta. En su reducida visión del entorno, no hay espacio para el castigo ni posibilidad alguna de persecución judicial. Ellos están por encima de esas minucias legales, lejos, muy lejos del llamado brazo de la justicia.

Es la interiorización profunda del sistema de impunidad, la etapa en que la percepción de intocables les conduce involuntariamente al error, al exceso de confianza, a una cierta certeza de su invulnerabilidad. Y ese es el momento en que se vuelven más débiles y frágiles; cuando, sin imaginarlo, dejan por doquier la marca maloliente de sus huellas, el rastro de la podredumbre… Siempre me sorprendió lo que entonces consideraba torpeza de muchos políticos sospechosos de corrupción.

En los archivos de los operadores de justicia abundaban las pruebas, contundentes, inverosímiles a veces: facturas de compras indebidas, pagos con tarjetas de crédito cargadas al tesoro nacional, copias de recibos sugerentes, transferencias financieras sospechosas o inexplicables, talones bancarios insinuantes, envíos misteriosos, en fin. Muy pronto comprendí que la existencia de tantas evidencias no era el fruto del descuido o la torpeza del inculpado; era el resultado de su convicción de intocable, el ejemplo directo de su percepción de inmunidad.

La sensación de impunidad había penetrado tan profundo en la conciencia del corrupto, que no le permitía concebir siquiera la necesidad de ocultar los rastros de su fechoría. Víctima de su propia convicción de ser inmune, el corrupto estaba convencido de ser impune. La inmunidad llevaba a la impunidad, y esta, en un ciclo tan perverso como regresivo, volvía reforzada para afianzar al sistema en su conjunto y fortalecer el esquema global de corrupción. Es lo que se considera un elemento clave del ‘estado de hipercorrupción’. Así, de esta manera, una cadena de eslabones similares unía a la inmunidad con la impunidad, a la justicia con la política, a la ley con la corrupción. Pero llegó el turno del ofendido.

La sociedad empezó a conocer los detalles, a cual más burdo e insultante, de la trama global de la corrupción. Inició el desfile de las instituciones involucradas y salpicadas, hasta que llegó el momento estelar y apareció en escena la pandilla del Instituto del Seguro Social, el llamado ‘escándalo del IHSS’, la prueba suprema del estrecho vínculo que amarra, en contubernio procaz, a la corrupción con la política y, por lo tanto, con los políticos. Se armó Troya y la gente acabó de tomar conciencia sobre la gravedad del problema y la necesidad de salirle al paso. Vinieron los desfiles de las antorchas, la reacción internacional y, en consecuencia, la llegada de la Maccih.

Ahí comenzó otra historia… Hoy los corruptos de toda laya no acaban de entender lo que está sucediendo. No comprenden cómo es que sus aliados y protectores los están abandonando. No descifran el nuevo lenguaje que viene de fuera, la presión externa, el decidido apoyo de Washington a la Maccih y a la Unidad Especial del Ministerio Público que los persigue, investiga y acusa (la Ufecic). No logran percibir la evaporación gradual, pero inevitable de las antiguas lealtades y el nuevo reacomodo. Ya no es su mejor momento, al menos por ahora. Ha llegado el turno del ofendido, también por ahora.

El turno de los corruptos es algo novedoso en nuestra historia. Ellos son los primeros sorprendidos y azorados. El hondureño de a pie, en cambio, no solo se asombra, también se divierte y da rienda suelta a su morbo interior para disfrutar el inesperado espectáculo. Es el turno del ciudadano.

(Por Filiberto Guevara Juárez) Estimado lector(a): En el año 2010, Diario Tiempo de Honduras, me publicó un artículo de opinión titulado: Ferrocarril Interoceánico en Honduras. En esta oportunidad, debido a que la hermana República de El Salvador, al romper sus relaciones diplomáticas con la República de Taiwán y, prácticamente, dejar expedito el camino para una relación diplomática y comercial con la República Popular de China; Honduras pasa a ser un país estratégicamente muy importante para los intereses económicos, políticos y de seguridad para la primera potencia mundial: EEUU. Ésta oportunidad debe ser aprovechada por el Estado de Honduras, para que el gobierno actual gestione ante el gobierno de EEUU, la construcción de un mega puerto en Amapala, con conexión a tierra firme y, a la vez, la construcción de un ferrocarril interoceánico, pacífico-atlántico.

He aquí el artículo en mención:

Ferrocarril Interoceánico en Honduras

“Quien domine el mar domina el comercio mundial; quien domine el comercio mundial domina el mundo”: Almirante estadounidense Alfred T. Mahan
Se afirma que siendo presidente de Honduras, el prócer José Trinidad Cabañas (1852-1855), tuvo la visión futurística de hacer las gestiones preliminares para construir un ferrocarril interoceánico en nuestro país; pero desgraciadamente las personas encargadas de hacer las gestiones pertinentes, por una u otra razón, aún desconocidas, no pudieron llevarla a cabo. Fue así, como llegó a su fin el tan ansiado y ambicioso proyecto que pondría a nuestro país, en un sitial de privilegio en el comercio mundial, en virtud de la envidiable ubicación geográfica de Honduras en el continente americano, del cual nuestro país es prácticamente su centro.

Pero bien, todavía no es tarde para llevar a cabo dicho proyecto, porque ahora más que nunca es necesario un megaproyecto de tal envergadura para nuestro país, el resto de los países, y de las grandes potencias económicas del mundo, sobre todo con el despertar de China como gigante económico de la cuenca del pacifico; que por cierto “triplica en extensión a la cuenca del océano atlántico, superándola también en población y en la magnitud de las naciones que lo habitan”. Sería tanta la importancia comercial y geopolítica que adquiriría nuestro país con el paso de altos volúmenes de mercancía de la cuenca del pacifico al atlántico y viceversa; que colocaría a Honduras, junto a Panamá con su canal, en el corazón del comercio mundial, con el consecuente gran beneficio económico para nuestro país y Centroamérica, que haría mucho más atractiva la inversión de capital circulante y fijo en ésta región del continente americano.

Se sabe que varias potencias económicas han mostrado mucho interés en llevar a cabo dicho proyecto, porque el dominio del comercio mundial significa supremacía del poder económico. Sin embargo, tal parece que el conflicto de intereses económicos internos, la politiquería barata, la falta de visión a mediano y largo plazo de nuestra “clase política” que se deja arrastrar por la inmediatez; al igual que la falta de educación y conciencia política de nuestro pueblo, y en suma: la falta de amor a nuestra patria Honduras; se han convertido en los factores que, junto al cáncer de la corrupción administrativa que corroe nuestras entrañas, nos mantiene en la más abyecta pobreza física y espiritual, a pesar de que somos una nación potencialmente muy rica en virtud de nuestros recursos naturales y ubicación geográfica en el mundo entero.

Basta con detenerse un poco a observar un mapa mundial, e inmediatamente observaremos que Honduras con el resto de países de Centroamérica, está destinada a convertirse en el cinturón de paso del comercio mundial. Para darnos cuenta si es factible, o no, el megaproyecto del ferrocarril interoceánico en nuestro país, hay que verlo desde varios puntos de vista tales como: geográfico, comercial a gran escala, ventajas comparativas con respecto al canal de Panamá, necesidad comercial mundial presente y futura, avance tecnológico, y, geopolíticamente en su dimensión más amplia, ya que la geopolítica estudia lo “relacionado con el punto de vista geográfico y político de una región”, al igual que las relaciones de intereses en su sentido más amplio entre un Estado y el resto de los Estados del mundo.

En lo referente al factor geográfico en función de ubicación y equidistancia, se puede afirmar categóricamente que Honduras prácticamente es el corazón geográfico del continente americano, y porque no decir del mundo entero, con la gran ventaja de contar con dos excelentes sitios de aguas profundas: Puerto Castilla en el mar caribe, y Amapala en la isla del Tigre, en el Golfo de Fonseca, con salida al Océano Pacifico, que permite el atracamiento de embarcaciones de gran calado; y también con una distancia relativamente corta entre ambos sitios.

La importancia comercial del ferrocarril interoceánico radica en que la población mundial crece cada año, y con ello, la necesidad de transporte comercial entre los países de la cuenca del Océano Pacifico, y del Océano Atlántico. El canal de Panamá , cuya ampliación se está haciendo actualmente y concluirá en el año 2014, continuará siendo insuficiente para satisfacer la demanda creciente del comercio mundial, al grado tal que, en la actualidad las grandes empresas navieras-comerciales para hacer uso de los servicios de dicho canal, se ven obligadas a hacer las reservas vía internet hasta con un año de anticipación, mediante el pago de una tarifa preferencial de aproximadamente de 13,400$, y si por urgente necesidad se ven obligados a hacerlo antes, tendrán que pagar mucho más.

La ampliación del canal de Panamá, no será suficiente para permitir el paso de buques de gran calado tipo Plus Pánamax como el Emma Maersk, con capacidad de transportar de 13,500 a 14,000 contenedores; mientras que los barcos Pánamax sólo pueden transportar de 3,000 a 4,000 contenedores y los Post-Pánamax que atravesarían el canal de Panamá ya ampliado, sólo tienen capacidad de transportar 4000, a 5000 contenedores estándar. Así pues, en una valoración económica a gran escala eso significa mucho, porque con embarcaciones modelos Pánamax y Sub-Pánamax el flete de contenedor estándar por milla es alrededor de diez centavos de dólar estadunidense; en cambio, con los barcos tipo Súper Post-Pánamax, el flete se reduce hasta llegar a dos centavos. Esto representa un enorme ahorro económico a escala macroeconómica, en virtud de la gran distancia intercontinental y de la gran cantidad de mercancía transportada actualmente, y con mucha más necesidad en el futuro.

“La creciente prevalencia de embarcaciones del tamaño máximo posible se está convirtiendo en un serio problema para el canal de Panamá. Aún, el paso de un barco tipo Panamax con capacidad de 4,000 contenedores estándar, supone una delicada operación técnica en la que se debe manejar el buque con mucho cuidado, alargando el tiempo de estancia de éstos barcos en las esclusas, y obligando a que el paso se realice con luz solar a nivel de esclusas. Además en época excepcionalmente secas, cuando baja el nivel del lago Gatún, el calado máximo de embarcaciones autorizados para atravesar el canal, se reduce”.

Por todo lo anteriormente expuesto, queda bien claro, que la construcción de un Ferrocarril Interoceánico en Honduras, es de urgente necesidad para el comercio mundial, porque cada año el canal de Panamá resultará insuficiente para tales propósitos, y por lo tanto, se tendrá que recurrir a una vía alternativa para el transporte de mercancía interoceánica (pacifico-atlántico). Además, a pesar que de que el transporte acuático de mercancía es relativamente barato, lo cierto es que para el comercio mundial, el factor tiempo es determinante para disminuir los costos de operación comercial a gran escala.

Si se toma en cuenta el avance tecnológico en la industria naviera y ferrocarrilera; no queda la menor duda que esto marcará el paso progresivo de la eficiencia operacional, que se traducirá en ahorro económico importante a gran escala, en la medida en que se vayan construyendo más portacontenedores tipo Súper y Plus Pánamax; al igual que maquinaria ferroviaria con mayor capacidad de transporte de contenedores.

Honduras es un país potencialmente muy rico en virtud de su envidiable ubicación geográfica, su recursos naturales, su parajes turísticos, su herencia cultural maya y el talento en potencia de sus hombres y mujeres. Si hasta el momento actual no se han tomado las grandes decisiones políticas y económicas pertinentes para alcanzar los objetivos nacionales a corto, mediano y largo plazo en materia socio-económica, eso no significa que no puedan tomarse aún, y con esto hacer lo que debió hacerse hace ya muchos años.

Lo cierto, es que urge que en el Congreso Nacional de la República se le dé forma definitiva y se apruebe una ley de mega-proyectos, conducente a hacer realidad obras tan importantes para Honduras como el Ferrocarril Interoceánico, que de entrada generaría muchos empleos directos e indirectos, y que podrá hacerse realidad prácticamente sin ningún costo para el Estado, vía concesión a cualquier potencia económica mundial que esté en la disposición de llevarlo a cabo, teniéndose el especial cuidado en saber negociar los términos concesionarios para obtener ventajas económicas en el presente y en el futuro, cuando cumplido el plazo concesionario establecido, dicho ferrocarril pase a ser propiedad del Estado de Honduras .

San Pedro Sula, 25 de agosto de 2018.

(Por Edmundo Orellana) No hay organización sin orden interno. Sin reglas que prevengan y repriman las conductas anómalas dentro de la organización, se pierde la cohesión interna y sobreviene el caos, etapa previa a la extinción.

Esas reglas deben ser del conocimiento de los que forman la organización. El Estado publica sus leyes en un diario oficial, luego de lo cual, en virtud de una ficción legal, nadie puede alegar desconocerlas. En las organizaciones no estatales, cuando no son comerciales, todo miembro tiene obligación de conocer sus estatutos y reglamentos, como en los colegios profesionales, por ejemplo.

En la aprobación de esas reglas participan los miembros. En el Estado, por medio de representantes en el Congreso Nacional, en las asociaciones de interés público, como las denomina el Código Civil, y en las organizaciones gremiales, esas regulaciones se aprueban en asamblea, a la que acuden todos los miembros, con voz y voto.

En los partidos políticos sucede lo mismo. Sus estatutos son aprobados en una “Convención”. Los delegados a esta, denominados “convencionales”, son electos por cada municipio y representan a los electores de la respectiva circunscripción.

En ese orden interno se regula la organización y la relación de esta con los miembros del partido. La estructura organizativa es piramidal, colocándose en el vértice las autoridades supremas del partido y las demás autoridades se distribuyen jerárquicamente. La más elevada es la “Convención” y le sigue su órgano ejecutivo, que en el Partido Liberal es el Consejo Central Ejecutivo, para luego extenderse en “consejos”, departamentales, municipales y locales.

Las bancadas, órganos del partido, se dividen en legislativa, departamental y municipal. La legislativa está integrada por los diputados. Estos, por ende, son autoridades del Partido Liberal.

Los estatutos y reglamentos del partido son obligatorios, por igual, para los miembros activos y para las autoridades, y en los mismos se consagran los valores y principios que postula el partido y a los cuales sus miembros deben fidelidad. Se presume, entonces, que quien no comulgue con esos valores y principios no debe ser miembro del partido.

El Partido Liberal, desde su fundación, postula como principio fundamental la “no reelección” en todas sus manifestaciones. En 1957, Rodas Alvarado, en su condición de presidente de la Asamblea Constituyente, entregó al presidente Villeda Morales el ejemplar original de la Constitución con las siguientes palabras: “el continuismo y la reelección, aristas del despotismo untadas de sangre, desaparecen de la norma al afirmar el derecho del pueblo para emplear la violencia cuando se infrinja el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República; esto quiere decir, que no sufriremos más la ambición bastarda de los providenciales ni de los serviles que han devorado el vientre mismo de la patria”. Principio fundacional de Partido Liberal consagrado en la Constitución, aún vigente; de ahí, que liberal que lo infrinja reniega de su condición de tal y debe asumir las consecuencias.

Esos valores, principios y reglas deben ser celosamente protegidos por la misma organización, mediante el Tribunal Disciplinario, encargado de atender las denuncias contra las conductas trasgresoras y, agotado el procedimiento, juzgar, sin perjuicio de que sus fallos sean revisados, vía apelación, por el CCE y la Convención.

La denuncia contra un grupo de diputados que, contrariando la postura oficial del partido de no asistir -fiel a los valores y principios partidarios-, a la toma de posesión de quien, infringiendo la Constitución, se postuló y, además, montó un fraude colosal para imponerse en las elecciones, violando la prohibición de reelegirse y el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, introduce el debate de si es correcto juzgar a correligionarios, supuestamente, infractores de estos principios.

La denuncia se inscribe en un ambiente cargado de susceptibilidades, consecuencia de la cadena de traiciones recientes contra el partido, entre las que se destaca, por dolorosa, el golpe del 2009, punto de partida de los males que afligen al partido y al país.

Lo curioso y preocupante de este caso, es que los diputados denunciados están convencidos de que su conducta partidaria no debe juzgarla nadie y menos ese tribunal. Actitud congruente con la mayoría de los diputados, quienes entienden que las leyes deben aplicarse a los demás, no a ellos, y que explica emanaciones legislativas como las del “Pacto de Impunidad” y las conspiraciones contra el binomio UFECIC-MACCIH, últimas estas que, de no haber intervenido el gobierno gringo, ya habrían desmontado la estructura que lucha contra la corrupción.