HomeEditorial (Page 3)

(Por Edmundo Orellana)

Ahora es que el gobierno que conspiró contra la MACCIH y arremete contra la UFECIC y el CNA, cubrirá el vacío que dejó aquella con una instancia nacional que será, como profetiza uno de esos que se autoproclama “hombre de Dios”, una “mejor opción”.

La propone el gobierno al que Trump acusó de corrupto y señaló como responsable de que los hondureños huyan en masa hacia Estados Unidos por su incapacidad de proveer a su población de lo básico para sobrevivir.

Es el gobierno que logró que nuestro país ocupe los niveles más bajos en todas las mediciones internacionales. Somos, en América, el país más pobre e inequitativo y, en corrupción, según la última medición de Transparencia Internacional, ocupamos el cuarto lugar. Y en seguridad no necesitamos que nos vengan a medir, con ver o escuchar las noticias nos enteramos del lugar que ocupamos.

Es el gobierno al que la fiscalía del distrito sur de Nueva York imputa el gravísimo cargo de conspirar en el tráfico de drogas a gran escala.

Es el mismo gobierno que, después de varios intentos, logró convertir un ilícito penal en un ilícito civil al conceptuar como préstamo personal el delito de malversación de caudales públicos. En otras palabras, legalizó el saqueo del erario.

Es el gobierno atrapado en las redes de corrupción que puso al descubierto el binomio MACCIH-UFECIC; el mismo que “reitera su compromiso en el combate a la corrupción y la impunidad” y al que debemos creer que planteará una “mejor opción” que la MACCIH, mientras aprovecha las circunstancias para iniciar una campaña en contra de la extradición, por temor a que los gringos sigan con sus redadas.

Mientras esto ocurre, la oposición política está concentrada en las reformas electorales. Los partidos políticos, entonces, tienen como prioridad las elecciones. Poco les importa el país, la democracia, la República y el Estado de Derecho, y menos, por supuesto, la corrupción y la impunidad.

Incapaces de defenderla oportunamente, utilizando recursos cuya efectividad había sido probada, como la insurrección legislativa, ahora simulan defender la MACCIH con póstumos comunicados, convocando a marchas sin ton ni son y con exabruptos, como ese que protagonizaron recientemente en el Congreso Nacional, con pancartas y gritos condenando la expulsión de la MACCIH. Con esas ridículas puestas en escena exhiben lo que son.

Con esa bulla distraen a la opinión pública mientras preparan el próximo fraude electoral. Porque reforma electoral no habrá, según se deduce de la positiva ponderación de la reelección por “conspicuos” políticos que, a su vez, lanzan feroces ataques en contra de la “segunda vuelta”. En otras y pocas palabras, están ofreciendo al gobernante su tercera postulación y la repetición de lo que ocurrió en las últimas elecciones.

Y es que el gobernante no tiene opciones. Debe seguir en el gobierno porque su futuro es incierto y, en esas condiciones, nadie es confiable. No lo son los gringos, porque la historia ilustra que son groseros con sus supuestos socios (quien lo dude, que le pregunte a Noriega); ni sus correligionarios, porque ninguno de los que se asoman a la candidatura le garantiza que no le hará lo que él le hizo a su mentor político.

Los movimientos del gobernante van en esa dirección. El coqueteo con los uniformados, la expulsión de la MACCIH, ataques a la UFECIC y al CNA, así como eliminar la extradición, son parte de esa estrategia, a la que se suma el ofrecimiento de la oposición política: reelección indefinida (defendida por dirigentes de Libre) y las mismas reglas para el próximo proceso electoral. La ruta está trazada.

Ante la actitud claudicante de la oposición y mientras se cumple la amenaza del gobierno de crear una instancia que, sin duda, será una siniestra caricatura de la MACCIH y, en lugar de luchar en contra de la corrupción e impunidad, será utilizada, seguramente, para los propósitos reeleccionistas, colocando en la mira a los que luchan en contra de la corrupción y la impunidad, y, por supuesto, a la oposición (que no se quejen, entonces, si lo que viene, viene en su contra; será su culpa, su gran culpa), el MP responde con la creación de una nueva unidad fiscal que asumirá todas las funciones y casos de UFECIC, bajo la dirección del fiscal Luis Javier Santos; decisión que genera la esperanza de que la lucha contra la corrupción y la impunidad continuará. Esperamos no ser defraudados.

Cínicos los del gobierno y la oposición, que utilizan la expulsión de la MACCIH para promover sus propios intereses en perjuicio del pueblo hondureño. Es tiempo, pues, que la víctima histórica se levante y diga con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

(Víctor Meza) No se me ocurre un título mejor, si he de referirme a la Misión de apoyo de la OEA en la lucha contra la corrupción y la impunidad (MACCIH), su difícil surgimiento, azaroso desempeño y anunciado final. En efecto, desde sus mismos orígenes, la novedosa organización estuvo rodeada de conflictos, rechazos injustos, descalificaciones prematuras y conspiraciones abiertas o escondidas, que buscaban neutralizar su trabajo, bloquear sus iniciativas o, simplemente, provocar su fracaso institucional.

A decir verdad, la MACCIH empezó a morir en el mismo momento – febrero de 2018 – en que su primer vocero y coordinador oficial, el jurista peruano Juan Jiménez Mayor, fue obligado a renunciar y abandonar la conducción del organismo anticorrupción. A partir de entonces, la MACCIH entró en una fase tan provisional como incierta, cargada de pequeños avances y otros tantos retrocesos, regida en forma interina por otra abogada peruana que, lamentablemente, no logró ni mantener el ritmo institucionalizador de Jiménez ni concitar el gradual apoyo de las organizaciones de la sociedad civil hondureña. Para colmo, y en descargo de su gestión, los controles burocráticos desde Washington se acentuaron, reduciendo a su mínima expresión la necesaria autonomía administrativa de la oficina local.

El círculo íntimo del Secretario General de la OEA se llegó a convertir en un verdadero obstáculo, funcional y político, para el mejor funcionamiento de la MACCIH. Hubo momentos en que se debía pedir permiso a Washington hasta para los gastos minúsculos e intrascendentes de una sana administración. Era casi imposible trabajar con eficiencia y eficacia en condiciones semejantes.

Como si eso fuera poco, la MACCIH debía enfrentar a cada paso las conspiraciones silenciosas que se tejían a menudo entre la Casa Presidencial en Tegucigalpa y el señor Luis Almagro en Washington, todas ellas orientadas a mantener la lucha contra la corrupción en los márgenes apropiados para no tocar los grandes intereses de políticos y funcionarios involucrados en el saqueo de los fondos públicos. Por ello, no es casual que cuando Jiménez decidió rebasar esos límites y llevar ante los tribunales a los llamados “tiburones” de la corrupción, las alarmas saltaron aquí y en el norte, provocando la grosera caída del jefe de la Misión. Los corruptos de toda laya se unieron más que nunca, advertidos ya del riesgo que corrían y el peligro que los acechaba. El ímpetu investigador y su concepto de “colaboración activa”, que caracterizaban el desempeño de Jiménez, lo convirtieron en un funcionario incómodo, un personaje potencialmente peligroso para la estabilidad negociada de las redes de corrupción incrustadas en el aparato estatal. A partir de entonces, la muerte de la MACCIH era ya casi una “muerte anunciada”. Su existencia parecía más una agonía lenta y no una actividad febril. La suerte estaba echada.

La llegada del juez brasileño Luiz Guimaraes para sustituir a Jiménez fue tan intrascendente como su apresurada salida. Una gestión sin pena ni gloria, matizada por la chatura y un exceso de cautela con frecuencia innecesaria. Los periodos de interinato, como suele suceder, no tuvieron ni la fuerza ni la influencia suficiente para cambiar el ritmo y modificar las cosas. Limitado por su propio carácter, el interinato repetido no sirvió para mucho.

Hoy, cuatro años después de su difícil inicio, la MACCIH ha pasado a mejor vida. Víctima de conspiraciones palaciegas y zancadillas burocráticas, el organismo internacional no ha podido superar la embestida de los corruptos y sus socios internacionales. Pero, eso sí, nos ha dejado valiosas lecciones y más de alguna enseñanza. La lucha contra la corrupción es condición básica para devolver a Honduras su naturaleza republicana y recuperar los valores del Estado de derecho. Los corruptos son enemigos peligrosos que amenazan la seguridad del Estado, la estabilidad del país y el bienestar y progreso de la sociedad. Se debe ser implacable con ellos.

(Por Joaquín Mejía) Uno de los elementos fundamentales del sistema democrático es la legitimidad, es decir, el consentimiento y convencimiento de la ciudadanía de que el régimen que gobierna y sus decisiones son las mejores para la colectividad, y, por tanto, no necesita el uso de la fuerza para imponerse.

Para ello se requiere el respeto absoluto al principio de la soberanía popular que se expresa en la voluntad de las mayorías mediante elecciones libres, auténticas y justas. En otras palabras, una parte de la legitimidad democrática se gana cuando los resultados electorales corresponden con la voluntad popular.

Dos de las principales características del régimen de Juan Orlando Hernández son el autoritarismo y la falta de legitimidad, por lo que ha tenido que imponerse mediante el fraude, la represión policial-militar y las graves violaciones a derechos humanos, todo cubierto bajo el manto de la corrupción y la impunidad.

Como todo régimen autoritario, es ciego y sordo ante la voz popular, y solo vela por sus propios intereses y de la clase corrupta que representa. Por eso no le importó violar la Constitución para imponer su reelección que consumó a través de un fraude electoral.

Y lo mismo ha sucedido con la MACCIH, que, pese a existir una rotunda demanda ciudadana para su continuidad, el régimen la dejó morir para evitar que siguiera con su trabajo de desenredar las redes de corrupción que llegan hasta él y su círculo de poder.

Por ello, como señala la doctora Ana Ortega, “pese al contexto de represión, precariedad de la vida, fragmentación e incluso expulsión de buena parte de la población”, el papel opositor de la ciudadanía es central para activar la ruptura de este círculo vicioso de corrupción, impunidad y cinismo de los actores políticos.