Tuesday, Aug 20, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

(Primera parte) El proceso de licitación, contratación e instalación de un centro especializado en carros europeos de lujo en una zona donde sólo operan todoterrenos y sedanes estadounidenses, japoneses y coreanos, evidencia de que hubo una organización para drenar recursos del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) que involucra al actual legislador David Chávez y al magistrado José Olivio Rodríguez.

En este esquema participaron varias personas que crearon empresas, autenticadas por Rodríguez, para simular una libre competencia a fin de cubrir todos los frentes del proceso de licitación para la puesta en marcha del laboratorio mecánico en Catacamas, que generó una sobrevaloración de hasta 21 millones de lempiras.

Además, la maquinaria –de última tecnología– estaba destinada para carros producidos desde 2011 y con funciones que no podrían ser aplicadas por los estudiantes, ya que en la zona los caminos son de terracería y unidades como BMW, Audi o Mercedes Benz no pueden circular por ellas ya que su configuración no lo permite, por lo que se reafirma el multimillonario desperdicio de dinero.         

Este periódico halló que una persona fue representante legal de varias sociedades mercantiles que participaron en el proceso que culminó con el abandono del proyecto y un fuerte despilfarro de recursos, en contubernio con otros individuos y empresas señaladas como corruptas, de acuerdo a centenares de documentos  que consiguió durante esta investigación.

En este proceso de sustracción de fondos públicos aparece Mario Alejandro Calderón Maldonado, quien fungió como gerente del Grupo Visión y Pacific Holding y también fue asesor legal del Congreso Nacional de Honduras.

Además, se encuentra como socio de las empresas Interatlantic Group, Trebol Corporation y Visión Holding, las cuales fueron legalizadas por Rodríguez Vásquez entre 2002 y 2007; también surgen nombres como Jonathan Samuel Schacher Kafati, Geoffry Eric Schacher Kafati y Roderick Alexander Schacher Kafati, principales socios de esta organización empresarial que participaron en el escandaloso acto de corrupción.

Los laboratorios de mecánica instalados en el Infop de Catacamas están sin funcionar ya que no hay instructores certificados y la maquinaria -exclusiva para unidades Audi, Mercedes Benz y BMW de fabricación alemana- no puede ser operada.

Resulta que Calderón Maldonado fue el pivote para que estas compañías ingresaran en el proceso de licitación autorizada por Chávez mientras fungió como director del Infop. De hecho, trabajó como jefe de recursos humanos y legales de la oficina estatal; en 2012 participó como apoderado legal del Grupo Visión ante la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), de acuerdo a los documentos de la entidad.

En un organigrama que tiene en sus manos el Ministerio Público da cuenta de cómo las cuatro empresas participaron de manera activa a través de Calderón Maldonado para que se pudiera acceder al jugoso contrato para comprar la maquinaria a las casas matrices de BMW, Audi y Mercedes Benz en Alemania.  

Junto al señalado están los hermanos Shacher Kafati, quienes participaron de manera activa durante todo el proceso de licitación autorizado por el Infop.

Desde luego, el hecho de que tanto Calderón Maldonado como Rodríguez  Vásquez tuvieron conocimiento todo el tiempo, se evidencia –aparte de la fabulosa sobrevaloración– que hubo conflicto de intereses y ventajismo respecto a los demás competidores, quienes decidieron retirarse del proceso, por lo que Grupo Visión fue la única que presentó ofertas por un total de 75 millones 837 mil 529 lempiras con 67 centavos, sin incluir el impuesto.

Una nota presentada por Energy Concepts advirtió de que “las bases de esta licitaciónse basan en un modelo europeo de última tecnología que sirve únicamente para automóviles BMW, Audi y Mercedes modelos 2011 en adelante…En vista de que la población automovilística de Honduras está formada de equipo principalmente de origen japonés y coreano no tiene ningún sentido preparar técnicos para autos que casi no existen en el país…Además, todos los entrenadores son basados en similización computarizada algo que ha fracasado en varios países, incluyendo Argentina que sí tiene una población de automóviles de este tipo”.    

La cúpula del Infop, aprovechando las conexiones políticas y otras turbiedades, siempre vinculadas con Grupo Visión, supo sacar partido para adjudicarle el contrato, sin importar que la Ley de contratación del Estado exige de que debe tener todos sus documentos actualizados, contar con el soporte financiero para hacer frente a tales compromisos.  

En los análisis financieros se determinó que en los equipos importados tanto de Alemania como de EE.UU. hubo una sobrevaloración preliminar de 25 millones 256 mil 786 y siete millones 611 mil 924 lempiras, de manera respectiva. Sin embargo, por los gastos de administración, utilidades e imprevistos que fue de 10 millones 956 mil 280, la estafa llegó a los 21 millones 912 mil 430 lempiras.

Es decir que la sobrevaloración fue del 49 por ciento, por lo que el Estado se volvió por enésima vez en el gran perdedor al erogar fuertes sumas de dinero para que los estudiantes pobres aprendieran a revisar carros de lujo que jamás pisarán Olancho, quizá circulen versiones viejas cuyas reparaciones son efectuadas por mecánicos de barriada.  

En uno de los casos donde Grupo Visión fue fuertemente beneficiado por Chávez Madison ocurrió cuando el Infop pagó 920 mil euros (25 millones 309 mil 181 lempiras con 23 centavos al cambio actual) por “costo y monto de adjudicación del equipo importado de Alemania”, es decir, que hubo un giro de dinero a favor de los hermanos Shacher Kafati y, posteriormente, le vendieron el equipo importado a la entidad.

El CNA presentó en 2018 una denuncia ante el Ministerio Público sobre el ilícito, pero no profundizó ni dio nombres de altos funcionarios para evitar «un terremoto político».

Entre los productos que fueron entregados hay equipo de electrotecnia y electrónica, refrigeración y aire acondicionado, mecatrónica (mecánica y electrónica) de automóviles, laboratorios de alimentación y otros productos que fueron instalados en el centro regional de Catacamas y que permanecen inservibles.

Sobre el tema, otro documento reafirma que el laboratorio y otros dejaron de funcionar porque no hay instructores certificados. Otras áreas que resultaron afectadas fueron los laboratorios de análisis de alimentos, refrigeración y aire acondicionado.

Centenares de documentos, bases de datos, organigramas y demás información que tiene en sus manos ConfidencialHN y Radio Globo se detallan que las adulteraciones de precios fueron aplicados a todos los lotes, desde sillas y llaves de tuercas, hasta equipos de soldadura y estructuras metálicas, computadoras de alta tecnología y proyectores de pantalla que nunca fueron utilizados y que costaron unos 13 millones de lempiras, con una adulteración de cinco millones 602 mil lempiras.  

Se debe mencionar que Calderón, Chávez, Rodríguez y los Shacher siempre tuvieron conocimiento del acto de corrupción que estaban cometiendo. Sin embargo, por la protección que han recibido por sus conexiones con el Partido Nacional y altos dirigentes estatales, siguieron adelante con el proceso.

Al cierre de esta investigación, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) no ha emitido requerimientos fiscales contra los imputados. Entre las razones por las cuales no hay persecución penal contra este grupo es porque son protegidos del fiscal general Óscar Chinchilla, según los resultados de la investigación efectuada por ConfidencialHN.

Asimismo, este proceso no avanza porque cuentan con la protección del titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, quien fungió como director de Fiscales entre septiembre de 2013 y marzo de 2016, si bien no conoció la denuncia que se interpuso días después de su renuncia al cargo, pero sus posición y contactos bloquearían cualquier acción contra Rodríguez, quien lo propuso en su momento como candidato a magistrado a la Corte Suprema de Justicia.      

 Este caso de corrupción demuestra de cómo la estructura criminal que tomó por asalto el Estado de Honduras ha hecho espectaculares negocios, reales o simulados, pero que contó con la venia de operadores de justicia, influyentes diputados, altos funcionarios y colaboradores del Ejecutivo nacionalista a fin de que permanezcan impunes. Asimismo, en esta trama corrupta en el Infop, fueron contratados –con mucha antelación– a representantes de casas comerciales extranjeras para que brindaran “servicios técnicos”.

Al respecto, David Chávez, firmó con el alemán Karl Cranich un contrato de prestación de servicios profesionales, dos días antes de que la comisión elaborara las respectivas recomendaciones. Cranich fue el responsable de elaborar las bases de la licitación pública internacional 01-2012 para la adquisición del equipo que al final fue “monopolizado” por Grupo Visión y sus subsidiarias, contando con la aquiescencia de Chávez.    

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los requerimientos fiscales contra unos nueve oficiales de Policía en retiro y depurados de la fuerza pública, fueron elaborados a partir de rumores e infidencias de Juan Carlos el Tigre Bonilla a fin de ‘cobrarse’ viejas rencillas que habría tenido con algunos de ellos, bajo la protección de la exrectora Julieta Castellanos y las cabezas visibles de la paraestatal Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). 

La Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (Ufadpol) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) efectuaron pesquisas contra exjefes del cuerpo y otros comisionados que fueron pasados a retiro o depurados, con base a los dichos de el Tigre, según una fuente fidedigna de la fiscalía que está abordando el caso. 

El informante -cuyo nombre se mantiene en total reserva para evitar represalias- confirmó a este periódico y a Radio Globo de que los expedientes contra exmandos fueron basados en comentarios y rumores de Bonilla y la promotora de la persecución y linchamiento penal es Castellanos. 

Asimismo, la fuente que labora para el Ministerio Público confirmó que los depuradores Omar Rivera y Carlos Hernández están avalando la cacería contra los denominados «cuadros incómodos».  Confirmó que un testigo falso, aportó información que no pudo ser corroborada; sin embargo, las presiones de Castellanos, Rivera y Hernández han hecho que la causa siga adelante a pesar que no hay asideros legales para emitir requerimientos contra los exfuncionarios del orden.       

La participación del testigo, agregó, contó con el aval de los interventores para proporcionar datos incorrectos y que tienen con un pie en la cárcel a los exjefes de la Policía Nacional. Cabe recordar que el individuo se autoexilió en Perú tras haber hecho comentarios públicos que, según él, ponían en peligro su integridad física. También se le recuerda que durante un foro de televisión dijo que no conocía a uno de los altos oficiales, precisamente, a Ricardo Ramírez del Cid. Además, esta persona narró en un testimonio de que «había escuchado a través de las paredes» una conspiración montada por policías supuestamente para matar a Alfredo Landaverde.

Este periódico supo de primera mano las reacciones de varios exfuncionarios policiales y oficiales que pasaron a retiro o fueron echados por la junta depuradora de que son perseguidos por Castellanos, quien perdió a un hijo en octubre de 2011 a manos de varios agentes y que ha enviado al presidio a Jorge Alberto Barralaga, quien imputado por presuntos delitos a solicitud de la exrectora de la UNAH.  

ConfidencialHN dio con el expediente 1480362901-2016, asignado el 13 de enero de 2017 a la fiscal Sonia Cálix y a una agente de la ATIC, identificada como Helen R., imputa al comisionado Ramírez del Cid de lavado de dinero ya que los depuradores pidieron en agosto de 2016 que lo investigaran por hechos que, según ellos, «se consideraron tipificados como delito de lavado de activos». 

Los resultados de la investigación que tiene en su poder este periódico y Radio Globo, no obstante, evidencian que no hay conclusiones que el exjefe haya incurrido en tal delito, entre ellos, que está «pendiente» alguna información financiera o su respectivo análisis, la «ubicación» de bienes inmuebles y «otras que pudieran ir surgiendo en la investigación». 

Algunos conocedores del tema precisaron que la junta depuradora sacó del camino cualquier «pieza incómoda» a sus intereses ya que los reportes que envió a la extinta Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), ahora Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) basado en chismes de pasillo, publicaciones periodísticas y aquellas que no tienen asidero legal. 

De los pocos exjefes que no han sido procesados por presuntas irregularidades en su cargo ha sido Bonilla, por ser protegido de Castellanos. En cambio, otros como Lorgio Oquelí Mejía Tinoco (prófugo por vínculos con el crimen), Constantino Zavala (preso en EE.UU. por narcoactividad), Marco Tulio Palma, José Orlando Leiva Natarén, Sauceda Guifarro y otros, tienen procesos en su contra o están por ser presentados ante la justicia. 

Respecto al expediente de Sauceda Guifarro, apuntaría a una acusación contra el actual jefe de recursos humanos y exportavoz policial Leonel Sauceda, aunque este se mantiene en secretividad. 

Las rencillas que ha mantenido Bonilla contra Ramírez del Cid datan de varios años. De hecho, el Tigre fue acusado por su excompañero de la fuerza de estar detrás de la muerte de un hijo, ocurrido a inicios de 2013. Rememoró en aquella ocasión que el comisionado estaba a inmediaciones de la zona donde ocurrió el hecho violento.  

Los expedientes y relatos de personal de la fiscalía directamente vinculada al caso, a los cuales accedió ConfidencialHN y Radio Globo dan constancia de cómo se fue conspirando contra los exjefes policiales por el Juan Carlos el Tigre Bonilla, protegido de la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, y contó con el aval de la paraestatal ASJ a fin de profundizar la purga que vive la Policía Nacional de Honduras.  

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta y el miembro de la Sala Penal, José Olivio Rodríguez, juraron ante la Constitución que harían cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Fallaron.

También se compometieron en reducir la mora judicial, adecentar el organismo jurisdiccional y alcanzar un verdadero Estado de derecho. También fallaron.

Y es que han perdido el don de mando y el control dentro de las instancias que dirigen, ya que ha surgido un grupo denominado Las mejores amigas, quienes tienen más poder que los mismos magistrados ya que por su belleza corporal ha neutralizado el raciocinio.

ConfidencialHN revela en esta entrega cómo la codicia por el poder, abuso de autoridad y linchamiento contra los críticos pone al descubierto la podredumbre que se vive en la Corte Suprema de Justicia, en la cual deberían existir funcionarios probos, de elevada catadura moral e incuestionables por sus acciones que no están apegadas a las normas.

Las mejores amigas son el poder detrás del trono en el Palacio de Justicia, tienen a su disposición guardaespaldas, vehículos lujosos aportados con los impuestos de los hondureños y hasta viajes al exterior aunque sus funciones han sido meramente administrativas.

Este periódico descubrió que las camionetas asignadas por el presidente Juan Orlando Hernández para uso exclusivo de magistrados y funcionarios judiciales para asuntos de trabajo, son utilizados por las amigas, tanto de Argueta como de Rodríguez, para asuntos personales.

Las mejores amigas han podido acceder a privilegios que no gozan todos los empleados de la Corte Suprema de Justicia. Potentes y lujosos vehículos suelen ir a traerlas a casa, por lo que se incurre en despilfarro de recursos para adecentar el sistema judicial.

La amiga del magistrado Rodríguez, identificada como Pamela Bustillo, responsable de la emisión de permisos y licencias de trabajo, cuenta con varios privilegios, entre ellos, que los guardaespaldas van a dejarle a sus hijos a una escuela, al tiempo que el alto funcionario llega a recogerla expresamente a su vivienda -situada en la colonia Miraflores Sur- para llevarla al trabajo.

La unidad de transporte también suele ser utilizada para mandados personales por parte la asistente y amiga del alto juez, por lo que se ha incurrido en una dilapidación de fondos, ya que el presidente Hernández confió en su momento de que los potentes vehículos -comprados por fondos de la Tasa de Seguridad- servirían para el traslado seguro de los operadores judiciales, pero la finalidad terminó siendo otra.

El uso de vehículos del Poder Judicial terminan siendo utilizados para trámites personales y mandados que no están relacionados con la función que debe ejercer el magistrado Rodríguez.

Uno de los motivos por los cuales Rodríguez se toma tal molestia es porque la subalterna destruyó dos vehículos de lujo (Chevrolet Tahoe y Toyota), asignados a la corte y a fin de evitar más problemas opta por transportarla.

En esta composición de fotos, Bustillo se siente identificada con el operador de justicia, a sabiendas de que éste tiene una familia e hijos; la imagen, tomada en un lugar público, deja en evidencia la cercanía de ambos.

Las investigaciones de ConfidencialHN apuntan a que suelen viajar al exterior, argumentando giras de trabajo u otras, aunque no han hecho una rendición efectiva de cuentas que explique cuál fue el papel que tuvo la asistente en los periplos.

El magistrado de la Sala Penal, José Olivio Rodríguez (izq.), suele ser acompañado por la jefa de permisos y licencias de la Corte Suprema de Justicia, Pamela Bustillo (der.), otra de las ‘amigas’. Las imágenes sugieren una cercanía entre ambos. La empleada judicial también goza de privilegios que no suelen tener otros trabajadores.

A pesar de que se le sindica de haber autorizado compras sobrevaloradas por 35 millones de lempiras para el equipamiento de un centro automotriz del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en el nororiental departamento de Olancho, fue electo magistrado y coordinador de la Sala Penal. A Rodríguez se le vincula fuertemente al Partido Nacional

AMIGA SUPERPODEROSA. Tampoco se queda atrás el presidente de la Corte, Rolando Argueta. Una de las amigas, identificada como Karol Cruz, secretaria privada del alto juez, ha podido acceder a privilegios por su despampanante belleza.

En las investigaciones y relatos que ha recogido este periódico afirman que la empleada judicial manda más que los magistrados por su controvertido carácter y por aprovecharse por su cercanía para convertirse en persona intocable.

Se pudo confirmar que esta dama también cuenta con un lujoso carro, de propiedad estatal, para desplazarse hacia su centro de labores, resguardada por personal de seguridad a fin de evitar cualquier acción delincuencial que arrecia con brutalidad en el país.


Karol Cruz (imagen en el recuadro rojo), es la asistente personal del presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, forma parte del grupo de ‘amigas’ que gozan de privilegios al tener a su disposición amplios recursos para usos particulares.

Estas conductas ligadas al abuso de autoridad se han venido repitiendo durante la presidencia de Rolando Argueta; los magistrados, al no ser sujetos de la aplicación del reglamento interno del Poder Judicial, pueden actuar de manera impune, por la investidura de sus cargos, sus conexiones políticas y la negligencia del Legislativo, que es llamado a censurar la conducta de los funcionarios, según el artículo 205 constitucional, apartado 19.

En otros países, como EE.UU., esta clase de acciones -consideradas inmorales- suelen ser repudiadas por el Congreso, quien puede destituir de sus cargos a los que hayan violentado normas sobre la moral y buenas costumbres.