Saturday, Dec 14, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

La dirección ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presidida por Gabriela Castellanos y varios miembros del Comité Ejecutivo de la denominada instancia de sociedad civil incurrieron en colocar en secretividad información de carácter pública a fin de evitar ser auditados y no dar una efectiva rendición de cuentas de cómo utilizaron el dinero que se les transfirió de la partida 0449.     

Asimismo, desobedecieron las órdenes giradas por la Secretaría de Finanzas para que diera una explicación fehaciente sobre cómo se utilizaron más de siete millones de lempiras que recibieron del tesoro público para varias actividades que suele apoyar el gobierno, así como la supervisión de las elecciones generales de noviembre de 2017.

Resulta que el CNA decidió solicitar que se colocara en reserva ante el Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP) una cuantiosa cantidad de información, en particular, relacionada con  los datos personales de Castellanos, el jefe de investigaciones, Odir Fernández, y de otro personal que trabajan con él, por lo que aprovecharon el beneplácito que recibieron del organismo para colocar facturas y recibos de gastos para pasar por alto cualquier reclamo que les obligara legalmente a rendir cuentas.

Además, resulta que la empleada número uno del CNA recibió en 2016 un poder general de los directivos Juan Ferrera, Miguel Castillo y Marcos Moreno para que solicitara al IAIP que mandara a la reserva la información de los analistas financieros, jurídicos e investigadores a “fin de evitar que el bien jurídico, vida e integridad física corporal los miembros de la unidad de investigación y su familia se ponga en peligro”.

Sin embargo,  este trámite fue desestimado por los magistrados del órgano de transparencia y tiempo después fue admitido, con la salvedad de que “debe hacer pública la información relativa a la liquidación de los viáticos de las personas comprendidas en esta clasificación de información, una vez que se haya terminado con las investigaciones”.

Documentos en poder de este periódico confirman que Castellanos obtuvo autorización para mantener en reserva los datos de los investigadores del CNA, sin embargo, aprovechó para colocar en ese espacio las transferencias públicas a fin de no ser auditadas.

No obstante, Castellanos aprovechó el beneplácito para ocultar las transferencias que fueron giradas desde el 27 de diciembre de 2016 y el 28 de septiembre de 2017 desde la partida 0449, asignada a la división de Servicios Financieros de la Administración Central,  para no justificar ante Finanzas cómo se utilizó el dinero destinado a la pagaduría especial del CNA para gastos corrientes y la supervisión de los comicios ocurridos hace dos años.

Castellanos jamás subsanó las observaciones respecto a una auditoría practicada por el organismo entre enero y junio del año anterior sobre la no presentación de los comprobantes de facturas y recibos sobre el uso del dinero público; se basó en la resolución SO 123 2016 del 11 de octubre de 2016 para argumentar que el paradero de los recursos “está bajo reserva”.  La jefa anticorrupción determinó abiertamente pasar por alto las disposiciones contempladas en el Manual de transparencia para el uso de fondos públicos por medio del Programa de Transferencias y Asignaciones Globales se la Secretaría de Finanzas que ya establece rigurosos controles sobre las liquidaciones contempladas en el artículo 22 que reza de forma literal: …(presentación) de copia certificada de facturas y recibos (régimen de facturación) pegados en papel bond una por una.

Además, optó por pasar por alto el artículo IV referente a las medidas de control, la cual expresa en su capítulo 25 que la organización solicitante se sujetará a la veeduría social y a la Ley de transparencia y acceso a la información pública y revisiones requeridas tanto internas como externas.

De hecho, Finanzas ordenó a través del acuerdo 303-2018 del 7 de marzo de 2018 que hay siete requisitos ineludibles que debe contener la liquidación de recursos, entre ellos, el desglose del gasto del monto asignado, conciliación de las cuentas bancarias de uso exclusivo del proyecto con sus respectivos estados de cuenta y los saldos que deberían  reflejar los valores pendientes de liquidar por la organización solicitante.

Además, el CNA estaba total y completamente obligado a entregar las bases y anexos del proceso de contratación, las copias de los contratos sin importar en qué modalidad hayan sido suscritos y la certificación del representante legal, es decir Castellanos, de que todas las copias entregadas son fieles a la original emitida por el vendedor y los recibos de los gastos en que incurrieron.

Respecto a la obligación de la oficina anticorrupción de colocar en el Portal Único de Transparencia del IAIP todas los gastos en los que incurrieron en la entrega de los recursos, al cierre de esta investigación se pudo confirmar que, en efecto, violentaron las normas vigentes porque no hay registros sobre cómo gastaron el dinero; varios documentos que revisó este periódico confirman que hay varias notas enviadas por el CNA que aseguran no haber recibido aportes estatales, en particular, sobre cómo se usaron los tres millones 080 mil lempiras que fueron transferidos el 27 de diciembre de 2016 a la entidad.

El hecho de mandar a la reserva los documentos  por órdenes de Castellanos evidencia que se incurrió en abuso de autoridad porque la ley le obliga a explicar de manera pormenorizada sobre el uso de activos proporcionados por los contribuyentes, a pesar de instalar parafernalias para acusar a gobiernos –en este caso, de Porfirio Lobo– de haber recibido dinero de la partida 0449 para gastos de seguridad, por lo que va contra los principios que exige que se cumplan, como el de la rendición efectiva de cuentas.

El oficio 511-CNA-DE-2017 del 25 de julio de 2018 que fue enviado a Finanzas, apenas se limita a “cumplir” con las liquidaciones de las transferencias giradas desde el fondo común aunque no dice de forma clara y fehaciente de cómo fue utilizado el dinero, por lo que se violentó el artículo 44 de la Ley orgánica del presupuesto que reza de manera literal: “La liquidación del Presupuesto general de la república debe efectuarse inmediatamente después de finalizado el ejercicio fiscal…para tal propósito, la Contaduría General de la República requerirá información de los órganos responsables de la liquidación y captación de los recursos para proceder al cierre del Presupuesto”.

En otras palabras, el despacho ministerial se ha visto en apuros para cuadrar los egresos girados a organizaciones como el CNA porque su directora optó por incurrir de facto en blindar el paradero de los fondos.

Asimismo, Castellanos, de manera displicente, envió diez meses después la liquidación global –e incompleta– del dinero que se envió desde la unidad de Servicios Financieros de la Administración Central, omitiendo complementar cualquier información y evadiendo sus responsabilidades, por lo que se refleja la poca transparencia y el doble discurso que ha mantenido en su mandato de dirigir los lineamientos para una política –oenegeísta– del combate y lucha contra la corrupción.

Sin embargo, el representante del Comité Ejecutivo del CNA, Roberto Sevilla, en una apurada comparecencia, se limitó a decir que “liquidaron” los recursos asignados y que devolvieron unos 985 mil lempiras que fueron usados para supervisar los pasados comicios.

Insistió que ellos trabajaron con la veeduría y luego de haber culminado el proceso electoral entregaron el dinero que sobró. 

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A pesar de que el déficit de la ENEE es de hasta siete mil millones de lempiras por concepto de pérdidas técnicas (equipos y tendido eléctrico en malas condiciones) y no técnicas (hurto y robo de energía), los beneficios para los denominados cuadros de confianza dentro de la empresa pública prosiguen cuan carnaval.

Determinados trabajadores allegados a altas estructuras políticas y de dirección de la ENEE se han visto favorecidos con «ajustes de salario» que han drenado, al menos en un cálculo efectuado por este periódico de hasta seis millones 364 mil 587 lempiras, a pesar de que alrededor del 80 por ciento de la plantilla ha tenido que recurrir a instancias judiciales para que se les reconozca sus derechos que, en el peor de los casos, siguen esperando que se les haga justicia.

A pesar de que el contrato colectivo establece en el apartado 51 que el aumento a todos los empleados se debería basar en el porcentaje que puedan alcanzar las partes, en la práctica, sólo son beneficiados los protegidos de la actual cúpula, según las denuncias recabadas por periodistas de ConfidencialHN. 

Si bien el listado de los beneficiados es corto, pero las sumas de dinero que han recibido son cuantiosas y sus beneficiados son personas que ocupan altos puestos en la entidad, pues oscilan entre los 500 mil y hasta un millón de lempiras, según los hallazgos.  

El principal beneficiario es el actual subsecretario de Energía, Leonardo Deras que, de acuerdo a un documento de ejecución de gastos de la Secretaría de Finanzas elaborado el 7 de enero anterior, llegó a recibir 795 mil 387 lempiras con 88 centavos por concepto de «una conciliación» entre la ENEE y el alto funcionario. Junto a Deras, resultaron favorecidos Jorge Alberto Morazán López y Heylin Giolany Rosales Canales con 623 mil 939 y 587 mil 092, de manera respectiva.

A la lista se añade Erick García y Nahúm Aspra, a quienes les dieron sólo por «ajustes salariales» un millón 470 mil 570 lempiras y que se acreditaron al renglón de «gastos judiciales»; los fondos salieron de la misma entidad, aunque las cuentas estaban embargadas por la empresa de maletín Logix, pero no esperaron mucho porque las mismas fueron liberadas por orden judicial.

A grandes rasgos, los que han recibido fuertes sumas de dinero han sido jefes de unidades de baja categoría, directores de departamentos, encargados de oficinas y otras que son calificadas de tercera o cuarta categoría, a excepción de Deras, quien desde 1994 ha fungido en cargos de decisión dentro de la ENEE y que por su antigüedad le permiten acceder a mayores prebendas, privilegios y más dinero.

Este periódico indagó entre el personal de la empresa de electricidad para verificar tales incidentes; uno de los empleados sostuvo que alrededor del 80 por ciento no han tenido el privilegio de ser incluidos en la lista.

«La ENEE no nos reconoce ese ajuste que le están realizando a estas personas y por eso nos vemos obligados a acudir ante la Secretaría de Trabajo para hacer valer nuestros derechos», dijo uno de los empleados en condición de anonimato.

Desde luego, si bien la reincorporación de algunos empleados a la estatal luego que fueran despedidos y su respectiva indemnización está sujeta a cuestiones internas, pero algunos jamás fueron despedidos de la entidad pero recibieron fuertes sumas de dinero, por lo que ha generado recelos entre algunos de los trabajadores que siguen esperando que se les efectúe un reajuste.

«Eso del embargo resultó ser una mentira porque a algunas personas se les pagó desde octubre y los montos son demasiado elevados, la mayoría de estos empleados son de confianza», comentó uno de los denunciantes.

Las peferencias para algunos de los empleados de la ENEE , según un memorando suscrito en diciembre de 2018 por el gerente financiero Aníbal Bendezú por el pago de 103 mil lempiras «por concepto de ajustes por beneficio consignado en la cláusula 51 del contrato vigente».

Entre los hallazgos que efectuó este periódico es que algunos pagos se realizaron entre febrero de 2018 y enero anterior, sin embargo, algunos de los favorecedores aprovecharon sus cercanías con las autoridades de la estatal para llenar sus cuentas bancarias.

Uno de los empleadas de la ENEE indicó que ella fue parte de las personas que fueron indemnizadas ya que fue destituida de su cargo junto a unas 60 personas.

Comentó a este periódico que se han erogado fuertes sumas de dinero ya que no se ha cumplido los términos del contrato colectivo, viéndose obligada a acudir ante la justicia para ser reparada económicamente.

ACUSACIONES CONTRA ALTO FUNCIONARIO. Respecto a Deras, algunas fuentes de confianza dentro de la ENEE afirmó que este no está cumpliendo sus funciones para las cuales fue contratado.

El también subgerente de la estatal, desde que asumió como subsecretario de Energía se olvidó de sus obligaciones como responsable técnico del organismo, de acuerdo a los datos que pudo recabar este periódico.

De hecho, fue sustituido por Jorge Alberto Morazán, quien realiza funciones que le competen exclusivamente a Deras.

Además, se había dicho que este ingeniero ganaría doble sueldo como subgerente y subsecretario del ramo, no obstante este extremo fue desestimado, de acuerdo a los registro públicos disponibles.

Aunque se anunció que en la principal empresa de electricidad debía cerrar operaciones en diciembre de 2018, para dar paso a tres compañías encargadas de la distribución, generación y transmisión de energía, la misma siguen en operaciones en números rojos.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), estimó que las pérdidas sufridas por la ENEE en 2018 costaron a los hondureños unos seis mil millones de lempiras anuales, es decir, unos 500 millones mensuales.

El presidente de la entidad, Juan Carlos Sikaffy, recordó que la empresa “es el problema de Honduras y de todos, las proyecciones que salen donde este año se piensa perder 6 mil millones de lempiras, es inaceptable”.

“No podemos seguir con ese sangrado porque se traduce en menos programas sociales y en una baja de impuestos, la recuperación de la ENEE, es complejo no es sencillo porque todos los actores involucrados han hecho su trabajo”, dijo.





TEGUCIGALPA, HONDURAS

La denuncia interpuesta por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra el expresidente Porfirio Lobo por presuntas irregularidades en la transferencia de fondos del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) refleja que el organismo se volvió arma de persecución contra los críticos del actual gobierno.

A la vez, evidencia la amoralidad de sus cabezas visibles -Gabriela Castellanos y Odir Fernández- al ocultar los recursos que reciben del Estado y que utilizaron el mismo esquema al que habría recurrido Pepe para solicitar dinero a fin de ser implementado en «apoyo institucional para seguridad presidencial».

Un dossier de documentos que obtuvo ConfidencialHN y Radio Globo revelan que Castellanos y Fernández incurrieron en dolo al afirmar que Lobo malversó 25 millones de lempiras que estaban «destinados a obras sociales» y que fueron destinadas a temas de seguridad del presidente.


Según la directora del CNA y el jefe de investigaciones, Lobo creó una arquitectura para drenar dinero del Pani que serían para cuestiones benéficas al usar como argumento la existencia de una crisis financiera que le estaba dificultando cumplir con sus obligaciones sociales.

No obstante, varios documentos analizados por este medio indican de que Pepe pidió a través de un oficio fechado 1 de octubre de 2013 al exsecretario de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, que le efectuara una transferencia para asuntos netamente de seguridad presidencial.

De hecho, la transacción fue concretada el 17 de octubre de ese año, cuando la Unidad de Servicios Financieros de la Administración Central y la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas le giró tal cantidad de dinero a la Presidencia, siendo aprobado por David Fernando Alfaro, Miguel Antonio López y James Aldana Medina.

El dinero que fue enviado a Casa Presidencial para labores de resguardo provino de la partida 0449, que controla un fondo común a donde van a dar los recursos asignados a todas las entidades y que no fueron ejecutados durante el ejercicio fiscal determinado, en este caso, de 2013.

Este fondo de remanentes suele ser utilizado por Finanzas para emergencias y otras necesidades de las instituciones.

En consecuencia, la petición efectuada por Lobo está respaldado por el artículo 12 de las las disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto en las que se establece que los recursos pueden «provenir de transferencias procedentes de otras entidades públicas».

Sin embargo, el CNA insiste en su denuncia que Lobo sacó hasta 150 millones de lempiras del Pani para labores de asistencia social y que una parte habría sido desviada, por lo que exigió que al expresidente se lo acuse por malversación de caudales.

No obstante, las fechas que la oficina anticorrupción cree que se cometieron los ilícitos no coinciden con el pedido de los fondos de protección solicitados por Pepe.

La acusación presentada por la autodenominada instancia de sociedad civil carece de sentido lógico y sustento legal porque, según el dossier revisado por ConfidencialHN indica que no existió una solicitud directa de fondos al Patronato Nacional de la Infancia.

CNA DISFRAZA DINERO PÚBLICO. Una búsqueda en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) respecto a la entrega de dinero efectuado al CNA revela de que el organismo disfrazó y ocultó las transferencias que le efectuó el fondo común.


El CNA hizo pasar como «aporte del sector privado» el giro monetario de tres millones 080 mil lempiras que recibió en diciembre de 2016, cuando el documento establece que la responsable del giro fue la Secretaría de Finanzas, según el formulario 1509, con identificación 08019005010377, cuyo receptor fue la instancia de sociedad civil.

Este documento fue firmado por la contadora general Leslie Aguilera, la jefe de la unidad administrativa Ilse Osorio y validado por María Antonia Juárez, representante de la firma auditora Juárez Group según el documento que encontró este periódico.

Mientras tanto, en el segundo tramo de dinero que se les asignó en octubre de 2017, ocultaron de los registros públicos los tres millones 900 mil, al sustituirlos por una transferencia de un millón 833 mil 333 lempiras y hacerlas pasar como aportes del «sector privado» y fueron avalados por Osorio, Aguilera y la auditora Juárez.

ConfidencialHN encontró en en legajo de documentos que el CNA pidió dinero para «supervisar» las elecciones generales de noviembre de 2017 y que no han sido liquidados.

Tampoco aparecen en el portal de transparencia con una explicación creíble, tal como lo exigen las normas presupuestarias y de auditoría.

 

AMORALIDAD EN EMPLEADOS DEL CNA. Este periódico también dio con documentos sobre transferencias que fueron realizadas al CNA, precisamente desde el fondo común 0449, asignado -curiosamente- a la unidad de Servicios Financieros de la Administración Central y que fueron girados al a la pagaduría especial de la oficina anticorrupción.

En dos giros de dinero efectuados el 27 de diciembre de 2016 y 28 de septiembre de 2017 dan cuenta de giros por sumas de tres millones 080 mil lempiras y tres millones 900 mil lempiras exactos, de manera respectiva, los cuales fueron aprobados por Alberto Murillo, Carlos Alberto Flores y James Aldana Medina y ambas operaciones fueron satisfactorias.

La transferencia de los fondos se realizaron desde una cuenta especial del BCH el 26 de diciembre de 2016 y en septiembre de 2017, que fueron originadas desde el mecanismo denominado resultados acumulados de ejercicios anteriores, al igual que ocurrió con la transferencia que solicitó Lobo a la Secretaría de Finanzas.

Es decir que tanto la asignación presupuestaria dirigida al CNA como la transferencia realizada a la Presidencia surgieron del mismo fondo común.

Sin embargo, Castellanos y Fernández insisten que el expresidente nacionalista malversó caudales al pedir dinero para seguridad gubernamental, a sabiendas de que hay normas y manuales de clasificación presupuestaria, por lo que coincide en que tanto Casa Presidencial como el Consejo Anticorrupción recibieron aportes de los Servicios Financieros de la Administración Central.

O sea, que el organismo que procura combatir la corrupción e impunidad en Honduras recurrió a la misma fuente que usó el entonces presidente y cuyo dinero aportado sirvió para denunciar irregularidades en la gestión pública, incurriendo en serias y profundas contradicciones y graves crisis morales que ponen en entredicho el papel de los dos personajes acostumbrados al histrionismo y asedio mediático para responder preguntas prefabricadas.

Esta acción podría abrir en el futuro acusaciones de índole penal contra el CNA, ya que se utilizaron los mismos mecanismos, las mismas instituciones y con iguales resultados, por lo que se configuraría el delito de malversación de caudales.

PERSECUCIÓN CONTRA PEPE. Cabe recordar que el expresidente Lobo, quien en los últimos días ha ido recrudeciendo sus cuestionamientos contra el actual presidente Juan Orlando Hernández y la cacería que sufre su esposa Rosa Elena de Lobo montada por el CNA, podría estar yendo a los tribunales en condición de imputado de abuso de autoridad y malversación.

Los retos hechos por el exmandatario han provocado molestia desde el Ejecutivo nacionalista y la oficina que dirige Castellanos, por lo que se profundiza la persecución contra Pepe y cuadros de confianza que trabajaron con él entre 2010 y 2014 cuando ocupó la titularidad del Ejecutivo.

El CNA estimó en su denuncia que no se realizaron ejecuciones presupuestarias, en particular, de Casa Presidencial, por lo que vieron hasta raro que la administración Lobo pidiera dinero al Pani para la ejecución de obras, actividades, pagos y otros, cuando tenían que ejecutar el dinero asignado a funciones del entonces dignatario.