Monday, Oct 14, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La voracidad que está teniendo la empresa de maletín Logix Source Direct S.A. por apropiarse de dinero público de las entidades estatales y comunidades autóctonas se volvieron una costumbre en un país donde la retorcida justicia no busca proteger el interés de la sociedad, sino de un grupo de personas, aupadas por tomadores de decisiones protegidos por el poder estatal.

Esta empresa fue constituida en la isla británica -y paraíso fiscal- de Anguila, ubicada en las cercanías Puerto Rico, asentada en Panamá como una compañía sin «valores nominales», es decir, que apenas es de partafolio y en Honduras logró «ganar una demanda» de 38 millones 369 mil 519 dólares, pagadero con los recursos de la ENEE.

Es decir, que Logix logró que se congelaran 933 millones 726 mil 081 lempiras gracias a una jugada hecha por sus apoderados ante el Poder Judicial y sorprendieron a la jueza Alina María Cuadra Rosales, quien decidió admitir la demanda 05264-17, «a pesar de que nunca existió un contrato» como alega el Sindicato de Trabajadores  de la ENEE (STENEE) en un documento girado a la Corte de Apelaciones Civil.

No obstante, la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE), mediante dictamen 042-2013 del 9 de octubre de 2013, dio el visto bueno para que Logix operara una central eólica en Trujillo, con el aval de la Secretaría de Recusos Naturales (Serna), por lo que no pasó por la estatal y nadie supo cómo la jueza Cuadra admitió la demanda y se bloquearan los flujos de dinero que Banco Atlántida trasladaba a la ENEE a través de la cuenta 12100010001185 abierta en el Banco Central de Honduras y que mantiene en mínimos las operaciones de la compañía estatal.

Este periódico confirmó que no hay convenios suscritos entre la gerencia general de la empresa pública de electricidad o, en su defecto, la junta directiva, por lo que la demanda debió ser trasladada a la secretaría de Estado, por ser la responsable directa de la entrada en operación de Logix, hecho que nunca ocurrió.

Al cierre de esta primera entrega se deja en evidencia que la empresa, operada por el puertorriqueño Eduardo Luciano Santiago, no ha hecho la mínima inversión, apenas realizó el pago de un fondo de reserva de 49 mil 836 dólares, según la resolución a la que accedió ConfidencialHN y se había establecido que debería producir unos 50 megavatios y un total anual de 171.26 gigavatios.

EL PARAÍSO DE LOGIX. La empresa de capital puertorriqueño fue constituida en el paraíso fiscal de Anguila, por Eduardo Luciano Santiago, un anodino multimillonario que halló en Honduras una gallina de los huevos de oro por su frágil institucionalidad y seguridad jurídica.

Apenas se sabe que tienen una dirección virtual en Panamá, de acuerdo a los escasos datos del Registo Público de esa nación; está identificado como Logix Source Direct Incorporated (Sociedad Anónima) y el código de organización es 557055, un inexistente correo electrónico y el domicilio está situado en Ciudad de Panamá, Calle 66 San Francisco, Edificio Plaza Belén 2do. Piso Oficina 203, con teléfono +507 394-2782.

Y es que el empresario puertorriqueño aprovechó los beneficios que da el paraíso británico para crear compañías offshore o de maletín ya que «no pagan impuestos por las actividades económicas realizadas fuera de la isla».

«Para crear una sociedad en Anguila se requiere un mínimo de un accionista y un director, quien puede ser la misma persona y tener cualquier nacionalidad», según explican documentos sobre esta isla ubicada en el Caribe.

SANTIAGO Y ELISA. Este personaje aterrizó en una de las naciones donde los empresarios locales se ven obligados a cerrar negocios o no emprenderlos por las pesadas exigiencias de abrir empresas. 

En esas circunstancias supo instalar la suya, denominada Transportes Elisa, que opera en la colonia Stibys, ubicada en la periferia norte de San Pedro Sula, por lo que suele importar productos procedentes desde EE.UU., según registros norteamericanos. 

A pesar de que fue fundado en 2018, ya se registran dos movimientos de productos suntuarios de segunda mano,  de acuerdo a datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. 

EL CAMINO OSCURO. Otra de las víctimas de Logix también fueron los pobladores de Cristales y Río Negro ya que se interpuso una demanda por 51 millones de dólares (mil 241 millones 090 mil 100 lempiras) al alegar que los miembros de ambas comunidades incumplieron un contrato en diciembre de 2012 con la referida empresa.

Logix pretendía instalar el parque eólico Punta Castilla y violentar el convenio 169 de la OIT que exige una consulta previa, libre e informada con las comunidades donde se pretenden instalar proyectos energéticos o extractivos. Según la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), la expresidenta de la aldea, Genica Reyes Álvarez, firmó el documento de usufructo de unas mil 852 hectáreas y «existe un testimonio del contrato asentado en la Corte Suprema de Justicia, de fecha 20 de enero de 2013. Tanto el contrato como sus detalles fueron ocultados de forma deliberada por la junta de la comunidad de Cristales y Río Negro al pueblo de Trujillo».

La empresa de maletín «inicia el proceso en contra de la comunidad a raíz de la donación de un terreno en Barranco Blanco a una compañía guatemalteca que pretendió la construcción de una desfasada refinería de hidrocarburos en las inmediaciones de la Laguna de Guaymoreto, la cual fue rechazada en un cabildo abierto efectuado en noviembre del año pasado».

GOLPES A ALCALDÍAS DÉBILES. Asimismo, esta compañía logró interponer una demanda contra la alcaldía de La Ceiba por un total de 784 millones 701 mil 437 lempiras con 97 centavos, más los intereses y costas del juicio porque el alcalde Jerry Sabio determinó rescindir el contrato para el manejo de desechos sólidos para la conversión a energía renovable. 

Y es que la empresa Renewable energy developers RED decidió recurrir a la vía civil para que la comuna caribeña proceda a resarcir el daño que, según ellos, habría provocado el jefe edilicio liberal, ya que el mismo había sido avalado por su antecesor, el nacionalista Carlos Aguilar, por lo que esperan que la justicia les dé la razón para que se les dé los 784 millones. 

En caso de que la sentencia contra la corporación municipal fuera ratificada en última instancia, el presupuesto -que para 2019 es de apenas 335 millones de lempiras- se vería afectado por muchas décadas ante la complacencia de la justicia. 

Según la demanda, Santiago «invirtió fuertes sumas de dinero en estudios de factibilidad, socializaciones, planimetría, diseños, giras, licencia ambiental, estudios técnicos y demás necesarios para la venta de energía producida por VEA (Valoración Eléctrica del Atlántico)» y que espera que sus peticiones sean escuchadas. 

COMPLICIDAD ESTATAL. Los multimillonarios negocios que mantiene el puertorriqueño tienen un selecto grupo de padrinos, mecenas y varios colaboradores que optaron por ver de lado la Ley de contratación del Estado que, en el artículo 45, establece una serie de condiciones respecto a la precalificación de las empresas a partir de la experiencia, capacidad instalada, capacidad financiera y el cumplimiento de contratos anteriores. 

Al respecto, el secretario de Recursos Naturales, José Galdames, le autorizó a Santiago -como representante de la empresa Energy Equipment Supply S.A.-  una adenda al contrato de aprovechamiento de aguas nacionales para la generación de energía eléctrica del proyecto hidroeléctrico Río Betulia, ubicado en la comunidad de Santa Fe, en Colón pasando de 1.3 a 5.6 y 6.8 megavatios. Esta ampliación del contrato le está dejando cuantiosos beneficios gracias a los buenos oficios del cuestionado funcionario estatal.

Detrás de la trama no sólo se encuentra este personaje, hay una suerte de holding llamado Energys Honduras, que concentra alrededor de cuatro empresas, a saber Desarrollos Industriales y Energéticos S.A., General Equipment Supply S.A., y Sociedad Hidroeléctrica del Norte S.A. de C.V., quienes a su vez administran nueve centrales hidráulicas. 

De hecho, Energys está compuesto por las firmas Inversiones Fezzan S.A., Desarrollos Marquezas del Norte S.A. y a su vez se subdivide en otros socios, que gozan de los privilegios que ha concedido el Estado de Honduras a través de misteriosos contratos. 

Este periódico encontró que Energys administra siete represas, entre ellas, Río Jaitique, Río Tocoa, Hidroeléctrica Río Viejo, Hidroeléctrica Río Piedra Blanca, Hidroeléctrica Río Maragüita, Hidroeléctrica Río Maragua e
Hidroeléctrica Río Grande.  Estos ríos fueron concesionados en septiembre de 2010, y por un periodo de 30 años, cuando el Legislativo controlado por 71 diputados nacionalistas y en complicidad con el bando liberal y provocó airadas manifestaciones de los pueblos originarios y comunidades que están opuestas a la instalación de estas obras porque consideran una grave vulneración a los territorios que ancestralmente les pertenecen. 

El proceso de entrega de los recursos naturales y de los cuales Santiago ha sabido sacar provecho, se aceleró con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando el régimen de Roberto Micheletti, a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) licitó alrededor de 250 megavatios de energía y que culminó en la apertura de unas 50 ofertas y que fueron adjudicadas a unas 47 empresas locales, siendo aprobadas en la oscuridad de la noche por el Parlamento. 

Al respecto, la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juliette Handal, denunció en aquella época que alrededor del 70 por ciento de los ríos -muchos de ellos no cuentan con potencial hidroeléctrico- fueron cedidos a la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), cuyos representantes forman parte de los grupos económicos que han venido controlando la producción de electricidad a través de centrales termoeléctricas generadas por búnker. 

En aquella ocasión, la también exsecretaria de Economía advirtió que ese proceso sería el inicio de una ruta que llevaría a la quiebra a la ENEE, por lo que la predicción de la lideresa empresarial se concretó a finales de 2018 cuando se anunció el cierre del organismo para dar paso a tres compañías encargadas de la generación, distribución y transmisión que ya están contempladas en la nefasta Ley general de la industria eléctrica de 2013 que fue aprobada por mayoría mecánica nacionalista. 

LEGISLATIVO NO APROBÓ CONTRATO A LOGIX. Sobre el embargo interpuesto por Logix a la ENEE, el vicepresidente del Parlamento, Denis Castro Bobadilla, expuso que el multimillonario «embargo pone a la ENEE en una situación difícil al no poder hacer frente a sus obligaciones».

Explicó que no hubo alguna firma que diera vida al contrato que llevó al tortuoso proceso legal «debido a que no existía la necesidad de lo ofertado, aunado al hecho que los términos de la oferta realizada, suponían la firma de un contrato que superaba en término del periodo del gobierno, requiriendo para su validez aprobación del Congreso Nacional, trámite que nunca fue realizado ya que en principio nunca se llevó a cabo la contratación.»

«Asimismo la Junta Directiva de la ENEE adoptó una resolución en la que no se aprobó dicho contrato, debido a situaciones asociadas a que a pesar de tener personería jurídica, la empresa Logix Source Direct Honduras no cuenta con instalaciones físicas ni otro indicio de existencia física y no tiene inversión, situación generada por la vigencia de la ley de Energía Renovable la cual eximía a las empresas generadoras de energías renovables de varios requisitos legales como medida para incentivar la inversión en dicho rubro».

Asimismo, consideró en una moción presentada en diciembre al Congreso de que la jueza Cuadra «sin haberse agotado la jurisdicción de lo contencioso administrativo (solo agotó la instancia administrativa de la ENEE), procediendo el mismo a ordenar el embargo. Es decir, se ordenó el embargo, en base a un contrato que ni siquiera vino a este Poder del Estado para ser aprobado, siendo éste un requisito sine qua non para la validez del mismo».

Exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público que asuma el caso e inicie las investigaciones, de manera respectiva, para que exista deducción de responsabilidades y se proceda a la acción de repetición contra los funcionarios que «por negligencia generaron los actos en que se fundamentó el embargo y de esta manera resarcir los daños al Estado de Honduras».

 

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El operador clave de la trama corrupta Pandora, Fernando Suárez, en sus momentos de «gloria» como presidente de las oenegés Dibattista Todos Somos Honduras, mientras saqueaba recursos públicos para financiar la campaña de los partidos Nacional y Liberal, tenía entre sus aficiones codearse con los centros de poder que toman las decisiones sobre la vida política, económica y social de Honduras.

Suárez, quien permanece preso en la sede de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aprovechó al máximo esos días donde firmaba y autorizaba multimillonarios giros de dinero -propiedad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)-, se sacaba instantáneas con altos personajes, en este caso, de la exembajadora de EE.UU., Lisa Kubiske, pieza clave durante los comicios generales de noviembre de 2013 que dieron una controvertida victoria al actual presidente Juan Orlando Hernández.

En esta imagen que obtuvo ConfidencialHN muestra al cerebro del masivo drenaje de dinero mientras degusta un puro de tabaco junto a Kubiske y dos personas más, cuya identidad permanece en el anonimato.

La fecha de la imagen no pudo ser precisada, no obstante, fue hecha en una reunión a la que llegó la diplomática a la base militar de Palmerola, ubicada a unos 72 kilómetros al norte de Tegucigalpa; ambos se ven contentos y posan para la cámara a fin de dejar para la posteridad tan preciado momento.

Sin embargo, Suárez era consciente de que sobre sus hombros cargaba la responsabilidad de movilizar cientos de millones de lempiras hacia la comisión de campaña de la formación oficialista y otra parte para el Partido Liberal, cuyo candidato fue Mauricio Villeda Bermúdez.

Radio Globo denunció en 2015 cómo fue el complejo entramado corrupto que logró sustraer unos 282 millones de lempiras de la SAG a fin de financiar la camapaña, el uso de oenegés para simular convenios de asistencia hacia segmentos sociales históricamente deprimidos, los cuales jamás se concretaron.

De hecho, Suárez utilizó parte del dinero robado para pagar tarjetas de crédito y otros gastos que no estaban relacionados con la capacitación de jóvenes de las áreas rurales, según documentación que aportó el director de Globo, David Romero, y que valió para que el Ministerio Público y la MACCIH nombrara el caso como Pandora y emitiera requerimientos fiscales contra un grupo de políticos nacionalistas y liberales y cuadros secundarios que habrían participado de la acción.

El imputado se entregó a finales de noviembre de manera voluntaria para someterse a la justicia por el controvertido acto de corrupción que involucró alrededor de 37 personas cuya mayoría están con medidas sustitutivas mientras prosigue la causa. No obstante, guardan prisión el exsecretario de la SAG, Jacobo Regalado Weinzenblut, Luis Fernando Urrutia y Claudia Noriega, ya que colaboraron en el acto corrupto y son considerados como los principales autores del hecho.

Por su parte, la exembajadora Kubiske sirvió en la legación estadonidense en la capital entre 2010, cuando sucedió a Hugo Llorens y 2014 tras ser sucedida por James Nealon.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

(Primera parte) La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) podría perder cientos de millones de lempiras ya que el gerente de la estatal, Jesús Mejía, habría incurrido en actos de corrupción respecto a la contratación de unos 820 megavatios de electricidad a fin de favorecer a Comercial Laeisz  en perjuicio de otros oferentes que presentaron las mejores opciones para proveer plantas térmicas.

En esta primera entrega de ConfidencialHN establece cómo se han ido creando una red de contactos, originados precisamente desde la gerencia de la ENEE -y el ganador de la licitación pública internacional LPI 100-009/2017- para influir en la Secretaría de Finanzas que se exonere el pago de diésel y búnker a pesar de que están consignadas en las bases suscritas entre ambas partes.

Centenares de documentos analizados por este periódico evidencian la manera en que Mejía busca dar beneficios a empresas particulares para que tengan más ganancias en perjuicio de los intereses de la ENEE, por lo que los señalamientos en su contra suman y siguen, por lo que los consumidores tendrán que pagar altas sumas de dinero por los onerosos contratos que, asimismo, producen pérdidas multimillonarias al tesoro público.

Varios anexos dan cuenta de que la intención de exonerar impuestos por carburantes a Laeisz (conocida también como Laeisz Rental) ya que «no estaba contemplada en las bases, ni enmiendas emitidas, ni pactado en los contratos firmados. Al día de hoy -según los denunciantes que optaron por no revelar sus nombres- no se sabe si la exoneración fue otorgada o no por Finanzas…en caso de que hubiera ocurrido, entonces se cometió un grave error pues las bases de licitación solicitaban incluirlo y con esta omisión debió ser eliminado del proceso».

Los informantes explicaron que con el hecho de que la compañía -propiedad de Bernardo Hirsch- esté intentando no honrar sus obligaciones pactadas en la licitación tiene que ser excluida «porque si están insistiendo que no paguen impuestos implicaría que sus costos serían más altos que los presentados por la competencia quienes sí incluyeron en sus ofertas los respectivos cargos» que es de seis centavos de dólar por kilovatio, extremo que Laeisz pretende evadir para ahorrarse millones de dólares.

En el caso de que Mejía cumpla sus presiones contra Finanzas para beneficiar a Hirsch, estaría afectando la libre empresa, amañando el proceso de licitación, corrupción comprobada, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, entre otros delitos, pues decidió intervenir de manera personal para que unas seis compañías, entre ellas, Elcosa, Camosa, Herramientas Manuales Centroamericanas, Nacional de Ingenieros división Electromecánica y varias que presentaron ofertas más accesibles a los intereses de la ENEE.

Una serie de anexos explican que en septiembre de 2017 se llamó a licitación internacional que concluyó en noviembre de ese mismo año, en la cual se concedieron a Laeisz 20 megavatios para el sub bloque 2 de la central térmica de La Ceiba, 20 megas para el sub bloque 2, lote 2 para la estación de San Isidro y 30 para otro sub bloque Reguleto, ubicado a inmediaciones de Sabá; las nueve enmiendas efectuadas a los contratos especifica que los tres lotes concedidos al oferente pueden estar unificados en el mismo sitio, por lo que Mejía dio el privilegio de que el ganador permitiera simular (fingir) ofertas bajas y que luego pediría que no se le cobre tributos.

Sobre el tema, no hay documentación o norma legal aprobada por el Legislativo que permita exoneraciones tributarias; de hecho, la asamblea aprobó en las disposiciones generales de la Ley de presupuesto de 2017, publicado en La Gaceta el 27 de diciembre de 2016 de que los contratos firmados a nombre de la administración pública -especificados en el artículo 69-, «incluye el pago de los impuestos correspondientes, salvo exoneración expresamente determinada por una ley nacional o internacional».

«El vendedor será el responsable de pagar los impuestos a las instituciones gubernamentales correspondientes. El vendedor detallará cada mes la factura que entregará al comprador (ENEE) los valores que correspondan a todos los pagos por concepto de impuesto, no obstante, es entendido que los precios consignados en la claúsula 18 (del convenio) incluyen los impuestos exceptuando el Impuesto Sobre Ventas», establece una de los apartados que pretenden ser quitados para beneficiar a la empresa.

Los contratos que fueron suscritos por Mejía a beneficio de Laeisz son lesivos para las exangües finanzas de la estatal ya que terminan favoreciendo más allá de lo pactado con Hirsch, pues la ENEE paga alrededor de 11 centavos de dólar (usando tecnología diésel), cuando el precio de referencia debería ser de alrededor de 7 centavos por cada kilovatio (generado por plantas propulsadas por búnker) entregado a la red pública de alta tensión, por lo que hay una diferencia cercana a los 4 centavos de dólar, según una estimación efectuada por este periódico.

Conocedores del tema precisaron que en esta simulación hay una ganancia extra de hasta 2.5 millones de dólares (60 millones 741 mil 250 lempiras al cambio del 27 de noviembre de 2018), por lo que la empresa proveedora está ganando cada año la fabulosa y espectacular suma de 728 millones 895 mil lempiras, más de lo permitido por el contrato, por lo que resulta hasta insólito que la empresa pública pague una tasa fija a Laeisz sin importar que use diésel o búnker para sus generadores, a sabiendas que el segundo -también conocido como fueloil- es más barato y es utilizado única y exclusivamente para producción de energía eléctrica y traería un enorme ahorro a las finanzas.

Si bien las bases de licitación y contratación establecen que los oferentes pueden cambiar de tecnología (pasar de búnker a diésel o viceversa) siempre y cuando haya una disminución del costo de energía,  extremo que no ha ocurrido por las constantes alzas a los carburantes ocurridas durante los últimos meses. Laeisz accedió a información exclusiva y de primera mano para ir un paso adelante con relación a sus competidores directos y trastoca los principios de la libre competencia, pilar fundamental para quienes emprenden fuertes inversiones en el sector privado, pero también esto fue provocado por funcionarios que, en un afán de codicia y ventajismo, optaron por beneficiar a unos pocos con intereses lesivos al Estado de Honduras.

Otro hallazgo efectuado por ConfidencialHN señala que los responsables de haber elaborado el contrato entre la ENEE y Laeisz diseñaron una fórmula que permite interpretar al beneficiario el cobro de cargos fijos que no sólo abarcan la potencia contratada, sino una mayor que puedan entregar a la red. El apartado 18.2, referente al cálculo de cargo fijo y el 18.4 que habla de la determinación de la capacidad firme demostrada, permite que se le pueda pagar cualquier cantidad de dinero por ambos cargos.

Estos incidentes fueron aprovechados al máximo por ambas partes, ya que pudieron encontrar lagunas en la Ley de contratación del Estado en cuanto a los cambios a la suscripción de obras ya que -según el artículo 123 de la norma- «toda modificación deberá ser debidamente fundamentada y procederá cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas, de manera que esa sea la única forma de satisfacer el interés público perseguido y el valor de las modificaciones acumuladas no podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato».

En caso de que excediera esa cifra, el documento deberá pasar por el Legislativo para su respectiva discusión y aprobación o veto. En este escenario, ni Mejía ni los ejecutivos de la empresa oferente prefirieron no enfrentarse a tortuoso camino y acordaron las ampliaciones, a sabiendas de que cualquier irregularidad podría acarrear cualquier  problema judicial futuro.

Una de las empresas afectadas, identificada como Petróleos Americanos de Honduras S.A. de C.V. ganadora prelimnar de uno de los sub bloques térmicos, terminó siendo descalificada por la directiva de la ENEE al alegar que no «cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar el proyecto» aunque el comité evaluador aprobó todos los requisitos que presentó la misma, sobre todo, por ser la oferta más baja.  No obstante, fue cedido a Laeisz sin importar que no contaba con la experiencia necesaria para desarrollar proyectos de mediana a gran envergadura.

Otro hecho, que es de alto peligro, es la instalación del parque térmico en la zona de Reguleto, ubicada a inmediaciones de La Ceiba, la cual está protegida por la Secretaría de Recursos Naturales o Miambiente ya que se sitúa en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Nombre de Dios y que se tiene como prohibición talar bosques, sin embargo, eso no ha importado a los responsables del proyecto ni a las autoridades de la estatal. Al ser una zona protegida, se debió consultar a las comunidades si estas estaban de acuerdo con la puesta en operación de la central eléctrica, por lo que se transgredió la norma 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Sin importar el impacto que generará la operación del complejo termoeléctrico, Miambiente dirigido por José Galdámez, determinó emitir la respectiva licencia en contra de la voluntad de las comunidades porque no se efectuaron las consultas previas.