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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los nexos del ahora reo y todopoderoso capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán con altos mandos e intermedios de la Policía Nacional de Honduras se mantuvieron con bajo perfil a fin de evitar escándalos o investigaciones que pusieran en evidencia la colusión de la fuerza pública con el narcotráfico y criminalidad organizada.

Para que Guzmán, recluido en un centro de detención federal de Nueva York, pudiera venir de ‘vacaciones’ al país y se le permitiera trasegar narcóticos, en colaboración con cárteles locales, recurrió a ostentosos regalos para algunos oficiales, entre ellos, carros de lujo a fin de no ser sorprendido por otras agrupaciones criminales.

Este periódico descubrió que el automotor, un Chevrolet Silverado –que cuenta con blindaje que soporta disparos provenientes de fusiles de grueso calibre-,  en el estacionamiento de la alcaldía de San Pedro Sula y cuyo dueño estaría vinculado al actual edil Armando Calidonio. 

Radio Globo reveló en 2016 que este automotor fue ingresado en 2005 a Honduras mediante artimañas a través de una aduana inexistente. Según datos proporcionados en aquella ocasión, este vehículo fue obsequiado a un alto oficial que dirigió la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), identificado como Lázaro Freddy Lagos, y contó con la colaboración de varios agentes de la escala básica para movilizarlo.

Para que el Silverado pudiera circular con libertad y sin levantar sospechas, se utilizaron permisos provisionales de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos, favoreciendo al alto funcionario que tuvo fuertes vínculos con el Partido Nacional entre 2002 y 2006.

Las conexiones políticas le permitieron tener estabilidad y ascensos dentro del cuerpo armado hasta que fue echado por la junta depuradora a mediados de 2016. Tambíen se vieron beneficiados los otros oficiales aunque también fueron separados de sus cargos durante el contexto de la megapurga.

La autorización para el ingreso del lujoso blindado -el cual fue modificado en México- provino de altas autoridades; también se descubrió que en su interior una incuantificable cantidad de dólares y su destino fue las instalaciones de la Secretaría de Seguridad.

Tal hallazgo ocurrió cuando especialistas antibombas realizaron una inspección al vehículo para determinar si el mismo portaba explosivos, de acuerdo a investigaciones.

En un momento se frustró el intento del ingreso de la unidad porque los pretendientes aspiraban a ingresarla sin el pago de impuestos. Empleados de confianza de Guzmán fueron los responsables de llevar el carro desde el estado mexicano de Yucatán hasta la aduana de El Florido, en Copán, revelan datos que logró recabar Radio Globo. 

En 2013, el exjefe policial Ramón Sabillón envió el expediente respecto al caso a su superior Juan Carlos Bonilla para que tomara medidas en torno al presunto ilícito.

A la fecha, todo quedó en silencio, pues la documentación tuvo que ser consignada al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para las respectivas investigaciones que pudieran derivar en una acusación penal formulada por el Ministerio Público.

El Chapo durante sus años de gloria como el mayor narcotraficante del mundo, se dedicó a comprar voluntades mediante fuertes sumas de dinero y vehículos de lujo a funcionarios, fiscales, jefes policiales y militares y le permitió crear amplias zonas por donde trasegó toneladas de cocaína y alcaloides, cuyo mercado final era EE.UU. y algunos países de Europa.

De hecho, el ahora reo logró establecer una nutrida red de transportistas conformadas por capos locales, quienes se dedicaron a mover estupefacientes con la aquiescencia de las autoridades, en particular, policiales y militares.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La red criminal que asaltó el Estado de Honduras supo penetrar el sistema financiero nacional, aprovechando los excelentes y fabulosos contactos en la administración pública para acceder a cuantiosos recursos que fueron entregados sin las mínimas condiciones, por lo que se incurrió en presunto lavado de dinero.

En esta trama, hay altos funcionarios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Superintendencia de Concesiones de las Alianzas Públicas y Privadas, quienes crearon un esquema de movilización de capitales, uso de testaferros y entidades privadas, que se configuraron como lavado de dinero.

Gran parte de estos recursos que los operadores supieron movilizar mediante transferencias supuestamente honestas fueron a parar campaña del Partido Nacional de Honduras durante las elecciones generales de noviembre de 2013.

Este hecho tomó connotaciones similares al megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ya que se sacó dinero del sistema financiero, se pagaron cheques a nombre de connotados líderes del nacionalismo quienes, aprovechando sus rimbombantes apellidos, supieron simular operaciones que si bien despertaron sospechas, pero fueron silenciadas por ‘órdenes superiores’.

CALLA FISCALÍA Y LAVAIRE EN LA CNBS. Un reporte de operaciones atípicas de la CNBS indica cómo un retiro de 693 mil 690 lempiras puso en la mira al también exsecretario de Industria y Comercio, Adonis Lavaire, quinen justificó al Banco de los Trabajadores, más conocido como Bantrab, que los recursos eran para “el pago de transporte y alimentación de marcha política”.

El monto fue sustraído de la cuenta 21-101-120478-2 el 24 de mayo de 2013, según el documento que tiene en sus manos Radio Globo y ConfidencialHN. A su vez, el señalado autorizó al banco un débito mediante un cheque de caja a la Cooperativa Chorotega por 403 mil 333 lempiras.

Resulta que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, a través del oficio FESCCO-UCDLAP-1308-2014 y la Unidad de Información Financiera de la CNBS que se “determinó proceder al cierre administrativo relacionado con el reporte de transacción atípica, remitido por esa institución codificado en esta unidad con el caso #13-06-273-AT relacionados con la empresa Servicios de Ingeniería, Supervisión  y Construcción (Sisco) y José Adonis Lavaire Fuentes…no se encontró atipicidad por la comisión del delito de lavado de activos”.

Alrededor de cuatro cheques de la empresa Sisco fueron cobrados por el superintendente de Concesiones David Ignacio Williams el 24 de mayo de 2013, por sumas que van desde los 200 mil hasta los 395 mil lempiras. Estos, a su vez, fueron depositados a la cuenta 21-101-120478-2 de Adonis Lavaire, según las conciliaciones bancarias que se realizaron y que este periódico tiene sn su poder.  En el legajo de los cheques, se establece que los mismos van con la leyenda “páguese por este cheque a David Ignacio Williams”.  

Resulta interesante que el cierre administrativo de la causa contra el empresario haya ocurrido en 2014 por la FESCCO  y la Comisión de Bancos…meses antes, Lavaire era juramentado junto a la exprocuradora general Ethel Deras como miembros propietarios del organismo supervisor del sistema financiero nacional.

SACAR DINERO A GRANEL DE BANTRAB. Según la investigación de Radio Globo y ConfidencialHN, se pudo establecer que en este proceso de drenaje de recursos del banco, se giraron depósitos para empresas de construcción y diseño de interiores, así como compañías hoteleras a pesar de que se encendieron las alarmas dentro de los aparatos de control, pero fueron desestimadas sin explicaciones convincentes.

El hecho de que Adonis Lavaire haya accedido a grandes cantidades de dinero demuestra hubo una clara premeditación, alevosía y ventaja, en contubernio con los principales directivos y comisarios de Bantrab, para superar cualquier escollo sin apenas sudar la camisa.      

A la vista están sendos informes de auditoría en la que se describen las falencias del proceso de entrega de préstamos a varias sociedades mercantiles como Inversiones Turísticas del Campo SA, propiedad de Lavaire, quien apenas la conformó con 25 mil lempiras, según las escrituras y estados financieros analizados.  

Un comprometedor informe de auditoría explica que los oficiales bancarios y comité de créditos de Bantrab dieron, sin cumplir muchos requisitos, 12 millones de lempiras para la empresa hotelera propiedad del comisionado de Bancos que jamás pudo desarrollarse porque  fue imposible el repago del capital e intereses por el monto cedido, provocando por ende una fortísima pérdida; alrededor de 14 recomendaciones fueron pasadas por alto y “el financiamiento a Inversiones Turísticas del Campo SA fueron fue otorgado en condiciones favorables significativas, incumpliendo en algunos casos la política de crédito del banco y las condiciones descritas en las resoluciones del Comité Ejecutivo y Junta Directiva, situación que puede exponer al banco requerimientos adicionales de reserva”.

DIRECTIVOS SOSPECHOSOS. Es más, el auditor halló en la investigación que el análisis crediticio practicado a la empresa deudora jamás concluyó si era procedente conceder el préstamo, así como la política de crédito vigente en esa fecha no faculta al comité ejecutivo la aprobación de préstamos superiores a los 10 millones de lempiras.

Un hecho que levantó las sospechas en los auditores de Bantrab es que el desembolso que se realizó el 18 de febrero de 2016, fue aprobado por el comité ejecutivo 57 días después, es decir, el 15 de abril del mismo año. Además, llamó la atención el hallazgo de hasta cuatro tipos de inconsistencias, a decir que “existen dos resoluciones para la aprobación del crédito, una de Junta Directiva del 19 de diciembre de 2015 y otra del Comité Ejecutivo del 15 de abril de 2016…” que concluyó que no se cumplieron las comisiones por desembolso, no se entregaron las facturas proforma, mucho menos se cumplió la condición de que “los desembolsos para el equipamiento del hotel se harán directamente a la empresa vendedora, previo a la presentación proforma”.

Los oficiales crediticios, por su parte, encontraron que Lavaire abrió la cuenta de ahorros 21-604-000325 con apenas mil lempiras y por ser una empresa nueva “no cuenta con historial crediticio en el banco y burós de crédito”. También determinaron que los socios no contaban con la experiencia en el ramo hotelero y que los ingresos de la compañía no ajustaban para el pago de intereses mensuales.  

Uno de los estados financieros a los que tuvo acceso este periódico pudo determinar que la empresa del comisionado Lavaire puso en serios aprietos a Bantrab ya que todo el riesgo recaía sobre la entidad, en el sentido que no contaba con el dinero suficiente para hacer frente a los pagos que se deberían realizarse durante 15 años, a razón de 83 mil 333 lempiras con 33 centavos mensuales.

MILLONARIAS RAZONES PARA PERDER. El Banco de los Trabajadores, ya sea por acción, omisión o complicidad, optó por regalar el dinero tomado de otros clientes a empresas que no reunían las condiciones para asumir los compromisos respecto al pago de capital e intereses. Al respecto, la resolución del comité ejecutivo de Bantrab CE-58-28-04-2015 del 28 de abril de 2015 revela que prestó dos millones 300 mil dólares (50 millones 830 mil 690 lempiras) a la empresa Diseño de interiores y proyectos S. de R.L. de C.V, cuyos accionistas son Cintia Martell Fiallos y Jorge Mauricio Massieu,y que jamás fue pagado.

En el préstamo, que ascendió a 61 millones 800 mil lempiras y que fue calificado como “perdido” establece que la línea de crédito fue otorgado de forma fiduciaria sin contar con el con el debido soporte de garantías. La resolución del Comité Ejecutivo CE-58-28-04-2015, del 28 de abril de 2015 explica que fue autorizado por varios directivos, se firmó el contrato de compromiso y proceso de entrega y pago de productos firmado entre Massieu y Marco Antonio Cano y no se cumplió con su finalidad de asegurar el pago del préstamo, tampoco hubo interés manifiesto del banco en exigir su cumplimiento a pesar que el dinero fue desembolsado dos tramos y esto provocó el despido inmediato de los directivos y gerentes que fueron responsables del hecho.

Un reporte de la CNBS expresa que se pidió que se clasificara el crédito entregado a Diseño de interiores y proyectos y la creación de la reserva por el 100 por ciento del saldo adeudado “indicando que el préstamo fue otorgado sin la debida diligencia crediticia y con grandes debilidades en el aseguramiento de la fuente de pago”.

“Cabe señalar que la aprobación anterior es una excepción muy especial de la CNBS a Bantrab, en vista que en términos normales, el ente regulador, solicita la creación del 100% de la reserva en forma inmediata. Además, el préstamo se encuentra en ejecución judicial, tanto en la vía civil como penal, con escasas posibilidades de recuperación y el impacto de la reserva se dividió en dos porciones, afectando los resultados financieros en 2016 y 2017 en partes aproximadas de 30 millones de lempiras en cada uno”, explica uno de los sumarios hechos por los auditores del banco.

Los analistas indicaron en el informe que estos hechos no han sido comunicados a la junta de accionistas, es decir, a los clientes de Bantrab y apenas lo saben los altos ejecutivos de la cuestionada institución.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La dirección ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presidida por Gabriela Castellanos y varios miembros del Comité Ejecutivo de la denominada instancia de sociedad civil incurrieron en colocar en secretividad información de carácter pública a fin de evitar ser auditados y no dar una efectiva rendición de cuentas de cómo utilizaron el dinero que se les transfirió de la partida 0449.     

Asimismo, desobedecieron las órdenes giradas por la Secretaría de Finanzas para que diera una explicación fehaciente sobre cómo se utilizaron más de siete millones de lempiras que recibieron del tesoro público para varias actividades que suele apoyar el gobierno, así como la supervisión de las elecciones generales de noviembre de 2017.

Resulta que el CNA decidió solicitar que se colocara en reserva ante el Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP) una cuantiosa cantidad de información, en particular, relacionada con  los datos personales de Castellanos, el jefe de investigaciones, Odir Fernández, y de otro personal que trabajan con él, por lo que aprovecharon el beneplácito que recibieron del organismo para colocar facturas y recibos de gastos para pasar por alto cualquier reclamo que les obligara legalmente a rendir cuentas.

Además, resulta que la empleada número uno del CNA recibió en 2016 un poder general de los directivos Juan Ferrera, Miguel Castillo y Marcos Moreno para que solicitara al IAIP que mandara a la reserva la información de los analistas financieros, jurídicos e investigadores a “fin de evitar que el bien jurídico, vida e integridad física corporal los miembros de la unidad de investigación y su familia se ponga en peligro”.

Sin embargo,  este trámite fue desestimado por los magistrados del órgano de transparencia y tiempo después fue admitido, con la salvedad de que “debe hacer pública la información relativa a la liquidación de los viáticos de las personas comprendidas en esta clasificación de información, una vez que se haya terminado con las investigaciones”.

Documentos en poder de este periódico confirman que Castellanos obtuvo autorización para mantener en reserva los datos de los investigadores del CNA, sin embargo, aprovechó para colocar en ese espacio las transferencias públicas a fin de no ser auditadas.

No obstante, Castellanos aprovechó el beneplácito para ocultar las transferencias que fueron giradas desde el 27 de diciembre de 2016 y el 28 de septiembre de 2017 desde la partida 0449, asignada a la división de Servicios Financieros de la Administración Central,  para no justificar ante Finanzas cómo se utilizó el dinero destinado a la pagaduría especial del CNA para gastos corrientes y la supervisión de los comicios ocurridos hace dos años.

Castellanos jamás subsanó las observaciones respecto a una auditoría practicada por el organismo entre enero y junio del año anterior sobre la no presentación de los comprobantes de facturas y recibos sobre el uso del dinero público; se basó en la resolución SO 123 2016 del 11 de octubre de 2016 para argumentar que el paradero de los recursos “está bajo reserva”.  La jefa anticorrupción determinó abiertamente pasar por alto las disposiciones contempladas en el Manual de transparencia para el uso de fondos públicos por medio del Programa de Transferencias y Asignaciones Globales se la Secretaría de Finanzas que ya establece rigurosos controles sobre las liquidaciones contempladas en el artículo 22 que reza de forma literal: …(presentación) de copia certificada de facturas y recibos (régimen de facturación) pegados en papel bond una por una.

Además, optó por pasar por alto el artículo IV referente a las medidas de control, la cual expresa en su capítulo 25 que la organización solicitante se sujetará a la veeduría social y a la Ley de transparencia y acceso a la información pública y revisiones requeridas tanto internas como externas.

De hecho, Finanzas ordenó a través del acuerdo 303-2018 del 7 de marzo de 2018 que hay siete requisitos ineludibles que debe contener la liquidación de recursos, entre ellos, el desglose del gasto del monto asignado, conciliación de las cuentas bancarias de uso exclusivo del proyecto con sus respectivos estados de cuenta y los saldos que deberían  reflejar los valores pendientes de liquidar por la organización solicitante.

Además, el CNA estaba total y completamente obligado a entregar las bases y anexos del proceso de contratación, las copias de los contratos sin importar en qué modalidad hayan sido suscritos y la certificación del representante legal, es decir Castellanos, de que todas las copias entregadas son fieles a la original emitida por el vendedor y los recibos de los gastos en que incurrieron.

Respecto a la obligación de la oficina anticorrupción de colocar en el Portal Único de Transparencia del IAIP todas los gastos en los que incurrieron en la entrega de los recursos, al cierre de esta investigación se pudo confirmar que, en efecto, violentaron las normas vigentes porque no hay registros sobre cómo gastaron el dinero; varios documentos que revisó este periódico confirman que hay varias notas enviadas por el CNA que aseguran no haber recibido aportes estatales, en particular, sobre cómo se usaron los tres millones 080 mil lempiras que fueron transferidos el 27 de diciembre de 2016 a la entidad.

El hecho de mandar a la reserva los documentos  por órdenes de Castellanos evidencia que se incurrió en abuso de autoridad porque la ley le obliga a explicar de manera pormenorizada sobre el uso de activos proporcionados por los contribuyentes, a pesar de instalar parafernalias para acusar a gobiernos –en este caso, de Porfirio Lobo– de haber recibido dinero de la partida 0449 para gastos de seguridad, por lo que va contra los principios que exige que se cumplan, como el de la rendición efectiva de cuentas.

El oficio 511-CNA-DE-2017 del 25 de julio de 2018 que fue enviado a Finanzas, apenas se limita a “cumplir” con las liquidaciones de las transferencias giradas desde el fondo común aunque no dice de forma clara y fehaciente de cómo fue utilizado el dinero, por lo que se violentó el artículo 44 de la Ley orgánica del presupuesto que reza de manera literal: “La liquidación del Presupuesto general de la república debe efectuarse inmediatamente después de finalizado el ejercicio fiscal…para tal propósito, la Contaduría General de la República requerirá información de los órganos responsables de la liquidación y captación de los recursos para proceder al cierre del Presupuesto”.

En otras palabras, el despacho ministerial se ha visto en apuros para cuadrar los egresos girados a organizaciones como el CNA porque su directora optó por incurrir de facto en blindar el paradero de los fondos.

Asimismo, Castellanos, de manera displicente, envió diez meses después la liquidación global –e incompleta– del dinero que se envió desde la unidad de Servicios Financieros de la Administración Central, omitiendo complementar cualquier información y evadiendo sus responsabilidades, por lo que se refleja la poca transparencia y el doble discurso que ha mantenido en su mandato de dirigir los lineamientos para una política –oenegeísta– del combate y lucha contra la corrupción.

Sin embargo, el representante del Comité Ejecutivo del CNA, Roberto Sevilla, en una apurada comparecencia, se limitó a decir que “liquidaron” los recursos asignados y que devolvieron unos 985 mil lempiras que fueron usados para supervisar los pasados comicios.

Insistió que ellos trabajaron con la veeduría y luego de haber culminado el proceso electoral entregaron el dinero que sobró.