Thursday, Aug 22, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

(Primera parte) La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) podría perder cientos de millones de lempiras ya que el gerente de la estatal, Jesús Mejía, habría incurrido en actos de corrupción respecto a la contratación de unos 820 megavatios de electricidad a fin de favorecer a Comercial Laeisz  en perjuicio de otros oferentes que presentaron las mejores opciones para proveer plantas térmicas.

En esta primera entrega de ConfidencialHN establece cómo se han ido creando una red de contactos, originados precisamente desde la gerencia de la ENEE -y el ganador de la licitación pública internacional LPI 100-009/2017- para influir en la Secretaría de Finanzas que se exonere el pago de diésel y búnker a pesar de que están consignadas en las bases suscritas entre ambas partes.

Centenares de documentos analizados por este periódico evidencian la manera en que Mejía busca dar beneficios a empresas particulares para que tengan más ganancias en perjuicio de los intereses de la ENEE, por lo que los señalamientos en su contra suman y siguen, por lo que los consumidores tendrán que pagar altas sumas de dinero por los onerosos contratos que, asimismo, producen pérdidas multimillonarias al tesoro público.

Varios anexos dan cuenta de que la intención de exonerar impuestos por carburantes a Laeisz (conocida también como Laeisz Rental) ya que «no estaba contemplada en las bases, ni enmiendas emitidas, ni pactado en los contratos firmados. Al día de hoy -según los denunciantes que optaron por no revelar sus nombres- no se sabe si la exoneración fue otorgada o no por Finanzas…en caso de que hubiera ocurrido, entonces se cometió un grave error pues las bases de licitación solicitaban incluirlo y con esta omisión debió ser eliminado del proceso».

Los informantes explicaron que con el hecho de que la compañía -propiedad de Bernardo Hirsch- esté intentando no honrar sus obligaciones pactadas en la licitación tiene que ser excluida «porque si están insistiendo que no paguen impuestos implicaría que sus costos serían más altos que los presentados por la competencia quienes sí incluyeron en sus ofertas los respectivos cargos» que es de seis centavos de dólar por kilovatio, extremo que Laeisz pretende evadir para ahorrarse millones de dólares.

En el caso de que Mejía cumpla sus presiones contra Finanzas para beneficiar a Hirsch, estaría afectando la libre empresa, amañando el proceso de licitación, corrupción comprobada, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, entre otros delitos, pues decidió intervenir de manera personal para que unas seis compañías, entre ellas, Elcosa, Camosa, Herramientas Manuales Centroamericanas, Nacional de Ingenieros división Electromecánica y varias que presentaron ofertas más accesibles a los intereses de la ENEE.

Una serie de anexos explican que en septiembre de 2017 se llamó a licitación internacional que concluyó en noviembre de ese mismo año, en la cual se concedieron a Laeisz 20 megavatios para el sub bloque 2 de la central térmica de La Ceiba, 20 megas para el sub bloque 2, lote 2 para la estación de San Isidro y 30 para otro sub bloque Reguleto, ubicado a inmediaciones de Sabá; las nueve enmiendas efectuadas a los contratos especifica que los tres lotes concedidos al oferente pueden estar unificados en el mismo sitio, por lo que Mejía dio el privilegio de que el ganador permitiera simular (fingir) ofertas bajas y que luego pediría que no se le cobre tributos.

Sobre el tema, no hay documentación o norma legal aprobada por el Legislativo que permita exoneraciones tributarias; de hecho, la asamblea aprobó en las disposiciones generales de la Ley de presupuesto de 2017, publicado en La Gaceta el 27 de diciembre de 2016 de que los contratos firmados a nombre de la administración pública -especificados en el artículo 69-, «incluye el pago de los impuestos correspondientes, salvo exoneración expresamente determinada por una ley nacional o internacional».

«El vendedor será el responsable de pagar los impuestos a las instituciones gubernamentales correspondientes. El vendedor detallará cada mes la factura que entregará al comprador (ENEE) los valores que correspondan a todos los pagos por concepto de impuesto, no obstante, es entendido que los precios consignados en la claúsula 18 (del convenio) incluyen los impuestos exceptuando el Impuesto Sobre Ventas», establece una de los apartados que pretenden ser quitados para beneficiar a la empresa.

Los contratos que fueron suscritos por Mejía a beneficio de Laeisz son lesivos para las exangües finanzas de la estatal ya que terminan favoreciendo más allá de lo pactado con Hirsch, pues la ENEE paga alrededor de 11 centavos de dólar (usando tecnología diésel), cuando el precio de referencia debería ser de alrededor de 7 centavos por cada kilovatio (generado por plantas propulsadas por búnker) entregado a la red pública de alta tensión, por lo que hay una diferencia cercana a los 4 centavos de dólar, según una estimación efectuada por este periódico.

Conocedores del tema precisaron que en esta simulación hay una ganancia extra de hasta 2.5 millones de dólares (60 millones 741 mil 250 lempiras al cambio del 27 de noviembre de 2018), por lo que la empresa proveedora está ganando cada año la fabulosa y espectacular suma de 728 millones 895 mil lempiras, más de lo permitido por el contrato, por lo que resulta hasta insólito que la empresa pública pague una tasa fija a Laeisz sin importar que use diésel o búnker para sus generadores, a sabiendas que el segundo -también conocido como fueloil- es más barato y es utilizado única y exclusivamente para producción de energía eléctrica y traería un enorme ahorro a las finanzas.

Si bien las bases de licitación y contratación establecen que los oferentes pueden cambiar de tecnología (pasar de búnker a diésel o viceversa) siempre y cuando haya una disminución del costo de energía,  extremo que no ha ocurrido por las constantes alzas a los carburantes ocurridas durante los últimos meses. Laeisz accedió a información exclusiva y de primera mano para ir un paso adelante con relación a sus competidores directos y trastoca los principios de la libre competencia, pilar fundamental para quienes emprenden fuertes inversiones en el sector privado, pero también esto fue provocado por funcionarios que, en un afán de codicia y ventajismo, optaron por beneficiar a unos pocos con intereses lesivos al Estado de Honduras.

Otro hallazgo efectuado por ConfidencialHN señala que los responsables de haber elaborado el contrato entre la ENEE y Laeisz diseñaron una fórmula que permite interpretar al beneficiario el cobro de cargos fijos que no sólo abarcan la potencia contratada, sino una mayor que puedan entregar a la red. El apartado 18.2, referente al cálculo de cargo fijo y el 18.4 que habla de la determinación de la capacidad firme demostrada, permite que se le pueda pagar cualquier cantidad de dinero por ambos cargos.

Estos incidentes fueron aprovechados al máximo por ambas partes, ya que pudieron encontrar lagunas en la Ley de contratación del Estado en cuanto a los cambios a la suscripción de obras ya que -según el artículo 123 de la norma- «toda modificación deberá ser debidamente fundamentada y procederá cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas, de manera que esa sea la única forma de satisfacer el interés público perseguido y el valor de las modificaciones acumuladas no podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato».

En caso de que excediera esa cifra, el documento deberá pasar por el Legislativo para su respectiva discusión y aprobación o veto. En este escenario, ni Mejía ni los ejecutivos de la empresa oferente prefirieron no enfrentarse a tortuoso camino y acordaron las ampliaciones, a sabiendas de que cualquier irregularidad podría acarrear cualquier  problema judicial futuro.

Una de las empresas afectadas, identificada como Petróleos Americanos de Honduras S.A. de C.V. ganadora prelimnar de uno de los sub bloques térmicos, terminó siendo descalificada por la directiva de la ENEE al alegar que no «cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar el proyecto» aunque el comité evaluador aprobó todos los requisitos que presentó la misma, sobre todo, por ser la oferta más baja.  No obstante, fue cedido a Laeisz sin importar que no contaba con la experiencia necesaria para desarrollar proyectos de mediana a gran envergadura.

Otro hecho, que es de alto peligro, es la instalación del parque térmico en la zona de Reguleto, ubicada a inmediaciones de La Ceiba, la cual está protegida por la Secretaría de Recursos Naturales o Miambiente ya que se sitúa en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Nombre de Dios y que se tiene como prohibición talar bosques, sin embargo, eso no ha importado a los responsables del proyecto ni a las autoridades de la estatal. Al ser una zona protegida, se debió consultar a las comunidades si estas estaban de acuerdo con la puesta en operación de la central eléctrica, por lo que se transgredió la norma 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Sin importar el impacto que generará la operación del complejo termoeléctrico, Miambiente dirigido por José Galdámez, determinó emitir la respectiva licencia en contra de la voluntad de las comunidades porque no se efectuaron las consultas previas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El megafraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) no terminó en el arresto y condena a largas temporadas de cárcel para Mario Zelaya, José Ramón Bertetti y una recua de sujetos, entre hombres y mujeres, que contribuyeron a saquear multimillonarios recursos de la entidad estatal para financiar la campaña nacionalista y «exportar» fuertes sumas de dinero a otros países para darse una vida que ni en el máximo sueño se los imaginaban.

Por el contrario, esta trama -en  la que hay mucha tela que cortar- se visibilizaron a unos corruptos, pero se ocultaron otros quienes crearon una suerte de araña (compleja red de favores y lavado de dinero) para pasar desapercibidos de cualquier ojo clínico y policiaco y no dejar huellas del monstruoso acto de corrupción; a la fecha no han sido perseguidos por las autoridades ya que están cobijados por influyentes personajes de la política y gozan de altas posiciones en la escala estatal.

Durante este relato, le diremos quiénes fueron operadores primarios y secundarios de movilizar dinero propiedad del IHSS y sus derechohabientes, los operadores secundarios y algunos políticos que contribuyeron a quebrar el sistema estatal de previsión social y que hoy por hoy son fuentes asiduas de consulta de los periodistas, pero que en el fondo de la conciencia saben que por sus prácticas gansteriles influyó en la muerte de unas dos mil 888 personas, según cifras independientes.

Asimismo, sabrá que hubo desde restaurantes de carretera hasta lujosos lugares donde disfrutaron de un exquisito corte de carne de exportación y vino para simular que era una reunión informal de amigos, pero que se transaban transferencias monetarias, hasta amenazas de muerte que al cierre de este relato no se han concretado pero podría ocurrir si ese pacto tácito se rompe y uno de los miembros de la cadena decide narrar cómo dilapidaron el dinero.

También hubo bufetes, cuyos abogados actuaron como consigliere (consejeros de mafiosos) y tenían funciones de mover mucho, pero mucho dinero para que no dejaran huellas en el camino y se crearon en toda esta trama una serie de intrigas, persecución, advertencias y muchas que este periódico y Radio Globo ha venido evidenciando desde 2015.

EL PADRINO DE LA CORRUPCIÓN. La trama del megafraude del IHSS es una copia casi al calco de El Padrino, al menos, eso lo sabe Óscar Guerra Ocampo, uno de los principales testigos, pues aseguró que el actual diputado nacionalista Reinaldo Ekónomo, le prometió protección a cambio de que no testificara de cómo se fragmentaron contratos de infraestructura y se trasladaba el dinero que era obligatoriamente aportado por los prestadores de servicios, ya que «tenía poder» para que no ocurriera nada.

Pero ese «poder» del que se jactaba Ekónomo incluso llevó a Guerra a buscar otro tipo de protección porque sentía que su vida corría peligro. Esa protección que le prometió el actual congresista a cambio de silencio nunca llegó y optó por colaborar con la ley porque entendía que cada palabra, comentario y revelación podría prolongar su vida. Las amenazas son más fuertes y pesadas y, en cierta medida, la justicia lo blindaría.

El congresista, muy afín al vicepresidente Ricardo Álvarez, fue la fuente de raudales de dinero -y desgracias- para el informante, porque a través de él conoció a Zelaya y el exgerente administrativo Ramón Bertetti y otro grupo de personas que fueron suboperadores del fraude, pudo tener acceso a contratos que terminó revelando cómo la red utilizaba muchas formas de mover recursos que, muy probablemente, no fueron ingresados al sistema financiero.

En cierta oportunidad, cuando el personaje principal de este relato venía de Puerto Cortés de realizar algunas gestiones, fue llamado por el mismo Ekónomo, exdirector del hospital regional del IHSS en San Pedro Sula, para que atendiera unos problemas que se estaban presentando en el establecimiento, por lo que acudió a la cita, a sabiendas de que el contrato y las coimas eran seguras….»en el transcurso de esa tarde seguimos haciendo y presupuestando el valor de la obra, en eso el señor Ekónomo se acercó y frotándose las manos me dijo ingeniero aquí nos vamos a defender. Al final del día siguiente, en la tarde, presenté una oferta por la reparación por un valor de siete millones 500 mil lempiras la cual fue recibida».

Al igual que el líder político sampedrano, el ex subsecretario de Salud Javier Pastor también quería su tajada (parte del soborno); aunque el contratista pidió algunas regulaciones luego de que se le indicara que podían darle seis millones, Ekónomo y Pastor llegaron a pedirle sin ambages una cuota entre 230 y 250 mil lempiras a cada uno porque le ayudaron a conseguir el favor. «Javier me manifestó: Mirá que yo te apoyé en ese proyecto para que te lo dieran. Ekónomo me dijo: Mire ingeniero yo fui el autor intelectual para que se realizara esta obra y tiene que recompensarme económicamente«

En efecto, los dos benefactores del empresario tuvieron su «merecido»: al legislador se le dio entre 230 y 239 mil lempiras, mientras que a Pastor se le transfirió 230 mil. Pero este exfuncionario de Salud en condición de «aliado estratégico» terminó recibiendo un poco más de 900 mil lempiras, la mayoría en efectivo, aunque eso tuvo varios problemas, entre ellos, que uno de sus colaboradores fue asaltado cuando transportaba el dinero paga pagarle a Pastor quien, en un acto de «humanidad» le dio varios días para que Guerra le terminara de honrar el compromiso.

Días después, llegó Zelaya a pedirle que cumpliera con su parte -que era de un diez por ciento- y tenía que pagarle a José Zelaya porque era quien autorizaba la orden de compra y a Bertetti porque autorizaba los pagos y si no accedía a los caprichos, el contrato no se ejecutaba. Así operaba la red corrupta jefeada por el mismo Mario Zelaya en sus tiempos de gloria como director del IHSS.

MEMBRESÍAS MAFIOSAS. También contó con lujo de detalles que todos los involucrados en el colosal saqueo pedían una coima a cambio de firmar documentos para la ejecución de obras y prestación de bienes y servicios; para ello, narró, el primer requisito para ser proveedor del IHSS era ser un miembro «obligatorio» del Partido Nacional. Los contratos «eran fraccionados en proyectos mayores que en ese momento se estableció en la Ley de contratación del Estado…mediante un hecho falso se le hizo ver a la directiva que había una condición de emergencia…cada proyecto que se me diera tenía que dar un diez por ciento de comisión a Mario Zelaya y dijimos que esta es la costumbre y hay que darlo…en una reunión donde se me presentó a Mario Zelaya y Ramón Bertetti quienes me invitaron a un refresco y (un personaje de nombre Luis Joya, un testaferro del exdirector del IHSS) me manifestó que para darme proyectos tenía que dar una coima que acepté y posteriormente el señor Joya, ya sin estar los dos presentes, me dijo lo que él quería como parte de esto».

Comentó que tuvo que pagar junto a otras empresas que prestaron alguna función alrededor del 21 por ciento a los exfuncionarios del IHSS, los cuales algunas veces se realizó en un restaurante propiedad del diputado azul Alberto Chedrani -quien desconocía qué tratos se hacían en su local- y otras fue dentro de un lujoso vehículo que utilizaba el exdirector Zelaya, donde apenas habían un par de saludos, entregas de sobres con el dinero prometido por merusas pactadas en los contratos y despedidas caballerosas.

El papel de Joya en este entramado de relaciones era de recibir el dinero que se le debía entregar al médico, según el relato «Zelaya me había dicho que el ingeniero Joya era de confianza ya que eran primos hermanos y que no había duda en cuanto al manejo de sus fondos». Este colaborador íntimo recibió en total 357 mil lempiras, mientras que su jefe se le dio unos 400 mil lempiras, de los que 200 mil se pagaron mediante cheques a nombre de Jorge Faraj Frech, otro testaferro; luego le dio a este sujeto alrededor de 49 mil en el restaurante de Chedrani mientras degustaban de los más finos cortes de carne que elaboraban los cocineros.

Nadie se imaginaría que el restaurante Granja Delia, el lugar ideal situado en Siguatepeque donde paran quienes van a San Pedro Sula o Tegucigalpa, también se convirtió en otro centro de operaciones de los mafiosos del IHSS. A ese lugar llegaba el exadministrador Ramón Bertetti en un modesto carro para pasar desapercibido y en otra oportunidad dejó sorprendidos a propios y extraños al llegar en un potente vehículo, se sentó a la mesa con su interlocutor, intercambiaron saludos y sobre y desaparecían en cuestión de minutos.

«En la primera ocasión recuerdo que llegó el señor Bertetti en un carro modesto plateado. Él bajó del carro, fue al mío, nos saludamos y le entregué el efectivo correspondiente, lo mismo para el segundo pago en el mismo lugar, pero ya en esta ocasión Bertetti llegó en un vehículo más impresionante creo que era una RAM o algo así», explicó el testigo.

En el caso del prófugo exjefe de compras José Zelaya, se vieron en un par de ocasiones en el hotel Princess de San Pedro Sula. Programaban las citas para transferir el dinero en ambientes refinados, al calor de las copas de vino y un par de saludos para hacerse ver ante la concurrencia que eran buenos amigos. Desde luego, era el pago de los sobornos referentes a los contratos 003 y 005 sobre obras de infraestructura.

CORRUPTOS EXPUESTOS Y OCULTOS. En ese ínterin, los contratos y el dinero iban creciendo como la espuma…en la medida que se iban adjudicando los contratos 006, 007, 008, 009…y muchos más, era proporcional la cantidad de coimas que se debían pasar a Zelaya, Bertetti, el otro Zelaya, Pastor y Joya. La riquísima información que obra en manos de este periódico explica de forma clara que:

1. Mario Zelaya se quedó con 12 millones.

2. Ramón Bertetti se embolsó tres millones.

3. José Zelaya obtuvo por comisiones alrededor de 2.8 millones.

4.  Reinaldo Ekónomo se agenció entre 1.7 y 1.8 millones

5. Javier Pastor recibió por sobornos un poco más de 1.4 millones.

Resulta interesante que Ekónomo -sindicado por el testigo en la trama corrupta- no ha sido citado a rendir declaración para que confirme o desmienta las confesiones hechas por Guerra durante el juicio contra varias empresas constructoras que se vieron «obligadas» a sobornar a diestra y siniestra en obras que resultaron un fiasco y una monumental estafa al bolsillo de los derechohabientes.

Para que los acusados tuvieran una suerte de vida de capo las empresas tuvieron que realizar sobrevaloraciones a los costos de las obras, a sabiendas que la Ley de contratación del Estado y los ejemplos sobran. En el contrato 003 hubo una sobrevaloración de hasta 21 por ciento; en un convenio para la creación de sistemas contraincendios se inflaron los costos hasta un 27 por ciento.

En el contrato 038 se generó una alteración en el valor de la obra en 34 por ciento. En promedio, se registraron sobrevaloraciones (léase beneficios para los exdirectivos) de un 26 por ciento. Se generó un 14 por ciento en contratos bajo la categoría de tercerización de servicios y 39 por ciento en los contratos directos. En consecuencia, Ekónomo fue un gran ganador.

PITUFEO. En el megafraude también se generó un pitufeo a gran escala porque se entregaron cheques a empleados de las empresas relacionadas con construcción de obras y éstos los cambiaban en el sistema financiero y posteriormente eran dirigidos a la alta dirección del IHSS. Joya fue el principal receptos del dinero que era enviado para Zelaya, también se elaboraban órdenes de pago vía cheque a Carlos Núñez Baide, Bayron Menjívar, Gustavo Adolfo Linares, Jesús Cerna.

Y es que resulta que la movilización de capitales a través de estas personas no era producto de la improvisación, la cúpula del Instituto enviaba una lista detallada de nombres, direcciones, cantidades de dinero y en qué condiciones debían ser entregadas, por lo que el trasiego de recursos fue muy disimulado. En total, se giraron alrededor de 225 cheques para un total superior a los 35 millones de lempiras, cuyas conciliaciones bancarias fueron aportadas como evidencia sólida e irrefutable para que Zelaya y sus compinches permanezcan por largo periodo en el presidio. «Sólo en una ocasión entregué 36 cheques a nombre de personas señaladas por Mario Zelaya», relató el testigo. Desde luego, el costo de las sobrevaloraciones se tradujo en obras deficientes y cuyas secuelas se irán revelando en la medidas que las mismas comiencen a destruirse por sí solas.

Por ello, las constructoras tiraron al coste cada proyecto porque tenían claro de que debían entregar el dinero a sus benefactores. Cuando los contadores preguntaban a los socios sobre la anomalía, estos decían que era para mantener «contentos» a los funcionarios corruptos y de no ser así, las obras no se realizaban.

ATACAR AL HIJO DE PUTAClaro está que las confesiones, relatos, evidencias, testimonios, dichos, rumores en torno a cómo fue saqueado el Instituto también ha conllevado amenazas. Al menos, el testigo lo sabe de primera mano. Por eso se vio obligado buscar un mecanismo de protección porque sabía mucho de cómo Zelaya y sus secuaces recibieron dinero a manos llenas a costa del dinero público.

Uno de estos días, uno de los acusados utilizó el nombre de un vecino de la colonia donde vive el informante, ingresó aprovechando la poca inteligencia de los guardias asignados al portón de acceso y encontró a su «rival» para increparlo… «me abordó de una manera confrontativa y me dijo que la gente esperaba que me mantuviera callado y que no dijera nada de los hechos».

Pero también hubo otros acercamientos, algo pacíficos, para buscar salidas trucadas a fin de evadir los procesos legales que inició desde 2014 el Ministerio Público y la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF). Uno de ellos fue con un allegado de un empresario constructor, quien pidió al testigo que los ayudara a «ver de qué manera se podía ocultarlos». En esa ocasión, Joya fue un «colaborador eficaz» para salir del embrollo.  En otra ocasión, Ekónomo llegó junto a otra persona a un lujoso hotel donde, casualmente estaba descansando Guerra, cuando fue advertido sobre semejante presencia y se las ingenió para salir.

Este hombre llegó a enterarse incluso de que Mario Zelaya lo estaba tratando de hijo de puta le estaba volando verga pero Joya le pidió que «no se preocupara» porque ese tipo de comentarios provenían de un hombre que estaba siendo señalado por la justicia por haberse apropiado de fuertes sumas de dinero y por ello «está jodido».

Ekónomo, quien le había bajado el sol, la luna y las estrellas, le prometió que no le pasaría nada porque «tiene poder»…tal poder jamás llegó y ahora ambos están distanciados. El diputado anda para arriba y abajo buscando cómo lograr la unidad del nacionalismo y el empresario se las ve a palos porque en sus 40 años de ser un respetado profesional de la ingeniería, hoy da intensas explicaciones de cómo fue que se drenó el dinero del IHSS.

Desde luego, el megafraude del Instituto tiene tantas aristas y cabezas que se le podría decir que es el Leviatán de la corrupción en Honduras.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El actual depurador de la Policía Nacional de Honduras y dirigente de la sociedad civil, Omar Rivera, tuvo que restituir más de diez mil lempiras para quedar exonerado de cargos de responsabilidad civil por no haber liquidado fondos que recibió para viajar a un evento realizado en marzo de 2016 a Colombia y a una gira efectuada a Yoro.

Este periódico interceptó varios oficios girados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con fecha 30 de junio de 2017, en la cual se constata que Rivera, exempleado del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) tenía un «saldo pendiente» de 10 mil 252 lempiras exactos, que fueron descubiertos en una investigación especial que realizó el ente contralor entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015, por lo que se efectuaron los reparos que ya ordena la ley.

En el oficio 17-2017-DASII-DACD girado al tesorero del TSC Raúl Emilio Alfaro Martínez, establece que el dirigente oenegeísta «está anuente a efectuar el pago previo a la emisión del informe, razón por la cual solicito recibir el valor antes mencionado por el señor Omar Edgardo Rivera, quien deberá remitir al sector de infraestructura e inversiones la fotocopia del recibo extendida por la tesorería del TSC».

De hecho, el exempleado del FHIS restituyó el 30 de junio de ese año el monto por el que fue sujeto de reparo civil y por el que recibió una constancia de solvencia de compromisos con el organismo estatal, siendo liberado de cualquier responsabilidad que emitieran los auditores.

Aunque Rivera honró la suma a favor del organismo, jamás fue requerido por la justicia ni deslizó sus zapatos por los juzgados especiales anticorrupción, mucho menos, se publicó el reparo, cosa contraria que vivieron los exmiembros del desaparecido Consejo de la Judicatura quienes fueron enviados a prisión por supuesto manejo irregular de fondos.

Los exconcejales Jorge Rivera Avilés, Celino Aguilera, Julio Barahona, Lilian Maldonado, Francisco Quiroz y Teodoro Bonilla fueron procesados y encarcelados en una unidad militar por órdenes de la jueza Vera Barahona.

Los acusados dijeron que el proceso debió ser administrativo y no penal, ya que el TSC tuvo que emitirles los pliegos de responsabilidad por no haber efectuado la liquidación de víaticos y otros gastos que incurrieron mientras permanecieron en sus puestos.

El presidente del Tribunal, Jose Juan Pineda, aclaró que el proceso contra los exconcejales y cualquier funcionario tuvo que apegarse al debido proceso, es decir, que el TSC debió culminar la auditoría y hacer la petición que a los implicados se les debería perseguir penalmente.

En caso de indicios racionales, detalló, “la ley manda que en los actos administrativos donde interviene un funcionario se tiene que agotar la vía correspondiente y se esclarece el desempeño que tuvo la persona mientras estuvo en el cargo”.

Apuntó que si los ex altos servidores incurrieron en responsabilidad civil, los expedientes son referidos a la Procuraduría General de la República (PGR) y en caso de delitos, la documentación es enviada a la fiscalía para que procedan a entablar la acusación por enriquecimiento ilícito o irregularidad que haya afectado al Estado hondureño.