Tuesday, Sep 17, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Quinta parte) La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), de la mano de Carlos Hernández, se convirtió en un cártel de la sociedad civil que terminó legitimando y avalando las acciones de los tres gobiernos nacionalistas presididos por Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.

Para ello accedió a información oficial clave a fin torcer el brazo al Ejecutivo, en una suerte de extorsión, a cambio de cuotas de poder en comisiones interventoras en las secretarías de Salud, Seguridad, Educación y otras que están en la mira de la oenegé que se ha vuelto una de las más poderosas y temidas en Honduras.

Antes de 2013, esa entidad apenas se encargaba de proteger por los derechos de los vigilantes, los cuales eran violentados por ilegales empresas de seguridad y con la llegada de Hernández comenzaron a escalar a posiciones de privilegio, mediante el chantaje de guante blanco por lo que se encargaron de idear una estrategia que les facilitara doblegar voluntades en las oficinas estatales, hicieran zancadillas a personajes del poder que eran intocables hasta volverse todólogos.

No obstante, esa codicia desmedida los llevó a encubrir actos de corrupción, en especial, en el sistema sanitario y las intervenciones -anunciadas con bombos y platillos- se terminaron convirtiendo en un monumental fracaso. La falta de medicamentos en los hospitales es una arista del desastre de cada incursión promocionada desde ASJ y patrocinada por el gobierno.

INCAPACIDAD. De hecho, la organización es la principal responsable del descalabro en el sistema sanitario y de propiciar una incuantificable cantidad de actos de corrupción en Salud ya que fueron incapaces de implementar o aplicar mecanismos y controles para la buena administración en la recepción, almacenamiento y distribución de las licitaciones y compras directas de fármacos.

La trama inició en 2012 cuando se envió una nota firmada por el asesor de ASJ, Douglas Molina, a la unidad de transparencia de Salud para pedir información sobre las condiciones del Almacén Central de Medicamentos y las bodegas ubicados en los hospitales San Felipe, Centro de Salud Las Crucitas y el Hospital Regional de Atlántida, la cual fue negada y Hernández, aprovechando la Ley de transparencia, presentó un recurso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para exigir el derecho de ingresar a los establecimientos a «analizar».

Sin embargo, días después, la exsecretaria Roxana Araujo autorizó mediante oficio 2236-10-2012 la entrada a las instalaciones, alegando que la organización efectuaría tal inspección a fin de generar propuestas «para contribuir a mejorar los procesos relacionados con el manejo de medicamentos en la Secretaría de Salud».

El proceso de veeduría, propuestas y denuncias fue una fachada para ASJ, pues su propósito era otro: acceder a información restringida, única y exclusivamente manejada por personal sanitario; se detallaron hallazgos sobre irregularidades en la red, fallos en inventarios, incumplimiento de normas para distribución de medicinas, incapacidad administrativa para la resolución de conflictos, desórdenes, entre otras falencias que fueron puestas a luz, pero se diluyeron con el paso de los años. Las denuncias pasaron a la historia.

ESTAFA AL ESTADO. Se exigió la sustitución de un programa informático llamado Bit Menu por Farmatools para, según los proponentes, mantener controles adecuados y transparente de los inventarios. Ante la presión de los oenegeístas, respaldados por la exrectora de la UNAH e interventora Julieta Castellanos, la exsecretaria Araujo accedió a las exigencias y se mandó al olvido Bit Menu y fue aprobada la instalación de Farmatools ya que fue vendido como la “solución definitiva” a las adquisiciones de medicina; fue instalado en el Hospital Escuela Universitario (HEU), pero resultó ser obsoleto e ineficiente para los fines que fue adquirido.

Hernández, quien ha sabido sacar provecho de esta trama, tiene oculta demasiada información que podría poner contra las cuerdas del Ejecutivo nacionalista, pero se mantiene en reserva como arma de presión para no perder los privilegios que le han conferido con el paso de los años. La conspiración sirvió a la ASJ para acceder de forma «violenta» a los círculos de poder.

Por tanto, en esta investigación que realizó este periódico se deja en evidencia que la ASJ ha estado incurriendo en conflicto de intereses y hasta tráfico de influencias ya que hasta la fecha han sabido torcer el brazo al gobierno y los privilegios están a la vista: saben de salud, educación, seguridad, defensa, actos de corrupción, impunidad y muchas otras donde la sociedad civil ha permanecido ninguneada.

El hecho de ocultar información, que se ha planteado en estas cinco entregas, coloca a Hernández como el cabecilla y el patrocinador de acciones que mantienen en una profunda crisis a segmentos controlados por el Estado de Honduras. Es más, este caos organizado ha podido conformar el surgimiento de un nuevo grupo económico que controla la oferta y demanda de medicamentos, sin que bancos como Occidente puedan hacer algo para que el multimillonario fideicomiso pueda ser respetado en su totalidad.

PAGOS INÚTILES A LA ONU. Asimismo, la ASJ ha callado irregularidades e ineptitudes como las cometidas por el Programa de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, en inglés), ya que se comprometió a respaldar la gestión de compra y distribución de fármacos, ya que no se cumplió a cabalidad y por el que se pagó un millón 413 mil 840 dólares (34 millones  036 mil 501 lempiras con 39 centavos). A la fecha no hay resultados concretos sobre el tema.

Un informe de ASJ establece que las controversias -surgidas entre la Secretaría de Salud y UNOPS-, no existen mecanismos que puedan hacer cumplir el acuerdo que fue firmado para buscar transparencia, pero que no fueron cumplidas al ciento por ciento. En otras palabras, el gobierno regaló una fuerte suma de dinero al organismo especializado de la ONU cuyos resultados no se concretaron.

Sin embargo, los informes -mantenidos en bajo perfil- elaborados por la organización, no han sido del agrado de la autoridad sanitaria y asegura que los más de 34 millones de lempiras que fueron pagados están «justificados», sin importar que los beneficios del desorden han sido para las droguerías, muchas de ellas, vinculadas al poder político. Por lo tanto, las irregularidades han sido calladas adrede por la oenegé y hasta el momento no ha formulado denuncias.

Por ejemplo, se ha silenciado las compras que realizaron las droguerías Hasther y Americana, quienes han resultado favorecidas en las adquisiciones del fideicomiso administrado por banco de Occidente, a pesar que se les ejecutaron las garantías de los contratos y tuvieron que pagar fuertes multas por entregas tardías. A ninguna de las droguerías se les prohibió de seguir participando en las licitaciones.

Ni UNOPS, ni la Secretaría de Salud, ni el banco responsable del fideicomiso entablaron medidas administrativas contra ambas casas farmacéuticas.

DINERO BOTADO. Sobre las irregularidades que silenció la ASJ están el rechazo de medicamentos entregados por la empresa Servimédica, como un lote de dicloxacilina, autorizada por el fideicomiso, entregada el 3 de diciembre de 2013, de acuerdo al oficio 36-BR-ACM, pero cuatro meses más tarde fue «rechazado» por el laboratorio del Colegio Químico Farmacéutico. Resulta que el lote fue guardado de manera irregular en el Almacén Central de Medicamentos por más de 10 meses, por lo que se incumplió cualquier proceso.

Tiempo despúes, la dicloxacilina fue analizada y volvió a ser objetada por el laboratorio oficial. A pesar del ilícito, se pagó una fuerte suma de dinero, según el oficio 0887-2015-ACM, librado el 22 de octubre de 2015, o sea, 22 meses despúes de la entrega y revisión del componente activo que resultó nefasto para la salud de las personas. En consecuencia, los 24 mil 982 frascos del compuesto químico fueron destruidos en el crematorio municipal, de acuerdo a un informe girado por la regente de recepción, Norma Ponce, a la jefa del almacén central, Miriam Lobo, al justificar que se había vencido en octubre de ese año, por lo que se reportó una pérdida monetaria en detrimento de los intereses de la sociedad.

«Se llevó a cabo la destrucción…del lote M-112 con fecha de vencimiento octubre de 2015, proceso realizado en virtud del análisis practicado a dicho producto que no cumplió con la prueba de agua reportando valores por encima de lo especificado en la USP36/2013 informado por el Colegio Químico Farmacéutico. Como testigos, se contó con la presencia de la doctora Gabriela Gómez y el doctor Jerson García, representantes de droguería Servimédica…», detalla el documento que está en poder de este periódico.

Conocedores del tema explicaron a ConfidencialHN que el lote debió ser repuesto por la droguería para compensar el incidente ocurrido. Eso jamás ocurrió. Ni el banco, ni Salud, ni ASJ se pronunciaron. Hasta el momento, nadie da respuestas del porqué se permitió que tal medicina pasara los controles que ya habían sido impuestos por las autoridades.

Los informes de ASJ siguen a la fecha como secreto de Estado, Carlos Hernández ha optado por callarse y seguir disfrutando de las canonjías del poder.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Cuarta parte) El Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) estableció en una investigación que alrededor de 18 mil millones de lempiras se encuentran distribuidos en unos 67 fideicomisos, los cuales permanecen en absoluto secreto.

Entre los fideicomisos que permanecen en el absoluto silencio es el suscrito entre la Secretaría de Salud y el Banco de Occidente, por un monto de tres mil 500 millones de lempiras, cuyas irregularidades han sido calladas de forma dolosa por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presidida por Carlos Hernández.

Un análisis hecho en el marco del convenio suscrito entre ambos organismos surgen falencias relacionadas con el contrato del fideicomiso, entre ellas, que no hay claridad en los aspectos relacionados con la compraventa y reposición de fármacos, asimismo, los proveedores pueden hacer interpretaciones a su favor, por lo que se benefician de las lagunas que plantea el convenio.

De hecho, entre los hallazgos efectuados por ConfidencialHN están los débiles mecanismos de pago a los proveedores, en la cual no existen exigencias en la presentación de un acta de recepción definitiva y evidencia que ya se le pagó a las distribuidoras en caso de que se descubran faltantes en los fármacos requeridos para atender a la población.

Aunque la oenegé presidida por Hernández se ha venido jactando de sus incursiones en el sistema sanitario y los «resultados» que han obtenido, se demuestra que han sido pocos porque, a través de los fideicomisos, inició un silencioso proceso de privatización de la red hospitalaria; de hecho, una de sus interventoras, Amanda Madrid, se ha visto beneficiada con la cesión de clínicas y hospitales públicos de Olancho a la fundación Predisan.

El silencio de la ASJ llegó al paroxismo de la complicidad, pues no ha denunciado las graves fallas del método «transparente» de la compra y distribución de medicinas e insumos, entre ellas,  que no se cumple con el deber de custodiar los documentos de todas las compras por un plazo igual o mayor a 10 años, según lo estipulado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el objeto de que estén disponibles a procesos de auditoría.

Asimismo, no hay regulaciones mínimas para la selección y asignación de personas naturales en el Comité de Evaluación y en el Comité Técnico administrador de los fondos, sobre temas de inhabilidades y conflictos de intereses, pues se pretende reducir a la mínima expresión cualquier caso de corrupción durante la evaluación de las ofertas; tampoco hay mecanismos para la analizar y determinar criterios para calificar a los oferentes.

Otro de los hallazgos efectuados por este periódico está que no se establece cuáles son los métodos para evaluar ofertas ni criterios y Salud o el Comité Técnico no cuenta con un reglamento interno para manejar el fideicomiso. Tampoco hay expedientes unificados de todos los procesos que se han efectuado para efectos de transparencia y de auditoría interna y externa. Respecto a la emergencia declarada en salud decretada, la Secretaría de Salud debió notificar y remitir todos los contratos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sin embargo, no cumplió con la orden.

En consecuencia, la ASJ sabe de muchas irregularidades que se han presentado en los procesos de compras amparados al trasluz del fideicomiso y jamás protestaron; tampoco han pedido auditorías que puedan dar seguimiento a los pagos que se efectuaron a las empresas que proporcionaron insumos. En la declaración de los estados de emergencia decretados al sistema sanitario, se generaron en el marco del instrumento jurídico para que se efectuaran compras directas y que jamás se pudieron justificar.

También calló las irregularidades que incurrió la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, en inglés) porque jamás capacitó al personal en compras y contratación de bienes y servicios, por lo que evidencia que no hay un encargado de dar seguimiento efectivo y oportuno a las obligaciones de este órgano. Se deja claro que no se puede garantizar que se están cumpliendo los objetivos del convenio de asistencia con la entidad internacional, a pesar de que se esté pagando un alto costo monetario.

UNOPS, dice el informe de ASJ, no hizo casi nada por modernizar y eficientar los procesos ya que incurrió en fallas garrafales al no acompañar los procesos por los cuales se les pagó más de 34 millones de dólares. Al cierre de esta investigación, no hay informes de la Secretaría de Salud sobre rendición de cuentas en el multimillonario pago que se le efectuó al organismo especializado de la ONU.

«No se llevó un registro de proveedores que incumplieron con sus obligaciones contractuales en reiteradas ocasiones para aplicarles sanciones e inhabilidades. Esto ocasionó que se siguieran adjudicando contratos a empresas que ya habían incumplido en anteriores procesos de compra. Por ejemplo, se pudo evidenciar que las empresas Hasther y Americana mostraron incumplimientos contractuales en tres años consecutivos», señala uno de los apartados del informe que publicó ASJ, pero curiosamente silenció cualquier denuncia.

Una investigación de este periódico confirma que esta organización tuvo una activa participación durante 2013 en varias intervenciones en la Secretaría de Salud, precisamente, en el Almacén Central de Medicamentos para recolectar la información afín a sus intereses y se dedicaron a “monitorear” a los funcionarios para denunciarlos en el momento que incurrieran en irregularidades, pero esa función mermó desde que Hernández y Omar Rivera fueron incluidos por el presidente Juan Orlando Hernández en la junta interventora policial, educativa y sanitaria.

ConfidencialHN encontró un documento presentado el 30 de julio de 2015 por la ASJ, el cual fue calificado de “novedoso”, denominado Sistematización de las compras y contrataciones realizadas en el marco del fideicomiso de administración para la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico, insecticidas e insumos suscrito en 2014 por la Secretaría de Salud y Banco de Occidente que quedó muy corto a pesar de que fue aprobado por el presidente Juan Orlando Hernández y que erradicaría para siempre cualquier denuncia de corrupción en Salud.

Las conclusiones -ninguneadas por Hernández- resaltan «una baja evaluación que se deriva bien de la falta de obediencia a las normas o de la falta de documentación de respaldo que dé transparencia y confiabilidad a los procesos y mecanismos, especialmente en el eje de Compras y Contrataciones, donde obtiene una puntuación de 37%, seguido por el eje de Gestión de RR. HH. con un 57% de cumplimiento».

La Asociación para una Sociedad más Justicia concluyó que tanto el banco fiduciario y la oficina de la ONU de que «particularmente en el tema de transparencia, la gestión realizada por UNOPS y el banco fiduciario ante la cual pareciera que hay una percepción de mejoramiento en la gestión operativa. Sin embargo, el estudio identificó que no es así. Es importante aclarar que ambas instituciones (UNOPS y el Fiduciario) contaban con una justificación legal para no facilitar información a ASJ y a terceros (acceso a la información pública y transparencia); no obstante, el banco fiduciario accedió a brindarla como un acto de colaboración y de apertura para la mejora del sistema y con el ánimo de contribuir a la transparencia. Esto no sucedió con la UNOPS, lo cual contradice los valores que como institución desea promover a lo interno y exige a los países».

Resulta hasta insólito que ASJ, en el informe confidencial de 2015, admite que la “implementación del actual mecanismo, no representa una solución inmediata ni global al marco general de las compras en materia de Salud, sino más bien paliativa”.

La ASJ indicó que si bien la centralización de las compras provocará ineficiencia, pero la descentralización es la alternativa “más viable”, aunque la “corrupción esté de por medio”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Tercera parte) La complicidad de la Carlos Hernández y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en la corrupción estructural de la Secretaría de Salud dejan al desnudo el doble discurso de este organismo que fue concebido hace casi dos décadas para defender a las clases desposeídas de Honduras y se reafirma la postura gobiernista que ha tomado de la mano del presidente Juan Orlando Hernández.

En esta tercera entrega se explicará cómo el oenegeísta y otros cuadros clave como la exrectora de la UNAH Julieta Castellanos callaron muchos actos corruptos en el sistema sanitario, en el peor de los casos, se justificó y hasta se celebró que el flagelo les abriera las puertas para que las cámaras de televisión, grabadoras y blogs les dedicaran horas a cuestionar un sistema que lo han venido encubriendo con el silencio cómplice de otras oenegés y actores críticos de la sociedad civil.

Durante los últimos seis años, decidieron guardarse muchos secretos, a sabiendas de que muchos de los que resultaron implicados fueron jueces y partes del descalabro en el sistema sanitario, en particular, el área relacionada a la compra, almacenamiento y distribución de fármacos, cuyas anomalías conllevaron a las autoridades a incurrir en fideicomisos con la banca privada que, al final, termina siendo más costoso a la sociedad porque se le debe pagar un dinero caro por cada lempira que destinaron a la adquisición de insumos.

El encubrimiento de la corrupción ocurrió a partir de la gestión de Roxana Araujo como secretaria de Salud, pues callaron durante estos años el nombramiento de personas que se encuentran requeridas por la justicia, como el caso de Mirta Gilma Escobar, quien fue la coordinadora de bodega del almacén nacional de medicamentos y fungió como jefa de la comisión interventora de la Secretaría y con el paso de los años resultó ser imputada en la presunta adulteración de medicamentos.

De hecho, Escobar y Hernández, denunciaron a varias personas de mafiosas, corruptas y sicarias, cuyos dichos implicaron que fueran denunciados por la exfuncionaria Maritza Ramírez en los tribunales por difamación y calumnias, aunque salieron bien librados; sin embargo, sobre la exjefa interventora ya pesaban varias acusaciones por violación a los deberes de los funcionarios ya que fue ligada al caso contra Astropharma, cuyos señalamientos deben ser dirimidos en los tribunales. Al cierre de esta investigación, el director de la ASJ permanece en silencio.

Este periódico pudo confirmar que Miriam Lobo fue designada por Casa Presidencial como el enlace entre Salud y Finanzas para el manejo de Farmatools, pues tenía conocimiento del programa. No obstante, la funcionaria también fue imputada en supuestas irregularidades en la recepción, almacenaje y entrega de medicamentos. A pesar de estos señalamientos, ASJ se hizo de la vista gorda y no denunció la escalada corrupta en el sistema de salud, excepto las que fueran convenientes a sus intereses, no emitió informes o sus portavoces más calificados salieron a hacer parafernalia para que les creyeran sus acusaciones.

La exinterventora Escobar avaló que se instalara el fallido programa informático Farmatools que después fue sustituido, de manera oscura e inconsulta, por el sistema VSSM Software sin importar que esto provocó una fuerte pérdida de recursos para el Estado porque se pretendía mantener un control efectivo y en tiempo real de cada fármaco que era enviado a cada hospital o centro de salud de Honduras.

En la gestión de la exsecretaria Araujo, fue aprobada la instalación de Farmatools ya que fue vendido como la “solución definitiva” a las compras de medicina, incluso, fue instalado en el Hospital Escuela Universitario (HEU), pero resultó ser obsoleto e ineficiente para los fines que fue adquirido.

En principio, se prensó que Farmatools sería el sistema neurálgico que emanaría disposiciones en torno a las existencias o carencias de medicinas en los almacenes centrales, emitiría alertas en caso de necesidades de equipos e insumos y ayudaría a planificar las compras para tener un mejor control en el gasto. No obstante, a la fecha, Salud no cuenta con un registro histórico fehaciente que describa las necesidades satisfechas en años anteriores, ni las presentes, mucho menos las proyecciones futuras.

Todos los interesados coincidieron que Farmatools «es una herramienta de gestión integral para la Farmacia Hospitalaria que facilita la gestión de las necesidades de la farmacia, ayuda en la toma de decisiones y mejora la seguridad en el uso de los medicamentos. Provee de herramientas clínicas de alto nivel para controlar el uso del medicamento y facilitar la gestión de almacenes, prescripciones, fabricaciones de mezclas, citostáticos y el resto de los circuitos de farmacia».

Todos los actores del proceso comprendieron que habrían beneficios con la automatización del sistema de administración de fármacos ya que reduciría los problemas relacionados con los costes de los medicamentos, mejora el sistema de la gestión de compras. Asimismo, optimiza la gestión de almacenes y reduce los trámites administrativos, optimiza las compras generando ahorros hasta un 10 por ciento y reduce a cero las pérdidas por caducidad o vencimiento del medicamento.

Un informe de cartera presentado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por la Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública, emitida el 31 de mayo de 2016, explica que se suscribió el 30 de septiembre de 2013 un desembolso de cinco mil 642 dólares con 85 centavos (131 mil 243 lempiras con 33 centavos) en el convenio denominado Programa de equipamiento general del sector salud para la compra, instalación y mantenimiento de Farmatools y establece que la Secretaría de Salud cuenta con unas 19 actas de capacitación de personal para usar el paquete informático. 

De acuerdo al proyecto de desembolso de fondos BCIE-1849-A/BCIE-1849-B, siempre elaborado por la unidad de Crédito Público “a la fecha el BCIE desembolsó 82 mil 59o dólares, último monto de la donación y por consiguiente se ha desembolsado el monto total del crédito. La Sesal (Secretaría de Salud) remitió solicitud de incorporación en fuente 22 (donación) para regularizar el monto desembolsado, ya fue procesada y aprobada en Sefin (Secretaría de Finanzas). Al mismo tiempo la Sesal solicitó a Sefin autorizar traslado presupuestaria entre proyectos, por el monto de 135 mil 018 lempiras con 65 centavos, del presupuesto vigente que se cargará a la estructura del BCIE-1849-B; proceso que fue autorizado a lo interno de Sefin, por lo que la Unidad Ejecutora deberá realizar la regularización de los montos desembolsados».

En tanto, el documento denominado BCIE-1849-B indica que «el avance físico a la fecha comprende la entrega de todos los equipos, 299 equipos han sido instalados y se ha capacitado en el uso del equipo a 275 técnicos, el equipo de Farmatools se instaló el 100% de los equipos y software, el sistema está operando y capacitando nuevamente a los usuarios. A la fecha el proyecto ha desembolsado el monto total del crédito. BCIE otorgó ampliación de plazo para último desembolso hasta el 15 de agosto de 2013. A la fecha se ha desembolsado el 100% de los recursos del crédito».

Entre las observaciones elaboradas por la dependencia adscrita a la Secretaría de Finanzas señala que en hasta antes del 16 de julio de 2016 «se realizó el primer desembolso como pago directo a la empresa encargada del equipamiento, se esperaba completar dichos pagos en 4 meses. Sin embargo, debido a reclamos de parte de la Sesal hacia el servicio entregado por la empresa contratista del programa, la primera ha decidido suspender los pagos y actividades hasta que se realice un dictamen de la
situación con el contratista del proyecto».

«Asimismo -dice la observación- debido a cambios en la estructura de personal de la Sesal, actualmente no hay unidad ejecutora, por lo cual no se pudo regularizar el anticipo en 2014. Las autoridades de la Sefin  deberán tomar acciones para que la Sesal logre regularizar en Siafi lo más pronto posible».

Farmatools fue instalado en la red hospitalaria -de acuerdo a los logros gestionados por la Subsecretaría de Inversión Pública-, entre ellas, el Hospital Escuela Universitario (controlado por la UNAH), San Felipe, Instituto Nacional Cardiopulmonar, Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez  y en el Almacén Central de Medicamentos. De pronto, fue cambiado por el Software de Manejo de Inventario de Vacunas e Insumos (VSSM, en inglés), el cual es auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sin importar que el BCIE había financiado la puesta en operación del otro programa de origen español.

Sobre el tema, la entidad dependiente de la OEA y del sistema de Naciones Unidas, capacitó en junio anterior a través de su unidad técnica y financiera a un grupo de personas para la gestión de inventarios e insumos de los almacenes,  por lo que se da por hecho que Farmatools fue enviada al olvido.

Resulta interesante que la ASJ fue «veedora» del proceso de adquisición de Farmatools y se congratuló porque fue colocado en la red asistencial, que vendría a transparentar cómo se movilizaba cada medicamento hasta llegar a las manos del paciente. No hubo reclamos de Hernández ni de ningún otro miembro de sociedad civil por la migración misteriosa y repentina a VSSM; tampoco reaccionó Castellanos, reconocida por sus cruentas críticas a aquello que atente contra sus intereses y por ningunear señalamientos que la perjudiquen. Supo que Farmatools no funcionó y se ha mantenido en total silencio.

Esta investigación coincide con la llegada de Castellanos con la junta interventora de salud, aunque se da por descartado que se emita un informe con relación al despilfarro de dinero proporcionado por el BCIE para la contratación del paquete informático, pues tras ella está Carlos Hernández, ASJ y Transformemos Honduras, quienes en su momento fueron hasta garantes y proveedores del proceso.

A la fecha, ningún directivo o quienes dirigieron el Hospital Escuela Universitario se han pronunciado por el destino que sufrió el programa que debió operar en el centro asistencial.