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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta y el miembro de la Sala Penal, José Olivio Rodríguez, juraron ante la Constitución que harían cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Fallaron.

También se compometieron en reducir la mora judicial, adecentar el organismo jurisdiccional y alcanzar un verdadero Estado de derecho. También fallaron.

Y es que han perdido el don de mando y el control dentro de las instancias que dirigen, ya que ha surgido un grupo denominado Las mejores amigas, quienes tienen más poder que los mismos magistrados ya que por su belleza corporal ha neutralizado el raciocinio.

ConfidencialHN revela en esta entrega cómo la codicia por el poder, abuso de autoridad y linchamiento contra los críticos pone al descubierto la podredumbre que se vive en la Corte Suprema de Justicia, en la cual deberían existir funcionarios probos, de elevada catadura moral e incuestionables por sus acciones que no están apegadas a las normas.

Las mejores amigas son el poder detrás del trono en el Palacio de Justicia, tienen a su disposición guardaespaldas, vehículos lujosos aportados con los impuestos de los hondureños y hasta viajes al exterior aunque sus funciones han sido meramente administrativas.

Este periódico descubrió que las camionetas asignadas por el presidente Juan Orlando Hernández para uso exclusivo de magistrados y funcionarios judiciales para asuntos de trabajo, son utilizados por las amigas, tanto de Argueta como de Rodríguez, para asuntos personales.

Las mejores amigas han podido acceder a privilegios que no gozan todos los empleados de la Corte Suprema de Justicia. Potentes y lujosos vehículos suelen ir a traerlas a casa, por lo que se incurre en despilfarro de recursos para adecentar el sistema judicial.

La amiga del magistrado Rodríguez, identificada como Pamela Bustillo, responsable de la emisión de permisos y licencias de trabajo, cuenta con varios privilegios, entre ellos, que los guardaespaldas van a dejarle a sus hijos a una escuela, al tiempo que el alto funcionario llega a recogerla expresamente a su vivienda -situada en la colonia Miraflores Sur- para llevarla al trabajo.

La unidad de transporte también suele ser utilizada para mandados personales por parte la asistente y amiga del alto juez, por lo que se ha incurrido en una dilapidación de fondos, ya que el presidente Hernández confió en su momento de que los potentes vehículos -comprados por fondos de la Tasa de Seguridad- servirían para el traslado seguro de los operadores judiciales, pero la finalidad terminó siendo otra.

El uso de vehículos del Poder Judicial terminan siendo utilizados para trámites personales y mandados que no están relacionados con la función que debe ejercer el magistrado Rodríguez.

Uno de los motivos por los cuales Rodríguez se toma tal molestia es porque la subalterna destruyó dos vehículos de lujo (Chevrolet Tahoe y Toyota), asignados a la corte y a fin de evitar más problemas opta por transportarla.

En esta composición de fotos, Bustillo se siente identificada con el operador de justicia, a sabiendas de que éste tiene una familia e hijos; la imagen, tomada en un lugar público, deja en evidencia la cercanía de ambos.

Las investigaciones de ConfidencialHN apuntan a que suelen viajar al exterior, argumentando giras de trabajo u otras, aunque no han hecho una rendición efectiva de cuentas que explique cuál fue el papel que tuvo la asistente en los periplos.

El magistrado de la Sala Penal, José Olivio Rodríguez (izq.), suele ser acompañado por la jefa de permisos y licencias de la Corte Suprema de Justicia, Pamela Bustillo (der.), otra de las ‘amigas’. Las imágenes sugieren una cercanía entre ambos. La empleada judicial también goza de privilegios que no suelen tener otros trabajadores.

A pesar de que se le sindica de haber autorizado compras sobrevaloradas por 35 millones de lempiras para el equipamiento de un centro automotriz del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en el nororiental departamento de Olancho, fue electo magistrado y coordinador de la Sala Penal. A Rodríguez se le vincula fuertemente al Partido Nacional

AMIGA SUPERPODEROSA. Tampoco se queda atrás el presidente de la Corte, Rolando Argueta. Una de las amigas, identificada como Karol Cruz, secretaria privada del alto juez, ha podido acceder a privilegios por su despampanante belleza.

En las investigaciones y relatos que ha recogido este periódico afirman que la empleada judicial manda más que los magistrados por su controvertido carácter y por aprovecharse por su cercanía para convertirse en persona intocable.

Se pudo confirmar que esta dama también cuenta con un lujoso carro, de propiedad estatal, para desplazarse hacia su centro de labores, resguardada por personal de seguridad a fin de evitar cualquier acción delincuencial que arrecia con brutalidad en el país.


Karol Cruz (imagen en el recuadro rojo), es la asistente personal del presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, forma parte del grupo de ‘amigas’ que gozan de privilegios al tener a su disposición amplios recursos para usos particulares.

Estas conductas ligadas al abuso de autoridad se han venido repitiendo durante la presidencia de Rolando Argueta; los magistrados, al no ser sujetos de la aplicación del reglamento interno del Poder Judicial, pueden actuar de manera impune, por la investidura de sus cargos, sus conexiones políticas y la negligencia del Legislativo, que es llamado a censurar la conducta de los funcionarios, según el artículo 205 constitucional, apartado 19.

En otros países, como EE.UU., esta clase de acciones -consideradas inmorales- suelen ser repudiadas por el Congreso, quien puede destituir de sus cargos a los que hayan violentado normas sobre la moral y buenas costumbres.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La quema de documentos históricos y datos claves que podrían contener innumerables actos de corrupción de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), no fue por mano criminal externa, sino por empleados de la estatal que habrían sido utilizados para aniquilar cualquier evidencia que impute a directivos actuales y exfuncionarios.

ConfidencialHN penetró en las instalaciones de la telefónica para corroborar que varias empleadas del call center participaron en la quema de la documentación ocurrido el pasado 1 de enero en el Palacio de las Comunicaciones Eléctricas, ubicada en el casco histórico capitalino.

Vídeos en poder de este periódico constatan que el grupo de mujeres planificó el hecho y que quedaron registrados por las cámaras que operan en la sede principal; una de ellas fue identificada por testigos como Elizabeth Carías, activista del Partido Nacional, quien estuvo la noche que ocurrió el siniestro.

La grabación coloca a una de las sospechosas en uno de los pasillos contiguos al call center de Hondutel cuando hizo una seña para indicar a sus otras compañeras que procedieran con la acción. Minutos después, aparecen en las cámaras varios miembros del Cuerpo de Bomberos que acudieron a sofocar el incendio.

La acción cometida por las operadoras ocurrió entre las 8:33 y 9:50 de la noche, horario en el que hay poca presencia de personal, excepto las cuadrillas de emergencias y la central telefónica 192 que opera en el antiquísimo edificio capitalino.

Durante ese lapso, hubo un movimiento sospechoso de un grupo de mujeres, también identificadas como activistas nacionalistas, quienes emprendieron un plan para pasar desapercibidas por personas que pudieran sospechar del plan conspirativo.

A fin de no generar suspicacias, las damas utilizaron platos, vasos y otros utensilios para simular que iban a la lavandería; algunos hombres también se sumaron a la trama con el propósito de simular normalidad durante todo el proceso.

Uno de los que habría participado salió en veloz carrera por el pasillo para denunciar el incendio. Minutos después, se observa a un grupo de socorristas del Cuerpo de Bomberos efectuando una inspección en el lugar donde ocurrió la quema.

Tras el incidente, los empleados del call center salieron de sus puestos de trabajo con sus implementos, dejando desolado el lugar, aunque se desconoce si los rescatadores los conminaron a retirarse para evitar cualquier emergencia que pudiera ocurrir.

Para poder consumar la macabra actividad, el grupo de sospechosos distrajeron al personal de seguridad, aprovechando las celebraciones de año nuevo para conversar con ellos mientras los autores materiales echaban fuego al legajo de papeles que se encontraban guardados en los anaqueles distribuidos en el edificio.

Además, las supuestas hechoras colocaron papel sobre una mesa y procedieron a incinerarla, por lo que esta acción habría sido la causante de la conflagración. Algunas evidencias que se encontraban en los almacenes de documentos contendrían datos sobre irregularidades cometidas por la empresa durante la gestión de Jesús Mejía, actual gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Una fuente que pidió confidencialidad indicó que tres personas tuvieron una participación activa durante la quema de papelería, ya que recibieron órdenes superiores para desaparecer las evidencias que estaban embodegadas.

De hecho, se encontró evidencias sobre la presencia de elementos ígneos y materiales que sugieren la fabricación de bombas caseras. De acuerdo a las evidencias que tiene en su poder la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el artefacto fue elaborado de forma manual por quienes aprovecharon la soledad del edificio, para hacer creer que «vándalos» cometieron el ilícito.

Las evidencias también sugieren que uno de los elementos utilizados para elaborar la bomba fue gasolina, ya se buscaba que con su volatilidad pudiera destruir cualquier evidencia comprometedora. 

En la papelería que fue destruida adrede eran órdenes de combustible utilizadas por empleados de la estatal y estaban plasmadas con sellos falsificados para hacerlas pasar como autorizadas por los mandos intermedios. Este hecho ha obligado a paralizar toda la flota vehicular por falta de combustible y se desconoce cuándo podrían reactivarse. 

Asimismo, estaban documentadas las giras que jamás se realizaron y cuyo dinero quedó en los bolsillos de algunos ejecutivos. 

ConfidencialHN constató asimismo que una persona, aparte de Carías, habría sido el cerebro del incendio ocurrido en el segundo piso del Palacio de las Comunicaciones Eléctricas, a fin de impedir que Auditoría Interna y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitan pliegos de responsabilidad por uso injustificado de combustible y que pudiese conllevar a una inminente persecución penal futura.

Esta conspiración contó con la participación de empleados de la telefónica asignados a una bomba de combustible ubicada en el populoso barrio La Burrera, subalternos de un ingeniero identificado como Fernando Torres.

Este empleado de segunda categoría fue recomendado por Walter Castellanos, uno de los cercanos colaboradores del presidente Juan Orlando Hernández. Además, esta persona, aprovechando sus conexiones políticas y de amistad con miembros de Casa de Gobierno, colocó a su hijo -de igual nombre- en una de los departamentos de Hondutel.

Padre, retoño y un individuo reconocido como el Chileno, jefe del departamento de materiales, han constituido una suerte de trío que también habrían incurrido en actos de corrupción dentro de la empresa, entre ellos, en la compra de repuestos, lubricantes y viáticos para giras que no han podido ser demostradas con documentación fehaciente y sus respectivas liquidaciones.

Las conspiraciones a lo interno de Hondutel, también han perjudicado a los abonados del servicio telefónico. Imágenes a las que tuvo acceso ConfidencialHN dan cuenta de cómo empleados, quienes siguieron órdenes superiores, sabotearon cables que mantienen incomunicados, al menos, a unas 25 mil personas que utilizan el servicio.

Las fotografías constatan que se utilizaron herramientas de alto poder para destruir el cableado que está debajo del puente que une el bulevar Suyapa con el bulevar Centroamérica, en Tegucigalpa.

Técnicos de las cuadrillas de Hondutel corroboraron que sujetos -conocedores del tema- quebraron la tubería que mantenía bajo resguardo los cables y luego los cortaron con fina precisión que dejó incomunicados a los clientes que residen en zonas aledañas.

Esta acción delictiva, cometida entre el 25 y 26 de diciembre anterior, ocurrió mientras las calles aledañas permanecían solitarias por las fiestas de nochebuena y navidad; los individuos dejaron inservible una cerca de alambre de púas para acceder a las tuberías y fue realizado en tiempo récord, sin que nadie se percatara o interpusiera denuncia ante las autoridades.

Algunos técnicos de la empresa precisaron que los responsables fueron expertos en telecomunicaciones, por lo que no descartan que compañeros de trabajo pudieron estar involucrados.

El 27 de diciembre, desconocidos pretendieron quemar una de las bodegas de Hondutel, ya que lanzaron desde la parte exterior del mismo edificio una bomba Molotov para estropear papelería.

Al cierre de esta investigación, ningún funcionario de Hondutel se ha pronunciado al respecto.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La voracidad que está teniendo la empresa de maletín Logix Source Direct S.A. por apropiarse de dinero público de las entidades estatales y comunidades autóctonas se volvieron una costumbre en un país donde la retorcida justicia no busca proteger el interés de la sociedad, sino de un grupo de personas, aupadas por tomadores de decisiones protegidos por el poder estatal.

Esta empresa fue constituida en la isla británica -y paraíso fiscal- de Anguila, ubicada en las cercanías Puerto Rico, asentada en Panamá como una compañía sin «valores nominales», es decir, que apenas es de partafolio y en Honduras logró «ganar una demanda» de 38 millones 369 mil 519 dólares, pagadero con los recursos de la ENEE.

Es decir, que Logix logró que se congelaran 933 millones 726 mil 081 lempiras gracias a una jugada hecha por sus apoderados ante el Poder Judicial y sorprendieron a la jueza Alina María Cuadra Rosales, quien decidió admitir la demanda 05264-17, «a pesar de que nunca existió un contrato» como alega el Sindicato de Trabajadores  de la ENEE (STENEE) en un documento girado a la Corte de Apelaciones Civil.

No obstante, la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE), mediante dictamen 042-2013 del 9 de octubre de 2013, dio el visto bueno para que Logix operara una central eólica en Trujillo, con el aval de la Secretaría de Recusos Naturales (Serna), por lo que no pasó por la estatal y nadie supo cómo la jueza Cuadra admitió la demanda y se bloquearan los flujos de dinero que Banco Atlántida trasladaba a la ENEE a través de la cuenta 12100010001185 abierta en el Banco Central de Honduras y que mantiene en mínimos las operaciones de la compañía estatal.

Este periódico confirmó que no hay convenios suscritos entre la gerencia general de la empresa pública de electricidad o, en su defecto, la junta directiva, por lo que la demanda debió ser trasladada a la secretaría de Estado, por ser la responsable directa de la entrada en operación de Logix, hecho que nunca ocurrió.

Al cierre de esta primera entrega se deja en evidencia que la empresa, operada por el puertorriqueño Eduardo Luciano Santiago, no ha hecho la mínima inversión, apenas realizó el pago de un fondo de reserva de 49 mil 836 dólares, según la resolución a la que accedió ConfidencialHN y se había establecido que debería producir unos 50 megavatios y un total anual de 171.26 gigavatios.

EL PARAÍSO DE LOGIX. La empresa de capital puertorriqueño fue constituida en el paraíso fiscal de Anguila, por Eduardo Luciano Santiago, un anodino multimillonario que halló en Honduras una gallina de los huevos de oro por su frágil institucionalidad y seguridad jurídica.

Apenas se sabe que tienen una dirección virtual en Panamá, de acuerdo a los escasos datos del Registo Público de esa nación; está identificado como Logix Source Direct Incorporated (Sociedad Anónima) y el código de organización es 557055, un inexistente correo electrónico y el domicilio está situado en Ciudad de Panamá, Calle 66 San Francisco, Edificio Plaza Belén 2do. Piso Oficina 203, con teléfono +507 394-2782.

Y es que el empresario puertorriqueño aprovechó los beneficios que da el paraíso británico para crear compañías offshore o de maletín ya que «no pagan impuestos por las actividades económicas realizadas fuera de la isla».

«Para crear una sociedad en Anguila se requiere un mínimo de un accionista y un director, quien puede ser la misma persona y tener cualquier nacionalidad», según explican documentos sobre esta isla ubicada en el Caribe.

SANTIAGO Y ELISA. Este personaje aterrizó en una de las naciones donde los empresarios locales se ven obligados a cerrar negocios o no emprenderlos por las pesadas exigiencias de abrir empresas. 

En esas circunstancias supo instalar la suya, denominada Transportes Elisa, que opera en la colonia Stibys, ubicada en la periferia norte de San Pedro Sula, por lo que suele importar productos procedentes desde EE.UU., según registros norteamericanos. 

A pesar de que fue fundado en 2018, ya se registran dos movimientos de productos suntuarios de segunda mano,  de acuerdo a datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. 

EL CAMINO OSCURO. Otra de las víctimas de Logix también fueron los pobladores de Cristales y Río Negro ya que se interpuso una demanda por 51 millones de dólares (mil 241 millones 090 mil 100 lempiras) al alegar que los miembros de ambas comunidades incumplieron un contrato en diciembre de 2012 con la referida empresa.

Logix pretendía instalar el parque eólico Punta Castilla y violentar el convenio 169 de la OIT que exige una consulta previa, libre e informada con las comunidades donde se pretenden instalar proyectos energéticos o extractivos. Según la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), la expresidenta de la aldea, Genica Reyes Álvarez, firmó el documento de usufructo de unas mil 852 hectáreas y «existe un testimonio del contrato asentado en la Corte Suprema de Justicia, de fecha 20 de enero de 2013. Tanto el contrato como sus detalles fueron ocultados de forma deliberada por la junta de la comunidad de Cristales y Río Negro al pueblo de Trujillo».

La empresa de maletín «inicia el proceso en contra de la comunidad a raíz de la donación de un terreno en Barranco Blanco a una compañía guatemalteca que pretendió la construcción de una desfasada refinería de hidrocarburos en las inmediaciones de la Laguna de Guaymoreto, la cual fue rechazada en un cabildo abierto efectuado en noviembre del año pasado».

GOLPES A ALCALDÍAS DÉBILES. Asimismo, esta compañía logró interponer una demanda contra la alcaldía de La Ceiba por un total de 784 millones 701 mil 437 lempiras con 97 centavos, más los intereses y costas del juicio porque el alcalde Jerry Sabio determinó rescindir el contrato para el manejo de desechos sólidos para la conversión a energía renovable. 

Y es que la empresa Renewable energy developers RED decidió recurrir a la vía civil para que la comuna caribeña proceda a resarcir el daño que, según ellos, habría provocado el jefe edilicio liberal, ya que el mismo había sido avalado por su antecesor, el nacionalista Carlos Aguilar, por lo que esperan que la justicia les dé la razón para que se les dé los 784 millones. 

En caso de que la sentencia contra la corporación municipal fuera ratificada en última instancia, el presupuesto -que para 2019 es de apenas 335 millones de lempiras- se vería afectado por muchas décadas ante la complacencia de la justicia. 

Según la demanda, Santiago «invirtió fuertes sumas de dinero en estudios de factibilidad, socializaciones, planimetría, diseños, giras, licencia ambiental, estudios técnicos y demás necesarios para la venta de energía producida por VEA (Valoración Eléctrica del Atlántico)» y que espera que sus peticiones sean escuchadas. 

COMPLICIDAD ESTATAL. Los multimillonarios negocios que mantiene el puertorriqueño tienen un selecto grupo de padrinos, mecenas y varios colaboradores que optaron por ver de lado la Ley de contratación del Estado que, en el artículo 45, establece una serie de condiciones respecto a la precalificación de las empresas a partir de la experiencia, capacidad instalada, capacidad financiera y el cumplimiento de contratos anteriores. 

Al respecto, el secretario de Recursos Naturales, José Galdames, le autorizó a Santiago -como representante de la empresa Energy Equipment Supply S.A.-  una adenda al contrato de aprovechamiento de aguas nacionales para la generación de energía eléctrica del proyecto hidroeléctrico Río Betulia, ubicado en la comunidad de Santa Fe, en Colón pasando de 1.3 a 5.6 y 6.8 megavatios. Esta ampliación del contrato le está dejando cuantiosos beneficios gracias a los buenos oficios del cuestionado funcionario estatal.

Detrás de la trama no sólo se encuentra este personaje, hay una suerte de holding llamado Energys Honduras, que concentra alrededor de cuatro empresas, a saber Desarrollos Industriales y Energéticos S.A., General Equipment Supply S.A., y Sociedad Hidroeléctrica del Norte S.A. de C.V., quienes a su vez administran nueve centrales hidráulicas. 

De hecho, Energys está compuesto por las firmas Inversiones Fezzan S.A., Desarrollos Marquezas del Norte S.A. y a su vez se subdivide en otros socios, que gozan de los privilegios que ha concedido el Estado de Honduras a través de misteriosos contratos. 

Este periódico encontró que Energys administra siete represas, entre ellas, Río Jaitique, Río Tocoa, Hidroeléctrica Río Viejo, Hidroeléctrica Río Piedra Blanca, Hidroeléctrica Río Maragüita, Hidroeléctrica Río Maragua e
Hidroeléctrica Río Grande.  Estos ríos fueron concesionados en septiembre de 2010, y por un periodo de 30 años, cuando el Legislativo controlado por 71 diputados nacionalistas y en complicidad con el bando liberal y provocó airadas manifestaciones de los pueblos originarios y comunidades que están opuestas a la instalación de estas obras porque consideran una grave vulneración a los territorios que ancestralmente les pertenecen. 

El proceso de entrega de los recursos naturales y de los cuales Santiago ha sabido sacar provecho, se aceleró con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando el régimen de Roberto Micheletti, a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) licitó alrededor de 250 megavatios de energía y que culminó en la apertura de unas 50 ofertas y que fueron adjudicadas a unas 47 empresas locales, siendo aprobadas en la oscuridad de la noche por el Parlamento. 

Al respecto, la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juliette Handal, denunció en aquella época que alrededor del 70 por ciento de los ríos -muchos de ellos no cuentan con potencial hidroeléctrico- fueron cedidos a la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), cuyos representantes forman parte de los grupos económicos que han venido controlando la producción de electricidad a través de centrales termoeléctricas generadas por búnker. 

En aquella ocasión, la también exsecretaria de Economía advirtió que ese proceso sería el inicio de una ruta que llevaría a la quiebra a la ENEE, por lo que la predicción de la lideresa empresarial se concretó a finales de 2018 cuando se anunció el cierre del organismo para dar paso a tres compañías encargadas de la generación, distribución y transmisión que ya están contempladas en la nefasta Ley general de la industria eléctrica de 2013 que fue aprobada por mayoría mecánica nacionalista. 

LEGISLATIVO NO APROBÓ CONTRATO A LOGIX. Sobre el embargo interpuesto por Logix a la ENEE, el vicepresidente del Parlamento, Denis Castro Bobadilla, expuso que el multimillonario «embargo pone a la ENEE en una situación difícil al no poder hacer frente a sus obligaciones».

Explicó que no hubo alguna firma que diera vida al contrato que llevó al tortuoso proceso legal «debido a que no existía la necesidad de lo ofertado, aunado al hecho que los términos de la oferta realizada, suponían la firma de un contrato que superaba en término del periodo del gobierno, requiriendo para su validez aprobación del Congreso Nacional, trámite que nunca fue realizado ya que en principio nunca se llevó a cabo la contratación.»

«Asimismo la Junta Directiva de la ENEE adoptó una resolución en la que no se aprobó dicho contrato, debido a situaciones asociadas a que a pesar de tener personería jurídica, la empresa Logix Source Direct Honduras no cuenta con instalaciones físicas ni otro indicio de existencia física y no tiene inversión, situación generada por la vigencia de la ley de Energía Renovable la cual eximía a las empresas generadoras de energías renovables de varios requisitos legales como medida para incentivar la inversión en dicho rubro».

Asimismo, consideró en una moción presentada en diciembre al Congreso de que la jueza Cuadra «sin haberse agotado la jurisdicción de lo contencioso administrativo (solo agotó la instancia administrativa de la ENEE), procediendo el mismo a ordenar el embargo. Es decir, se ordenó el embargo, en base a un contrato que ni siquiera vino a este Poder del Estado para ser aprobado, siendo éste un requisito sine qua non para la validez del mismo».

Exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público que asuma el caso e inicie las investigaciones, de manera respectiva, para que exista deducción de responsabilidades y se proceda a la acción de repetición contra los funcionarios que «por negligencia generaron los actos en que se fundamentó el embargo y de esta manera resarcir los daños al Estado de Honduras».