Friday, Aug 23, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La interventora del sistema sanitario nacional, Amanda Madrid, está incurriendo en conflicto de intereses ya que mientras busca «solucionar» la crisis hospitalaria, la oenegé Predicar y Sanar (Predisan) tomó el pasado 3 de septiembre el control del servicio de ginecología y obstetricia del hospital regional de Juticalpa, en el nororiental departamento de Olancho.

Una carta girada por Sergio Licona, subdirector de la organización, anunció a sus colaboradores que, a través de la Secretaría de Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), «colaborarán» con servicios orientados a la planificación familiar e higiene reproductiva ya que «tienen la suficiente madurez y capacidad técnica».

La responsable del área, detalla la comunicación, es Giscela Santos, quien tendrá la responsabilidad de proporcionar las atenciones que requieran las familias olanchanas.

Madrid, en cambio, no se ha pronunciado por los conflictos que ha incurrido desde su posición como interventora, nombrada en agosto anterior por el presidente Juan Orlando Hernández para que emprenda una reestructuración de la red hospitalaria nacional.

Cabe recordar que desde 2015 se inició el proyecto de traspaso de unos diez centros asistenciales a oenegés, en un proceso encubierto de privatización ya que la Secretaría de Salud no se responsabilizará por cualquier anomalía que pudiera ocurrir.

En la actualidad, la interventora es presidenta de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarollo en Honduras (Foprideh) quien se ha convertido en cuadro de confianza del actual titular del Ejecutivo nacionalista.

LEA LA CARTA:

Estimados amigos de la familia PREDISAN,

Nuestro ministerio a lo largo de 32 años ha experimentado diferentes momentos importantes que han marcado su caminar. En los últimos 5 años, la organización se ha expandido y de esa manera se ha logrado alcanzar a más personas con los servicios de salud integral que brindamos, en función de facilitar que aquellos a quienes servimos experimenten completo bienestar a través del impulso de su transformación como seres humanos. Los programas de PREDISAN, a través de nuestros 35 establecimientos de salud, bendicen hoy a más de 127,000 habitantes.

El año 2018 se nos ha presentado con una nueva oportunidad, a través de la Secretaria de Salud y la Iniciativa Mesoamérica del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos sido invitados a apoyar al Hospital General San Francisco de Juticalpa para la prestación de servicios de salud de cuidados obstétricos, neonatales y planificación familiar. Confiamos en que Dios nos está brindando la posibilidad de impactar a muchas más personas y creemos que nuestro ministerio tiene la madurez y la capacidad técnica de asumir este nuevo reto.

Después de orar y de discutir ampliamente el asunto, nos complace informar oficialmente que a partir del 3 de septiembre de 2018, PREDISAN está presente en el Hospital General San Francisco para apoyar la gestión de servicios Obstétrico-Neonatales. Como enlace de la organización en esa institución hospitalaria, ha sido nombrada la Lic. Giscela Santos, quien servirá en calidad de Oficial Administrativa.

Estamos emocionados por esta oportunidad y pedimos sus oraciones por el éxito de nuestra gestión en beneficio de la salud integral de nuestro prójimo.

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Dr. Sergio Licona
Subdirector
PREDISAN

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Segunda parte) La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) tomó la decisión de jugar a dos aguas para quedar bien con Dios y el diablo. Mediante este método -ocultando información si obtiene canonjías y soltándola como mecanismo de chantaje y control- ha podido alcanzar privilegios que a fin de cuentas sale del dinero público.

En la primera entrega de esta serie de investigación se dejó claro que el informe, considerado como la «panacea» para resolver cualquier problema futuro no se cumplió al ciento por ciento, ya que las irregularidades en la adquisición de fármacos para el sistema sanitario han seguido siendo una norma a pesar de que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios a Proyectos (UNOPS, en inglés) y otros entes estarían encargados de la supervisión.

Ante la excesiva desconfianza hacia la Secretaría de Salud para que se licitaran lotes de medicinas e insumos quirúrgicos, se optó por el fideicomiso ya que a través de esta herramienta, «se beneficiaría» la transparencia y la descentralización de las compras a través de un fondo que es administrado por el Banco de Occidente, propiedad de Jorge Bueso Arias, y que fue ampliado en enero anterior a un costo de tres mil 500 millones de lempiras, el cual fue «observado» por la sociedad civil a través de ASJ.

Se deja claro que el ente, presidido por Carlos Hernández, ha sido un actor clave en las intervenciones que se ha efectuado durante esta década, con resultados que han sido nefastos y que se han traducido el multimillonarias pérdidas a la economía nacional, por lo que cada participación en los procesos de veeduría e intervención han sido un rotundo fracaso; para no ser sujetos a las críticas, han hecho maridaje con los gobiernos de turno a cambio de favores y un respaldo moral a la gestión aunque la corruptela sea evidente.

El documento que debió ser una regla en el sistema sanitario -y que el presidente Juan Orlando Hernández- lo vio como la solución, fue construido a partir de las entrevistas de campo que se realizaron con funcionarios de la Secretaría de Salud, el banco administrador del fondo, el Colegio Químico Farmacéutico ya que estaban buscando la fórmula mágica orientada a erradicar el chantaje, pago de sobornos y todos aquellos que pudieran comprometer el prestigio de la oenegé.

Este informe jamás fue presentado al público por conveniencia de los directivos de ASJ, presidido por Carlos Hernández, por lo que optaron por mantenerlo oculto. En el documento admiten que «siempre habrá corrupción» en los procesos de adquisición de fármacos.

Resulta hasta insólito que ASJ, en este informe «confidencial» admite que la «implementación del actual mecanismo, no representa una solución inmediata ni global al marco general de las compras en materia de Salud, sino más bien paliativa».

«Es oportuno precisar que este nuevo mecanismo no innova en cuanto a considerar la contribución de los entes veedores en los procesos, ya que para bien o mal, esta gestión ya se había provocado en el pasado por otros gobiernos, como por ejemplo la participación de sociedad civil en la Comisión Interinstitucional de Medicamentos (CIM), representada por la Iglesia Católica, la Confraternidad Cristiana, el Consejo Nacional Anticorrupción, el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), el Colegio Médico de Honduras (CMH), entre otros. En donde participaban directamente en la toma de decisiones directas para las compras», admite el organismo no gubernamental.

Sin embargo, en una de las conclusiones de la ASJ, si bien considera que la centralización de las compras provocará ineficiencia, pero la descentralización es la alternativa «más viable», aunque la «corrupción esté de por medio».

«Actualmente, existen dos grandes dilemas en torno a qué resulta más conveniente en las compras en el sector salud: centralizar o descentralizar las compras de medicamentos e insumos médicos, ya que al centralizar las compras se ejerce un mayor control del proceso, pero es más ineficiente en términos del tiempo de respuesta a la demanda en la red de salud pública, en cambio al descentralizar las compras, cada uno de los centros hospitalarios se encargan directamente de gestionar sus compras, lo que provoca que existan menos controles y por ende, el proceso está más propenso a la corrupción, sin embargo, es más eficiente porque responde a la demanda en forma inmediata».

En otras palabras, dan vía libre para que la corrupción desde los tomadores de decisiones porque muchas manos manipulan fuertes sumas de dinero y pueden hacer lo que quieran, como saltarse la Ley de contratación del Estado, ya que ante la ausencia de métodos efectivos de control, pueden fraccionar las compras para no ser sujetos de las engorrosas licitaciones públicas nacionales e internacionales, dando espacio al robo de recursos.

La ASJ – y el Estado hondureño en consecuencia- desperdició incuantificables sumas de dinero ya que el informe final revela que se sostuvo varios encuentro con actores clave en la cadena de comercialización, almacenamiento y distribución de medicamentos, como el Banco de Occidente, Colegio Químico Farmacéutico y distribuidoras. Recopiló información y documentación para crear un mecanismo que fuera sostenible con el paso del tiempo y permitiera la compra de insumos a bajos precios.

El informe presentado al titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández debió ser una hoja de ruta para solventar la crisis en el sistema hospitalario, hecho que jamás ocurrió. La problemática continúa y, con ella, la profunda corrupción ya que varios actores se benefician con fuertes sumas de dinero.

Como era de esperarse, ASJ se volvió una parte activa de este proceso y usó cada informe, entrevista, documento, análisis y conclusiones para presionar al Ejecutivo y sus resultados fueron espectaculares: Sus miembros son llamados a foros de televisión, se los nombra interventores en entes de seguridad y su opiniones terminan siendo hasta la «última palabra» para los intereses gubernamentales a cambio de canonjías y legitimidad. Aunque esta oenegé es una de las «más influyentes» en la sociedad, sus resultados en las intervenciones han sido nefastas, a juzgar por las obras hechas.

La historia de la subsidiaria Transformemos Honduras en las incursiones en el sistema sanitario no es reciente. Data de varias administraciones y no han aportado soluciones integrales a problemas complejos que ha padecido la Secretaría de Salud. De hecho, en la gestión de la exsecretaria Roxana Araujo, aprobaron la instalación de un sistema informático, conocido como Farmatools (de origen español) y fue vendido como la «solución definitiva» a las compras de medicina, incluso, fue instalado en el Hospital Escuela Universitario (HEU), pero resultó ser obsoleto e ineficiente para los fines que fue adquirido.

En principio, se prensó que Farmatools sería el sistema neurálgico que emanaría disposiciones en torno a las existencias o carencias de medicinas en los almacenes centrales, emitiría alertas en caso de necesidades de equipos e insumos y ayudaría a planificar las compras para tener un mejor control en el gasto. No obstante, a la fecha, Salud no cuenta con un registro histórico fehaciente que describa las necesidades satisfechas en años anteriores, ni las presentes, mucho menos las proyecciones futuras. No hubo claridad si la compra del software fue una emergencia y si fue colocada en las principales ciudades para motivos de controles efectivos.

Espere la tercera parte…

El proceso de consultas que emprendió la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) concluyó en un fracaso para los intereses de la sociedad ya que sus directivos optaron por ocultar información a cambio de canonjías.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(PRIMERA PARTE) Las personas que dirigen la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre ellos, Carlos Hernández y otros, actuaron con negligencia al ocultar escándalos de corrupción de la Secretaría de Salud a fin de jugar con sus intereses para cumplir intereses personales y mantenerse a cualquier costo dentro de la administración pública en posiciones de confianza del actual gobierno.

La costumbre de esta oenegé de revelar irregularidades en varias dependencias gubernamentales ha permanecido con bajo perfil en esta administración del presidente Juan Orlando Hernández a fin de no «afectarlo»; en otros casos, han sido misteriosamente diligentes para justificar en el futuro persecuciones penales contra funcionarios que han sido investigados previamente por las autoridades.

En otras palabras, la ASJ sabe para qué sirve la información, por lo que suele impresionar y presionar a los tomadores de decisiones para que estén dentro de la denominada argolla; caso contrario, las denuncias por ilícitos serán muchas y reclamarán a los operadores de justicia que procedan y apresen a los involucrados.

El organismo, reconocido hace varios años por defender los derechos de los segmentos más vulnerables de la sociedad, ha optado por mantener bajo el tapete la información que pudiera comprometer al Estado, con tal de integrar cuanta comisión interventora o mantener un alto protagonismo en defensa de los intereses particulares, por lo que su función se está reduciendo a una finísima oficina de relaciones públicas.

Una investigación de este periódico confirma que esta organización tuvo una activa participación durante 2013 en varias intervenciones en la Secretaría de Salud, precisamente, en el Almacén Central de Medicamentos para recolectar la información afín a sus intereses y se dedicaron a «monitorear» a los funcionarios para denunciarlos en el momento que incurrieran en irregularidades, pero esa función mermó desde que Hernández y Omar Rivera fueron incluidos por el presidente Juan Orlando Hernández en la junta interventora policial.

Este periódico encontró un documento presentado el 30 de julio de 2015 por la ASJ, el cual fue calificado de «novedoso», denominado Sistematización de las compras y contrataciones realizadas en el marco del fideicomiso de administración para la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico, insecticidas e insumos suscrito en 2014 por la Secretaría de Salud y Banco de Occidente en el cual hay graves falencias, a pesar de que fue aprobado por el presidente Juan Orlando Hernández y que erradicaría para siempre cualquier denuncia de corrupción en Salud.

Este informe discreto contendría la fórmula mágica para evitar cualquier ilícito durante el proceso de adquisición de medicamentos y equipos quirúrgicos, pero no se ha cumplido en su totalidad; tampoco fue hecho público ya que supondría un duro golpe al presidente y su jefa de Salud, Yolani Batres y las consecuencias serían nefastas a la vista de los organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios a Proyectos (UNOPS, en inglés) y otros entes que vigilan el proceso de compra, almacenamiento y distribución de fármacos.

Pues resulta que el ocultamiento -y encubrimiento de la corrupción pública- del informe preparado por la ASJ hace varios años derivó en la profundización de la crisis en el sistema sanitario nacional ya que los hallazgos, resultados y conclusiones que debieron ser presentadas al público, permanecieron engavetados en virtud que la dirigencia oenegeísta se decantó por los beneficios dados por el Ejecutivo, quien emprendió una sutil campaña para silenciar voces críticas que manifestaran cómo se degradó el esquema que sigue provocando cuantiosas pérdidas de vidas humanas.

La organización decidió pasar por alto cualquier acusación contra Batres y uno de sus colaboradores, identicado como José María Deras, jefe de la Unidad de Logística, a quien se lo sindica en el vencimiento doloso de fármacos por más de 20 millones de lempiras y cuyo caso no ha sido abordado por las autoridades a fin de deducir responsabilidades civiles y penales.

También se determinó a que algunos proveedores de insecticidas no se les exige un análisis de calidad del producto cuando debería ser una norma ya que sería aplicado para contrarrestar vectores como los zancudos transmisores del dengue, zika y la fiebre reumática chikunguña y sus posibles daños a la población.

También callaron otras irregularidades de cómo la Secretaría de Salud permitió la participación de oferentes de medicinas a pesar de afrontar demandas en los tribunales de justicia y afrontar fortísimas multas por incumplimiento de contratos, por lo que violentó el apartado 131 de la Ley de contratación del Estado referente a la imposibilidad de una empresa de vender bienes y servicios a las instituciones de acuerdo a las normas legales vigentes.

La ASJ decidió callar las condiciones especiales que le dieron a la droguería Francelia, a pesar de tener un prontuario de rechazos en los controles de calidad que se deben aplicar a los productos vendidos al sistema sanitario; de hecho, esta empresa incurrió en irregularidades en varias licitaciones por lo que terminaron siendo denegadas, de acuerdo a la información que accedió ConfidencialHN. 

Al respecto, los productos ofrecidos por Francelia fueron descartados en 2013 por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en particular, en cuatro lotes (188, 189, 193 y 196) cuyos envases presentaron anomalías.

Otro de los casos que se han mantenido en silencio es la responsabilidad de Deras en el vencimiento deliberado de los medicamentos retrovirales como Lopinavir (destinado a las personas que conviven con el VIH) y que se siguió con la compra del mismo aún habiendo existencias en el almacén, por lo que originó el reclamo de la exsecretaria general de Salud, Cristina Díaz, ya que a través del oficio 671-2014-SG-SS, del 2 de julio de 2014, mandó a pedir explicaciones del porqué se dejó arruinar el lote del vital fármaco para prolongar la existencia de los afectados por el mortal virus.

El documento detalla que por comprobada negligencia del jefe de bodega se venció la medicina porque no fue distribuido en los hospitales bajo control de la Secretaría. Por este y otros incidentes, la exsecretaria Batres lo destituyó del cargo en julio de 2015. Un conteo hecho por este periódico revela que el también exaspirante a la alcaldía de San Pedro Sula dejó perder alrededor de cuatro millones 074 mil 960 tabletas de retrovirales.

Otro lote que se dejó vencer por negligencia es la hidrocortisona -utilizado como un antialérgico- fabricado por laboratorios Vitrofarma de Colombia. De acuerdo a esta investigación, un lote (M150065) de este compuesto químico caducó en julio de 2017, o sea, hace 14 meses, pero se ha estado distribuyendo en todos los hospitales y centros de salud, cuyo uso podría complicar el estado de salud de una persona por la falta de efectividad de la fórmula.

Los abusos de autoridad en que han incurrido las autoridades sanitarias de Honduras fue silenciado a propósito por la Asociación para una Sociedad más Justa y su subsiadiaria Transformemos Honduras. Para el caso, se registraron desfalcos en la adquisición de fármacos, fracccionamiento de licitaciones para burlar la Ley de contratación y otras irregularidades que no han sido investigadas por el Ministerio Público.

Uno de los casos donde hubo una sobrevaloración es la orden 964-2016, del 9 de mayo de 2016 donde se compró crema tópica Ketoconazol, fabricado por latoratorios Karnel a un precio unitario de 145 lempiras y el lote de mil unidades terminó costando al Hospital Escuela Universitario 145 mil lempiras exactos.

En 2014, la pomada -adquirida por la Secretaría de Salud a los laboratorios Corinfar y Medifor- tuvo un precio de 66 lempiras y por tres mil piezas se pagó 198 mil y en 2012 tuvo un valor de 24 lempiras y el precio por dos mil 600 piezas fue por el orden de 23 mil 180 lempiras.

Este ejemplo revela cómo los funcionarios adulteraron hasta siete veces su valor unitario, cuando pudieron adquirir más unidades por el mismo precio, por lo que se deduce que hubo un acto de corrupción.

Espere la segunda parte…