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TEGUCIGALPA, HONDURAS

(Primera parte) Un magistrado del Poder Judicial movió influencias a fin de que un amigo suyo evitara ir a la cárcel por defraudación fiscal y por presunto blanqueo de capitales por el cual está siendo investigado desde 2009.

El magistrado de la Sala Laboral Miguel Alberto Pineda Valle, de acuerdo a datos que obtuvieron Radio Globo y ConfidencialHN, habría interpuesto sus buenos oficios para que su amigo, identificado como Barton, quien funge como testigo en una causa penal investigada por las autoridades hondureñas y de EE.UU. con relación a una extensa red ilegal, por lo que nunca sufrió persecución penal.

De hecho, esta persona, según conocedores del tema, desde hace una década es investigado por blanqueo de capitales, pero la fiscalía no ha querido perseguirlo penalmente y cualquier atisbo de impartición de justicia fue paralizado por el magistrado Valle.

El expediente 11-2019, evacuado el 2 de septiembre de 2019, indica que el testigo protegido decidió comparecer ante la jueza Melida Estrada Quintanilla, bajo nombre clave Barton a fin de declarar respecto a la red de la que formaría parte y, a pesar que tenía la opción de declarar bajo total anonimato, tomó la decisión de no utilizar la indumentaria para que no fuera reconocido «pidiendo que se mantenga su nombre clave».

Según la fiscalía de delitos tributarios del Ministerio Público, el protegido de Pineda Valle y la red corrupta, eran investigados desde hace un año su modus operandi tanto en EE.UU. como en Centroamérica por lo que «hemos investigado y descubierto que efectivamente en la organización se encuentran diferentes estratos y personas que participan, desde funcionarios públicos en los diferentes países de Centroamérica como empresas y demás intervinientes que de manera ilícita ingresaron mercadería» a Honduras.

Barton, de acuerdo al documento emitido durante la audiencia de prueba anticipada hecha el 2 de septiembre anterior, era socio de la empresa de comercio en línea 24/7 -propiedad de Americargo- que operó durante unos dos años.

«Cuando inició la empresa tenía otro socio manejábamos administrativamente, pero a mi compañero (Alex Mason) le dio cáncer y la tuvo que abandonar y me quedé solo manejándola. Dicha empresa había comenzado operaciones y agarramos una empresa en marcha, los casilleros ya existían y la agarramos con varios clientes, entonces nosotros la buscamos por no tener control ya que no conozco el trámite aduanero».

Alegó que la compañía tenía «varias fugas» de capital y se limitó a decir que ellos «se dedicaban a la atención al cliente» porque no tenían la comprensión de cómo se creaba y administraba una agencia aduanera, que no contaban con la logística y bodegas para el almacenamiento de productos importados. Según el testigo clave de la fiscalía, Americargo es propiedad de Natalia y Giovanni Díaz, «ellos son los dueños de la bodega y los dueños de los casilleros que ya los tenían» y posteriormente buscó alianzas con otras agencias aduaneras para proseguir con el negocio que al final fue clausurado.

Radio Globo y ConfidencialHN supieron de primera mano que este testigo debió ser requerido fiscalmente ya es sindicado por delitos tributarios, sin embargo, el magistrado Pineda, miembro de la Sala Laboral, optó por meter sus manos en un conflicto rutinario de defraudación; sin embargo, el incidente tomó otro giro ya que incurrió en tráfico de influencias para impedir que su amigo fuese encarcelado, a sabiendas de que es sujeto de investigación de las autoridades estadounidenses por evadir el fisco, por lo que podría tener problemas en el corto o mediano plazo.

Asimismo, sobre el testigo pende una investigación de larga data que lo vincula al blanqueo de capitales, pero a la fecha no ha sido requerido para que responda por los señalamientos.

Investigaciones preliminares efectuados por ambos medios sostienen que la amistad entre ambos es de hace muchos años y que se fue intensificando desde que Pineda Valle asumió el cargo de magistrado en la Corte Suprema de Justicia, extremo que ha valido al testigo estrella de la fiscalía no deslizar sus zapatos por el sistema penitenciario.

Un grupo de trabajadores de la confitería Venus lo denunció por abusar de su autoridad, obstrucción de la justicia y manipular un juicio a favor de un empresario, por lo que no sería la primera vez que recurra a prácticas amañadas para beneficiar intereses alejados del Estado de derecho e imperio de la ley.

El apoderado legal de los afectados, Jorge Adán López, reveló que por el conflicto laboral que sostienen los trabajadores con la empresa, unas cuatro personas han perdido la vida y Pineda Valle ha impedido cualquier resolución que favorezca a los obreros.

Pineda Valle ha sido un ferviente militante del Partido Nacional y en sus publicaciones ha mostrado simpatía por el actual jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández. Una publicación efectuada en 2013, el operador de justicia posteó que “los nacionalistas de corazón somos y estamos con el Partido Nacional… Viva JOH Presidente aunque les duela a muchos”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los procesos judiciales que tuvo que afrontar el exdirector del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Benjamín Bográn, por blanqueo de capitales, del cual fue absuelto y condenado por recepción de sobornos en el contexto del megafraude al IHSS, le pasaron factura a su salud.

Bográn, quien supo gozar de buena salud, comenzó a tener una brutal caída tras ser imputado por la justicia, por ambos delitos y en el transcurso de los años pasó de ser una persona corpulenta a debilitarse de manera acelerada, por lo que ahora debe apoyarse en aparatos mecánicos para poder respirar.

En un vídeo exclusivo que consiguieron Radio Globo y ConfidencialHN se aprecia al otrora dirigente empresarial con tubos conectados en su tráquea que le permiten respirar, sentado en una silla de ruedas apoyado por otra persona, mientras que su mirada triste se pierde en la nada; viste una camiseta verde oscuro y un buzo azul. En apariencia, no puede hablar por su condición clínica.

En el vídeo de unos 10 segundos de duración, se deja constancia que Bográn tuvo cuatro difíciles años, desde la aparición de una hernia que le obligó entregarse a la justicia, hasta una parada cardiorrespiratoria que sufrió en agosto anterior y que orilló a su equipo legal a pedir su salida del país para ser sometido a un tratamiento urgente que le permitiera seguir con vida.

Una de las versiones detallan que sufrió un accidente en su vivienda cuando un cable de eletricidad lo alcanzó y la descarga le profundizó el daño por lo que cayó en coma.

Hasta el momento, la escasa información disponible sobre la condición clínica del afectado es que sufrió un daño neurológico que pudo haber afectado funciones vitales y por ello se ve obligado a utilizar una silla de ruedas para poder movilizarse en su proceso de recuperación en Cuba.

BOGRÁN RECIBE CONDENA. Cabe señalar que un tribunal de sentencias decidió hoy condenar a Bográn a dos años de prisión por recepción de sobornos.

Por su parte, la defensa anunció que interpondrán un recurso de casación ante la Sala Penal del Poder Judicial para revertir la condena.

La terna de jueces que conocieron la causa acordaron aplicar penas complementarias al doble de la pena, es decir, que Bográn tendrá varios derechos suspendidos durante cuatro años.

La portavoz Lucía Víllars precisó que al condenado se le aplicó la figura de interdicción civil, por lo que sus derechos permanecerán restringidos por el referido tiempo y se ordenó la confiscación de los 692 mil dólares que se encuentran bloqueados en el banco panameño Multibank.

La apoderada Rosa Bonilla recordó que su cliente fue absuelto en septiembre de 2019 de blanqueo de capitales y condenado por cohecho; insistió que es inocente por lo que recurrirá a apelar el fallo.

Las personas que pagaron la fuerte suma de dinero fueron los socios de la cuestionada empresa Compañía de Servicios Múltiples (Cosem), dirigida por Óscar Laínez y Daniel Herrera, los Tetos, quienes se convirtieron en los testigos estrella del Ministerio Público y, en consecuencia, protegidos del fiscal general Óscar Chinchilla.

Los Tetos fueron los responsables de transferir a Bográn la fuerte coima a una cuenta de Multibank de Panamá a fin que facilitara gestiones para la instalación del sistema denominado Mofihss cuyo costo fue de 43.9 millones de dòlares.

Al cierre de esta historia, ni Laínez, ni Herrera, no tienen requerimientos fiscales en su contra a pesar que fueron parte del colosal saqueo que vivió el IHSS de la mano de Mario Zelaya.

TEGUCIGALP,A HONDURAS

Controvertidos personajes y cuestionados exfuncionarios estatales han hallado en la Universidad Tecnológica de Honduras una suerte de refugio donde pueden permanecer alejados del escrutinio público, sin ser juzgados por su pasado en la administración pública.

Y es que este periódico, sin proponérselo, se encontró con dos personajes que han sido fuertemente criticados y que en la actualidad fungen como docentes en el referido centro de estudios superiores; si bien tienen derecho a tener un trabajo y recibir remuneración por ello, pero éticamente están desautorizados porque ayudaron a destruir el inexistente Estado de derecho y más de una vida pusieron -y siguen poniendo- en peligro.

Resulta que estas personas, identificadas como German McNeil, ex subdirector del sistema penitenciario y Sonia Gálvez, esposa de exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar, son catedráticos de derecho en la UTH, tienen un historial que no es satisfactorio para los intereses de la gobernanza e institucionalidad, por lo que pretenden pasar con un bajísimo perfil, en un recinto donde no sean señalados o increpados…pues los alumnos siempre llevan las de perder y si optaran por recriminarles sus conductas, serían sujetos desde sanciones académicas hasta ser expulsados.

En fin, dos imágenes confirman que tanto McNeil como la cónyuge del otrora número dos del Ministerio Público están afanados en la transmisión de conocimientos a los futuros abogados, a sabiendas de que cargan en sus espaldas fuertes señalamientos hasta investigaciones por presunta corrupción y que en el futuro les podría acarrearles requerimientos fiscales.

En esta era de la información, nadie puede estar desinformado o pasar desapercibido que McNeil es sindicado de ser uno de los que profudizó la crisis en los presidios, teniendo como cereza en el pastel la muerte de Magdaleno Meza, el socio del exjefe narco Tony Hernández, ocurrido en octubre de 2019 en la cárcel el Pozo de Ilama y que fue el comienzo de su caída como el todopoderoso subjefe de prisiones.

En su última declaración, luego de ser relevado por Juan Orlando Hernández por un grupo de soldados, justificó la decisión de intervenir los presidios y que era «para bien» de los privados de libertad, a quienes les impuso excesivas restricciones; junto a su colega Rosa Gudiel, se volvieron cómplices de las atrocidades vividas en los penales -que aún prosiguen.

Cabe recordar que la muerte violenta de Meza o Nery Orlando López Sanabria vino a demostrar que ambos tienen una cuota de responsabilidad sobre el crimen y cuya confesión iba a comprometer al ocupante del palacio José Cecilio del Valle.

De hecho, semanas antes de ser ultimado por miembros de una pandilla recluida en uno de los módulos de el Pozo, la víctima había adelantado algunas negociaciones con el Departamento de Justicia de EE.UU. para declarar sobre la narcolibreta y la participación de los hermanos Hernández Alvarado con el narcotráfico.

La forma en la que murió Meza confirmó las investigaciones realizadas por este periódico en mayo de 2019 que su cabeza costaba 10 millones de lempiras ya que tenía demasiada información sobre los enlaces del Ejecutivo con el cártel de los hermanos Valle Valle en el trasiego de toneladas de cocaína rumbo a EE.UU.

Gudiel y McNeil tenían total y completo conocimiento de que la vida del ahora occiso corría peligro dentro del penal y jamás hicieron caso a los reclamos del apoderado Carlos Chajtur, por lo que se convierten en cómplices de la trama que acabó con la existencia de Meza.

Con relación a Gálvez, es necesario rememorar que las fiscalías de Colombia y Costa Rica la investigan junto a su esposo por el movimiento de dinero que habrían recibido en el contexto del megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Es más, Radio Globo y ConfidencialHN lograron comprobar en 2019 que el fiscal general Óscar Chinchilla y la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) decidieron bloquear cualquier intento de auxilio judicial solicitado por ambos países a fin de concluir con las investigaciones y emprender cualquier acción penal. En el fondo, el número uno del Ministerio Público y su ex lugarteniente se deben favores y se guardan cuando son muy necesarios.

En los oficios girados al ente acusador, a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, se pidió en 2017 y 2018 de que se abran los canales de asistencia para poder determinar algunas investigaciones que pudieran dar con los capitales pagados mediante sobornos por un empresario al exfiscal.

La directora de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Ana Fabiola Castro Rivera, pidió al secretario general de Gobernación, Ricardo Alfredo Montes Nájera, a modo que hagan caso a la «solicitud de asistencia del 6 de agosto de 2017, librada dentro de la investigación que se adelante en Honduras contra los señores Rigoberto Cuéllar Cruz y Sonia Inez Gálvez Ferrari».

«Sobre el particular y de conformidad con la solicitud presentada por el doctor Jhony Alexander Gallego Arboleda, Fiscal 25 adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2017», señala la comunicación oficial y añade que «se nos informe si las autoridades de Honduras cuentan con otros datos de identificación de los señores Cuéllar Cruz y Gálvez Ferrari, de los ya reportados como documentos de viaje (diplomáticos y generales) y de sus tarjetas de identidad, con el objeto de continuar con las indagaciones requeridas».

Además, se pudo descubrir que el Ministerio Público costarricense, a través de la causa penal 17-000179-1035-PE del 21 de marzo de 2018, elaborado por Natalia Bolívar Chaves, enviado a la fiscal adjunta de la unidad de relaciones internacionales Laure Monge Cantero, que se gestione la asistencia penal internacional a la Fiscalía General de Honduras para «obtener la información de cuentas bancarias, movimientos, saldos, líneas de crédito, tarjetas y otros productos financieros, era indispensable que aportaren elementos probatorios con sustento para realizar la solicitud del juez penal, véase que dentro del expediente únicamente se cuenta con una solicitud de la fiscalía hondureña, sin mayor documentación que venga a dar un sustento probatorio».

En la petición hecha a Chinchilla, apenas fue respondido con un escueto resumen de los hechos «que generaron la solicitud y nuevamente no se dan los elementos probatorios que habían sido solicitados con antelación y es que incluso en el punto 02, párrafo 4 se menciona que existen denuncias de testigos que los aquí imputados recibieron dinero para no perseguir a las empresas Mofihss y Cosem».

Estimado lector, no es nuestra intención estigmatizar a estas dos personas. No. Pero resulta que esta sucinta relación de hechos los coloca en un sitial nada envidiable; sin embargo, que ambos estén impartiendo sus cátedras de derecho en esa universidad entran en un conflicto hasta ético porque no cuentan con la autoridad moral para recalcar que los principales objetivos del derecho son la seguridad jurídica que «es la garantía dada al individuo de asegurar a su persona, sus bienes y derechos, para que no sean objeto de ataques violentos y en el caso de que se produzcan, la sociedad les dé protección y reparación».

Tampoco pueden explicar desde una posición ética que otra finalidad del derecho es «la justicia…que es dar a cada quien lo que le corresponde; la aplicación de esta exige que, situaciones similares sean tratadas de igual forma; esta función correctiva del derecho, es comandada por un Juez. Ulpiano, jurista romano, definió a la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo».

Estos dos personajes, si bien pisaron en su momento los tribunales para litigar a favor de sus clientes, pero en la docencia -sumado a sus antecedentes- no incidirá de manera positiva en la formación académica de los alumnos de derecho de esa universidad.

Asimismo, se debe incluir a Cuéllar, quien es coordinador de una de las áreas especialiazadas de derecho, dan lugar a que el establecimiento pueda ser visto con recelo por aquellos que se refugian en esta noble y peligrosa carrera como una convicción por defender el Estado de derecho.

No debe resultar extraño los comentarios, entre dientes apretados de los estudiantes, quienes deben tolerar ese prontuario so pena de que sean expulsados y lleguen a conocer la verdadera personalidad de sus catedráticos. Al fin y al cabo, lograr un título, termina valiendo cualquier censura y humillación para obtener sus propósitos.