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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Cuarta parte) La emergencia por el coronavirus se convirtió en una oportunidad de oro que el jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández no iba a dejar pasar para asegurarse al menos del 33 por ciento del actual presupuesto general de Honduras (unos 80 mil millones de lempiras) al tener a su servicio una oscura red de operadores para drenar esos recursos a fin de garantizarse impunidad por cuatro años más, ya sea quedándose enquistado en el palacio José Cecilio del Valle o colocando a un pelele en la silla presidencial que le dé seguridad de no ser entregado a la justicia de EE.UU. por sus vínculos con el narcotráfico.

¿Quiénes están detrás de la movilización irregular de dinero y por qué son cuadros útiles a los intereses de Hernández? El hecho de que no se dé información en torno a los gastos de la emergencia, sumado a la dilapidación de dinero en las compras sobrevaloradas de insumos, maquinaria, hospitales móviles, sumado a las campañas de terror que emprende el mismo jefe de Estado, es orquestada por mentes perversas que buscan, aparte de quedar bien con su amo, seguir saqueando los recursos públicos sin ser apenas perseguidos por el fiscal general, otro socio ideal de esta megatrama corrupta.

Radio Globo y ConfidencialHN, presentan en esta nueva serie de investigación los nombres, cargos, parentescos, afinidad política y cuáles han sido sus papeles en este proceso de saqueo y blanqueo de capitales que terminarán sirviendo para financiar la campaña electoral de noviembre de 2021.

En las relaciones que han ido estableciendo ambos medios, también se encuentran empresarios y gente del denominado aparato social de la economía, quienes se han sumado al discurso de terror de Hernández para mantener a la sociedad sumida en la incertidumbre.

Algunas de estas personas también están relacionadas con cuentas y empresas creadas en paraísos fiscales como Panamá y Bahamas que les permite poder lavar dinero que está siendo desviado y aprovechan el mutismo en la rendición de cuentas al alegar que los precios de los productos se encarecieron por su escasa disponiblidad en el mercado global.

También se encuentran algunas empresas que fueron salpicadas por el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que costó a los ciudadanos un poco más de 350 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones conservadoras.

En pocas palabras, desde el mismo Estado, en complicidad con la empresa privada se constituyeron mafias para robar el dinero público.

MISMAS CARAS, VIEJOS VICIOS. Ambos medios llegaron a la conclusión, tras una extensa comprobación de nexos cómo esta red de personas aprovecharon sus relaciones con el poder político para vender productos sobrevalorados, actuar con ventajismo en relación a sus principales competidores y cómo supieron usar las empresas de fachada para mover dinero subterráneo.

Entre los principales vendedores de productos biomédicos al Estado se encuentra Grupo GYT SA de CV, inscrita en la CCIT con la matrícula 100900001251 y con Registro Tributario Nacional 08019012458482 y ubicado en la residencial Los Soles, propiedad de Juan José Lagos Romero, quien fungió en su momento como presidente del club deportivo Real de Minas y ha sido uno de los proveedores del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Una búsqueda revela que esta persona y su padre Juan José Lagos, están asociados con unas seis empresas, entre ellas, Citycomp, Alphatec, el mismo Grupo GYT, la editorial Impulso Empresarial y Gestión y Tecnología, por lo que aprovechó su relación marital con Zelaya, para entablar gruesos negocios, recibiendo trato preferencial con las anteriores autoridades del RNP.

Radio Globo y ConfidencialHN supieron de primera mano que entre los giros comerciales que ha tenido GYT ha sido la venta de papel de seguridad y posteriormente migró a comercialización de productos blindados como chalecos y cascos.

Se pudo encontrar un documento respecto al acta de recepción de ofertas, correspondiente a la licitación pública 11/2015, efectuada por el Banco Central de Honduras (BCH) en el que se constata que Grupo GYT participó en la oferta de 30 cascos, 80 chalecos y 10 camisetas, todas blindadas, por un total de tres millones 348 mil 842 lempiras.

De la noche a la mañana, saltaron de estos rubros a la venta de productos biomédicos mediante negocios preferenciales que entabló con Inversión Estratégica de Honduras (Investh).

La orden de compra 019-2020 del 8 de abril de 2020 señala que se le pagó a GYT un total de 50 millones 836 mil 500 lempiras por la compra de un total de 474 mil mascarillas N95, producidos por la multinacional estadounidense 3M, a un precio unitario de 107.25 lempiras y que debieron ser entregadas el pasado 15 de abril.

HIJO DE PINEDA CONECTADO CON BUENOS NEGOCIOS Y EMPRESAS OFFSHORE. Las indagaciones también concluyeron que uno de los hijos de José Juan Pineda, actual presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), identificado José Alejandro Pineda Moncada -vinculado a la venta de productos biomédicos- también supo repuntar sus negocios por una sencilla razón: está casado con Cinthya Bográn, hermana menor del director de Investh, Marco Bográn, quien a su vez es el sobrino del excanciller Arturo Corrales Álvarez.

Algunas fuentes reconfirmaron que Pineda Moncada, más conocido como Choche entró en componendas con David Chávez Madison, para facilitar la controvertida compra de hospitales móviles a la empresa turca Elmed Medical Systems Inc., por un monto de 47 millones 462 mil 500 dólares (mil 175 millones 537 mil 435 lempiras con 87 centavos).

Los documentos que obtuvo Radio Globo ConfidencialHN sostienen que Bográn recurrió a intermediarios como el guatemalteco y veterano de guerra Axel López, quien es el gerente de mercadeo de la firma turca y cuya sucursal está asentada en Florida y Choche fue la punta de lanza en el fabuloso negocio.

Un hecho a destacar que Chávez -exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) entre 2010 y 2014- fue el padrino político de Pineda para ocupar en 2016 un alto cargo en el TSC, como una compensación a la lealtad que le profesa el magistrado-activista; en el fondo, constituyó un pago de favores para bloquear cualquier investigación futura que comprometiera al actual jefe de bancada nacionalista. A la fecha, el Ministerio Público hace la vista gorda para no emitir requerimientos fiscales respecto a escándalos que salpican la gestión de Chávez.

Las conexiones halladas apuntan a que Pineda Moncada es socio de la empresa de maletín Arre Enterprises SA, asentada en Panamá bajo el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 155629363-2-2016 y constituida a perpetuidad el 5 de septiembre de 2016 con un capital de 10 mil dólares a través del bufete Arrocha y Compañía.

Hasta la fecha esta empresa no ha tenido operaciones, aunque sus directivos han sido rotados, según se pudo constatar.

Para reafirmar la veracidad de estas conexiones familiares y políticas, ambos medios tuvieron acceso a una imagen en la que aparecen Bográn, su hermana y su hijo que concibió con el retoño del magistrado del TSC y Marco Bográn, en la celebración de bautizo realizado en una fecha no determinada.

Panamá sigue siendo considerada por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económic0 (OCDE) como un paraíso fiscal ya que permite la inscripción de empresas offshore o fuera de su jurisdicción original en un país donde la tributación es cero y terminan siendo constituidas como entidades usadas por cárteles de la droga y funcionarios corruptos para el lavado de dinero.

Luego que se revelaran los Panama Papers, se ordenó la desaparición de estas sociedades que se mantenían en secreto, sin embargo, Arre Enterprises sigue funcionando y no hay evidencias de que haya sido disuelta por las autoridades panameñas.

Al respecto, el sitio especializado en empresas fachadas Offshorebankshop.com  define que «la característica principal de una sociedad offshore es que no puede realizar negocios en el territorio donde esté constituida la empresa ya que pasaría a ser una sociedad onshore, es decir, el paraíso fiscal le haría tributar como cualquier sociedad registrada en el país y los tipos impositivos serían muy similares a los de una empresa constituida en un país de altos impuestos».

Otros conocedores de estos temas sostienen que esta clase de sociedades mercantiles también son creadas para defraudar a empresas y personas.

Una de las empresas que fue sindicada en el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Dimex Medical, está participando en las entregas de productos biomédicos al Estado por más de cuatro millones 732 mil dólares y cuyo socio es Juan Francisco Melgar Milla, abrió una empresa offshore en Panamá a través de la firma Millenium World International Corp. SA. 

Se pudo constatar que este socio de Dimex, es director de la empresa asentada en Panamá, de acuerdo a los registros públicos de esa nación y comparte cargo con Hermes Iván Bertrand Soto, socio de las compañías Dexter Corporación, Medicamentos, Equipos y Distribuciones SA y Zeus Laboratorios.

CONFLICTOS DE INTERESES. Los oferentes, contratistas, empresas que se han enriquecido en el contexto de la actual emergencia, también entraron en serios conflictos de intereses, pues terminaron siendo juez y parte, pues contaron con el silencio del régimen nacionalista.

Radio Globo ConfidencialHN también comprobaron tras intensas búsquedas en varios lotes de documentos que uno de los partícipes, Óscar Sady Orellana, empleado de Dimex, está prestando servicios de consultoría a Investh. Este ejecutivo elaboró las especificaciones del equipo médico y se encargó de eliminar a toda la competencia al especificar al organismo que solo la referida casa comercial lo distribuye, por lo que hubo una grotesca ventaja con relación a futuros oferentes.

Asimismo, se pudo constatar que esta persona también es miembro de la sociedad Biomedical. El registro mercantil de Francisco Morazán, administrado por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) señala que los socios son Karen Ingrid Galindo Castellanos y Guillermo Arturo García Jovel, según el protocolo 788 emitido por el notario Arnaldo García Hernández el 11 de mayo de 2005

Uno de sus hijos, Óscar Sady Orellana Galindo, prestó servicios a la empresa Dimex Medical, de acuerdo a las pistas que se le pudieron seguir. Una captura de pantalla que pudieron verificar los investigadores de los dos medios dan constancia que Orellana Galindo acudió a varias actividades de Dimex en el interior del país; el 25 de octubre participó en la exhibición de productos hospitalarios en Juticalpa y de acuerdo a la publicación de Facebook, el mismo Orellana Galindo dio la opción me gusta, por lo que se confirma este nexo.

Su padre, de oficio ingeniero eléctrico y con identidad 0401-1970-000404, según hace constar el contrato de prestación de servicios de consultoría CI-DCPV-112-20, del 24 de marzo de 2020, se dedica a analizar las necesidades del equipo médico para cada hospital móvil -comprados a la empresa turca Elmed Medical Systems-, así como la elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de equipo médico.

También tendrá a su responsabilidad la verificación de que los hospitales móviles tengan las condiciones para la instalación y operación del equipo médico; el apoyo a la recepción y verificación de que los aparatos estén de acuerdo a las especificaciones técnicas, así como a la supervisión de su instalación para que funcione de manera correcta.

Por realizar esta consultoría, Investh le pagará un total de 15 mil dólares, a razón de un sueldo de dos mil 500 dólares mensuales y se dedicará de manera exclusiva a la prestación de sus servicios, por lo que no podrá ejercer funciones como socio de Biomedical, ni de Dimex; pero allanó el camino para vender sin mínimos estorbos cuanta maquinaria y tecnología médica sea posible. Sin embargo, tanto el consultor como el jefe de Investh decidieron pasar por alto la cláusula referente a los conflictos de intereses, según estipula el apartado noveno del contrato suscrito. Por lo tanto, Orellana está obligado a decir a Bográn que ninguno de sus parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad y puedan «tener conflictos de interés con el contratante». «El consultor revelará completamente a el contratante cualquier circunstancia que pueda surgir durante la prestación de servicios», indica el contrato analizado.

AMIGOS EN POLÍTICA Y LOS NEGOCIOS. Esta clase de conflictos, curiosamente, ocurre con aquellos que pudieron estar sindicados en casos  de corrupción, también alcanza a altas figuras del Partido Nacional como Juan José Lagos y el actual presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) Mario Canahuati.

Un chequeo de datos pudo confirmar que Lagos fue precandidato a diputado y posteriormente como designado presidencial por la corriente de Canahuati, quien se postuló en 2008 a la presidencia y perdió la partida contra el expresidente Porfirio Lobo.

En una entrevista concedida a un medio capitalino el 4 de julio de 2016, Lagos confesó que «iba como candidato a diputado por el Partido Nacional pero en el transcurso del tiempo, el precandidato Mario Canahuati me pidió que fuera su designado presidencial, y perdimos contra la corriente de Pepe Lobo, esa fue mi fugaz carrera política… No obstante he trabajado en los diferentes planes de gobierno, tanto de Pepe Lobo y de Juan Orlando Hernández, me he involucrado ayudando y siempre me han llamado para que exponga sobre algunas ideas del tema de la micro y pequeña empresa y eso les ha ayudado, incluso me atreví que en las elecciones de que ganó Ricardo Maduro o del Mel Zelaya hice un plan de apoyo a microempresa…».

Respecto a Canahuati, logró conseguir para la AHM un contrato de tres millones 150 mil dólares para la fabricación de  nueve millones de mascarillas, a un precio de 35 centavos de dólar (8.70 lempiras); en su momento, tanto el dirigente maquilador como el jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández se congratularon por el acuerdo.

«Llegamos a un acuerdo con la Asociación Hondureña de Maquiladoras para producir 9 millones de mascarillas, que pueden ser lavadas y reutilizadas quince veces. Esta es la empresa privada que el país necesita: solidaria con el pueblo», dijo Hernández a través de su cuenta de Twitter. En el fondo, pretendió engañar a la sociedad al decir que era un aporte del gremio, pero documentos que obtuvieron y corroboraron Radio Globo ConfidencialHN, indican lo contrario. 

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Tercera parte) Varios dirigentes del Partido Nacional están disfrutando de la piñata de contrataciones directas que ordenó el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández para desviar fondos de cara a la contienda electoral de 2021.

Asimismo, este grupo de personas se volvieron los contratistas predilectos del Estado ya que están sobrevalorando los costos de maquinaria e insumos médicos para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Radio Globo ConfidencialHN han ido detectando que políticos, desde hijos de reconocidos dirigentes empresariales y funcionarios de entes contralores, pasando por líderes con aparentes discrepancias con Hernández, hasta parientes de exmandatarios están accediendo a fuertes sumas de dinero, mientras que en algunas regiones como la Zona Metropolitana del Valle de Sula comienza a colapsar la red hospitalaria por la ausencia de maquinaria para neutralizar el patógeno.

Un amplio lote de documentos despachados por Inversión Estratégica de Honduras (Investh) para las compras masivas de productos hospitalarios y biomédicos evidencia cómo se articuó una argolla que, hasta el momento, habría accedido a dos mil 949 millones 140 mil 465 lempiras con 40 centavos, según cifras de la Secretaría de Finanzas.

HOSPITALES MUY CAROS. En la adquisición de hospitales móviles, a una empresa asentada en Ankara, en Turquía y con subsidiaria en EE.UU., denominda Elmed Medical Systems Inc., mediante los contratos MAR20-2020-e-FRQ, MAR30-2020-e-FRQ2, firmados entre el 8 de marzo y el 2 de abril anterior, se erogó un total de 47 millones 462 mil 500 dólares (mil 175 millones 537 mil 435 lempiras con 87 centavos, a una tasa de cambio promedio de 24.7677 lempiras por dólar) para un total de 230 camas de cuidados intermedios e intensivos, más una planta de tratamiento de residuos médicos -sin incluir tecnología médica- y que su llegada sería, en el mejor de los casos, a finales de mayo o junio próximo.

Esta contratación, supone -con relación al total erogado por Finanzas- el 39.9 por ciento de lo invertido para fortalecer la red hospitalaria nacional ante la pandemia que ha cobrado la vida de más de 40 personas y que convierte a Honduras en una de las naciones más mortíferas del mundo.

Los documentos que obtuvo Radio Globo ConfidencialHN aseguran que el director de Inversión Estratégica de Honduras (Investh), Marco Bográn, firmó los contratos con Elmed Medical Systems a través de varios intermediarios, entre ellos, Daniel Ardón, representante de la empresa AG Industry, basada en San Pedro Sula y un contratista guatemalteco, identificado como Axel López, quien es el gerente de mercadeo de la firma turca y cuya sucursal está asentada en el estado norteamericano de Florida.

Una proforma (documento en que el vendedor se compromete a proporcionar los productos requeridos) presentada por Mobile Hospital USA da las gracias a Bográn por adquirir los hospitales móviles «ordenados por el gobierno de Honduras y la Secretaría de Salud», al tiempo que se le solicita proceder a entregar la información del cliente, cuya dirección es «Edificio Interamericana, anexo, primer nivel, frente a seguros Crefisa, avenida Ramón Ernesto Cruz, Colonia Castaño Sur, Tegucigalpa».

Asimismo, en la orden de compra aparece la firma del director de Investh en la que se detallan los montos pagados la compañía euroasiática, el número de cuenta del banco donde efectuar los giros a favor del fabricante; el primer monto de 15 millones 900 mil dólares fue depositado el 18 de marzo anterior a la cuenta 120056152 en la sucursal del Chase Bank, ubicado en el 1812 West Sand Lake Road, Orlando, Florida, 32809.

Una segunda orden de compra fue emitida por un total de 31 millones 562 mil 500 dólares, los que fueron pagados al mismo banco para asegurar la elaboración de los hospitales móviles.

Al igual que en la primera orden se expresa que el producto puede ser trasladado por la vía aérea y sería dejado en un aeropuerto hondureño en un periodo de tres a cinco días, mientras que por la vía marítima se podrá tardar de 45 a 55 días y está sujeto a la disponibilidad de transporte que haya en ese momento.

Se da por descontado que estos hospitales serán enviados por mar ya que por su voluminosidad no podrían ser colocados en un avión desde Ankara, por lo que el proceso de entrega sería demorado, de acuerdo a las circunstancias actuales.

Por lo tanto, estas órdenes de compra ya fueron evacuadas y se procedió a elaborar los módulos con sus respectivos accesorios para ser trasladados en una fecha no determinada a Honduras, aunque se prevé que deberían estar en el país entre finales de mayo y mediados de junio próximo.

En tanto, el comprador se compromete ir al sitio donde se embarcarán los hospitales móviles para garantizar que estén en perfecto estado y hacer los pagos de las tasas portuarias para facilitar la movilización del equipo.

Entre los que lograron que se concretara la venta, se encuentra Axel López, gerente de mercadeo de Elmed Medical Systems, de origen guatemalteco y que sirvió en el ejército de EE.UU. durante la Guerra del Golfo de 1991 y desde 1997 se dedica al negocio hospitalario, según indica su perfil profesional colocado en la red social empresarial LinkedIn.

Los cargos que ha fungido López están la conducción de la empresa Gamma Tech International, Asocciates International, Hispanic American SIG y su sitio digital indica que ha sido representante de empresas multinacionales de mercadeo, distribución, consultorías y planificación de mercadeo.

En comparación a la cantidad que fue erogada y el tiempo en que llegará el producto adquirido a precios exhorbitantes,  en Panamá se construyó en 30 días un hospital modular que atenderá de manera simultánea unos 100 pacientes, con tecnología de punta, que facilitará la aplicación de pruebas rápidas para detección del patógeno y apenas costó 6.5 millones de dólares, un poco mas de 150 millones de lempiras, sumado a una serie de centros asistenciales que son el complemento al nosocomio por lo que la inversión resultó ser baja respecto a Honduras.

En comparación a los hospitales móviles, que tendrán muy poco uso con relación a la actual crisis sanitaria, Panamá invirtió el 3.38 por ciento en el complejo sanitario que se ha convertido en el ejemplo a seguir en la región.

De hecho, se pudo redirigir el multimillonario gasto en la habilitación de infraestructuras como la Facultad de Medicina, el Palacio Universitario de los Deportes (ambos en la capital), el salón de convenciones de la CCIC en San Pedro Sula y el Gimnasio Municipal en La Ceiba como unidades intermedias y de cuidados intensivos y que los recursos sirvieran en la obtención de tecnología y fortalecimiento del sistema sanitario.

A pesar de que la cifra supera los mil millones de lempiras, Bográn admitió a regañadientes que los controvertidos hospitales móviles fueron adquiridos a Elmed Systems de Turquía y que entró en contactos con representantes de la empresa que están asentados en Florida. También «culpó» a las redes sociales por criticar el proceso de adquisición por lo que descartó renunciar al cargo.

Aunque los hospitales deberían llegar a finales de mayo y mediados de junio, dijo que los mismos podrían llegar hasta julio, cuando haya pasado el pico de contagiados del coronavirus, de acuerdo a estimaciones efectuadas por los médicos que están en la primera línea de la pandemia. Insistió que “las redes sociales están desinformando al pueblo al tratar de desvirtuar la adquisición de los hospitales mismos que llegarán al país en junio y julio”.

Al cierre de esta investigación, ni el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ni el Ministerio Público se han pronunciado en torno a la cuestionada compra y si emprenderán investigaciones a fin que Bográn sea citado a declarar para argumentar los motivos que lo orillaron a acudir a la compañía turca para traer el producto a Honduras.

MEGATRAMA CORRUPTA. Tampoco hay pronuncimiento del ente acusador si librará requerimiento fiscal al excomisionado de Copeco, Gabriel Rubí, por las sobrevaloraciones en las compras efectuadas en el contexto de la actual emergencia; al trasluz de la salida del también diputado nacionalista y de la suspensión del gerente administrativo del organismo de protección civil, Christian Elías Santelí, la red corrupta enquistada en la administración pública busca mantenerse blindada, tras ella hay altos funcionarios y sus parientes que se volvieron férreos defensores del régimen según documentos que fueron entregados.

Bográn, quien ha sido un operador clave en esta megatrama corrupta, ha efectuado compras misteriosas de insumos biomédicos a empresas de telecomunicaciones por fuertes sumas de dinero. Radio Globo y ConfidencialHN hallaron la orden de compra 017-2020, emitida el 9 de abril anterior, se especifica que Investh compró productos a la empresa estadounidense Access Telecom, ubicada en Miami, por un total de tres millones 547 mil 500 dólares que fue elaborada por el gerente administrativo Alex Moraes.

Otra empresa que también fue contratada por Investh para adquirir mascarillas fue Grupo GYT SA de CV, registrada en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), propiedad de Juan José Lagos, quien fungió en su momento como presidente del club deportivo Real de Minas y señalado en otras investigaciones como proveedor directo del Registro Nacional de las Personas (RNP). En su momento, Lagos se vio beneficiado con contratos para proporcionar papel de seguridad al organismo.

Espere la cuarta parte…

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Un equipo especial de la DEA permaneció durante dos semanas en Honduras investigando el asesinato de Magdaleno Meza Fúnez, socio del exjefe narco Tony Hernández, a fin de determinar quién giró la orden para silenciar al responsable de las narcolibretas que apuntan contra el jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández.

Radio Globo y ConfidencialHN supieron de primera mano que este equipo especial permaneció en el país para recabar información en torno a la muerte de Meza o Nery Orlando López Sanabria y la misma será entregada a fiscales federales que en su momento mostraron preocupación sobre las condiciones en las que permanecía confinado el ahora occiso.

Los agentes lograron acceder a datos que podrían complicar a altas autoridades estatales, exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario y FFAA, en el sentido de cómo ingresó el arma al penal de ultra alta seguridad de Ilama y la conspiración que se orquestó para dar muerte al operador clave del cártel de los hermanos Valle Valle, con quienes Tony trabó sociedad y recibió multimillonarias sumas de dinero que también llegaron a manos de Hernández o Versace como era identificado en las libretas confeccionadas por López Sanabria y que fueron ventiladas en el tribunal federal de Nueva York.

Pocas personas, incluyendo autoridades de defensa y seguridad, tuvieron conocimiento de la incursión del equipo especial, quienes ya se encuentran en EE.UU. y están elaborando las conclusiones que serán entregadas a las autoridades judiciales a fin de determinar las implicaciones que supondría la ejecución del hombre que pudo haber revelado muchos detalles de la infiltración del narcotráfico en el régimen nacionalista.

MAGDALENO ESTABA LISTO PARA SER EXTRADITADO. De hecho, estos dos medios lograron acceder a una fuente de extrema confianza en el Departamento de Justicia norteamericano, cuyos miembros están muy molestos con la actual administración ya que Meza estaba colaborando eficazmente para rendir declaración ante el juez Kevin Castel, ya que al momento de ser asesinado le faltaban unos seis días para ser llevado rumbo a Nueva York; ya se habían finiquitado los detalles de cómo sería movilizado bajo protección de agentes de la DEA y se convertiría en la pieza clave para resolver el rompecabezas del trasiego de estupefacientes y cómo los hermanos Juan Orlando y Juan Antonio estaban involucrados.

Esto supone que todos los involucrados en la cadena de custodia del ahora occiso, comenzando desde Casa Presidencial, hasta los funcionarios de baja categoría dentro del sistema penitenciario, ya sabían que Meza sería extraditado y estaban en el deber de resguardarlo a fin de preservar su vida, a sabiendas que estaba en un presidio de alta peligrosidad como el Pozo, donde están recluidos miembros de maras y pandillas y que en cualquier momento podría ser ajusticiado por órdenes superiores.

Cabe recordar que miembros de una pandilla mataron al socio de Tony mientras dialogaba con el exdirector de la cárcel Ildefonso Armas, quien fuera posteriormente asesinado en diciembre en Choluteca; el defensor del encausado, Carlos Chajtur, denunció la negligencia estatal al sostener que su cliente estaba en peligro de muerte.

Consideró como «grave» la muerte de su cliente, ya que era sujeto de investigación por la justicia de EE.UU. por sus nexos con el narcotráfico y reafirmó que desde hace varios meses venía pidiendo el traslado de su representado a una prisión militar donde pudiera estar seguro.

«Estuvimos pidiendo el traslado a otro centro donde se le pudiera salvaguardar su vida; en noviembre se le relacionó con Tony y su condición se agravó», detalló el letrado y agregó que “el único responsable es el gobierno de Honduras ya que habíamos solicitado el traslado en más de una ocasión; el juez que conoce la causa no tuvo el valor de autorizar el traslado”.

Producto de esta acción, también fue asesinado en diciembre anterior uno de los apoderados, José Luis Pinto, mientras almorzaba en una cafetería en la localidad occidental de Nueva Arcadia.

Confidencial HN