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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Primera parte) Los privilegios que tuvo el exobispo auxiliar capitalino Juan José Pineda le permitieron acceder a fuertes sumas de dinero del Fondo de Seguridad Poblacional, más conocido como Tasón que los destinó a supuestas obras que jamás fueron auditados y cuyos resultados nadie conoce.

De hecho, el religioso pidió en 2012 alrededor de 60 millones 645 mil 280 lempiras, que debían ser pagados en dos tramos; el Comité Técnico del Fideicomiso del Tasón le autorizó 30 millones 835 mil 190 lempiras, el cual fue depositado en una cuenta del Banco de América Central (BAC), pero fueron liquidados con excesivas reservas.

Este periódico pudo encontrar información sobre la entrega del dinero y su administración a través del fideicomiso en BAC, a través de las cuentas 9143341102 (en lempiras) y 9143341101 (en dólares), que comenzó a tener vigencia desde septiembre de 2013 cuando fueron depositados 10 millones de lempiras; el 22 de octubre de ese año fueron transferidos cinco millones 835 mil 190 lempiras a través de un certificado de depósito.

El gobierno, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ordenó al Tasón que los otros 15 millones fueran entregados directamente a la Arquidiócesis de Tegucigalpa como «unidad ejecutora», por lo que Pineda tuvo en sus manos durante ese periodo más de 30 millones que al cierre de esta primera entrega no han sido justificados.

Y es que la poderosa instancia gubernamental, de la que depende el Fondo de Seguridad, argumentó en su decreto que era para «apoyar» alrededor de 20 proyectos «con el fin de dar mantenimiento a obras de educación, salud, protección social, comunicación y dotar de materiales didácticos médicos para el beneficio de los más pobres» y cuyo alcance sería a «siete millones de personas». El decreto contempla que la suma de dinero otorgada al religioso sería en concepto de inversión, «a petición de la Secretaría de Seguridad».

La orden fue dada por el entonces presidente Porfirio Lobo, el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, el fiscal general Luis Rubí, el secretario de Defensa Marlon Pascua y también fue firmado por el entonces secretario ejecutivo Julián Pacheco, actual titular de Seguridad; no obstante, no fue rubricado por su antecesor Pompeyo Bonilla ni por el actual gobernante Juan Orlando Hernández, de acuerdo al decreto que tiene en sus manos ConfidencialHN. Sin embargo, en la justificación del plan, jamás se explicó cómo sería la ejecución presupuestaria, quiénes serían los beneficiarios, las zonas geográficas a atender y los indicadores de resultados que estas pudieran tener, según las normas de formulación y ejecución de proyectos.

Es más, tuvo que explicar de manera pormenorizada en qué basaba su petición de dinero, los motivos, propósitos y qué logros alcanzaría con el mismo. Una fuente muy confiable y que pidió el anonimato reveló que su compañero de sotana apenas entregó un álbum fotográfico al organismo, como suerte de justificación para evadir cualquier duda o interrogante del destino que tuvieron los fondos que se le confirieron.  Las consultas efectuadas en esta investigación concluyen que el exobispo usó sus contactos a escala gubernamental para no verse asediado por auditores que le exigieran documentación soporte de las obras que hubiese efectuado.

Conocedores del tema explicaron a este periódico que el proyecto debió tener más datos que dieran validez a la transferencia monetaria y con sus respectivos controles para evitar malos entendidos; uno de los indicadores de los proyectos que realizó el religioso es que no son visibles. Al cierre de esta edición, no hay referencias de que el dinero haya sido destinado a escuelas, colegios y universidades católicas, proyectos de movilidad humana y recepción de migrantes retornados a través de las hemanas scalibrinianas o los que suele realizar la pastoral social Cáritas.

Resulta que la iglesia católica, no tiene por costumbre realizar rendición de cuentas, como ordena la Ley de transparencia y acceso a la información pública, ya que es una «institución obligada» por lo que debería tener actualizados sus registros de recepción de dinero. Ni el arzobispado, ni ninguna otra entidad tiene un portal u oficial de información que dé explicaciones sobre el paradero de los más de 30 millones que transfirió el Comité a Pineda.

A pesar de que el actual gobierno denegó un segundo desembolso de 30 millones, el exobispo usó sus «buenos oficios» para convencer a colaboradores de Hernández para que le entregaran el dinero. No obstante, este periódico pudo conocer que hubo recelo de varios funcionarios para entregarle la otra parte, la cual terminó siendo denegada porque nunca se entregaron facturas, contratos, recibos y todos aquellos que pudieran explicar en qué se gastaron los recursos procedentes del público.

Algunos documentos constatan de que el otrora prelado no pudo detallar cómo usó cada lempira que le dio el Ejecutivo a través del Tasón y que le hizo fracasar en su segundo intento de acceder a beneficios para sus proyectos institucionales a fin de «formar valores» y otras que jamás fueron publicitadas, dado el hecho de que la iglesia católica cuenta con un poderoso aparato mediático que le realiza las coberturas sobre sus actividades rutinarias.  Esta entrega de dinero ocurrió -llanamente- porque los representantes del Comité y del Consejo de Defensa «confiaron» en la honestidad del otrora íntimo colaborador del cardenal Óscar Andrés Rodríguez y que los ámbitos a cubrir no implicarían una intensa auditoría.

Pineda actuó al margen de la Conferencia Episcopal de Honduras -máximo organismo de decisión de la iglesia-, pues ninguno de sus miembros tuvo conocimiento sobre el otorgamiento de dinero estatal, excepto Rodríguez, quien firmó el documento del fideicomiso para la administración de los 15.8 millones que el Comité trasladó a las cuentas operadas en lempiras y dólares. 

El proyecto que realizó Pineda en aquella ocasión, de acuerdo a los documentos publicados por ConfidencialHN se llama Prevención y formación – Continuación de proyectos institucionales en el que justifica “formar en valores” a la feligresía y una “comprensión de las leyes y la vida social”.

“Queremos dejar constancia, desde el inicio, que los fondos solicitados y presentados por este proyecto cubren, en la mayoría de los casos, solamente el 40 por ciento o menos del costo total de las obras que realizamos. Los proyectos presentados en este documento no suman ni siquiera el uno por ciento de los proyectos que nuestra institución lleva a cabo en el país”, explicó Pineda en su proyecto que fue presentado ante el Tasón.

El documento posee graves deficiencias, entre ellas, que no existe una referencia geográfica donde se ejecutarían las obras, sin que se determine quiénes serán los responsables o las entidades que administrarán el dinero en beneficio de los más necesitados. Tampoco hay una estructura organizacional, cada dato está difuso, sin precisar motivos ni características; no hay perfiles del personal a colaborar con la obra, los puestos y salarios a devengar durante la vigencia del proyecto.

Asimismo, no hay una definición clara de los recursos disponibles, estudios socioeconómicos por cada subproyecto, claves contables que permitan ubicar el destino de los fondos, inversiones, costes y los respectivos beneficiarios. En concreto, Pineda se limita a decir en un oficio girado a la directora del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Soledad de Ramírez, que «siete millones de hondureños se beneficiarán directa e indirectamente”.

De hecho, en la nota enviada a Ramírez, el religioso le comentó que la petición de fondos se basa en los proyectos que realizan y que “se trata solamente de cerca del uno por ciento de los proyectos que tenemos en todo el país. Son muchos más, más de los que muchos se pueden imaginar, los proyectos de formación, prevención, etcétera”.

Los resultados de ese proyecto terminan siendo cuestionables, ya que a la fecha no hay un finiquito extendido a favor de la iglesia católica que permita zanjar cualquier controversia surgida en torno a la entrega directa y mediante fideicomiso del dinero entregado. En últimas líneas, el dinero fue invisibilizado y a la fecha de publicación de esta investigación, las autoridades eclesiásticas, en particular, Pineda, no ha podido justificar con documentos fehacientes dónde invirtió o gastó el dinero concedido por el Tasón. 

Un informe de carácter confidencial señala al exobispo de haber incurrido en irregularidades, por lo que podría ser requerido por la justicia por lavado de dinero, malversación de caudales, fraude y uso de documentos falsos, los cuales podrían llevarlo a prisión, de acuerdo con la legislación penal vigente.

En su momento, Pineda se defendió de los señalamientos al asegurar que no sabía de qué se lo acusaba. «No sé de qué se trata. Son cosas que trata la iglesia que siempre ha trabajado con los gobiernos y las cosas están en orden».

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Quinta parte) La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), de la mano de Carlos Hernández, se convirtió en un cártel de la sociedad civil que terminó legitimando y avalando las acciones de los tres gobiernos nacionalistas presididos por Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.

Para ello accedió a información oficial clave a fin torcer el brazo al Ejecutivo, en una suerte de extorsión, a cambio de cuotas de poder en comisiones interventoras en las secretarías de Salud, Seguridad, Educación y otras que están en la mira de la oenegé que se ha vuelto una de las más poderosas y temidas en Honduras.

Antes de 2013, esa entidad apenas se encargaba de proteger por los derechos de los vigilantes, los cuales eran violentados por ilegales empresas de seguridad y con la llegada de Hernández comenzaron a escalar a posiciones de privilegio, mediante el chantaje de guante blanco por lo que se encargaron de idear una estrategia que les facilitara doblegar voluntades en las oficinas estatales, hicieran zancadillas a personajes del poder que eran intocables hasta volverse todólogos.

No obstante, esa codicia desmedida los llevó a encubrir actos de corrupción, en especial, en el sistema sanitario y las intervenciones -anunciadas con bombos y platillos- se terminaron convirtiendo en un monumental fracaso. La falta de medicamentos en los hospitales es una arista del desastre de cada incursión promocionada desde ASJ y patrocinada por el gobierno.

INCAPACIDAD. De hecho, la organización es la principal responsable del descalabro en el sistema sanitario y de propiciar una incuantificable cantidad de actos de corrupción en Salud ya que fueron incapaces de implementar o aplicar mecanismos y controles para la buena administración en la recepción, almacenamiento y distribución de las licitaciones y compras directas de fármacos.

La trama inició en 2012 cuando se envió una nota firmada por el asesor de ASJ, Douglas Molina, a la unidad de transparencia de Salud para pedir información sobre las condiciones del Almacén Central de Medicamentos y las bodegas ubicados en los hospitales San Felipe, Centro de Salud Las Crucitas y el Hospital Regional de Atlántida, la cual fue negada y Hernández, aprovechando la Ley de transparencia, presentó un recurso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para exigir el derecho de ingresar a los establecimientos a «analizar».

Sin embargo, días después, la exsecretaria Roxana Araujo autorizó mediante oficio 2236-10-2012 la entrada a las instalaciones, alegando que la organización efectuaría tal inspección a fin de generar propuestas «para contribuir a mejorar los procesos relacionados con el manejo de medicamentos en la Secretaría de Salud».

El proceso de veeduría, propuestas y denuncias fue una fachada para ASJ, pues su propósito era otro: acceder a información restringida, única y exclusivamente manejada por personal sanitario; se detallaron hallazgos sobre irregularidades en la red, fallos en inventarios, incumplimiento de normas para distribución de medicinas, incapacidad administrativa para la resolución de conflictos, desórdenes, entre otras falencias que fueron puestas a luz, pero se diluyeron con el paso de los años. Las denuncias pasaron a la historia.

ESTAFA AL ESTADO. Se exigió la sustitución de un programa informático llamado Bit Menu por Farmatools para, según los proponentes, mantener controles adecuados y transparente de los inventarios. Ante la presión de los oenegeístas, respaldados por la exrectora de la UNAH e interventora Julieta Castellanos, la exsecretaria Araujo accedió a las exigencias y se mandó al olvido Bit Menu y fue aprobada la instalación de Farmatools ya que fue vendido como la “solución definitiva” a las adquisiciones de medicina; fue instalado en el Hospital Escuela Universitario (HEU), pero resultó ser obsoleto e ineficiente para los fines que fue adquirido.

Hernández, quien ha sabido sacar provecho de esta trama, tiene oculta demasiada información que podría poner contra las cuerdas del Ejecutivo nacionalista, pero se mantiene en reserva como arma de presión para no perder los privilegios que le han conferido con el paso de los años. La conspiración sirvió a la ASJ para acceder de forma «violenta» a los círculos de poder.

Por tanto, en esta investigación que realizó este periódico se deja en evidencia que la ASJ ha estado incurriendo en conflicto de intereses y hasta tráfico de influencias ya que hasta la fecha han sabido torcer el brazo al gobierno y los privilegios están a la vista: saben de salud, educación, seguridad, defensa, actos de corrupción, impunidad y muchas otras donde la sociedad civil ha permanecido ninguneada.

El hecho de ocultar información, que se ha planteado en estas cinco entregas, coloca a Hernández como el cabecilla y el patrocinador de acciones que mantienen en una profunda crisis a segmentos controlados por el Estado de Honduras. Es más, este caos organizado ha podido conformar el surgimiento de un nuevo grupo económico que controla la oferta y demanda de medicamentos, sin que bancos como Occidente puedan hacer algo para que el multimillonario fideicomiso pueda ser respetado en su totalidad.

PAGOS INÚTILES A LA ONU. Asimismo, la ASJ ha callado irregularidades e ineptitudes como las cometidas por el Programa de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, en inglés), ya que se comprometió a respaldar la gestión de compra y distribución de fármacos, ya que no se cumplió a cabalidad y por el que se pagó un millón 413 mil 840 dólares (34 millones  036 mil 501 lempiras con 39 centavos). A la fecha no hay resultados concretos sobre el tema.

Un informe de ASJ establece que las controversias -surgidas entre la Secretaría de Salud y UNOPS-, no existen mecanismos que puedan hacer cumplir el acuerdo que fue firmado para buscar transparencia, pero que no fueron cumplidas al ciento por ciento. En otras palabras, el gobierno regaló una fuerte suma de dinero al organismo especializado de la ONU cuyos resultados no se concretaron.

Sin embargo, los informes -mantenidos en bajo perfil- elaborados por la organización, no han sido del agrado de la autoridad sanitaria y asegura que los más de 34 millones de lempiras que fueron pagados están «justificados», sin importar que los beneficios del desorden han sido para las droguerías, muchas de ellas, vinculadas al poder político. Por lo tanto, las irregularidades han sido calladas adrede por la oenegé y hasta el momento no ha formulado denuncias.

Por ejemplo, se ha silenciado las compras que realizaron las droguerías Hasther y Americana, quienes han resultado favorecidas en las adquisiciones del fideicomiso administrado por banco de Occidente, a pesar que se les ejecutaron las garantías de los contratos y tuvieron que pagar fuertes multas por entregas tardías. A ninguna de las droguerías se les prohibió de seguir participando en las licitaciones.

Ni UNOPS, ni la Secretaría de Salud, ni el banco responsable del fideicomiso entablaron medidas administrativas contra ambas casas farmacéuticas.

DINERO BOTADO. Sobre las irregularidades que silenció la ASJ están el rechazo de medicamentos entregados por la empresa Servimédica, como un lote de dicloxacilina, autorizada por el fideicomiso, entregada el 3 de diciembre de 2013, de acuerdo al oficio 36-BR-ACM, pero cuatro meses más tarde fue «rechazado» por el laboratorio del Colegio Químico Farmacéutico. Resulta que el lote fue guardado de manera irregular en el Almacén Central de Medicamentos por más de 10 meses, por lo que se incumplió cualquier proceso.

Tiempo despúes, la dicloxacilina fue analizada y volvió a ser objetada por el laboratorio oficial. A pesar del ilícito, se pagó una fuerte suma de dinero, según el oficio 0887-2015-ACM, librado el 22 de octubre de 2015, o sea, 22 meses despúes de la entrega y revisión del componente activo que resultó nefasto para la salud de las personas. En consecuencia, los 24 mil 982 frascos del compuesto químico fueron destruidos en el crematorio municipal, de acuerdo a un informe girado por la regente de recepción, Norma Ponce, a la jefa del almacén central, Miriam Lobo, al justificar que se había vencido en octubre de ese año, por lo que se reportó una pérdida monetaria en detrimento de los intereses de la sociedad.

«Se llevó a cabo la destrucción…del lote M-112 con fecha de vencimiento octubre de 2015, proceso realizado en virtud del análisis practicado a dicho producto que no cumplió con la prueba de agua reportando valores por encima de lo especificado en la USP36/2013 informado por el Colegio Químico Farmacéutico. Como testigos, se contó con la presencia de la doctora Gabriela Gómez y el doctor Jerson García, representantes de droguería Servimédica…», detalla el documento que está en poder de este periódico.

Conocedores del tema explicaron a ConfidencialHN que el lote debió ser repuesto por la droguería para compensar el incidente ocurrido. Eso jamás ocurrió. Ni el banco, ni Salud, ni ASJ se pronunciaron. Hasta el momento, nadie da respuestas del porqué se permitió que tal medicina pasara los controles que ya habían sido impuestos por las autoridades.

Los informes de ASJ siguen a la fecha como secreto de Estado, Carlos Hernández ha optado por callarse y seguir disfrutando de las canonjías del poder.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Cuarta parte) El Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) estableció en una investigación que alrededor de 18 mil millones de lempiras se encuentran distribuidos en unos 67 fideicomisos, los cuales permanecen en absoluto secreto.

Entre los fideicomisos que permanecen en el absoluto silencio es el suscrito entre la Secretaría de Salud y el Banco de Occidente, por un monto de tres mil 500 millones de lempiras, cuyas irregularidades han sido calladas de forma dolosa por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presidida por Carlos Hernández.

Un análisis hecho en el marco del convenio suscrito entre ambos organismos surgen falencias relacionadas con el contrato del fideicomiso, entre ellas, que no hay claridad en los aspectos relacionados con la compraventa y reposición de fármacos, asimismo, los proveedores pueden hacer interpretaciones a su favor, por lo que se benefician de las lagunas que plantea el convenio.

De hecho, entre los hallazgos efectuados por ConfidencialHN están los débiles mecanismos de pago a los proveedores, en la cual no existen exigencias en la presentación de un acta de recepción definitiva y evidencia que ya se le pagó a las distribuidoras en caso de que se descubran faltantes en los fármacos requeridos para atender a la población.

Aunque la oenegé presidida por Hernández se ha venido jactando de sus incursiones en el sistema sanitario y los «resultados» que han obtenido, se demuestra que han sido pocos porque, a través de los fideicomisos, inició un silencioso proceso de privatización de la red hospitalaria; de hecho, una de sus interventoras, Amanda Madrid, se ha visto beneficiada con la cesión de clínicas y hospitales públicos de Olancho a la fundación Predisan.

El silencio de la ASJ llegó al paroxismo de la complicidad, pues no ha denunciado las graves fallas del método «transparente» de la compra y distribución de medicinas e insumos, entre ellas,  que no se cumple con el deber de custodiar los documentos de todas las compras por un plazo igual o mayor a 10 años, según lo estipulado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el objeto de que estén disponibles a procesos de auditoría.

Asimismo, no hay regulaciones mínimas para la selección y asignación de personas naturales en el Comité de Evaluación y en el Comité Técnico administrador de los fondos, sobre temas de inhabilidades y conflictos de intereses, pues se pretende reducir a la mínima expresión cualquier caso de corrupción durante la evaluación de las ofertas; tampoco hay mecanismos para la analizar y determinar criterios para calificar a los oferentes.

Otro de los hallazgos efectuados por este periódico está que no se establece cuáles son los métodos para evaluar ofertas ni criterios y Salud o el Comité Técnico no cuenta con un reglamento interno para manejar el fideicomiso. Tampoco hay expedientes unificados de todos los procesos que se han efectuado para efectos de transparencia y de auditoría interna y externa. Respecto a la emergencia declarada en salud decretada, la Secretaría de Salud debió notificar y remitir todos los contratos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sin embargo, no cumplió con la orden.

En consecuencia, la ASJ sabe de muchas irregularidades que se han presentado en los procesos de compras amparados al trasluz del fideicomiso y jamás protestaron; tampoco han pedido auditorías que puedan dar seguimiento a los pagos que se efectuaron a las empresas que proporcionaron insumos. En la declaración de los estados de emergencia decretados al sistema sanitario, se generaron en el marco del instrumento jurídico para que se efectuaran compras directas y que jamás se pudieron justificar.

También calló las irregularidades que incurrió la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, en inglés) porque jamás capacitó al personal en compras y contratación de bienes y servicios, por lo que evidencia que no hay un encargado de dar seguimiento efectivo y oportuno a las obligaciones de este órgano. Se deja claro que no se puede garantizar que se están cumpliendo los objetivos del convenio de asistencia con la entidad internacional, a pesar de que se esté pagando un alto costo monetario.

UNOPS, dice el informe de ASJ, no hizo casi nada por modernizar y eficientar los procesos ya que incurrió en fallas garrafales al no acompañar los procesos por los cuales se les pagó más de 34 millones de dólares. Al cierre de esta investigación, no hay informes de la Secretaría de Salud sobre rendición de cuentas en el multimillonario pago que se le efectuó al organismo especializado de la ONU.

«No se llevó un registro de proveedores que incumplieron con sus obligaciones contractuales en reiteradas ocasiones para aplicarles sanciones e inhabilidades. Esto ocasionó que se siguieran adjudicando contratos a empresas que ya habían incumplido en anteriores procesos de compra. Por ejemplo, se pudo evidenciar que las empresas Hasther y Americana mostraron incumplimientos contractuales en tres años consecutivos», señala uno de los apartados del informe que publicó ASJ, pero curiosamente silenció cualquier denuncia.

Una investigación de este periódico confirma que esta organización tuvo una activa participación durante 2013 en varias intervenciones en la Secretaría de Salud, precisamente, en el Almacén Central de Medicamentos para recolectar la información afín a sus intereses y se dedicaron a “monitorear” a los funcionarios para denunciarlos en el momento que incurrieran en irregularidades, pero esa función mermó desde que Hernández y Omar Rivera fueron incluidos por el presidente Juan Orlando Hernández en la junta interventora policial, educativa y sanitaria.

ConfidencialHN encontró un documento presentado el 30 de julio de 2015 por la ASJ, el cual fue calificado de “novedoso”, denominado Sistematización de las compras y contrataciones realizadas en el marco del fideicomiso de administración para la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico, insecticidas e insumos suscrito en 2014 por la Secretaría de Salud y Banco de Occidente que quedó muy corto a pesar de que fue aprobado por el presidente Juan Orlando Hernández y que erradicaría para siempre cualquier denuncia de corrupción en Salud.

Las conclusiones -ninguneadas por Hernández- resaltan «una baja evaluación que se deriva bien de la falta de obediencia a las normas o de la falta de documentación de respaldo que dé transparencia y confiabilidad a los procesos y mecanismos, especialmente en el eje de Compras y Contrataciones, donde obtiene una puntuación de 37%, seguido por el eje de Gestión de RR. HH. con un 57% de cumplimiento».

La Asociación para una Sociedad más Justicia concluyó que tanto el banco fiduciario y la oficina de la ONU de que «particularmente en el tema de transparencia, la gestión realizada por UNOPS y el banco fiduciario ante la cual pareciera que hay una percepción de mejoramiento en la gestión operativa. Sin embargo, el estudio identificó que no es así. Es importante aclarar que ambas instituciones (UNOPS y el Fiduciario) contaban con una justificación legal para no facilitar información a ASJ y a terceros (acceso a la información pública y transparencia); no obstante, el banco fiduciario accedió a brindarla como un acto de colaboración y de apertura para la mejora del sistema y con el ánimo de contribuir a la transparencia. Esto no sucedió con la UNOPS, lo cual contradice los valores que como institución desea promover a lo interno y exige a los países».

Resulta hasta insólito que ASJ, en el informe confidencial de 2015, admite que la “implementación del actual mecanismo, no representa una solución inmediata ni global al marco general de las compras en materia de Salud, sino más bien paliativa”.

La ASJ indicó que si bien la centralización de las compras provocará ineficiencia, pero la descentralización es la alternativa “más viable”, aunque la “corrupción esté de por medio”.