Tuesday, Aug 20, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Ministerio Público de Honduras pidió que se libre orden de captura y aseguramiento de bienes contra los 38 implicados en la trama corrupta denominada Caja de Pandora, según un requerimiento fiscal al que tuvo acceso ConfidencialHN. 

El requerimiento, preparado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), señala que se nombre un juez natural, se aseguren los bienes con el respectivo menaje a los sospechosos, incluyendo la detención judicial mientras prosiguen las investigaciones respecto al saqueo de unos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) dirigido por el liberal Jacobo Regalado Weinzenblut.

El escrito, presentado el pasado 13 de junio ante el Poder Judicial, precisa que se enajenen los bienes a Regalado Weinzenblut, el fallecido exsecretario de Finanzas William Chong Wong; los parlamentarios Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez y Elden Vásquez por el Partido Nacional; el diputado liberal y jefe de bancada Elvin Santos Ordóñez y su padre Elvin Santos Lozano.

Asimismo, que se apliquen las mismas medidas al excandidato a legislador rojiblanco Ernesto Galeas; Jean Francois de Peyrecave, esposo de la fallecida secretaria de Comunicaciones Hilda Hernández; el condenado exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto; el ex subsecretario de Recursos Naturales, Carlos Pineda Fasquelle y el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio Lara Bueso.

Fueron incluidos en el listado de personas a capturar a Arnold Gustavo Castro Hernández, esposo de la expresidenta del Partido Nacional y diputada por La Paz Gladis Aurora López Calderón; Fernando Josué Suárez Ramírez, Alba Luz Ramírez Hernández y Jaime Antonio Suárez, vinculados a las fundaciones Dibattista Todos Somos Honduras. 

Los agentes de tribunales Luis Javier Santos -jefe de la UFECIC-, Ana Lucía Pohl y Carla Cristina Pavón, especificaron en el requerimiento que los acusados incurrieron en lavado de activos, encubrimiento, testaferrato, falsificación de documentos, violación a los deberes de los funcionarios y falsedad ideológica contra la economía del Estado de Honduras, por lo que se debe implementar las medidas cautelares como la quita de los bienes y encarcelamiento inmediato.

A los sospechosos, prosigue la acusación, se les debe impedir la salida del país para evitar la posibilidad de fuga; los fiscales basaron el requerimiento en la «investigación» que efectuaron en su momento más informes elaborados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y análisis remitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

También se presentó documentación concerniente a los convenios que fueron firmados por Regalado Weinzenblut con los representantes de Dibattista Todos Somos Honduras, los cuales fueron investigados en 2015 por Radio Tv Globo y cuya denuncia valió que la MACCIH lo denominara en fecha reciente como Caja de Pandora. 

Respecto al aseguramiento de los bienes, los fiscales de la UFECIC solicitaron que se proceda a incautar varios locales, ubicados en varias zonas exclusivas de Tegucigalpa, en especial, en la colonia Payaquí, Villa Universitaria, que están a nombre de la sociedad mercantil Las Casitas y Alba Luz Ramírez Hernández, de manera respectiva.

También se pidió que se asegure un edificio de apartamentos ubicado en un sitio no determinado de Tegucigalpa, cuya construcción habría salido de los recursos robados a la SAG y está registrado a nombre de Valery Nicole Quiroz Palma, Mía Isabela Palma Sánchez y Alessandra Nicole Flamenco Palma y un local situado en el octavo piso de Torre Metrópolis.

En este caso de la lujosa oficina, refiere la unidad especial, «los documentos proporcionados por inmobiliaria Alianza los locales los adquirió el señor Fernando Suárez y fueron pagados con dinero de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras».

El fiscal jefe Luis Santos pormenorizó en la sustentación legal que se proceda a asegurar los saldos de los productos financieros a nombre de los imputados por lavado de activos, debiendo librar los respectivos oficios a las instituciones del sistema financiero nacional.

Sobre las órdenes de captura, espeficó que los delitos en que incurrieron «son graves» según el artículo 445 del Código Procesal Penal «atendiendo a que las penas previstas a quienes los cometieron exceden los cinco años de prisión».

Varios de los supuestos responsables, como Celín Discua, Rodolfo Irías y Elden Vásquez, aseguraron a Radio Globo que ellos recibieron el dinero del comité de campaña del Partido Nacional de Honduras para asumir gastos durante la campaña general de 2013.

El extinto exsecretario Chong Wong negó cualquier acusación porque se limitó a cumplir con sus funciones, por lo que se presentaría ante la justicia para desvanecer cualquier cargo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(TERCERA PARTE) El sacerdote Bernardo Font Ribot, expulsado por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez de la celebración de los sacramentos, cuestiona en una carta enviada al prelado el 19 de noviembre de 2015 la homosexualidad que reina dentro del clero y le recrimina que jamás le concedió clemencia para seguir en el cargo que le fue quitado en enero de 2005.

La carta, si bien fue escrita en parábola por el afectado, pero revela la conducta retorcida de algunos religiosos que han sido protegidos del purpurado y señalados de incurrir en conductas amorales dentro de la iglesia que preside desde hace varias décadas.

En la misiva,  Font Ribot sigue insistiendo que es inocente de los cargos que el acusador privado Andrés Maradiaga le imputó y cuya denuncia le costó su salida abrupta de la iglesia.

ConfidencialHN hace una reproducción fiel de la carta enviada al actual asesor del papa Francisco, en la que Font Ribot le recuerda las contribuciones que hizo como ser el fundador de canal 48 y ansía finalizar sus días en el ejercicio del sacerdocio para recuperar los 12 años que ha permanecido bajo «señalamientos» que, a su juicio, fueron infundados.

Estimado monseñor:

Tal vez al revisar sus archivos, podrá comprobar que el 9 de febrero del año 2005. Usted me suspendió para ejercer como sacerdote de la iglesia católica, separándome de la misma y mi feligresía apoyado en improntas calumnias del Abogado Jorge Alberto Maradiaga Rodriguez, juntos con sus auxiliares Juan José Pineda y Carlos Magno, que usted tomó como ciertas, soterrando así públicamente mi dignidad y probidad como sacerdote de la iglesia católica, al tiempo que por tal causa, debí tomar forzadamente los tratamientos médicos que me orillaron al borde de la muerte física.

Acabo de cumplir 74 años de edad y 46 desde mi ordenación sacerdotal, sin que nadie haya probado que vivo indignamente, poseyendo algo mal habido o haber ejecutado acción alguna, física o moral en contra de otra
persona; como tampoco he sido condenado por ningún delito o comportamiento indebido a causa de mis propias inversiones en la promoción humana, creando fuentes de trabajo y servicio con los bienes que heredé de mi
padre; mucho menos haber provocado un daño moral o material a persona alguna; ejemplo de ello fue cuando le serví como ejecutivo al haberse fundado bajo su gestión el Canal 48.

Desde el mismo momento de la ofensa aludida, yo perdoné al abogado Maradiaga Rodríguez, a su auxiliar Juan José Pineda, al padre Carlo Magno y a usted, en atención a la enseñanza de mi madre «padre, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden». Monseñor, imagínese usted que se dijera que alguien del clero, le gustan los
hombres, que visita con frecuencia un negocio en donde se reúne con amiguitos, que busca jovencitos a través de un colegio, que regala carro y casas a sus parejas y que visitan discotecas gais, etcétera.

Monseñor, ¿usted los castigaría sin hacer una buena investigación y de verdad lo enviaría al exterior para su regeneración? Otro punto: imagínese señor cardenal, un seminarista que sea despedido del seminario por homosexualidad, y que usted lo enviase al exterior para terminar sus estudios y que le informaran de su homosexualismo, ¿usted lo despediría o lo ordenaría?

Señor Cardenal, no nos engañemos, en mi caso usted me castigó sin seguir un debido proceso, ya que jamás me llamo a ninguna audiencia, dejándose llevar por comentarios de subalternos o personas particulares, condenándome sin piedad, sin importarle el daño moral y social que me estaba haciendo para el resto de mi vida.

Hoy soy prácticamente una persona inútil. Monseñor realmente usted me mató. Pensé volverme loco, había perdido a «mis amigos» y toda credibilidad ante la sociedad, obtenida en mi desempeño como secretario ejecutivo de la comunicación católica en la arquidiócesis de Tegucigalpa. De inmediato fui convertido por el señor cardenal en un sacerdote delincuente y estafador y no me quedó más remedio que encuevarme en la soledad, dejándo de asistir a toda reunión del clero e incluso a la iglesia ya que me sentía perseguido hasta por los que habían sido mis amigos.

Lo único que he debido hacer forzado por esta situación, son acciones personales de subsistencia. Pero el daño moral y social que me causó esta suspensión que continúa vigente, es incuantificable, necesitando por lo tanto que esta suspensión me sea levantada en la arquidiócesis de Tegucigalpa. Por cuanto quiero morir en el seno de la iglesia sin ningún tipo de prohibición que jamás he merecido; resarcido del daño moral y social causado.

Le recuerdo Monseñor Rodríguez, que durante estos largos años de cautiverio, enfermedades y prisión social y moral; jamás he recibido de usted ni tan siquiera una llamada telefónica, invitándome a una conversación o almuerzo como usted lo hizo antes, y mucho menos una visita personal. Actitud indicadora del poco valor que tengo y tuve para usted,  incongruente con la vocación que profesa su alta investidura de arzobispo cardenal.

En espera de su pronta acción respondiendo a lo solicitado, me suscribo respetuosamente.

Padre Bernardo Font Ribot.

Nota: Le adjunto fotocopia de las suspensiones recibidas de usted y Juan José Pineda, así como también copias de las certificaciones médicas que conciernen a mi estado de salud provocado por su criminal decisión de separarme, así como también, fotocopia del abogado delincuente Maradiaga Rodríguez que influenció en su criterio.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La conducta criminal de Jesús Arturo Mejía Arita trastocó los intereses del entonces gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Romeo Vásquez Velásquez, al conspirar contra la estatal en actividades ilícitas.

De hecho, el entonces subgerente suplantó la firma de Vásquez Velásquez en un acuerdo de terminación de llamadas en la modalidad prepago, suscrito con la compañía estadounidense Latam Ipfast LLC, de acuerdo al documento que tiene en sus manos este periódico.

El convenio ATI 019-2011 del 7 de febrero de 2011, fue firmado por Mejía sin el permiso con el representante de Latam, César Raymundo Palacios Palada, respecto al ingreso de llamadas internacionales a favor de la empresa norteamericana.

Asimismo, rubricó varios anexos en el contrato sobre el tráfico que ingresó -o terminó- en la redes fijas y móviles de Hondutel y de las telefónicas privadas, cuyos costos oscilan entre los nueve y 12 centavos de dólar y que se podrá revisar de conformidad «con las fluctuaciones del mercado» y lo establecido por la Junta Directiva, a la cual desobedeció porque el exjefe militar debió ser el responsable por la rúbrica del documento y no él.

El ex subgerente de Hondutel, Jesús Mejía, excedió de sus funciones al suplantar la firma de Romeo Vásquez Velásquez respecto al contrato suscrito con la compañía estadounidense Latam Ipfast. El documento en poder de este periódico confirma que Mejía rubricó el contrato (recuadro rojo) en 2011 y esa acción le podría acarrear persecución penal.

Esta suplantación hecha por Mejía permitió que el Ministerio Público retome la demanda interpuesta en contra del controvertido exfuncionario ya que aubusó de su autoridad para suscribir acuerdos con empresas extranjeras cuando esa función le correspondía al titular de la telefónica.

El expediente ya está en manos de la fiscalía general a fin de que en breve se emita el requerimiento contra Mejía, ya que según el Código Penal, establece penas de cárcel contra quienes aprovechen sus cargos para suplantar funciones que corresponden a otros, en este caso, a Vásquez Velásquez.

ROSARIO DE ILÍCITOS. Al controvertido personaje se le sindican varios señalamientos en su contra, entre ellos, de haber entablado negocios con la criminalidad organizada ya que firmó jugosos contratos de seguridad con la empresa Lares, propiedad de Ramón Matta Waldurraga, quien se entregó a la justicia norteamericana en fecha reciente.

A pesar de que negó haber hecho cualquier relación comercial con Matta Waldurraga, los documentos en poder de ConfidencialHN demuestran que Mejía le dio un respaldo a su amigo de infancia al aprobarle un contrato de cuatro millones 399 mil 999 lempiras con 59 centavos para cuidar las instalaciones de Hondutel en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Sólo en 2015, Matta Waldurraga se agenció de 52 millones 799 mil 995 lempiras con ocho centavos; en 2014 ganó cinco millones 501 mil 184 lempiras con un centavo mediante varias adentas al contrato, cuya ganancia global para Lares asciende a los 60 millones de lempiras.

Las adendas CPSV-032-2014 Y CPSV-006-2015  reafirman que el gerente de la empresa pública sí suscribió el acuerdo con Eduardo Rodríguez Bustamante, representante legal de la compañía privada para el servicio de vigilancia de los planteles de Hondutel, el cual tiene la firma y sello de Mejía Arita.

Aunque el titular de la ENEE ha tratado de desmarcarse de su entrañable amigo, fue el responsable de meter «las manos al fuego» para que Lares, intervenida por haberse constituido con dinero ilícito, tuviera jugosos ingresos por los servicios que prestó.