Wednesday, Oct 23, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La conducción del Hospital Escuela Universitario (HEU) contrató la empresa de seguridad CNK por una elevada suma de dinero, por lo que violentó la Ley de contratación del Estado porque debió irse por la oferta más alta, sin que existiera un asidero legal.

Este periódico accedió al acta de apertura de ofertas LPN 07-2018-HEU-SP del 16 de abril de 2018, en la cual se dejó constancia que CNK presentó una oferta de 14 millones 407 mil 200 lempiras exactos, junto a una garantía de oferta por 300 mil lempiras, superando por más de cinco millones de lempiras a la propuesta hecha por la Empresa Innovadora de Seguridad (Emise), pues ésta tenía una oferta de nueve millones 351 mil 173 lempiras.

En consecuencia y, aplicando la referida norma para contratar servicios a la empresa privada, Emise debió quedarse con el servicio de vigilancia del HEU y tuvo que iniciar labores este día; sin embargo, no ocurrió. La directiva del principal centro asistencial se fue por la más alta y dejó en el camino a otras compañías que en el pasado pudieron prestar seguridad a módicos precios.

Por tanto, las compañías Empresa de Seguridad de Occidente (ESO), Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), Empresa de Seguridad y Protección Empresarial fueron descartadas en beneficio de CNK. Asimismo, la junta de dirección del HEU, incurrió en abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y podrían ser sujetos de reparo por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Respecto al abuso, el Código Penal ya establece una condena de seis meses a tres años de prisión y una inhabilitación especial por el tiempo que dure la condena contra quienes hayan incurrido en tal delito.

Al cierre de esta publicación, ni la directora del Hospital Escuela, Cristina Rodríguez, ni otros directivos han hecho comentarios o aclaraciones sobre el carísimo contrato de seguridad que se le otorgó a la empresa de seguridad CNK.

A pesar de que se concedió a esta organización el servicio de seguridad, médicos especialistas han hecho fuertes reclamos a las autoridades hospitalarias sobre las fuertes carencias de medicinas y equipo quirúrgico, al extremo de cancelar las cirugías selectivas ya que no quieren verse involucrados en casos de mala praxis que les podría costar la cárcel y multimillonarias demandas contra el Estado de Honduras.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La salida de los 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) no podría haberse concretado sin el contubernio de funcionarios, colaboradores y enlaces políticos para poder financiar las campañas electorales, al usar como fachada la suscripción de contratos para proyectos que debieron beneficiar a segmentos empobrecidos.

La documentación constata la manera cómo se fue drenando el dinero asignado a la SAG mediante convenios para sistemas de microrriego por goteo y programas de emprendedurismo agrícola que suscribió con la Fundación Todos Somos Honduras y que dejaron jugosas ganancias de hasta 90 millones de lempiras. 40 millones para el primer proyecto y 50 en el segundo, de manera respectiva.

Estos dos proyectos tuvieron que ser implementados en los departamentos de Olancho, Intibucá y Colón, pero jamás se concretaron porque la plata fue destinada al financiamiento de las campañas de los partidos Nacional, Liberal y el minúsculo Faper; la nueva documentación que localizó este periódico indican que el periodo de ejecución era de dos meses para microrriego y nueve para los proyectos de emprendedurismo.

Por cada día que duró el convenio para la formación de empresarios agrícolas, suscrito por el exsecretario de Agricultura Jacobo Regalado y el presidente de la oenegé Jaime Suárez costó a los hondureños 148 mil 148 lempiras diarios, mientras que la supuesta instalación de sistemas de irrigación tuvo un costo de 833 mil 333 lempiras, los cuales nunca fueron liquidados ante la SAG o Secretaría de Finanzas para efectos de auditoría.

Suárez, otro operador de la trama corrupta Pandora, justificó la multimillonaria erogación monetaria en los lineamientos de la anónima Visión de País y Plan de Nación 2010-2038 para la formulación de los codiciosos proyectos agrícolas en los tres departamentos hondureños para «la reducción de la pobreza y generar activos e igualdad de oportunidades…favoreciendo el desarrollo integral del campesino pobre y salir del esquema de otorgamiento de crédito».

No obstante, los beneficiarios jamás vieron concretados sus anhelos de tener abundantes cultivos y emprender planes de negocios para la comercialización de sus productos ya que fueron destinados para engrosar las cuentas de los tres partidos investigados por el Ministerio Público y la MACCIH y a cuyas piezas clave se les sindica de varios delitos.

Resulta interesante que al analizar el acuerdo para los sistemas de riego no se especificara cuántos kits o paquetes serían distribuidos, mucho menos se detalló el costo de cada pieza como válvulas, mangueras, niples, filtros, bolsas y otros, ni las cotizaciones que la fundación debió realizar en tiendas agrícolas especializadas para dar un mayor respaldo a la propuesta entregada a la SAG.

No obstante, para la capacitación y «materiales» se asignó 48.2 millones, mantenimiento y «operación» de un carro por un total de 252 mil, otros gastos por 236 mil y «otros gastos» por un millón 738 mil lempiras, al igual que otras partidas que fueron revisadas y aprobadas. En total, según el documento, se habría aprobado unos 53 millones 251 mil 334 lempiras y se evidencia que no hubo una revisión exhaustiva de los acuerdos que fueron suscritos y se concluye que, en efecto, tampoco hubo controles para la asignación de recursos captados del público.

TESTIGOS DELATAN A JACOBO. Respecto a la implicación de Regalado Weinzenblut en la trama, dos testigos protegidos por el Ministerio Público lo sindican de ser el principal operador de la sustracción de fuertes sumas de dinero de la SAG ya que autorizó cualquier giro de dinero que se realizara a las fundaciones Dibattista Todos Somos Honduras aprovechándose del cargo que le dio el entonces presidente Porfirio Lobo.

Los testigos aseguraron que el exfuncionario organizó un esquema para mover recursos hacia las dos organizaciones no estatales que se conformaron en 2010 y que en tiempo récord pudieron acceder al tesoro público, aprovechando las conexiones políticas y gubernamentales para que el dinero fluyera a raudales. De comprobarse todos estos extremos, el exsecretario de Agricultura podría purgar muchos años de prisión ya que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) le imputa varios delitos, entre ellos, abuso de autoridad y asociación ilícita.

Respecto a la asociación ilícita, el organismo acusador logró de que fueran incluidos, junto a Regalado, a Keffy Montes Chandías, Laura Aidee Arita Palma y dos personas con paradero desconocido.

Una investigación efectuada en 2015 por Radio Globo pudo determinar que el saqueo inició el 27 de diciembre de 2011 con un cheque del Banco Central de Honduras (BCH) por un monto de 15 millones de lempiras a beneficio de Todos Somos Honduras y culminó a mediados de 2013, según constan en las libretas de ahorro de ambas organizaciones. Las dos oenegés permanecieron inactivas por varios años en la Unidad de Registro y seguimiento de Asociaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación (URSAC) y, casualmente, se reactivaron para ser incorporadas en el esquema fraudulento que usó documentación y sistemas informáticos estatales para recibir fuertes sumas de dinero.

RED FRAUDULENTA. Los fondos que recibieron las dos organizaciones provenían desde la Secretaría de Finanzas, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (Siafi) y eran pagados mediante cheques de la cuenta SAG en el BCH, por lo que quedó documentado cada registro de cómo se configuró una superestructura destinada al latrocinio a gran escala.

Por ejemplo, para Todos Somos Honduras y Dibattista se pagaron en total 143 millones 387 mil 115 lempiras, a través de transferencias que se desglosan en pagos de 15 millones el 27 de diciembre de 2011; 40 millones fueron entregados el 15 de agosto de 2012; se giraron 64 millones 381 mil 175 el 30 de abril y 29 de mayo de 2013 y nueve millones el 4 de julio de 2013, concluye un analisis que realizó en aquella ocasión Radio Tv Globo.

Cada transferencia girada a las dos entidades se hizo bajo la figura de apoyo financiero, según el convenio que fue autorizado por el exsecretario de Agricultura. De hecho, en la investigación que realizó la emisora reveló que una parte de la plata se fue al pago de tarjetas de crédito, compra de oficinas en lujosos edificios, gastos que no estaban relacionados con la función que Dibattista y Todos Somos Honduras debieron realizar.

Sólo en gastos de tarjetas de crédito se erogó un millón 164 mil 813 lempiras con 94 centavos, los cuales fueron girados a varios bancos y aseguradoras, cuyas cantidades oscilaron entre los tres mil y 187 mil lempiras. Asimismo, se dejó de declarar a la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) cuatro millones 338 mil 924 lempiras con 72 centavos, cuya responsabilidad recae en Fernando José Suárez, quien debió realizar el pago de tributos, por lo que incurrió en evasión fiscal.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La fallecida jefa regional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sheril Hernández, habría sido asesinada por otro agente del brazo armado del Ministerio Público el pasado 10 de junio, según una investigación que realizó este periódico.

ConfidencialHN confirmó a través de fuentes totalmente creíbles que Hernández fue liquidada en circunstancias misteriososas en su vivienda de Santa Rosa de Copán por un supuesto miembro de la ATIC, por lo que el crimen vino desde las propias filas del organismo, quien casualmente realizó la investigación que concluyó que «fue un suicidio».

Esta versión daría un vuelco inesperado respecto a la muerte de la agente ocurrida el mes anterior y esclarecería las causas por las cuales fue asesinada Hernández, asimismo, neutralizaría cualquier controversia surgida entre la jefa forense Julissa Villanueva y el director de la ATIC, Ricardo Castro, pues la funcionaria asegura que fue un homicidio y Castro ha venido sosteniendo que la víctima decidió quitarse la vida.

El informe de la autopsia fue preparado por dos médicos forenses de San Pedro Sula -una de ellas fue identificada como Dixiana Ferrufino- y el documento fue refrendado por la misma Villanueva; no obstante, las imágenes sobre la muerte de la agente de investigación fueron filtradas por las redes sociales, las cuales habrían salido del expediente, cuya firma coincide con la de Villanueva.

Ferrufino -aseguraron allegados- se encuentra temerosa producto de los incidentes que se han generado en torno a la muerte violenta de la agente.

Este medio tuvo acceso a imágenes sobre el crimen de la jefa local de la ATIC en Copán; al trasluz de la información recabada, se concluye que la escena fue adulterada, el arma con la que pretendieron creer que Hernández se quitó la vida habría sido colocada en su mano derecha para aparentar suicidio.

Las imágenes -demasiado fuertes- sugieren que la víctima habría recibido el disparo en la sien derecha, ya que por el impacto de la bala provocó salida de sangre por la nariz; se supo de primera mano que la dama fue estrangulada hasta morir, luego recibió el disparo y se trastocó la escena original.

No obstante, la contaminación se agravó al extremo que los dos organismos (ATIC y Medicina Forense) puedan tener apoyo del Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) y el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) para que se pueda determinar en qué circunstancias fue ultimada Hernández.

Por su parte, el Ministerio Público, a través de la fiscalía de delitos contra la vida, se limitó a decir que están investigando para «determinar las causas de muerte de la agente Sherill Hernández Mancía, es así que se hacen todos los esfuerzos con la fiel convicción de que el objeto de la investigación criminal es el descubrimiento de la verdad».

«En ese sentido, el equipo multidisciplinario de investigadores asignado al presente caso, se encuentra practicando todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del delito y tomará en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de quienes resultaren autores, respetando los principios de reserva de la investigación, estado de inocencia, protección de los intervinientes y derechos de la víctimas, entre otros», dice la postura oficial.

En tanto, Villanueva aseguró que la investigación sobre el crimen “ha generado molestia de que se descubra la verdad y que se esté haciendo a través del método científico. Lamento que la prueba científica sea desacreditada; los órganos fueron advertidos de estas amenazas”. “El forense no hizo su trabajo como debía, ni hizo su dictamen, ni las fotos y la directora le preguntó del porqué no realizó el levantamiento respectivo y me dijeron que ‘iba como observador’”, añadió.

“No sé por qué nos perdemos, si la cerradura no estaba siendo alterada entró alguien que tiene llave y es acaso que eso significa que se suicidara; la joven no se ha quitado la vida. Para verificar que es un homicidio o suicido hagámoslo donde debe ser y no amenacen de muerte”, concluyó.