Thursday, Nov 21, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

La fallecida jefa regional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sheril Hernández, habría sido asesinada por otro agente del brazo armado del Ministerio Público el pasado 10 de junio, según una investigación que realizó este periódico.

ConfidencialHN confirmó a través de fuentes totalmente creíbles que Hernández fue liquidada en circunstancias misteriososas en su vivienda de Santa Rosa de Copán por un supuesto miembro de la ATIC, por lo que el crimen vino desde las propias filas del organismo, quien casualmente realizó la investigación que concluyó que «fue un suicidio».

Esta versión daría un vuelco inesperado respecto a la muerte de la agente ocurrida el mes anterior y esclarecería las causas por las cuales fue asesinada Hernández, asimismo, neutralizaría cualquier controversia surgida entre la jefa forense Julissa Villanueva y el director de la ATIC, Ricardo Castro, pues la funcionaria asegura que fue un homicidio y Castro ha venido sosteniendo que la víctima decidió quitarse la vida.

El informe de la autopsia fue preparado por dos médicos forenses de San Pedro Sula -una de ellas fue identificada como Dixiana Ferrufino- y el documento fue refrendado por la misma Villanueva; no obstante, las imágenes sobre la muerte de la agente de investigación fueron filtradas por las redes sociales, las cuales habrían salido del expediente, cuya firma coincide con la de Villanueva.

Ferrufino -aseguraron allegados- se encuentra temerosa producto de los incidentes que se han generado en torno a la muerte violenta de la agente.

Este medio tuvo acceso a imágenes sobre el crimen de la jefa local de la ATIC en Copán; al trasluz de la información recabada, se concluye que la escena fue adulterada, el arma con la que pretendieron creer que Hernández se quitó la vida habría sido colocada en su mano derecha para aparentar suicidio.

Las imágenes -demasiado fuertes- sugieren que la víctima habría recibido el disparo en la sien derecha, ya que por el impacto de la bala provocó salida de sangre por la nariz; se supo de primera mano que la dama fue estrangulada hasta morir, luego recibió el disparo y se trastocó la escena original.

No obstante, la contaminación se agravó al extremo que los dos organismos (ATIC y Medicina Forense) puedan tener apoyo del Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) y el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) para que se pueda determinar en qué circunstancias fue ultimada Hernández.

Por su parte, el Ministerio Público, a través de la fiscalía de delitos contra la vida, se limitó a decir que están investigando para «determinar las causas de muerte de la agente Sherill Hernández Mancía, es así que se hacen todos los esfuerzos con la fiel convicción de que el objeto de la investigación criminal es el descubrimiento de la verdad».

«En ese sentido, el equipo multidisciplinario de investigadores asignado al presente caso, se encuentra practicando todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del delito y tomará en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de quienes resultaren autores, respetando los principios de reserva de la investigación, estado de inocencia, protección de los intervinientes y derechos de la víctimas, entre otros», dice la postura oficial.

En tanto, Villanueva aseguró que la investigación sobre el crimen “ha generado molestia de que se descubra la verdad y que se esté haciendo a través del método científico. Lamento que la prueba científica sea desacreditada; los órganos fueron advertidos de estas amenazas”. “El forense no hizo su trabajo como debía, ni hizo su dictamen, ni las fotos y la directora le preguntó del porqué no realizó el levantamiento respectivo y me dijeron que ‘iba como observador’”, añadió.

“No sé por qué nos perdemos, si la cerradura no estaba siendo alterada entró alguien que tiene llave y es acaso que eso significa que se suicidara; la joven no se ha quitado la vida. Para verificar que es un homicidio o suicido hagámoslo donde debe ser y no amenacen de muerte”, concluyó.

 

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Sitratelh), Orlando Mejía Tercero traicionó sus compañeros al renunciar a una demanda interpuesta en los juzgados de trabajo por 177 millones de lempiras, a cambio de pírricos pagos que apenas llegan a los 30 millones.

Las dos demandas contra la estatal -que asciende a 560 millones de lempiras- fueron retiradas por el líder gremial a fin de impedir que la plantilla accediera a la indemnización en virtud de que se incumplió el contrato colectivo de trabajo suscrito entre las partes.

Una certificación que obtuvo ConfidencialHN revela que Mejía decidió aceptar una contrapropuesta hecha por la gerencia general de Hondutel, a cambio de que desistiera de seguir con la multimillonaria demanda, la cual se basó «en un escenario de 30 millones de lempiras pagaderos a los empleados de la empresa durante 2013-2017…a la entrega de dicha bonificación, el Sitratelh debía comprometerse a retirar las dos demandas incoadas por reajuste salarial».

Uno de los afectados cuestionó la traición que cometió el líder sindical fue para terminar «beneficiando» los intereses de la estatal cuando su deber es, sobre todas las cosas, defender a los agremiados y consideró como pírrica la suma de 30 millones. La promesa, añadió el informante, es que se les ofreció un bono de 12 mil lempiras como «compensación», pero a la fecha apenas les han dado seis mil.

«Es una picardía la que hizo Orlando Mejía, negociar algo que ya estaba ganado por un miserable bono», denunció y aseguró que, probablemente, la compensación sea acreditada a cada cuenta de los empleados de Hondutel, aunque dejó en duda que tal cantidad se haya cancelado en su totalidad.

Y es que el cuestionado gremialista entró en contubernio con la alta gerencia telefónica, pues el documento dice que «hay un ambiente de buena fe y transparencia, en virtud de los acuerdos logrados y con base a las disposiciones legales correspondientes para los procedimientos de contratación colectiva», extremo que fue aprovechado para tirar a la basura la fortísima indemnización a cambio de los 30 millones de lempiras, que mantiene molestos a una gran cantidad de empleados que afrontan penurias.

Pues resulta que la traición de Mejía se volvió en burla a los intereses del Sitratelh porque la demanda se volvió un «auxilio económico», en otras palabras, recibieron la mitad de una limosna cuando ya habían avances en los juzgados contenciosos administrativos para que se emitiera una sentencia condenatoria contra la empresa y se procediera a realizar los pagos que exigieron sus empleados a través de los contratos colectivos.

No obstante, el secretario de la junta directiva de Hondutel, Melvin Maldonado, dejó claro en el acta que «cuando se estime oportuno y las finanzas de la empresa así lo permitan, realice los acercamientos correspondientes para arribar a un acuerdo conciliatorio con el Sitratelh respecto a la demanda.

De hecho, el apoderado del sindicato, Wilfredo Lanza, se abocó al juzgado de letras de trabajo para solicitar al juez que conoce la causa de que desista de proseguir con el proceso judicial «en virtud de haber llegado a un acuerdo conciliatorio con la parte demandada ante la autoridad competente, según el oficio CENS/31/2018 que el Comité Ejecutivo Nacional procediera a retirar la demanda» ante la instancia judicial.

Al cierre de este artículo, ningún miembro del sindicato de Hondutel se ha pronunciado en torno al retiro de la elevada demanda a cambio de 30 millones de lempiras.

Respecto a Mejía, fue denunciado en diciembre de 2008 ante el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito y lavado contra la directiva del Sitratelh ya que tendría propiedades que no concuerdan con el salario que ha venido devengando.

El exmiembro del sindicato, Edilberto Robles, dijo a través de su representante Neptalí Rodezno que Mejía habría incurrido en lavado, por lo que pidió que se le aseguraran todos sus bienes. En la actualidad, el sindicalista devenga un salario superior a los 45 mil lempiras, pero no coincide con las posesiones que tiene.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Ministerio Público de Honduras pidió que se libre orden de captura y aseguramiento de bienes contra los 38 implicados en la trama corrupta denominada Caja de Pandora, según un requerimiento fiscal al que tuvo acceso ConfidencialHN. 

El requerimiento, preparado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), señala que se nombre un juez natural, se aseguren los bienes con el respectivo menaje a los sospechosos, incluyendo la detención judicial mientras prosiguen las investigaciones respecto al saqueo de unos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) dirigido por el liberal Jacobo Regalado Weinzenblut.

El escrito, presentado el pasado 13 de junio ante el Poder Judicial, precisa que se enajenen los bienes a Regalado Weinzenblut, el fallecido exsecretario de Finanzas William Chong Wong; los parlamentarios Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez y Elden Vásquez por el Partido Nacional; el diputado liberal y jefe de bancada Elvin Santos Ordóñez y su padre Elvin Santos Lozano.

Asimismo, que se apliquen las mismas medidas al excandidato a legislador rojiblanco Ernesto Galeas; Jean Francois de Peyrecave, esposo de la fallecida secretaria de Comunicaciones Hilda Hernández; el condenado exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto; el ex subsecretario de Recursos Naturales, Carlos Pineda Fasquelle y el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio Lara Bueso.

Fueron incluidos en el listado de personas a capturar a Arnold Gustavo Castro Hernández, esposo de la expresidenta del Partido Nacional y diputada por La Paz Gladis Aurora López Calderón; Fernando Josué Suárez Ramírez, Alba Luz Ramírez Hernández y Jaime Antonio Suárez, vinculados a las fundaciones Dibattista Todos Somos Honduras. 

Los agentes de tribunales Luis Javier Santos -jefe de la UFECIC-, Ana Lucía Pohl y Carla Cristina Pavón, especificaron en el requerimiento que los acusados incurrieron en lavado de activos, encubrimiento, testaferrato, falsificación de documentos, violación a los deberes de los funcionarios y falsedad ideológica contra la economía del Estado de Honduras, por lo que se debe implementar las medidas cautelares como la quita de los bienes y encarcelamiento inmediato.

A los sospechosos, prosigue la acusación, se les debe impedir la salida del país para evitar la posibilidad de fuga; los fiscales basaron el requerimiento en la «investigación» que efectuaron en su momento más informes elaborados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y análisis remitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

También se presentó documentación concerniente a los convenios que fueron firmados por Regalado Weinzenblut con los representantes de Dibattista Todos Somos Honduras, los cuales fueron investigados en 2015 por Radio Tv Globo y cuya denuncia valió que la MACCIH lo denominara en fecha reciente como Caja de Pandora. 

Respecto al aseguramiento de los bienes, los fiscales de la UFECIC solicitaron que se proceda a incautar varios locales, ubicados en varias zonas exclusivas de Tegucigalpa, en especial, en la colonia Payaquí, Villa Universitaria, que están a nombre de la sociedad mercantil Las Casitas y Alba Luz Ramírez Hernández, de manera respectiva.

También se pidió que se asegure un edificio de apartamentos ubicado en un sitio no determinado de Tegucigalpa, cuya construcción habría salido de los recursos robados a la SAG y está registrado a nombre de Valery Nicole Quiroz Palma, Mía Isabela Palma Sánchez y Alessandra Nicole Flamenco Palma y un local situado en el octavo piso de Torre Metrópolis.

En este caso de la lujosa oficina, refiere la unidad especial, «los documentos proporcionados por inmobiliaria Alianza los locales los adquirió el señor Fernando Suárez y fueron pagados con dinero de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras».

El fiscal jefe Luis Santos pormenorizó en la sustentación legal que se proceda a asegurar los saldos de los productos financieros a nombre de los imputados por lavado de activos, debiendo librar los respectivos oficios a las instituciones del sistema financiero nacional.

Sobre las órdenes de captura, espeficó que los delitos en que incurrieron «son graves» según el artículo 445 del Código Procesal Penal «atendiendo a que las penas previstas a quienes los cometieron exceden los cinco años de prisión».

Varios de los supuestos responsables, como Celín Discua, Rodolfo Irías y Elden Vásquez, aseguraron a Radio Globo que ellos recibieron el dinero del comité de campaña del Partido Nacional de Honduras para asumir gastos durante la campaña general de 2013.

El extinto exsecretario Chong Wong negó cualquier acusación porque se limitó a cumplir con sus funciones, por lo que se presentaría ante la justicia para desvanecer cualquier cargo.