Friday, Sep 20, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Confirmado. El Ministerio Público emitió requerimiento fiscal contra el extitular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, y a los directivos las fundaciones Dibattista Todos Somos Honduras, sindicados de haber saqueado más de 100 millones de lempiras de la entidad gubernamental.

La documentación en poder este periódico afirman que el requerimiento emitido por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) contra el ex alto funcionario y demás implicados surgieron de confesiones hechas por varios testigos respecto al drenaje de recursos que ocurrió durante la gestión de Regalado.

El documento judicial que obtuvo ConfidencialHN señala que el exfuncionario incurrió en abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos, según el expediente 0801-2018-0013 que ya tiene en sus manos la jueza anticorrupción Águeda Isabel Canelo Portillo, quien conocerá la causa contra Regalado.

Y es que el titular de la UFECIC, Luis Javier Santos, presentó el pasado 8 de junio una solicitud de declaración a testigo con las formalidades de la prueba anticipada pidiendo el nombramiento de un defensor para tal diligencia y también solicitó que se citara a los apoderados a fin de ser notificados del proceso.

Junto al exsecretario de Agricultura fueron imputados Fernando Josué Suárez Ramírez, Jaime Antonio Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Laura Aide Arita Palma, Luis Fernando Urrutia Ramírez y otros, por lo que tendrán que someterse ante la jueza anticorrupción para afrontar el requerimiento fiscal.

Radio Globo reveló en 2015 sobre la red criminal que saqueó varias entidades, incluso la SAG ya que desparecieron alrededor de 143 millones de lempiras en transferencias a las dos fundaciones que nunca liquidaron fondos, por lo que se incurrió en corrupción.

Cabe recordar que la Secretaría de Finanzas giró recursos a la SAG y esta a su vez a las organizaciones Fundación Dibattista Todos Somos Honduras argumentando de fomentar la agricultura; el dinero fue a parar a manos particulares, según la investigación que realizó Globo.

En el caso de Dibattista, no estaba autorizada ante la Unidad de Registro y Seguimiento de Organizaciones Civiles (URSAC), de la Secretaría de Gobernación, a pesar que su personería jurídica había sido otorgada hace unos 12 años. Radio Tv Globo pormenorizó en la investigación que el contrato era para «contribuir a los procesos de formación laboral y educativa de jóvenes rurales entre 12 a 30 años, que no han culminado su educación básica en 20 zonas adyacentes a la capital de Honduras».

Asimismo, las transferencias se efectuaron como apoyo financiero y se contempló un depósito inicial de 15 millones de lempiras, los cuales fueron destinados a la capacitación, pero a la fecha no han sido liquidados. Luego se transifieron 42.7 millones, posteriormente se giraron 21.6 millones y otras fuertes sumas de dinero y tampoco se dio una explicación fehaciente respecto al paradero del dinero.

Una parte de los recursos fue dirigido al pago de tarjetas de crédito personales, en especial, para favorecer a los directivos de Dibattista, José Fernando Suárez Ramírez y su madre Alba Luz Ramírez y el resto de su parentela. En este caso, se destinaron más de 200 mil lempiras a beneficio del oenegeísta.

Respecto a Todos Somos Honduras, se estableció que hubo un traslado irregular de fondos suscitado entre febrero de 2012 y agosto de 2013, desde la oenegé Dibattista a la cuenta de cheques 214340103968, a nombre de Suárez Ramírez. En febrero de ese año se depositaron unos 14 millones 750 mil lempiras; en mayo y noviembre de 2012 se sustrajeron mediante depósitos dos millones 840 mil lempiras y meses después hubo una fortísima transferencia que oscila entre los 38 y 45 millones.

En febrero de 2013 se asignaron 34 millones 800 mil lempiras; en julio se registraron depósitos por 119 mil y 871 mil lempiras, de forma respectiva mientras que en agosto los depósitos fueron por 405 mil lempiras y por tres millones 400 mil, para hacer un total de depósitos de 104 millones de lempiras, según la investigación efectuada por Globo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(SEGUNDA PARTE) Por los daños que recibió del cardenal Óscar Andrés Rodríguez al suspenderlo del sacerdocio, el religioso Bernardo Font Ribot está exigiendo una compensación de unos 74 millones de lempiras ya que los perjuicios se volvieron hasta incuantificables ya que le causaron penurias emocionales y enfermedades crónicas como diabetes.

ConfidencialHN confirmó que las angustias vividas por Font Ribot desde 2005 lo llevaron tener angustias, aflicción física y espiritual ya que Rodríguez, quien se basó en los consejos del vicario judicial Juan José Pineda y del canciller Carlo Magno Núñez, decidió expulsarlo luego que un abogado vividor lo acusara de haber estafado a una señora al permutarle una propiedad, sin que hasta la fecha haya efectuado las pesquisas de forma exhaustiva a fin de determinar cómo ocurrieron los hechos.

Una investigación respecto a este incidente, señala que hubo «un desajuste sicológico, que gracias al tratamiento especializado se mantiene vivo, pero está destruido sicológica y moralmente por el abuso cometido por el señor cardenal Óscar Andrés Rodríguez«.

«Por cuanto el padre Bernando Font Ribot reconocido por la feligresía como el padre Font, perdió su solvencia moral a raíz de las circulares emitidas por el vicario de la Curia Arzobispal y por el señor cardenal Rodríguez, provocando un rechazo de quienes lo conocen» al dar por válidas las decisiones de las autoridades eclesiásticas, formándose una mala imagen de su persona y optando por romper sus vínculos de amistad con él para evitar cualquier tipo de acercamiento», establece el análisis.

En el peritaje se dejó claro que el sacerdote Bernardo Font Ribot sufrió fuertes traumas emocionales que le provocaron enfermedades crónicas como diabetes, sumado a la depresión que casi le cuesta la vida.

El afectado se vio dañado en su honor porque nadie de la cúpula que preside el purpurado se dignó en consultarle o crear, al menos, una comisión investigadora que pudiera proporcionar de manera concreta las conclusiones de la investigación que lo absolviera de las acusaciones hechas en 2005 por Andrés Maradiaga, apoderado de Lucía Filomena Torres, supuesta afectada, por la permuta que fue disuelta por un notario a satisfacción de ambas partes.

En el caso de Font, se pudo estalecer que sí hubo un daño moral porque todavía persiste el sufrimiento ocasionado directamente por las drásticas medidas tomadas por la jerarquía católica en contra del religioso a pesar de tener una trayectoria empresarial «reconocido en todo el mundo» menos en su arquidiócesis, aún cuando nunca ha existido una acusación sólida en su contra que haya provocado algún daño.

La acción unilateral tomada por el jefe católico, violó el derecho constitucional de la presunción de inocencia al fundamentar su expulsión de forma arbitraria; a Font Ribot -de acuerdo al dossier en manos de este periódico-, se le libró de cualquier acusación judicial. Sin embargo, el cardenal Rodríguez pasó por alto cualquier norma, aplicó el derecho canónico sin dar opción a una debida defensa y tampoco se cumplió el debido proceso respecto al sacerdote.

La indemnización que está pidiendo el marginado cura si bien es de dificil cuantía, por ser daños inmateriales y sicológicos, pero obedece a un patrimonio perdido motivado por los traumas que ocasionó su marginamiento. En consecuencia, un grupo de peritos estableció que por cada dolencia que sufrió Font Ribot, se estima un costo imputado que oscila entre un millón y nueve millones de lempiras. 

Para el caso, el sentimiento de depresión de la autoestima se tasó una indemnización de un millón de lempiras, mientras que los sentimientos de pena, sentimiento de la dignidad lastimada, conductas compulsivas y consumo frenético de fármacos para controlar los problemas emocionales se estimó en dos millones de lempiras cada uno. Asimismo, el deshonor público o particular alcanzó una suma de nueve millones. Estas valoraciones son calificadas como abuso de autoridad que incurrió la iglesia católica por lo que se pide una reparación preliminar de 30 millones de lempiras. 

En el cálculo global, se estima que por los daños, abusos incurridos por Rodríguez, Pineda y Núñez y por enfermedades crónicas, el cura español tendrá que recibir 62 millones de lempiras, más los honorarios legales que ascienden a 12 millones 400 mil y un peritaje privado por 300 mil, por lo que la iglesia pagaría por pisotear el honor del religioso alrededor de 74 millones 700 mil lempiras.

BIENES PERDIDOS Y ARRUINADOS. El sacerdote, quien tiene 76 años y cumplió 13 de no brindar misas o actividades religiosas, perdió muchos bienes heredados por su familia. Se vio obligado a pagar las hipotecas que contrajo con Dollar Bank de Puerto Rico al entregarles 97 mil 750 dólares (dos millones 340 mil 027 lempiras al cambio actual) a fin de no perder sus negocios, propiedades y posesiones que le heredó su padre, aunque quedaron abandonadas porque cayó en una depresión por la irresponsabilidad de su superior.

También se vio obligado a vender una vivienda tasada en 4.2 millones de lempiras que tenía en la colonia Centroamérica Este, en Tegucigalpa, cuyos fondos le han permitido vivir durante los últimos años de forma modesta -ha pagado sicólogos, peritos, abogados y fármacos para controlar la enfermedad- y ya no tiene recursos para reponerse económicamente, de acuerdo a datos recabados por ConfidencialHN.

Al cierre de esta investigación, el perjudicado se encuentra lúcido en un 85 por ciento, por lo que optó por exigir la restitución de sus derechos y entablar los reclamos ante la iglesia a través de sus apoderados. Abogados consultados por este periódico indicaron que a Font Ribot se le violentaron los preceptos constitucionales de la defensa y que a nadie se le podrá imponer pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y «sin que se le haya sido impuesta una resolución que haya emanado un juez o autoridad competente».

De hecho, la documentación obtenida deja constancia que el supuesto acusado respondió en tiempo y forma a la anomalía suscitada con la permuta, por lo tanto, las cédulas de citación para que respondiera por el delito de estafa no tenían sentido ya que un documento firmado por Rosafa Rodríguez Torres, Lucía Filomena Torres, Rodimiro Pérez Maradiaga y Font Ribot reza de forma clara que «quedan anulados todos los documentos del traspaso de propiedad que fue vendida en el barrio El Brasil de Choluteca».

A pesar que la supuesta afectada y el «denunciado» dieron por superada cualquier diferencia, para el cardenal, su subalterno «incurrió en delito» y lo abandonó a su suerte. Al cierre de esta segunda entrega, ninguna autoridad eclesiástica ha vertido comentarios en torno a los reclamos que está realizando el sacerdote Bernardo Font Ribot.

Cabe mencionar que el cardenal mandó en 2005 a través de una lacónica carta a su otrora aliado que “debido a sus responsabilidades personales para con la justicia, a partir de esta fecha (9 de febrero) no tiene licencias para la celebración de los sacramentos…asegurándole mis oraciones, me suscribo”. Los favores que pidió para, presuntamente, beneficiar a la milenaria iglesia, se fueron al olvido y cualquier atisbo de misericordia, amor, comprensión  y contricción desaparecieron del expapable.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La representante de sociedad civil e integrante de la Junta Proponente, Melissa Magdalena Elvir Chávez, negó haber sido nominada jueza nacional antiextorsión. Pues mintió.

Un documento al que accedió este periódico revela que Elvir fue nombrada el pasado 28 de mayo por órdenes del presidente del Poder Judicial Rolando Argueta como jueza de competencia nacional en materia de extorsión, según el acuerdo 1368-SCSJ2018.

El oficio señala que con instrucciones de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia decidió nombrar a la actual proponente en el cargo, cuya jurisdicción será nacional y estará asignada a los tribunales que operan en Tegucigalpa y acuerdo «surtirá sus efectos a partir de la fecha en que la nombrada tome posesión del cargo».

Elvir, reza la resolución, tendrá un sueldo de 53 mil 645 lempiras y deberá presentar una constancia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) aunque, hasta el momento, no ha otorgado ninguna caución ante el organismo contralor.

El nombramiento de la miembro de Fundación Democracia sin Fronteras (Fdsf) ocurre en el momento que los aspirantes a convertirse en fiscal general o adjunto están realizando las pruebas de confianza, tras haber superado las audiencias públicas celebradas a finales de mayo.

En la actualidad, Elvir ha sido la cara mediática de la Junta Proponente y ha estado acostumbrada a ahondar en detalles respecto a las evaluaciones que se le realizan a los abogados que buscan ser los sucesores de Óscar Fernando Chinchilla y su adjunto Rigoberto Cuéllar.

Sin embargo, luego que Radio Globo y ConfidencialHN revelaran que Argueta la colocó en el cargo, la dama negó  su nombramiento a pesar de haber admitido que sí participó en los concursos para convertirse en jueza de los recién creados tribunales anticorrupción.

«Si eso fuera cierto, no lo aceptaría», declaró la abogada tras ser interrogada sobre su «repentina» asignación como posible funcionaria judicial. Consideró que no se convertiría en jueza porque, a su juicio, «habría conflicto de intereses y aunque quedé dentro de los 13 seleccionados no fui nombrada en su momento y ese proceso ya pasó».

Adujo que «fue un rumor» porque nadie le comentó de que el oficio, firmado por la secretaria general Lucila Cruz Menéndez, ya estaba debidamente certificado y con copia dirigida a los juzgados antiextorsión y sus respectivos órganos de alzada.

«Ya pasé un proceso completo para juez anticorrupción, sigo en sociedad civil y me llegó ese rumor de que me habían nombrado en el Poder Judicial, pero no es cierto…no es el momento porque estoy en la Junta Proponente y no me han hecho comentarios sobre mi nombramiento», comentó.

En caso de ser nombrada, añadió, será voluntad de Argueta, pero «no es algo que yo pueda contemplar para que sea nombrada como jueza de letras».