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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(PRIMERA PARTE) Las personas que dirigen la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre ellos, Carlos Hernández y otros, actuaron con negligencia al ocultar escándalos de corrupción de la Secretaría de Salud a fin de jugar con sus intereses para cumplir intereses personales y mantenerse a cualquier costo dentro de la administración pública en posiciones de confianza del actual gobierno.

La costumbre de esta oenegé de revelar irregularidades en varias dependencias gubernamentales ha permanecido con bajo perfil en esta administración del presidente Juan Orlando Hernández a fin de no «afectarlo»; en otros casos, han sido misteriosamente diligentes para justificar en el futuro persecuciones penales contra funcionarios que han sido investigados previamente por las autoridades.

En otras palabras, la ASJ sabe para qué sirve la información, por lo que suele impresionar y presionar a los tomadores de decisiones para que estén dentro de la denominada argolla; caso contrario, las denuncias por ilícitos serán muchas y reclamarán a los operadores de justicia que procedan y apresen a los involucrados.

El organismo, reconocido hace varios años por defender los derechos de los segmentos más vulnerables de la sociedad, ha optado por mantener bajo el tapete la información que pudiera comprometer al Estado, con tal de integrar cuanta comisión interventora o mantener un alto protagonismo en defensa de los intereses particulares, por lo que su función se está reduciendo a una finísima oficina de relaciones públicas.

Una investigación de este periódico confirma que esta organización tuvo una activa participación durante 2013 en varias intervenciones en la Secretaría de Salud, precisamente, en el Almacén Central de Medicamentos para recolectar la información afín a sus intereses y se dedicaron a «monitorear» a los funcionarios para denunciarlos en el momento que incurrieran en irregularidades, pero esa función mermó desde que Hernández y Omar Rivera fueron incluidos por el presidente Juan Orlando Hernández en la junta interventora policial.

Este periódico encontró un documento presentado el 30 de julio de 2015 por la ASJ, el cual fue calificado de «novedoso», denominado Sistematización de las compras y contrataciones realizadas en el marco del fideicomiso de administración para la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico, insecticidas e insumos suscrito en 2014 por la Secretaría de Salud y Banco de Occidente en el cual hay graves falencias, a pesar de que fue aprobado por el presidente Juan Orlando Hernández y que erradicaría para siempre cualquier denuncia de corrupción en Salud.

Este informe discreto contendría la fórmula mágica para evitar cualquier ilícito durante el proceso de adquisición de medicamentos y equipos quirúrgicos, pero no se ha cumplido en su totalidad; tampoco fue hecho público ya que supondría un duro golpe al presidente y su jefa de Salud, Yolani Batres y las consecuencias serían nefastas a la vista de los organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios a Proyectos (UNOPS, en inglés) y otros entes que vigilan el proceso de compra, almacenamiento y distribución de fármacos.

Pues resulta que el ocultamiento -y encubrimiento de la corrupción pública- del informe preparado por la ASJ hace varios años derivó en la profundización de la crisis en el sistema sanitario nacional ya que los hallazgos, resultados y conclusiones que debieron ser presentadas al público, permanecieron engavetados en virtud que la dirigencia oenegeísta se decantó por los beneficios dados por el Ejecutivo, quien emprendió una sutil campaña para silenciar voces críticas que manifestaran cómo se degradó el esquema que sigue provocando cuantiosas pérdidas de vidas humanas.

La organización decidió pasar por alto cualquier acusación contra Batres y uno de sus colaboradores, identicado como José María Deras, jefe de la Unidad de Logística, a quien se lo sindica en el vencimiento doloso de fármacos por más de 20 millones de lempiras y cuyo caso no ha sido abordado por las autoridades a fin de deducir responsabilidades civiles y penales.

También se determinó a que algunos proveedores de insecticidas no se les exige un análisis de calidad del producto cuando debería ser una norma ya que sería aplicado para contrarrestar vectores como los zancudos transmisores del dengue, zika y la fiebre reumática chikunguña y sus posibles daños a la población.

También callaron otras irregularidades de cómo la Secretaría de Salud permitió la participación de oferentes de medicinas a pesar de afrontar demandas en los tribunales de justicia y afrontar fortísimas multas por incumplimiento de contratos, por lo que violentó el apartado 131 de la Ley de contratación del Estado referente a la imposibilidad de una empresa de vender bienes y servicios a las instituciones de acuerdo a las normas legales vigentes.

La ASJ decidió callar las condiciones especiales que le dieron a la droguería Francelia, a pesar de tener un prontuario de rechazos en los controles de calidad que se deben aplicar a los productos vendidos al sistema sanitario; de hecho, esta empresa incurrió en irregularidades en varias licitaciones por lo que terminaron siendo denegadas, de acuerdo a la información que accedió ConfidencialHN. 

Al respecto, los productos ofrecidos por Francelia fueron descartados en 2013 por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en particular, en cuatro lotes (188, 189, 193 y 196) cuyos envases presentaron anomalías.

Otro de los casos que se han mantenido en silencio es la responsabilidad de Deras en el vencimiento deliberado de los medicamentos retrovirales como Lopinavir (destinado a las personas que conviven con el VIH) y que se siguió con la compra del mismo aún habiendo existencias en el almacén, por lo que originó el reclamo de la exsecretaria general de Salud, Cristina Díaz, ya que a través del oficio 671-2014-SG-SS, del 2 de julio de 2014, mandó a pedir explicaciones del porqué se dejó arruinar el lote del vital fármaco para prolongar la existencia de los afectados por el mortal virus.

El documento detalla que por comprobada negligencia del jefe de bodega se venció la medicina porque no fue distribuido en los hospitales bajo control de la Secretaría. Por este y otros incidentes, la exsecretaria Batres lo destituyó del cargo en julio de 2015. Un conteo hecho por este periódico revela que el también exaspirante a la alcaldía de San Pedro Sula dejó perder alrededor de cuatro millones 074 mil 960 tabletas de retrovirales.

Otro lote que se dejó vencer por negligencia es la hidrocortisona -utilizado como un antialérgico- fabricado por laboratorios Vitrofarma de Colombia. De acuerdo a esta investigación, un lote (M150065) de este compuesto químico caducó en julio de 2017, o sea, hace 14 meses, pero se ha estado distribuyendo en todos los hospitales y centros de salud, cuyo uso podría complicar el estado de salud de una persona por la falta de efectividad de la fórmula.

Los abusos de autoridad en que han incurrido las autoridades sanitarias de Honduras fue silenciado a propósito por la Asociación para una Sociedad más Justa y su subsiadiaria Transformemos Honduras. Para el caso, se registraron desfalcos en la adquisición de fármacos, fracccionamiento de licitaciones para burlar la Ley de contratación y otras irregularidades que no han sido investigadas por el Ministerio Público.

Uno de los casos donde hubo una sobrevaloración es la orden 964-2016, del 9 de mayo de 2016 donde se compró crema tópica Ketoconazol, fabricado por latoratorios Karnel a un precio unitario de 145 lempiras y el lote de mil unidades terminó costando al Hospital Escuela Universitario 145 mil lempiras exactos.

En 2014, la pomada -adquirida por la Secretaría de Salud a los laboratorios Corinfar y Medifor- tuvo un precio de 66 lempiras y por tres mil piezas se pagó 198 mil y en 2012 tuvo un valor de 24 lempiras y el precio por dos mil 600 piezas fue por el orden de 23 mil 180 lempiras.

Este ejemplo revela cómo los funcionarios adulteraron hasta siete veces su valor unitario, cuando pudieron adquirir más unidades por el mismo precio, por lo que se deduce que hubo un acto de corrupción.

Espere la segunda parte…

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El presidente del Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya, pagó alrededor de 100 mil dólares para neutralizar y sacar de circulación al jefe de bancada de la formación opositora, Elvin Santos, y otras figuras ‘incómodas’ para el actual liderazgo, traer a la órbita al excandidato Salvador Nasralla y arremeter contra quienes pretendan cuestionarlo, según un informe revelado este lunes por Radio Globo y ConfidencialHN.

Un manual al que tuvo acceso ambos medios demuestra la estrategia planteada por una empresa española de comunicación, identificada como Mosaiq establece el plan de acción que deberá seguir Zelaya y sus leales para tener un control total del liberalismo; previamente, tendrá que deshacerse de figuras que podrían perjudicarlos, tener el control de la bancada y tener bajo control a un Nasralla que, desde un análisis político, podría trarle un fuerte caudal electoral.

Con el plan de acción -en manos de Zelaya- se pretende controlar la bancada y «dejar sin excusas a ES (Elvin Santos)». Asimismo, plantea acusar sistemáticamente al expresidente Manuel Zelaya y al gobernante Juan Orlando Hernández como los íconos de la corrupción en Honduras y desprestigiar al entonces mandatario Carlos Flores Facussé.

Los escenarios a plantear en la estrategia es que Luis sea la cabeza visible de la oposición a Hernández y que se visualice a «LZ (iniciales de Luis) presidente por encima de LZ como candidato»; también prevé un cisma dentro del Partido Nacional, «poner en tela de juicio a JOH y MO (Mauricio Oliva) y que el alcalde capitalino Nasry Asfura sea una opción».

Luis echará mano de la institucionalidad para cumplir su cometido. Las instrucciones a seguir por el líder político y sus cuadros de confianza se encuentra operar en «conjunto» con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), MACCIH y el Ministerio Público.

VAN CONTRA MEL. Además, se pretende que el presidente de la autoridad liberal sea «legitimado» como la cabeza conductora del bando opositor con base al desprestigio contra el expresidente Zelaya y el actual titular del Ejecutivo nacionalista. Para ello -explica el manual- se utilizará a gran escala las redes sociales para atacar a ambos líderes quienes tendrían «acuerdos bajo la mesa» para que se legitime la reelección presidencial.

En la reflexión hecha por la consultora española establece que Luis puede sacar el máximo provecho de un Nasralla sin formación política e ideológica al integrarlo a una alianza, desde luego, uno de los pasos ya cumplidos fue sacar al popular presentador de televisión de la coalición que lo abanderó como candidato en las elecciones generales de 2017.

Pero también se prevé que Mel podría tener la conducción de una alianza en caso de que se legitime la reelección y Hernández pueda esquivar los casos de presunta corrupción en su contra. Por eso se prevé masivas campañas de descrédito para que la sociedad mire hacia el Partido Liberal como una opción para el cambio.

En consecuencia, el partido rojiblanco deja cualquier principio partidario, abraza la bandera de la lucha contra la corrupción y tiene como pivote a Nasralla, pero todo será en beneficio de Zelaya. Aunque también prevé que Mel podría ser un líder indiscutible desde el bando progresista y contaría con la presencia de candidatos como Yani Rosenthal y Óscar Melara; respecto a este último, el plan indica que será sujeto de fuertes cuestionamientos y será calificado como parte del lado oscuro liberal.

PLAN PARA DESARTICULAR A ELVIN. El llamado hecho por el tribunal de disciplina partidaria contra unos 13 diputados porque acudieron el 27 de enero a la toma de posesión del presidente Hernández, está contemplado dentro del plan ideado para posicionarlo como el líder indiscutible dentro del colectivo para liderar el bando opositor. Claro, primero se debe aniquilar el liderazgo de Santos y el tribunal disciplinario será la punta de lanza para conseguir el objetivo.

La imputación del expresidenciable en la trama Pandora es un insumo que está siendo explotado por el nuevo caudillo para allanar al camino a fin de tener un control total del Partido; quienes cuestionen su liderazgo, serán purgados mediante técnicas que serán vistas con buenos ojos por la población, sobre todo, por los que se han identificado con la doctrina liberal. 

Luis tiene contemplado seguir el guión tal cual, por lo que su presencia en los medios será periódica y aprovechará para atacar a su adversario interno con fortísimas acusaciones de que no se puede liderar la oposición «si se convive con el partido de gobierno». No obstante, esta campaña arrancó a inicios de 2018 cuando una facción mayoritaria eligió a Santos como jefe de bancada y cada apartado del nutrido plan se ha cumplido, de acuerdo al análisi que realizó este periódico.

Las opciones para neutralizar el liderazgo de Santos se echaron andar: «Elvin no nos puede representar». Este cliche se ha ido colocando en el consciente de los liberales y el voto independiente…además, se han filtrado a los medios «amigos» los contratos sucritos por el también empresario con el gobierno y, en paralelo, el desprestigio se maneja como reloj suizo en redes sociales.

El control de la bancada es otro de los objetivos a alcanzar a través de documentación clave que «destruya» el liderazgo del ex vicepresidente hondureño para restar apoyos.

LUIS QUIERE EMULAR A LIBRE Y PARTIDO NACIONAL. Un hecho que llama la atención es que la formación opositora toma algunas ideas del Partido Nacional y Libertad y Refundación (Libre) como la creación de oenegés para la captación de recursos y la conformación de un organigrama a fin de dar más poder a un coordinador general. Estos dos componentes vendrán a dar más poder a Luis y será una voz indiscutible, tal como ocurre con Manuel Zelaya en Libre.

A pesar de que el liberalismo -de la mano de Luis- ha venido criticando la corrupción del oficialismo al sustraer dinero de las arcas públicas, también utilizará este mecanismo para tener dinero sin determinar de qué fuentes echará mano para acceder a multimillonarios recursos o podría terminar emulando escandalosos casos que incurrió en su momento el actual órganno político en el gobierno.

Los posibles nombres que tendrá la oenegé están la Fundación Céleo Arias, Fundación Dionisio de Herrera y Fundación Villeda Morales, el cual será dirigido por la esposa de Zelaya. Las fundaciones que dirigirá el partido están: Reforma y Democracia, Fundación Ideas para la Prosperidad, Fundación para la Prosperidad de Honduras y Fundación para el buen gobierno. 

La justificación se basa en que la oenegé y la fundación «son una herramienta habitual en los partidos. Cubre funciones que por razones políticas u operativas las estructuras del Partido Liberal no realizaría. Integraría perfiles profesionales que no quieren vincularse directamente con el partido».

También se basa en la recepción de donaciones y apoyos y será un Think Tank (tanques de pensamiento) que vendrá a generar la escencia del liberalismo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Por Brayan Flores) Un trabajador común y corriente hondureño gana cada mes un promedio de 8 mil 910 lempiras con 71 centavos para un total de 124 mil 749 lempiras con 94 centavos al incluir el decimotercer y decimocuarto mes de salario.

En cambio, el gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) se agencia 104 mil 275 lempiras y al final de cada año se habrá convertido en multmillonario al quedarse con un millón 459 mil 855 lempiras.

En consecuencia, el obrero apenas habrá ganado en cuatro años 498 mil 999 lempiras con 76 centavos y el burócrata cinco millones 839 mil 420 lempiras, sin incluir la deducción del Impuesto Sobre la Renta. En otras palabras, la diferencia salarial entre ambos será del 1,170.22 por ciento.

Esta comparación, si bien podría quedar corta con las variaciones del salario mínimo que realiza la Secretaría de Trabajo, viene a desmentir la política de austeridad que prometió el gobierno en 2014 a fin de adelgazar la Administración Central y entidades descentralizadas y desconcentradas.

También demuestra que muchos colaboradores del presidente Juan Orlando Hernández están viviendo la Dolce Vita, con jugosos sueldos que superan, incluso, al propio titular del Ejecutivo que «apenas» gana 98 mil 300 lempiras mensuales. Claro, es en términos nominales ya que dispone de la partida confidencial que le permite engrosar un poco sus ingresos y que no está disponible en los registros públicos.

Los altos funcionarios -sin excepción-, en consecuencia, encontraron su gallina de los huevos de oro para convertirse en la nueva élite política de Honduras: Los altos impuestos regresivos que ha venido aplicando tanto de forma abierta como oculta la actual administración, están dirigidos al pago de sueldos y salarios del gobierno que, sólo para 2018, implican el 34.4 por ciento del Presupuesto General, es decir, 48 mil 256 millones de lempiras, según datos de la Secretaría de Finanzas.

Si bien el instrumento destinado al control del gasto será presentado antes del próximo 15 de septiembre al Parlamento para su discusión y aprobación, se prevén aumentos para satisfacer las demandas de la burocracia, más aun, cierta suma irá destinado a los empleados de baja categoría y el resto para los funcionarios.

Técnicos de la cartera estatal en el anonimato dijeron a este periódico que no hay opciones para bajar o controlar el crecimiento de la masa salarial durante los próximos años, debido a la contratación masiva de activistas del Partido Nacional, sumado a los jugosos incrementos que se han recetado los tomadores de decisiones de los tres poderes públicos.

Por tanto, añadieron de forma escueta, el gobierno ha tenido que recurrir a la formulación de planes como Honduras 20/20 que prevé hasta 13 mil millones de dólares en inversión a fin de reducir la presión que tiene el Ejecutivo para conseguir recursos frescos y mantener a flote la Administración.

Aunque los funcionarios son conscientes de que el país no cumplirá sus previsiones de alcanzar un crecimiento de un 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH), han optado por callarse y seguir gozando de los privilegios que da ser miembro de la burocracia.

Aunque hay disposiciones contempladas en el control del gasto, se estima que, al menos, unos 15 altos servidores ganan más que el mismo presidente Hernández que pueden llegar hasta un 300 por ciento del sueldo que suele cobrar el gobernante cada mes.

Listado de los funcionarios con los mejores sueldos del gobierno de Honduras (según estimaciones del portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP): 

  Nombre Cargo  Sueldo (lempiras) Total anual  Gran total (cuatro años)
1 Mayra Falck Presidenta Banhprovi 319,409.00 4,471,726.00 17,886,904.00
2 Rolando Argueta Presidente del Poder Judicial 230,553.42 3,072,198.20 21,505,387.4 (7 años)
3 Wilfredo Cerrato Presidente del Banco Central 220,958.00 2,651,496.00 10,605,984.00
4 Ethel Deras Comisionada de Bancos 182,450.00 2,554,300.00 10,217,200.00
5 Ricardo Rodríguez Presidente Tribunal de Cuentas 166,375.00 2,329,250.00 16,304,750.00 (7 años)
6 David Williams Superintendente de Concesiones 160,000.00 2,240,000.00 8,960,000.00
7 Miguel Gámez Presidente Coalianza 151,360.00 1,816,320.00 7,265,280.00
8 Mauricio Oliva Presidente del Poder Legislativo 151,911.00 1,822,932.00 7,291,728.00
9 Miriam Guzmán Directora del sistema tributario 140,000.00 1,960.000.00 7,840,00.00
10 Óscar Chinchilla Fiscal general de Honduras 138,991.46 1,945,880.44 9,729,402.2 (5 años)
11 Rigoberto Cuéllar Fiscal general adjunto 133,083.46 1,863,168.44 9,315,842.2 (5 años)
12 Juan Ramón Molina Director Comité Tasa de Seguridad 106,575.00 1,278,900.00 5,115,600.00
13 César Pinto Presidente Conatel 105,600.00 1,478,400.00 5,913,600.00
14 Gerardo Salgado Comisionado de Energía 129,500.00 1,813,000.00 7,252,000.00
15 Jesús Mejía Gerente ENEE 121,787.23 1,705,021.22 6,820,084.88
16 Juan O. Hernández Presidente de Honduras 98,300.00 1,376,200.00 5,504,800.00
17 David Matamoros Presidente autoridad electoral 95,000.00 1,330,000.00 6,650,000.00 (5 años)
18 Kelvin Aguirre Comisionado de campañas 95,000.00 1,330,000.00 7,980,000.00 (6 años)
19 Damián Reyes Comisionado presidente IAIP 92,610.00 1,296,540.00 6,482,700.00 (5 años)
20 Ebal Díaz Secretario de la Presidencia 91,800.00 1,285,200.00 5,140,800.00
21 Rocío Tábora Secretaria de Finanzas 91,800.00 1,285,200.00 5,140,800.00
22 Carlos Madero Secretario de Trabajo 91,800.00 1,285,200.00 5,140,800.00
23 Julián Pacheco Secretario de Seguridad 91,800.00 1,285,200.00 5,140,800.00
24 José Galdámez Secretario de Recursos Naturales 91,800.00 1,285,200.00 5,140,800.00
25 Fredy Díaz Secretario de Defensa 90,800.00 1,271,200.00 5,084,800.00
26 Rosa Gudiel Directora sistema penitenciario 90,000.00 1,260,000.00 5,040,000.00
27 Arnaldo Bueso Director forestal 90,000.00 1,260,000.00 5,040,000.00
28 Soledad de Ramírez Secretaria del Foro de Convergencia 90,000.00 1,260,000.00 5,040,000.00
29 Arnaldo Castillo Secretario de Economía 90,000.00 1,260,000.00 5,040,000.00
30 Karla Cueva Secretaria de Derechos Humanos 90,000.00 1,260,000.00 5,040,000.00
31 Roberto Pineda Secretario de Infraestructura 90,000.00 1,260,000.00 5,040,000.00
32 Lisandro Rosales Comisionado de Contingencias 82,000.00 1,148,000.00 4,592,000.00
33 José Luis Andino Director OABI 60,000.00 840,000.00 3,360.000.00
34 Lidia Estela Cardona Procuradora general 55,000.00 770,000.00 3,080,000.00
Total mensual  4,126,263.57
Total anual 54,390,532.30
Gran total 239,502,062.68

Fuente: Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y estimaciones preliminares.

Hondureños pagan más de 80 mil lempiras a funcionaria por nulos resultados en el combate a la corrupción 

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, conocida por su histrionismo, revanchismo y por sus mediatizadas denuncias de presunta corrupción, tiene un generoso sueldo mensual de 81 mil 620 lempiras.

Este periódico pudo comprobar que la funcionaria, nombrada por organizaciones de sociedad civil, gana anualmente 1 millón 142 mil 680 lempiras exactos y desde 2014 se ha agenciado la modesta suma de 4 millones 570 mil 720 lempiras, sin incluir las deducciones como Impuesto Sobre la Renta y otros inherentes a su cargo.

A pesar del sueldo que recibe cada mes, sus resultados en la lucha contra el flagelo han resultado nulas, pues sus investigaciones se han basado, en muchos casos, en el monitoreo de medios de comunicación, en particular, impresos y también por sus aspiraciones a incursionar en la polítical.

Al respecto, el exjefe investigador del CNA, Dagoberto Aspra, lamentó que Gabriela Castellanos olvide que la oficina que dirige debe alejarse de los políticos tradicionales.

“Con mi esfuerzo aporté al CNA y ver esa manifestación donde ha personas de un partido que nunca los he visto en acciones anticorrupción me da tristeza que la señora directora participara en eventos políticos”, cuestionó.