Thursday, Nov 21, 2019
HomeExclusivas (Page 23)

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(TERCERA PARTE) El sacerdote Bernardo Font Ribot, expulsado por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez de la celebración de los sacramentos, cuestiona en una carta enviada al prelado el 19 de noviembre de 2015 la homosexualidad que reina dentro del clero y le recrimina que jamás le concedió clemencia para seguir en el cargo que le fue quitado en enero de 2005.

La carta, si bien fue escrita en parábola por el afectado, pero revela la conducta retorcida de algunos religiosos que han sido protegidos del purpurado y señalados de incurrir en conductas amorales dentro de la iglesia que preside desde hace varias décadas.

En la misiva,  Font Ribot sigue insistiendo que es inocente de los cargos que el acusador privado Andrés Maradiaga le imputó y cuya denuncia le costó su salida abrupta de la iglesia.

ConfidencialHN hace una reproducción fiel de la carta enviada al actual asesor del papa Francisco, en la que Font Ribot le recuerda las contribuciones que hizo como ser el fundador de canal 48 y ansía finalizar sus días en el ejercicio del sacerdocio para recuperar los 12 años que ha permanecido bajo «señalamientos» que, a su juicio, fueron infundados.

Estimado monseñor:

Tal vez al revisar sus archivos, podrá comprobar que el 9 de febrero del año 2005. Usted me suspendió para ejercer como sacerdote de la iglesia católica, separándome de la misma y mi feligresía apoyado en improntas calumnias del Abogado Jorge Alberto Maradiaga Rodriguez, juntos con sus auxiliares Juan José Pineda y Carlos Magno, que usted tomó como ciertas, soterrando así públicamente mi dignidad y probidad como sacerdote de la iglesia católica, al tiempo que por tal causa, debí tomar forzadamente los tratamientos médicos que me orillaron al borde de la muerte física.

Acabo de cumplir 74 años de edad y 46 desde mi ordenación sacerdotal, sin que nadie haya probado que vivo indignamente, poseyendo algo mal habido o haber ejecutado acción alguna, física o moral en contra de otra
persona; como tampoco he sido condenado por ningún delito o comportamiento indebido a causa de mis propias inversiones en la promoción humana, creando fuentes de trabajo y servicio con los bienes que heredé de mi
padre; mucho menos haber provocado un daño moral o material a persona alguna; ejemplo de ello fue cuando le serví como ejecutivo al haberse fundado bajo su gestión el Canal 48.

Desde el mismo momento de la ofensa aludida, yo perdoné al abogado Maradiaga Rodríguez, a su auxiliar Juan José Pineda, al padre Carlo Magno y a usted, en atención a la enseñanza de mi madre «padre, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden». Monseñor, imagínese usted que se dijera que alguien del clero, le gustan los
hombres, que visita con frecuencia un negocio en donde se reúne con amiguitos, que busca jovencitos a través de un colegio, que regala carro y casas a sus parejas y que visitan discotecas gais, etcétera.

Monseñor, ¿usted los castigaría sin hacer una buena investigación y de verdad lo enviaría al exterior para su regeneración? Otro punto: imagínese señor cardenal, un seminarista que sea despedido del seminario por homosexualidad, y que usted lo enviase al exterior para terminar sus estudios y que le informaran de su homosexualismo, ¿usted lo despediría o lo ordenaría?

Señor Cardenal, no nos engañemos, en mi caso usted me castigó sin seguir un debido proceso, ya que jamás me llamo a ninguna audiencia, dejándose llevar por comentarios de subalternos o personas particulares, condenándome sin piedad, sin importarle el daño moral y social que me estaba haciendo para el resto de mi vida.

Hoy soy prácticamente una persona inútil. Monseñor realmente usted me mató. Pensé volverme loco, había perdido a «mis amigos» y toda credibilidad ante la sociedad, obtenida en mi desempeño como secretario ejecutivo de la comunicación católica en la arquidiócesis de Tegucigalpa. De inmediato fui convertido por el señor cardenal en un sacerdote delincuente y estafador y no me quedó más remedio que encuevarme en la soledad, dejándo de asistir a toda reunión del clero e incluso a la iglesia ya que me sentía perseguido hasta por los que habían sido mis amigos.

Lo único que he debido hacer forzado por esta situación, son acciones personales de subsistencia. Pero el daño moral y social que me causó esta suspensión que continúa vigente, es incuantificable, necesitando por lo tanto que esta suspensión me sea levantada en la arquidiócesis de Tegucigalpa. Por cuanto quiero morir en el seno de la iglesia sin ningún tipo de prohibición que jamás he merecido; resarcido del daño moral y social causado.

Le recuerdo Monseñor Rodríguez, que durante estos largos años de cautiverio, enfermedades y prisión social y moral; jamás he recibido de usted ni tan siquiera una llamada telefónica, invitándome a una conversación o almuerzo como usted lo hizo antes, y mucho menos una visita personal. Actitud indicadora del poco valor que tengo y tuve para usted,  incongruente con la vocación que profesa su alta investidura de arzobispo cardenal.

En espera de su pronta acción respondiendo a lo solicitado, me suscribo respetuosamente.

Padre Bernardo Font Ribot.

Nota: Le adjunto fotocopia de las suspensiones recibidas de usted y Juan José Pineda, así como también copias de las certificaciones médicas que conciernen a mi estado de salud provocado por su criminal decisión de separarme, así como también, fotocopia del abogado delincuente Maradiaga Rodríguez que influenció en su criterio.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La conducta criminal de Jesús Arturo Mejía Arita trastocó los intereses del entonces gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Romeo Vásquez Velásquez, al conspirar contra la estatal en actividades ilícitas.

De hecho, el entonces subgerente suplantó la firma de Vásquez Velásquez en un acuerdo de terminación de llamadas en la modalidad prepago, suscrito con la compañía estadounidense Latam Ipfast LLC, de acuerdo al documento que tiene en sus manos este periódico.

El convenio ATI 019-2011 del 7 de febrero de 2011, fue firmado por Mejía sin el permiso con el representante de Latam, César Raymundo Palacios Palada, respecto al ingreso de llamadas internacionales a favor de la empresa norteamericana.

Asimismo, rubricó varios anexos en el contrato sobre el tráfico que ingresó -o terminó- en la redes fijas y móviles de Hondutel y de las telefónicas privadas, cuyos costos oscilan entre los nueve y 12 centavos de dólar y que se podrá revisar de conformidad «con las fluctuaciones del mercado» y lo establecido por la Junta Directiva, a la cual desobedeció porque el exjefe militar debió ser el responsable por la rúbrica del documento y no él.

El ex subgerente de Hondutel, Jesús Mejía, excedió de sus funciones al suplantar la firma de Romeo Vásquez Velásquez respecto al contrato suscrito con la compañía estadounidense Latam Ipfast. El documento en poder de este periódico confirma que Mejía rubricó el contrato (recuadro rojo) en 2011 y esa acción le podría acarrear persecución penal.

Esta suplantación hecha por Mejía permitió que el Ministerio Público retome la demanda interpuesta en contra del controvertido exfuncionario ya que aubusó de su autoridad para suscribir acuerdos con empresas extranjeras cuando esa función le correspondía al titular de la telefónica.

El expediente ya está en manos de la fiscalía general a fin de que en breve se emita el requerimiento contra Mejía, ya que según el Código Penal, establece penas de cárcel contra quienes aprovechen sus cargos para suplantar funciones que corresponden a otros, en este caso, a Vásquez Velásquez.

ROSARIO DE ILÍCITOS. Al controvertido personaje se le sindican varios señalamientos en su contra, entre ellos, de haber entablado negocios con la criminalidad organizada ya que firmó jugosos contratos de seguridad con la empresa Lares, propiedad de Ramón Matta Waldurraga, quien se entregó a la justicia norteamericana en fecha reciente.

A pesar de que negó haber hecho cualquier relación comercial con Matta Waldurraga, los documentos en poder de ConfidencialHN demuestran que Mejía le dio un respaldo a su amigo de infancia al aprobarle un contrato de cuatro millones 399 mil 999 lempiras con 59 centavos para cuidar las instalaciones de Hondutel en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Sólo en 2015, Matta Waldurraga se agenció de 52 millones 799 mil 995 lempiras con ocho centavos; en 2014 ganó cinco millones 501 mil 184 lempiras con un centavo mediante varias adentas al contrato, cuya ganancia global para Lares asciende a los 60 millones de lempiras.

Las adendas CPSV-032-2014 Y CPSV-006-2015  reafirman que el gerente de la empresa pública sí suscribió el acuerdo con Eduardo Rodríguez Bustamante, representante legal de la compañía privada para el servicio de vigilancia de los planteles de Hondutel, el cual tiene la firma y sello de Mejía Arita.

Aunque el titular de la ENEE ha tratado de desmarcarse de su entrañable amigo, fue el responsable de meter «las manos al fuego» para que Lares, intervenida por haberse constituido con dinero ilícito, tuviera jugosos ingresos por los servicios que prestó.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El directivo de las fundaciones Dibattista Todos Somos Honduras, Fernando José Suárez, se volvió uno de los hombres más potentados del país al darse lujos con dinero público, precisamente, obtenido de forma fraudulenta a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con los cuales pagó tarjetas de crédito a su esposa y madre, compró oficinas en lujosos edificios y la cuenta donde se depositaba la plata que le rindió intereses de hasta 973 mil lempiras.

Sin embargo, Suárez fue parte de un grupo de inviduos que contibuyeron -voluntariamente o no- a contribuir en la dilapidación de unos 282 millones de lempiras y del cual se volvió el principal operador para que los recursos suscritos con el exsecretario Jacobo Regalado Weinzenblut, supuestamente orientados a mejorar la formación educativa de los «jóvenes rurales» de Francisco Morazán, desaparecieron en el camino.

Además, según el acuerdo firmado por Regalado y la representante legal de Todos Somos Honduras Nancy Flores Hernández y de  Dibattista Wendy Rodríguez se daría «apoyo» a las «madres jóvenes», consejería y capacitación a éstas, creación de comités para la defensa de los niños, mientras eran capacitadas en proyectos agroindustriales y hortícolas, los cuales nunca se realizaron.

Tampoco existen registros documentales que puedan dar soporte a los gastos incurridos por las dos fundaciones, haciéndose técnicamente inauditables. ¿Cómo se transfirieron los fondos a las oenegés a través del Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi)? ¿Por qué no se exigieron las liquidaciones para seguir permitiendo el flujo de dinero y los mismos fueran transparentes?

ConfidencialHN pudo establecer la ruta secuencial que siguió el dinero hasta desaparecerse en bagatelas y financiamiento de campañas de los partidos Nacional y Liberal, incluyendo la formación política de maletín llamada Faper, de cómo fueron girados los cheques y sus montos, los beneficiarios y la respectiva dilapidación que provocó el descalabro de la oficina estatal encargada de ejercer políticas sostenibles para el desarrollo del agro.

Los convenios de acceso de oportunidades para jóvenes rurales, capacitación de proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas, emprendedurismo agrícola y siembra de granos básicos fueron autorizados por Regalado Weinzenblut y se giraron las instrucciones para que el Banco Central de Honduras hiciera once transferencicas, teniendo como ente pagador la unidad de servicios financieros de la Administración Central, con números de orden 313348, 313349, 091795, 119709, 204558, 090417 y 155587 y otras no reportadas en papeles a las cuentas bancarias 1171165534 de Davivienda y 11-434-000121-2 del Banco de Occidente a donde fueron a parar 104 millones 092 mil 948 lempiras con 40 centavos.

Respecto a los intereses, a Suárez se le pagaron entre el 20 de febrero de 2012 y el 31 de julio de 2013 unos 973 mil 391 lempiras con 40 centavos, por lo que el monto se elevó a 105 millones 066 mil 309 con 38 centavos y en concepto de egresos, o sea, la emisión de unos 122 cheques fue de 98 millones 202 mil 580 y el último cómputo que se registró fue de seis millones 863 mil 760 lempiras.

No se pudieron justificar alrededor de 62 millones 215 mil 447 lempiras con 68 centavos, es decir que no hubo un tan solo documento que diera una explicación fehaciente sobre el destino del dinero, ya sea en la compra de papelería, insumos tecnológicos y mecánicos, entre otros, que diera un respaldo a los acuerdos, cuya extremo radicó en el cumplimiento de las metas planteadas en la Visión de País y Plan de Nación 2010-2038 orientado a la autogestión comunitaria.

En cuanto al libramiento de los cheques, se determinó que hubo una emisión de 122, desde la numeración 42869236 hasta la 50867421, cuyos beneficiarios fueron José Luis Flamenco Mejía, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Dalia Esmeralda Palma Sánchez, Alejandra Suárez, Jaime Antonio Suárez y otros se realizaron «al portador», es decir, que se utilizaron terceras personas para cobrar el dinero que sería para obras sociales. En los cheques librados desde las dos fundaciones, fueron girados a otros bancos, constructoras, incluso entre las dos oenegés por 14 millones 750 mil lempiras.

Fernando José Suárez se autolibró dos cheques, uno por 38 millones de lempiras y otro por 100 mil lempiras, según las conciliaciones bancarias obtenidas. También se dieron dos cheques a favor de inmobiliaria Alianza, para la compra de una oficina en la moderna torre Metrópolis por 11 mil y un millón 550 mil 079 lempiras. Se debe dejar claro que los documentos bancarios no pudieron ser justificados ante la SAG ya que hubo una suerte de «relación especial» entre el gobierno y las dos fundaciones que drenaron los recursos.

El imputado por la MACCIH y el Ministerio Público aprovechó la bonanza para ir a pagar sus tarjetas de crédito; también fueron beneficiadas su esposa y su madre. Para el caso, se emitieron los cheques 42869359 por 187 mil 157 lempiras a un banco. Luego pagó 134 mil 654 lempiras a otra entidad y días después  libró el cheque 50867310 por 126 mil 699 para cancelar la respectiva tarjeta. Posteriormente, abonó 48 mil lempiras a través del cheque 50867316 y a nombre del portador a una institución financiera y al hacer un cálculo general, el pago en tarjetas de crédito por un millón 164 mil 813 lempiras con 94 centavos.

Cabe recordar que la jefa de la MACCIH, Ana Calderón, confirmó que unas 38 personas, entre ellos actuales funcionarios, están involucradas en el saqueo. La Misión Anticorrupción de la OEA reafirmó la investigación que emprendió Radio Globo en 2015 donde se denunció el saqueo del erario público a través de las dos oenegés. A la mayoría de los supuestos implicados, se les achaca los delitos de lavado de activos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude.