Thursday, Nov 21, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(SEGUNDA PARTE) Por los daños que recibió del cardenal Óscar Andrés Rodríguez al suspenderlo del sacerdocio, el religioso Bernardo Font Ribot está exigiendo una compensación de unos 74 millones de lempiras ya que los perjuicios se volvieron hasta incuantificables ya que le causaron penurias emocionales y enfermedades crónicas como diabetes.

ConfidencialHN confirmó que las angustias vividas por Font Ribot desde 2005 lo llevaron tener angustias, aflicción física y espiritual ya que Rodríguez, quien se basó en los consejos del vicario judicial Juan José Pineda y del canciller Carlo Magno Núñez, decidió expulsarlo luego que un abogado vividor lo acusara de haber estafado a una señora al permutarle una propiedad, sin que hasta la fecha haya efectuado las pesquisas de forma exhaustiva a fin de determinar cómo ocurrieron los hechos.

Una investigación respecto a este incidente, señala que hubo «un desajuste sicológico, que gracias al tratamiento especializado se mantiene vivo, pero está destruido sicológica y moralmente por el abuso cometido por el señor cardenal Óscar Andrés Rodríguez«.

«Por cuanto el padre Bernando Font Ribot reconocido por la feligresía como el padre Font, perdió su solvencia moral a raíz de las circulares emitidas por el vicario de la Curia Arzobispal y por el señor cardenal Rodríguez, provocando un rechazo de quienes lo conocen» al dar por válidas las decisiones de las autoridades eclesiásticas, formándose una mala imagen de su persona y optando por romper sus vínculos de amistad con él para evitar cualquier tipo de acercamiento», establece el análisis.

En el peritaje se dejó claro que el sacerdote Bernardo Font Ribot sufrió fuertes traumas emocionales que le provocaron enfermedades crónicas como diabetes, sumado a la depresión que casi le cuesta la vida.

El afectado se vio dañado en su honor porque nadie de la cúpula que preside el purpurado se dignó en consultarle o crear, al menos, una comisión investigadora que pudiera proporcionar de manera concreta las conclusiones de la investigación que lo absolviera de las acusaciones hechas en 2005 por Andrés Maradiaga, apoderado de Lucía Filomena Torres, supuesta afectada, por la permuta que fue disuelta por un notario a satisfacción de ambas partes.

En el caso de Font, se pudo estalecer que sí hubo un daño moral porque todavía persiste el sufrimiento ocasionado directamente por las drásticas medidas tomadas por la jerarquía católica en contra del religioso a pesar de tener una trayectoria empresarial «reconocido en todo el mundo» menos en su arquidiócesis, aún cuando nunca ha existido una acusación sólida en su contra que haya provocado algún daño.

La acción unilateral tomada por el jefe católico, violó el derecho constitucional de la presunción de inocencia al fundamentar su expulsión de forma arbitraria; a Font Ribot -de acuerdo al dossier en manos de este periódico-, se le libró de cualquier acusación judicial. Sin embargo, el cardenal Rodríguez pasó por alto cualquier norma, aplicó el derecho canónico sin dar opción a una debida defensa y tampoco se cumplió el debido proceso respecto al sacerdote.

La indemnización que está pidiendo el marginado cura si bien es de dificil cuantía, por ser daños inmateriales y sicológicos, pero obedece a un patrimonio perdido motivado por los traumas que ocasionó su marginamiento. En consecuencia, un grupo de peritos estableció que por cada dolencia que sufrió Font Ribot, se estima un costo imputado que oscila entre un millón y nueve millones de lempiras. 

Para el caso, el sentimiento de depresión de la autoestima se tasó una indemnización de un millón de lempiras, mientras que los sentimientos de pena, sentimiento de la dignidad lastimada, conductas compulsivas y consumo frenético de fármacos para controlar los problemas emocionales se estimó en dos millones de lempiras cada uno. Asimismo, el deshonor público o particular alcanzó una suma de nueve millones. Estas valoraciones son calificadas como abuso de autoridad que incurrió la iglesia católica por lo que se pide una reparación preliminar de 30 millones de lempiras. 

En el cálculo global, se estima que por los daños, abusos incurridos por Rodríguez, Pineda y Núñez y por enfermedades crónicas, el cura español tendrá que recibir 62 millones de lempiras, más los honorarios legales que ascienden a 12 millones 400 mil y un peritaje privado por 300 mil, por lo que la iglesia pagaría por pisotear el honor del religioso alrededor de 74 millones 700 mil lempiras.

BIENES PERDIDOS Y ARRUINADOS. El sacerdote, quien tiene 76 años y cumplió 13 de no brindar misas o actividades religiosas, perdió muchos bienes heredados por su familia. Se vio obligado a pagar las hipotecas que contrajo con Dollar Bank de Puerto Rico al entregarles 97 mil 750 dólares (dos millones 340 mil 027 lempiras al cambio actual) a fin de no perder sus negocios, propiedades y posesiones que le heredó su padre, aunque quedaron abandonadas porque cayó en una depresión por la irresponsabilidad de su superior.

También se vio obligado a vender una vivienda tasada en 4.2 millones de lempiras que tenía en la colonia Centroamérica Este, en Tegucigalpa, cuyos fondos le han permitido vivir durante los últimos años de forma modesta -ha pagado sicólogos, peritos, abogados y fármacos para controlar la enfermedad- y ya no tiene recursos para reponerse económicamente, de acuerdo a datos recabados por ConfidencialHN.

Al cierre de esta investigación, el perjudicado se encuentra lúcido en un 85 por ciento, por lo que optó por exigir la restitución de sus derechos y entablar los reclamos ante la iglesia a través de sus apoderados. Abogados consultados por este periódico indicaron que a Font Ribot se le violentaron los preceptos constitucionales de la defensa y que a nadie se le podrá imponer pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y «sin que se le haya sido impuesta una resolución que haya emanado un juez o autoridad competente».

De hecho, la documentación obtenida deja constancia que el supuesto acusado respondió en tiempo y forma a la anomalía suscitada con la permuta, por lo tanto, las cédulas de citación para que respondiera por el delito de estafa no tenían sentido ya que un documento firmado por Rosafa Rodríguez Torres, Lucía Filomena Torres, Rodimiro Pérez Maradiaga y Font Ribot reza de forma clara que «quedan anulados todos los documentos del traspaso de propiedad que fue vendida en el barrio El Brasil de Choluteca».

A pesar que la supuesta afectada y el «denunciado» dieron por superada cualquier diferencia, para el cardenal, su subalterno «incurrió en delito» y lo abandonó a su suerte. Al cierre de esta segunda entrega, ninguna autoridad eclesiástica ha vertido comentarios en torno a los reclamos que está realizando el sacerdote Bernardo Font Ribot.

Cabe mencionar que el cardenal mandó en 2005 a través de una lacónica carta a su otrora aliado que “debido a sus responsabilidades personales para con la justicia, a partir de esta fecha (9 de febrero) no tiene licencias para la celebración de los sacramentos…asegurándole mis oraciones, me suscribo”. Los favores que pidió para, presuntamente, beneficiar a la milenaria iglesia, se fueron al olvido y cualquier atisbo de misericordia, amor, comprensión  y contricción desaparecieron del expapable.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La representante de sociedad civil e integrante de la Junta Proponente, Melissa Magdalena Elvir Chávez, negó haber sido nominada jueza nacional antiextorsión. Pues mintió.

Un documento al que accedió este periódico revela que Elvir fue nombrada el pasado 28 de mayo por órdenes del presidente del Poder Judicial Rolando Argueta como jueza de competencia nacional en materia de extorsión, según el acuerdo 1368-SCSJ2018.

El oficio señala que con instrucciones de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia decidió nombrar a la actual proponente en el cargo, cuya jurisdicción será nacional y estará asignada a los tribunales que operan en Tegucigalpa y acuerdo «surtirá sus efectos a partir de la fecha en que la nombrada tome posesión del cargo».

Elvir, reza la resolución, tendrá un sueldo de 53 mil 645 lempiras y deberá presentar una constancia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) aunque, hasta el momento, no ha otorgado ninguna caución ante el organismo contralor.

El nombramiento de la miembro de Fundación Democracia sin Fronteras (Fdsf) ocurre en el momento que los aspirantes a convertirse en fiscal general o adjunto están realizando las pruebas de confianza, tras haber superado las audiencias públicas celebradas a finales de mayo.

En la actualidad, Elvir ha sido la cara mediática de la Junta Proponente y ha estado acostumbrada a ahondar en detalles respecto a las evaluaciones que se le realizan a los abogados que buscan ser los sucesores de Óscar Fernando Chinchilla y su adjunto Rigoberto Cuéllar.

Sin embargo, luego que Radio Globo y ConfidencialHN revelaran que Argueta la colocó en el cargo, la dama negó  su nombramiento a pesar de haber admitido que sí participó en los concursos para convertirse en jueza de los recién creados tribunales anticorrupción.

«Si eso fuera cierto, no lo aceptaría», declaró la abogada tras ser interrogada sobre su «repentina» asignación como posible funcionaria judicial. Consideró que no se convertiría en jueza porque, a su juicio, «habría conflicto de intereses y aunque quedé dentro de los 13 seleccionados no fui nombrada en su momento y ese proceso ya pasó».

Adujo que «fue un rumor» porque nadie le comentó de que el oficio, firmado por la secretaria general Lucila Cruz Menéndez, ya estaba debidamente certificado y con copia dirigida a los juzgados antiextorsión y sus respectivos órganos de alzada.

«Ya pasé un proceso completo para juez anticorrupción, sigo en sociedad civil y me llegó ese rumor de que me habían nombrado en el Poder Judicial, pero no es cierto…no es el momento porque estoy en la Junta Proponente y no me han hecho comentarios sobre mi nombramiento», comentó.

En caso de ser nombrada, añadió, será voluntad de Argueta, pero «no es algo que yo pueda contemplar para que sea nombrada como jueza de letras».

TEGUCIGALPA, HONDURAS

(PRIMERA PARTE) El cardenal Óscar Andrés Rodríguez transgredió cualquier norma moral, ética y espiritual cuando echó de la vida religiosa al sacerdote español Bernardo Font Ribot y optó por aplicar aquella máxima de que maldito el hombre que confía en el hombre al hacerle caso a sus íntimos colaboradores Juan José Pineda y Carlo Magno Núñez sin apenas escucharlo.

Asimismo, queda evidenciado la codicia del purpurado al aprovecharse de los recursos pertenecientes a Font; su oportunismo lo obligó a invitarlo ya que podría aprovechar el dinero en «beneficio» de la iglesia que preside y destinarlos al Seminario Mayor de Tegucigalpa, a fin de facilitar los costos de los viajes de «especialización» y descanso en EE.UU. y América Latina.

De nada le sirvió al sacerdote ordenado en Roma en 1969 haber fundado Canal 48, perteneciente al todopoderoso conglomerado mediático Fundación Católica Para la Comunicación Social, bajo control del purpurado, ya que la perversidad de un abogado hizo que Rodríguez lo desechara sin haber al menos indagado cómo ocurrió la supuesta estafa.

La indiferencia mostrada por el jefe religioso le provocó penurias emocionales, ya que fue puesto ante la sociedad como un vividor y truhán cuando resultó ser víctima de un engaño de Luis Arturo Elvir, a quien le compró una casa y con el paso de los años desarrolló depresión, sentimientos de vergüenza, complejos de inferioridad, síndrome de ansiedad y consumo de fármacos para tratar de estar tranquilo aunque las consecuencias en el organismo le han pasado factura.

El único pecado que cometió Font Ribot fue haber comprado una casa en 2001 y haberla permutado en 2003; pero descubre que es estafado por Elvir ya que le dio un solar baldío cuando debió ser una vivienda en la que supuestamente residía una persona y le pagaba alquiler por su uso.

El religioso, a su vez, la permutó por un bien inmueble de menor cuantía y cuando la otra parte -de nombre Filomena Torres- se percata que le estaban dando predio sin ningún servicio y le informa de la trama; el entuerto fue corregido, sin imaginar que ese error sería pagado con creces.

Ese problema, que en teoría fue resuelto mediante la anulación del traspaso ante el notario Ramón Matamoros, fue aprovechado por un abogado, Jorge Maradiaga, apoderado de Torres, para chantajearlo, sin el consentimiento de su clienta, al acusarlo de estafa ante los tribunales.

«En 2005 después de una sostenida labor sacerdotal y empresarial, el padre Bernardo Font Ribot recibe la infausta noticia de su separación de la iglesia católica, basada en una falsa denuncia, sin pruebas ni testigos o conclusiones de ningún juzgado pertinente», afirma un dictamen privado hecho el 27 de enero de 2016 a favor del perjudicado.

Sin basarse en resoluciones legales, de por sí inexistentes, el vicario judicial Pineda mandó el 9 de febrero de ese año una carta al presbítero de la iglesia Espíritu Santo, Roberto Almendares Andino indicándole que Font ya no puede ejercer la eucaristía «ya que enfrenta cargos con la justicia hondureña». Ocho días después, el 17 de febrero, el cardenal Rodríguez le retira las licencias para la «celebración de los sacramentos» y le ordena que no puede aparecer en actividades religiosas en la arquidiócesis capitalina.

Lo curioso del caso es que apenas habían pasado tres días de que el abogado embaucador lo denunciara penalmente y, en consecuencia, tanto el líder religioso como el vicario judicial actuaron de forma precipitada al no darle el derecho a defensa a Font Ribot o, al menos, que explicara en que consistió el entuerto y cómo fue resuelto. Los consejos de Núñez y Pineda anularon cualquier don de clemencia al colaborador del papa Francisco. Se impuso la ira y cualquier desviación ética para correr al sacerdote que vive sus días lidiando con los fantasmas de la depresión.

El cardenal mandó a decir por medio de una escueta, pero cruel carta al perjudicado que “debido a sus responsabilidades personales para con la justicia, a partir de esta fecha (9 de febrero) no tiene licencias para la celebración de los sacramentos…asegurándole mis oraciones, me suscribo”. Los favores que pidió para, presuntamente, beneficiar a la milenaria iglesia, se fueron al olvido y cualquier atisbo de misericordia, amor, comprensión  y contricción desaparecieron del expapable.

Se impuso la soberbia, arrogancia y cualquier pecado capital para ignorar al sacerdote que prestó su vivienda para acciones religiosas y para dar posada a los curas que provenían del interior a realizar cualquier gestión ante la iglesia.

Durante una década, el sacerdote vivió (y sigue viviendo) con la dignidad vejada, inseguridad duradera, el deshonor público y privado, los sentimientos de pena e inseguridad para debatir «determinados temas y aspectos» junto al desprestigio que el triángulo del mal le hizo en cuestión de días y cuyos traumas siguen vigentes hasta el cierre de esta investigación. «El daño moral, por ser de magnitud imprecisa, no se puede calcular sobre la base de fórmulas o criterios predeterminados y sólo puede ser establecido mediante un juicio global y basado en la convención general de la reparación del dolor producido por la ofensa provocada y padecida», concluye el peritaje que evaluó la conducta del perjudicado.

El trauma emocional bloqueó cualquier tipo de raciocinio, reflexión, toma correcta de decisiones y estados de ánimo de Font Ribot, cuya suspensión de ejercer el sacerdocio le trajo otros problemas, entre ellos, la pérdida de varias casas de alquiler en Puerto Rico, que fueron heredadas por su padre, «ocasionándole por consiguiente significativas pérdidas económicas que lo tienen en postración psicológica y material».

En cada informe, ninguneado por el alto jerarca espiritual, se hizo constar que Bernardo Font Ribot ha sido tratado psiquiátricamente por una fuerte depresión que lo llevó en dos ocasiones a querer suicidarse, por lo que permaneció bajo intensas terapias para hacerle recuperar el amor propio o autoestima.

Al respecto, uno de los informes que pudo obtener este periódico, firmado por el galeno Emérito Pacheco Banegas, establece que su paciente que las penurias emocionales y que casi provocan consecuencias fatales. «…Una fuerte depresión que incluso lo ha llevado a dos intentos de suicidio. Sus sesiones de psicoterapia fueron una vez por semana hasta el mes de julio de 2010…en estos años ha desarrollado una depresión crónica lo que le impide desenvolverse en sus actividades cotidianas, por lo que se le recomienda terapias semanales», indicó el médico en las constancias 003144 y 115736, extendidas en 2010 y 2013.

Asimismo, otra constancia establece que el paciente desarrolló diabetes mellitus tipo II desde 2008 y suele ser atendido de forma periódica por los episodios en los denominados «bajones de glicemia» que suele tener.

En una carta enviada por el religioso al prelado católico el 17 de diciembre de 2015 le recordó que ante la reiterada negativa de reintegrarlo en el cargo al no tener acusaciones penales ni sentencias judiciales, termina siendo hasta antiético. «Eminencia, es inconcebible que subalternos y personas foráneas amorales (tal como así es del conocimiento público la degeneración existente), carecen de toda moralidad al margen de su preparación académica o puesto social que ocupen, influenciando en usted para tomar acciones dañinas o relevantes», reza el escrito del cura; en ella, hace referencia de manera tácita a los dos asistentes que terminaron aconsejando al cardenal que lo suspendiera de forma indefinida de brindar sacramentos.

«Monseñor: a usted lo han hecho equivocarse y debe así reconocerlo para resarcir el daño causado y levantarme la suspensión impuesta», dice el texto firmado por el propio afectado. A la fecha, la única respuesta que ha recibido es el cruel silencio de un cardenal que lo tiró a la basura tras haberse aprovechado del dinero que tuvo en su momento Font Ribot.

Varios días atrás, el cura le recriminó su mutismo e indiferencia para reasignarlo a la iglesia donde perdonó pecados y administró los sacramentos. En una comunicación fechada 1 de diciembre de ese mismo año, indicó que todavía no tenía respuesta de su reincorporación a la vida religiosa y le suplicó piedad para dar por zanjada cualquier controversia.

«Comprenda monseñor, que su silencio es matador. No quiero pensar que me ignora y desprecia por la injusta suspensión notificada por el padre Juan José Pineda al padre Roberto Almendares y es reconfirmada por usted, tal como le pedí, necesitando reivindicar mi posición sacerdotal dentro del territorio arquidiocesano y resarcirme del daño moral y social que me ha causado», plasmó en la misiva.

Mandó en la carta en poder de ConfidencialHN que «quiero morir en el seno de la santa madre iglesia apostólica y romana, sin ningún tipo de prohibición que jamás he merecido…Confío que un día los dos desencarnados nos abrazaremos con Jesús, con quien hemos colaborado en este mundo, usted como obispo y yo como sacerdote. Mientras tanto, lo seguiré recordando en mis eucaristías privadas».