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TEGUCIGALPA, HONDURAS

(PRIMERA PARTE) El cardenal Óscar Andrés Rodríguez transgredió cualquier norma moral, ética y espiritual cuando echó de la vida religiosa al sacerdote español Bernardo Font Ribot y optó por aplicar aquella máxima de que maldito el hombre que confía en el hombre al hacerle caso a sus íntimos colaboradores Juan José Pineda y Carlo Magno Núñez sin apenas escucharlo.

Asimismo, queda evidenciado la codicia del purpurado al aprovecharse de los recursos pertenecientes a Font; su oportunismo lo obligó a invitarlo ya que podría aprovechar el dinero en «beneficio» de la iglesia que preside y destinarlos al Seminario Mayor de Tegucigalpa, a fin de facilitar los costos de los viajes de «especialización» y descanso en EE.UU. y América Latina.

De nada le sirvió al sacerdote ordenado en Roma en 1969 haber fundado Canal 48, perteneciente al todopoderoso conglomerado mediático Fundación Católica Para la Comunicación Social, bajo control del purpurado, ya que la perversidad de un abogado hizo que Rodríguez lo desechara sin haber al menos indagado cómo ocurrió la supuesta estafa.

La indiferencia mostrada por el jefe religioso le provocó penurias emocionales, ya que fue puesto ante la sociedad como un vividor y truhán cuando resultó ser víctima de un engaño de Luis Arturo Elvir, a quien le compró una casa y con el paso de los años desarrolló depresión, sentimientos de vergüenza, complejos de inferioridad, síndrome de ansiedad y consumo de fármacos para tratar de estar tranquilo aunque las consecuencias en el organismo le han pasado factura.

El único pecado que cometió Font Ribot fue haber comprado una casa en 2001 y haberla permutado en 2003; pero descubre que es estafado por Elvir ya que le dio un solar baldío cuando debió ser una vivienda en la que supuestamente residía una persona y le pagaba alquiler por su uso.

El religioso, a su vez, la permutó por un bien inmueble de menor cuantía y cuando la otra parte -de nombre Filomena Torres- se percata que le estaban dando predio sin ningún servicio y le informa de la trama; el entuerto fue corregido, sin imaginar que ese error sería pagado con creces.

Ese problema, que en teoría fue resuelto mediante la anulación del traspaso ante el notario Ramón Matamoros, fue aprovechado por un abogado, Jorge Maradiaga, apoderado de Torres, para chantajearlo, sin el consentimiento de su clienta, al acusarlo de estafa ante los tribunales.

«En 2005 después de una sostenida labor sacerdotal y empresarial, el padre Bernardo Font Ribot recibe la infausta noticia de su separación de la iglesia católica, basada en una falsa denuncia, sin pruebas ni testigos o conclusiones de ningún juzgado pertinente», afirma un dictamen privado hecho el 27 de enero de 2016 a favor del perjudicado.

Sin basarse en resoluciones legales, de por sí inexistentes, el vicario judicial Pineda mandó el 9 de febrero de ese año una carta al presbítero de la iglesia Espíritu Santo, Roberto Almendares Andino indicándole que Font ya no puede ejercer la eucaristía «ya que enfrenta cargos con la justicia hondureña». Ocho días después, el 17 de febrero, el cardenal Rodríguez le retira las licencias para la «celebración de los sacramentos» y le ordena que no puede aparecer en actividades religiosas en la arquidiócesis capitalina.

Lo curioso del caso es que apenas habían pasado tres días de que el abogado embaucador lo denunciara penalmente y, en consecuencia, tanto el líder religioso como el vicario judicial actuaron de forma precipitada al no darle el derecho a defensa a Font Ribot o, al menos, que explicara en que consistió el entuerto y cómo fue resuelto. Los consejos de Núñez y Pineda anularon cualquier don de clemencia al colaborador del papa Francisco. Se impuso la ira y cualquier desviación ética para correr al sacerdote que vive sus días lidiando con los fantasmas de la depresión.

El cardenal mandó a decir por medio de una escueta, pero cruel carta al perjudicado que “debido a sus responsabilidades personales para con la justicia, a partir de esta fecha (9 de febrero) no tiene licencias para la celebración de los sacramentos…asegurándole mis oraciones, me suscribo”. Los favores que pidió para, presuntamente, beneficiar a la milenaria iglesia, se fueron al olvido y cualquier atisbo de misericordia, amor, comprensión  y contricción desaparecieron del expapable.

Se impuso la soberbia, arrogancia y cualquier pecado capital para ignorar al sacerdote que prestó su vivienda para acciones religiosas y para dar posada a los curas que provenían del interior a realizar cualquier gestión ante la iglesia.

Durante una década, el sacerdote vivió (y sigue viviendo) con la dignidad vejada, inseguridad duradera, el deshonor público y privado, los sentimientos de pena e inseguridad para debatir «determinados temas y aspectos» junto al desprestigio que el triángulo del mal le hizo en cuestión de días y cuyos traumas siguen vigentes hasta el cierre de esta investigación. «El daño moral, por ser de magnitud imprecisa, no se puede calcular sobre la base de fórmulas o criterios predeterminados y sólo puede ser establecido mediante un juicio global y basado en la convención general de la reparación del dolor producido por la ofensa provocada y padecida», concluye el peritaje que evaluó la conducta del perjudicado.

El trauma emocional bloqueó cualquier tipo de raciocinio, reflexión, toma correcta de decisiones y estados de ánimo de Font Ribot, cuya suspensión de ejercer el sacerdocio le trajo otros problemas, entre ellos, la pérdida de varias casas de alquiler en Puerto Rico, que fueron heredadas por su padre, «ocasionándole por consiguiente significativas pérdidas económicas que lo tienen en postración psicológica y material».

En cada informe, ninguneado por el alto jerarca espiritual, se hizo constar que Bernardo Font Ribot ha sido tratado psiquiátricamente por una fuerte depresión que lo llevó en dos ocasiones a querer suicidarse, por lo que permaneció bajo intensas terapias para hacerle recuperar el amor propio o autoestima.

Al respecto, uno de los informes que pudo obtener este periódico, firmado por el galeno Emérito Pacheco Banegas, establece que su paciente que las penurias emocionales y que casi provocan consecuencias fatales. «…Una fuerte depresión que incluso lo ha llevado a dos intentos de suicidio. Sus sesiones de psicoterapia fueron una vez por semana hasta el mes de julio de 2010…en estos años ha desarrollado una depresión crónica lo que le impide desenvolverse en sus actividades cotidianas, por lo que se le recomienda terapias semanales», indicó el médico en las constancias 003144 y 115736, extendidas en 2010 y 2013.

Asimismo, otra constancia establece que el paciente desarrolló diabetes mellitus tipo II desde 2008 y suele ser atendido de forma periódica por los episodios en los denominados «bajones de glicemia» que suele tener.

En una carta enviada por el religioso al prelado católico el 17 de diciembre de 2015 le recordó que ante la reiterada negativa de reintegrarlo en el cargo al no tener acusaciones penales ni sentencias judiciales, termina siendo hasta antiético. «Eminencia, es inconcebible que subalternos y personas foráneas amorales (tal como así es del conocimiento público la degeneración existente), carecen de toda moralidad al margen de su preparación académica o puesto social que ocupen, influenciando en usted para tomar acciones dañinas o relevantes», reza el escrito del cura; en ella, hace referencia de manera tácita a los dos asistentes que terminaron aconsejando al cardenal que lo suspendiera de forma indefinida de brindar sacramentos.

«Monseñor: a usted lo han hecho equivocarse y debe así reconocerlo para resarcir el daño causado y levantarme la suspensión impuesta», dice el texto firmado por el propio afectado. A la fecha, la única respuesta que ha recibido es el cruel silencio de un cardenal que lo tiró a la basura tras haberse aprovechado del dinero que tuvo en su momento Font Ribot.

Varios días atrás, el cura le recriminó su mutismo e indiferencia para reasignarlo a la iglesia donde perdonó pecados y administró los sacramentos. En una comunicación fechada 1 de diciembre de ese mismo año, indicó que todavía no tenía respuesta de su reincorporación a la vida religiosa y le suplicó piedad para dar por zanjada cualquier controversia.

«Comprenda monseñor, que su silencio es matador. No quiero pensar que me ignora y desprecia por la injusta suspensión notificada por el padre Juan José Pineda al padre Roberto Almendares y es reconfirmada por usted, tal como le pedí, necesitando reivindicar mi posición sacerdotal dentro del territorio arquidiocesano y resarcirme del daño moral y social que me ha causado», plasmó en la misiva.

Mandó en la carta en poder de ConfidencialHN que «quiero morir en el seno de la santa madre iglesia apostólica y romana, sin ningún tipo de prohibición que jamás he merecido…Confío que un día los dos desencarnados nos abrazaremos con Jesús, con quien hemos colaborado en este mundo, usted como obispo y yo como sacerdote. Mientras tanto, lo seguiré recordando en mis eucaristías privadas».

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se comprometió en 2012 ante el Estado que al asumir el control del Hospital Escuela mejoraría los servicios que ofrece a la población, a fin de proporcionar un trato digno y gratuito. A la fecha, no ha cumplido al ciento por ciento.

A pesar de tener equipo de alta tecnología que fue adquirido en los últimos cuatro años para el departamento de imágenes médicas de la facultad de medicina de la UNAH, los directivos del centro asistencial siguen mandando a los enfermos a clínicas particulares al alegar que los que posee el hospital no sirven, por lo que perjudica el bolsillo de quienes buscan remediar sus dolencias.

Aunque la UNAH ha alegado campañas de “desprestigio” para hacerla “quedar mal” ante la sociedad, un memorando girado el pasado 16 de mayo a Daisy Bejarano, directora de atención integral en salud del denominado Hospital Escuela Universitario (HEU), se le indica que “de acuerdo a la conversación sostenida con el doctor George Frazer, de la clínica San Jorge”,  deberán “respetarse” algunos parámetros, entre ellos, que el paciente normal o ambulatorio tendrá que pagar el ciento por ciento del valor de la tomografía.

Como un premio de “consolación” el oficio DGSAC-HEU-912-2018, firmado por el director de gestión de servicios, Osmin Tovar, establece que a la persona que sea atendida en la clínica privada se le dará un “descuento” en caso de que lleve una orden del HEU y que será una “deferencia” que dé Frazer en el marco de este memorando.

Otra de las órdenes emanadas por la dirección superior del complejo médico indica que quienes están hospitalizados y “no sean de urgencia”, serán analizados por el departamento de trabajo social para constatar si tiene o no condiciones económicas para erogar fuertes sumas de dinero a cambio de someterse a tomografías que soliciten los especialistas, aunque se les podría dar “un apoyo”.

Y quienes estén en la Unidad de Cuidados Intensivos o pacientes graves “no necesitan ser sometidos a trabajo social”, se les enviará a la clínica San Jorge para la realización de los estudios tomográficos, cuya cuenta correrá a nombre del HEU; en caso de los que merecen cuidado constante, “se deben coordinar” con los departamentos de anestesiología y otras áreas para el respectivo traslado.

O sea, que el principal ganador de este convenio suscrito con la UNAH es el propietario de la clínica que opera en la capital, ya que gana entre 4,500 lempiras por una tomografía cerebral y hasta 13,500 lempiras por un examen completo, cuya duración puede oscilar entre pocos minutos hasta una hora, dependiendo de la gravedad del paciente.

Los recursos asignados por el Estado a la UNAH para tener una atención eficiente en el HEU a favor de la población se van en contratos con hospitales privados,  ya que terminan consumiendo los 1,507 millones de lempiras que se le asignaron en 2018,  a pesar de que el 70 por ciento (unos 1,054 millones) está destinado a la compra de medicamentos, insumos, mantenimiento de maquinaria y equipo médico, pero los resultados no son visibles y los principales afectados, desde luego, es el pueblo que debe mendigar si quiere ser atendido.

Cabe recordar que en la gestión de Julieta Castellanos se invirtieron unos 200 millones de lempiras para la construcción y equipamiento del edificio de imágenes médicas y ciencias de la salud que opera en el campus de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, cuya función sería atender a todos los pacientes referidos del centro asistencial con precios asequibles y con descuentos que superan el 50 por ciento del precio de mercado.

La UNAH explicó en su momento que los precios ofrecidos al público “oscilan desde 400 lempiras hasta 1,500 lempiras. Otra clínica privada ubicada en el centro de Tegucigalpa cobra por cada ultrasonido abdominal 1,600 lempiras y por una mamografía digital 875 lempiras. Por otra parte, en la zona del bulevar Morazán se encuentra una tercera opción, cobrando por un ultrasonido de embarazo 1,000 lempiras, por una tomografía cerebral 4,500 lempiras y por una completa del cuerpo 13,700 lempiras”.

En contraste con esos precios, técnicos en radiología explicaron en el moderno local el paciente sería atendido por el personal de la Unidad de Trabajo Social, encargada de hacer un análisis socioeconómicos del paciente, y los costos serán aproximadamente 50 por ciento menores en comparación a los centros privados. Desde luego, el HEU financiaría el resto en caso que el paciente no tuviera el dinero para el tratamiento.

Sin embargo, el equipo en poder de la UNAH no está en funcionamiento y nadie da explicaciones al respecto. La maquinaria asignada al principal centro hospitalario está en mal estado, extremo que orilló al Congreso a crear una comisión que obligó a la dirección del HEU a repararlo y derretirse en argumentos. A la fecha, el aparato sigue sin ofrecer servicios a los necesitados.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Jesús Arturo Mejía se convirtió en uno de los funcionarios «indispensables» en el gobierno de Juan Orlando Hernández: Ha sido el poder detrás del trono en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y no ha trascendido por su capacidad de gestión para recuperar ambas entidades, sino por su maquiavélica mentalidad al conspirar contra los intereses de la población y por su arrogancia y soberbia que le ha granjeado recelos y enemistades.

También se ha destacado por presionar desde los cargos para intervenir e influir en la firma de contratos con empresas señaladas por el Ministerio Público de lavar activos procedentes del narcotráfico. La conducta del controvertido funcionario ha colindado con el delito: duante su gestión han habido grandes ‘esfuerzos’ por permitir el tráfico ilícito de llamadas, más conocido como ‘griseo’, según revelaciones hechas en una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Según el informe 002-2013-DASII-Hondutel-A, reafirma las denuncias del griseo de llamadas que está generando fuertes pérdidas para la entidad que dirigió Mejía hasta 2013 como subgerente y desde 2014 como titular. Al respecto, un informe del 30 de enero de 2014, elaborado por el responsable de negocios de Hondutel, Mario García, detalla que el tráfico gris «que ocasiona grandes pérdidas para la empresa, no ingresa por la central Inter II. Dicho tráfico ingresa a Hondutel por otros medios como ser la Planta externa, armarios o centrales locales”.

En consecuencia, explicó García en el informe, «ha provocado que no se detecte tráfico gris y se genere pérdidas económicas al Estado», por lo que se pidió al técnico informático que se adquiriera el equipo tecnológico para frenar el tráfico irregular, pero a la fecha no se ha cumplido.

Ante los cuestionamientos del TSC, Mejía aprovechó su locuacidad y persuasión para desviar las críticas, al explicar en una comparecencia mediática que rechazó ofertas de los ‘griseros’ para hacer jugosos negocios en la telefónica estatal, a cambio de «cuotas» que llegaban hasta los 200 mil dólares mensuales, incluso le informó al entonces gerente Romeo Vásquez Velásquez de quiénes eran los encargados del robo aunque a la fecha no ha revelado sus nombres.

Otro de los talones de Aquiles del funcionario y que están plasmados en el amplio informe del TSC son los desórdenes administrativos respecto al servicio de llamadas de línea 800; los auditores concluyeron que «al evaluar el control interno en la Unidad de Liquidaciones Internacionales se comprobó que la facturación del servicio de línea 800 no cuenta con la información que dio origen a la transacción como ser: los registros de datos de una llamada, ni se recibe el detalle del tráfico telefónico entrante generado por la Central Telefónica II, solamente se factura el servicio con lo reportado por las empresas o carriers de origen salvadoreño (Telecom) y estadounidense (Verizon)».

Por el tráfico internacional, explica el documento, se comprobó que mediante «la modalidad de prepago y pospago, los analistas de cuentas encargados de elaborar las liquidaciones a los carriers no emiten facturas o recibos del servicio prestado por Hondutel, solamente se elabora el cuadro de análisis comparativo con los datos de medición generados por los carriers y Hondutel».

Durante la época de Mejía, reinó el desorden, quedando lejos la tesis de que puso orden e hizo aumentar las ganancias. Tuvo conocimiento de cada operación que se realiza en la estatal telefónica, incluyendo el servicio de carriers ya que el Tribunal de Cuentas pudo determinar que «no existe control en la custodia de los registros de la información del tráfico cursado por los carriers internacionales, ni se realiza supervisión periódica en la Dirección de Negocios Internacionales». Tampoco se emiten facturas o recibos a las empresas dedicadas a las llamadas internacionales y ningún subalterno aplicó controles para que los servicios prestados fueran respaldados en documentos.

A pesar de que el descontrol se convirtió en norma, tanto en la administración del actual gerente de la ENEE, así como de otros que pasaron por la telefónica, cometió irregularidades como agenciarse de unos 398 mil lempiras a través de cuatro cheques con un valor de 99 mil 500 cada uno durante el tiempo que estuvo suspendido por la junta interventora de Hondutel, aunque en ese periodo trabajó para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) según la denuncia hecha por Radio Globo.

Asimismo, se dejó en evidencia que el también activista del Partido Nacional contrató personal que nunca ejerció funciones, sin embargo, el simple hecho de ser amigos se tradujo en espectaculares sueldos que oscilaron entre los 30 mil y 70 mil lempiras mensuales. Se denunciaron aumentos salariales selectivos desde cinco mil hasta doce mil lempiras, así como la contratación de un primo del gerente y pagos anticipados que se hicieron efectivos durante la referida administración.

NEGOCIOS CON NARCOS. Mejía no perdió tiempo en entablar negocios con la empresa de seguridad Lares, propiedad de Ramón Matta Waldurraga, acusado por EE.UU. por narcotráfico. A pesar de que negó haber hecho cualquier relación comercial con Matta Waldurraga, los documentos en poder de ConfidencialHN demuestran que Mejía le dio un respaldo a su amigo de infancia al aprobarle un contrato de cuatro millones 399 mil 999 lempiras con 59 centavos para cuidar las instalaciones de Hondutel en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Sólo en 2015, Matta Waldurraga se agenció de 52 millones 799 mil 995 lempiras con ocho centavos; en 2014 ganó cinco millones 501 mil 184 lempiras con un centavo mediante varias adentas al contrato, cuya ganancia global para Lares asciende a los 60 millones de lempiras.

Las adendas CPSV-032-2014 Y CPSV-006-2015  reafirman que el gerente de la empresa pública sí suscribió el acuerdo con Eduardo Rodríguez Bustamante, representante legal de la compañía privada para el servicio de vigilancia de los planteles de Hondutel, el cual tiene la firma y sello de Mejía Arita.

Aunque el titular de la ENEE ha tratado de desmarcarse de su entrañable amigo -quien se entregó a la justicia norteamericana en agosto de 2017- fue el responsable de meter «las manos al fuego» para que Lares, intervenida por haberse constituido con dinero ilícito, tuviera jugosos ingresos por los servicios que prestó.

Incluso, el funcionario ha pretendido ignorar que Rodríguez Bustamante es sujeto de investigación por el organismo acusador, de acuerdo al expediente 355-2015, que lo involucra en una estructura criminal dedicada al lavado de activos, pues una parte del dinero provino de las arcas estatales ya que suscribió convenios con Hondutel para obtener ganancias.

RELACIONES PELIGROSAS. Este periódico confirmó que Mejía y Bustamante han sido amigos desde la infancia y se han dedicado a la práctica de deportes extremos como el enduro (motocross de montaña) y el gusto por las motocicletas de 30 mil dólares,vino a consolidar los lazos que datan de toda una vida. Ambos viajaron a España a una competición y el funcionario tuvo la desdicha de fracturarse.

Esa relación trenzada se tradujo con el paso de los años en jugosos contratos de seguridad, tanto en Hondutel como en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que hasta el mismo Mejía se ha beneficiado porque varios guardias de Lares le han cuidado la lujosa vivienda ubicada en la privilegiada y fresca zona de El Hatillo. Un informe confidencial del Ministerio Público establece que Rodríguez dio un préstamo a su mejor amigo para la compra de una propiedad en el occidental departamento de Intibucá para, supuestamente, producir uvas, por lo que cualquier alegato que pretenda efectuar puede ser desmentido con celeridad.

Mientras transitó libremente por Honduras, Matta Waldurraga logró construir un silencioso emporio cuyas bases fueron el tráfico de drogas y creó empresas de fachada para blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas y también recibió recursos estatales ya que su amigo de siempre le abrió las puertas para hacer negocios.

En las confesiones hechas por el hijo del extraditado Ramón Matta Ballesteros ante un tribunal federal de Nueva York surgen varios personajes que se convirtieron en los intermediarios para la entrega de dinero que oscila entre los 200 mil y 300 mil dólares, gestionados por un empresario del departamento de Olancho, identificado por el apellido García. Asimismo, las redes de amistad que se forjaron con Mejía hasta permitieron a los imputados tener acceso a las licitaciones, pues ya sabían quiénes eran los oferentes y, por tanto, tenían la ventaja de ofrecer los precios más bajos que la competencia.

Por ejemplo, las empresas de Matta Waldurraga, representadas por Rodríguez Bustamante, pudieron acceder a un jugoso contrato para generar energía renovable en el nororiental departamento de Olancho a través de Generadora de Energía Las Piedras, S.A de C.V.  y cuya autorización fue otorgada por el ex subsecretario de Recursos Naturales, Darío Cardona. El compromiso asumido por la compañía era entregar a la red pública de electricidad dos mil kilovatios y una producción asociada de energía eléctrica promedio estimada de ocho millones trescientos cincuenta mil kilovatios hora al año.

Sobre las entregas de dinero, se pudo establecer que un sobrino de Mejía, dedicado al negocio de los combustibles, efectuaba las entregas y el receptor del era un conserje que solamente fue identificado como Vladímir. Las investigaciones hechas por ConfidencialHN señalan que Matta Waldurraga tuvo su cuartel de operaciones en el edificio Torre Alianza, en Tegucigalpa, en el decimoprimer piso, en el cubículo 11, siendo vecino de algunas personalidades que, para efectos de no entorpcecer las investigaciones se mantienen en el anonimato, solían verlo a diario.

El local fue comprado a un prominente abogado capitalino para que empresario tuviera su oficina desde donde despachaba y recibía a sus contactos; grababa cada encuentro que sostuvo con personas que estarían involucrados en acciones ilícitas y cuyas evidencias tendría en su poder la justicia de EE.UU.

En conclusión el paso de Jesús Arturo Mejía por Hondutel ha sido nociva y lesiva para la población hondureña: desarticuló la unidad antifraude de la oficina pública; convirtió la empresa en un harén y coló activistas cuya función ha provocado hasta la suplantación de la firma de un contrato con la empresa extranjera Latam para la prestación de servicios de telecomunicaciones y otras que han demostrado la conspiración orquestada para entregar a unas pocos manos los recursos que le han costado sangre y lágrimas a los hondureños.