Tuesday, Dec 10, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los casos de corrupción en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) han involucrado tanto a su director José Luis Andino como a la funcionaria María Eugenia Mourra, que los ha llevado a enfrentarse entre sí para evitar ser sujetos de persecución penal y se han procurado aplicar zancadillas a fin de salvarse de futuras acusaciones.

En el caso de Andino, denunció a Mourra ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por la contratación irregular de combustible para la empresa productora de ocra Cuasa, a través de la compañía Distribuidora de Petróleo y Lubricantes (Dipelsa) en calidad de «intermediario» ya que se registró una pérdida de 629 mil lempiras en las entregas de combustible certificadas entre diciembre de 2016 y marzo de 2018.

El director de la OABI insistió ante la oficina anticorrupción para que se abrieran líneas de investigación respecto a la contratación del intermediario para proveer diésel a Cuasa, a fin de buscar algún beneficio para no ser indagado por haber emitido unos 15 cheques que firmó de manera ilegal a beneficio de las empresas de fachada AMC y Proc Cámara, pertenecientes a Mourra por un monto de un millón 072 mil 600 lempiras.

Las fuentes con las que dialogó este periódico revelaron que Dipelsa y una distribuidora identificada como Petrolubsa entraron en confabulación con Mourra y el gerente interino de Cuasa, Alex Oliva, para hacer negocios a costa de la compañía bajo dominio de la OABI, al quedarse con alrededor de seis lempiras por cada galón de diésel que fue vendido por la multinacional Puma.

De hecho, un correo enviado desde la cuenta de correo de Petrolubsa a Alex Oliva y Marlon Alexis Maradiaga, confirma la conexión; «¿cómo ves esta respuesta para Cuasa?», reza la parte toral del correo que tiene en sus manos ConfidencialHN. «La respuesta a esa comunicación es que depende de ellos que se sigan beneficiando», explicó una fuente conocedora del tema.

En síntesis, la relación comercial que tuvo en su momento la productora de ocra con Puma Energy fue trastocada por María Eugenia Mourra para beneficio personal de sus cuadros de confianza, provocando cuantiosas pérdidas que no han podido ser explicadas por los responsables de la oficina adscrita a la Presidencia.

Este periódico pudo comprobar que la administración superior de Cuasa cobró al funcionario alrededor de 36 mil dólares por la salida de cuatro cheques con un valor de cuatro mil 325 y siete mil 618 dólares cada uno y dos que fueron emitidos por un monto de 25 mil dólares.

No obstante, Andino nunca dio una explicación de cómo libró tales cheques para las dos compañías propiedad de Mourra; algunas fuentes que merecen total confianza aseguraron que el silencio ha primado en la dirección de la OABI respecto a la fuerte suma de dinero que está reclamando la productora de ocra. A pesar del cuestionamiento, Andino ha dicho que fue «engañado» sobre los cheques que fueron girados por él.

Un lote de correos que se cruzaron tanto el titular de la oficina de bienes incautados como miembros de Cuasa, se pueden apreciar los fuertes reclamos hacia el funcionario. «Abogado Andino. Aún estamos a la espera que devuelvan el dinero que Allan Murillo cobró indebidamente. Reitero por este medio la mentira de Mónica Varela al decir que AMC era una empresa auditora. Fue un abuso y ese dinero de más de 37 mil dólares tiene que ser devuelto a la empresa para que siga funcionando correctamente», señala el correo enviado a Andino en fecha reciente.

La investigación efectuada por ConfidencialHN revela que, en efecto, uno de los beneficiarios fue Murillo, responsable de administrar las fincas controladas por la OABI y recibió una «comisión» por los fondos pertenecientes a Cuasa; tras haber recibido el cheque desapareció y su paradero es ignorado al igual que los 12 mil 500 dólares.

Respecto a al creación de AMC, se establece que una de las asistentes de Mourra, identificada como Mónica Varela, quien labora en la OABI, envió un correo en el cual se notifica del pago de un segundo cheque, con código 322, pagado el 11 de abril pasado «por 12,500 dólares que fue pagado a la sociedad AMC el 7 de abril de 2017 ya que dicha compañía fue contratada por OABI-Cuasa para realizar labores de auditoría en la empresa Cuasa».

De hecho, Varela recibió pagos de parte de Cuasa, cuyos montos oscilan entre los 12 mil y 13 mil 125 lempiras quincenales «por servicios profesionales prestados por Mónica Lizeth Varela Irías, a razón de 15 mil menos la deducción del 12.5% de Impuesto (Sobre la Renta)».  La asistente de Mourra cobró los cheques 690, 1089 y 560 que fueron emitidos por Cuasa en los días 27 de febrero, 16 de marzo y 28 de abril de 2017, de acuerdo a las conciliaciones bancarias a las que accedió este periódico.

«Espero su respuesta. Usted nos pidió informes de eso y aún no le han contestado a su petición y mucho menos devuelto el dinero. Contablemente, no hay justificación alguna para cargar ese dinero. Por favor espero respuesta. El dinero tiene que ser devuelto», es la dura respuesta de los directivos de Cuasa.

El dinero fue sustraído de forma ilegal de la firma agrícola, sin seguir los controles administrativos para la justificación de los gastos incurridos y tres días antes de la emisión de cheques fue creada la auditora Agricultura, Mercadeo y Comercialización (AMC) por Mourra; recibió a cambio de la constitución de la sociedad alrededor de 12 mil 500 dólares, de acuerdo al cheque 327, emitido el 9 de mayo del año anterior.

Para eludir cualquier señalamiento en su contra, la sindicada en la trama tuvo que incurrir en soberbía y altanería. Un correo enviado por Mourra, hace un fuerte regaño, pues aseguró que «no tengo que dar explicaciones a los empleados de la empresa sobre situaciones administrativas; el hecho que no nos dejen administrar e interfieran directamente en los puestos clave de la empresa y no podamos tomar control como debe ser. No significa que tengo que pedir permiso…».

Los miembros que dirigen la OABI también incurrieron en otras irregularidades en cuanto a la administración de Cuasa. Otro de los correos hace un fuerte reclamo a la institución sobre un pago hecho a una compañía aseguradora sin el respectivo soporte financiero.

«Abogado Andino, qué pasa con su institución que se toman la atribución de hacer la erogación de dinero solo porque contactan a Mourra y este personaje corre a pagar dinero que no es de (ustedes). Siento que se toman atribuciones que no corresponden como pagar cosas sin el análisis o la retroalimentación adecuada de los casos», explica el correo.

El remitente, mantenido en el anonimato, advirtió a Andino que «esto les va a repercutir y usted se está volviendo al responsable de esto porque su equipo se toma atribuciones sin retroalimentación…espero vayan estampando su firma en cada trámite que hagan, eso ustedes ya lo saben. Servirá para deducir responsabilidades».

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La red mafiosa que opera en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), jefeada por María Eugenia Mourra, en contubernio con el director José Luis Andino, ha dejado a su paso graves pérdidas a empresas que fueron aseguradas a sus propietarios por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Asimismo, se reafirma que las compañías bajo control de la OABI se convirtieron en caja chica por donde se han sustraído fuertes sumas de dinero para beneficio de Mourra y surge las peleas por el control de los activos que han sido quitados a quienes se les sindica de pertenecer a la criminalidad.

Uno de los hallazgos efectuados por ConfidencialHN son las peleas entre Andino y Mourra adentro de la oficina adscrita a la presidencia de Honduras. Este periódico confirmó que el actual director se siente molesto por la protección que ha venido recibiendo su compañera de trabajo desde el Ejecutivo; en fecha reciente, Mourra lo acusó ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por irregularidades por un fondo de un millón 200 mil lempiras.

Meses después, los papeles se invirtieron: el funcionario al frente de la institución la denunció ante el organismo dirigido por Gabriela Castellanos  varios casos de corrupción que ha cometido la dama como responsable de una de las dependencias de la OABI. A pesar de las mutuas denuncias hechas por los dos acérrimos rivales, el CNA no tiene en su portal la documentación referente a ambos casos.

Otro de los hallazgos efectuados por este periódico son las irregularidades que incurrió OABI al contratar los servicios de una empresa distribuidora de combustibles, de nombre Distribuidora de Petróleo y Lubricantes (Dipelsa), sin haber formalizado una relación contractual y violó la Ley de contratación del Estado.

El dinero fue sustraído de forma ilegal de Cuasa sin seguir los controles administrativos para la justificación de los gastos incurridos; además, tres días antes de la emisión de cheques, AMC fue creada por Mourra y recibió 12 mil 500 dólares, de acuerdo al cheque 322, emitido el 7 de abril del año anterior.

Además, en la relación sostenida entre Dipelsa y la empresa Cuasa, se reporta una pérdida por «descuentos no percibidos» por un valor de 629 mil lempiras. La pérdida de la fuerte suma de dinero ocurrió entre el 17 de diciembre de 2016 y el 19 de marzo de 2018 en las entregas que efectuó la transportista de combustible a Cuasa, con un promedio por cada entrega de 12 mil 840 lempiras.

Pues resulta que por cada galón vendido ocurrió una pérdida de 6.21 lempiras en concepto de descuento que debió realizar el proveedor a Cuasa. En esa relación comercial, la productora de ocra ha sido la gran perdedora porque la multinacional Puma -según facturas- le vendió cuatro mil galones de diésel a Dipelsa por 286 mil 006 lempiras con 80 centavos y ésta hizo la transacción con Cuasa al traspasarle la misma cantidad de combustible por 298 mil 840 lempiras exactos. En consecuencia, la pérdida para la empresa ubicada en la zona sur fue, en promedio, de 12 mil 833 lempiras con 20 centavos por cada entrega de diésel.

Es decir que la productora tuvo que pagar tres lempiras con 20 centavos de más por cada galón vendido por Dipelsa, quien actuó como intermediario.

ConfidencialHN buscó en el portal único de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el contrato suscrito con la distribuidora de carburantes sin tener éxito.

Otra de las irregularidades que pudo comprobar este periódico es que el actual gerente, de nombre Alex Eduardo Oliva Castañeda, no está cumpliendo con sus funciones para las que fue contratado y ha optado por atender su negocio personal de golosinas en uno de los barrios de Choluteca, a pesar de percibir un sueldo mensual de 40 mil lempiras por encargarse de la rentabilidad de Cuasa.

Un documento comprueba que Oliva Castañeda buscó en 2006 limpiar sus antecedentes de portación ilegal de armas y asociación ilícita, por lo que fue detenido el 1 de junio de 2004 por un juzgado penal de Tela por ambos delitos, demostrando el pasado criminal que tuvo el gerente de Cuasa y que no está cumpliendo con sus funciones para las que fue contratado.

Cabe recordar que en el caso de Cuasa, Mourra sustrajo alrededor de 36 mil 943 dólares de las arcas de la empresa intervenida; varios cheques en dólares del Banco Atlántida confirman que la funcionaria de la OABI se benefició de los cheques 1000318, 1000319, 1000322 y 1000327 por montos que oscilan entre los cuatro mil 325 dólares y 12 mil 500 dólares, emitidos entre el 11 de abril y el 5 de agosto de 2017.

La salida de los cheques fueron para dos empresas de fachada que fueron constituidas para fines de auditoría, entre ellas, AMC y Proc Cámara; Andino fue el responsable del libramiento de los fondos para las supuestas compañías. También firmó de forma ilegal unos 15 cheques por un total un millón 072 mil 600 lempiras a favor de la supuesta empresa propiedad de Mourra.

El dinero fue sustraído de forma ilegal de Cuasa sin seguir los controles administrativos para la justificación de los gastos incurridos; además, tres días antes de la emisión de cheques, AMC fue creada por Mourra y recibió 12 mil 500 dólares, de acuerdo al cheque 327, emitido el 9 de mayo del año anterior.

Respecto a al creación de AMC, se establece que una de las asistentes de Mourra, identificada como Mónica Varela, quien labora en la OABI, envió un correo desde la cuenta mvarela@oabi.gob.hn, recibida por emourra@oabi.gob.hn y otros destinatarios -cuya copia está en poder de este periódico- en el cual se notifica del pago de un segundo cheque, con código 322, pagado el 11 de abril pasado «por 12,500 dólares que fue pagado a la sociedad AMC el 7 de abril de 2017 ya que dicha compañía fue contratada por OABI-Cuasa para realizar labores de auditoría en la empresa Cuasa».

La investigación efectuada por ConfidencialHN revela que, en efecto, uno de los beneficiarios fue Allan Murillo, responsable de administrar las fincas controladas por la OABI y recibió una «comisión» por los fondos pertenecientes a Cuasa.

Luego que se le entregara el cheque, Murillo desapareció y su paradero es ignorado al igual que los 12 mil 500 dólares autorizados por la unidad administradora de bienes; Andino, por su parte, exigió que se le entregara un informe respecto a esta irregularidad y jamás tuvo acceso a la documentación que compromete a Mourra.

Al cierre de esta publicación, el silencio prima entre los funcionarios y colaboradores de la OABI, que fue intervenida en fecha reciente por la MACCIH y UFECIC para investigar una red mafiosa que ha estado apropiándose de bienes, objetos, utensilios y alhajas pertenecientes a personas que tienen señalamientos de estar vinculados al crimen, según las denuncias interpuestas en su momento por Radio Globo y que valieron la felicitación pública del exjefe anticorrupción Juan Jiménez Mayor.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los recursos que fueron donados por el gobierno de China Taiwán para la instalación de un sistema de aire acondicionado en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras fueron sustraídos durante el gobierno del Poder Ciudadano que dirigió Manuel Zelaya, a través del pago de viáticos a funcionarios, gastos corrientes, adelantos de sueldo, los cuales fueron aprobados en reunión de gabinete presidido por Mel.

La sustracción de unos 958 mil dólares ocurrieron durante las gestiones de los cancilleres Milton Jiménez Puerto y Edmundo Orellana Mercado, cuyos recursos -aportados por Taiwán- fueron a dar a las manos de funcionarios cuando debió ser para la adquisición de sistemas de aire, por lo que nunca se concretó el proyecto que contó con el apoyo financiero de Taiwán, de acuerdo a la investigación efectuada por ConfidencialHN.

La documentación que tiene en su poder este periódico indica que alrededor de 370 mil dólares fueron entregados a mediados de 2007 a la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante el cheque 5562 por la embajada taiwanesa a través del banco Mega International Commercial Bank de Nueva York y depositados en en la cuenta 05-207-000000210049 de Banco Ficohsa que fue aperturada bajo el nombre Proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero terminó siendo vaciada y al momento de ser clausurada tenía apenas 70 mil 726 dólares.

«El retiro de 300 mil dólares se realizó para complementar un depósito de 958 mil 580 dólares en el Banco Central de Honduras (BCH), ‘operación confidencial’ explicada al abogado Ángel Edmundo Orellana Mercado y que corresponde a otorgamiento de bonos a funcionarios del gobierno y que se incluye uno por valor de 20 mil dólares al abogado Orellana Mercado quien se desempeñaba en ese tiempo como secretario de Gobernación», explica un oficio fechado 21 de agosto de 2008.

La operación «fue ordenada por el presidente de la República, pero que fuera reversada, y como algunos funcionarios de gobierno ya habían recibido su bono, hubo la necesidad de retirar de banco Ficohsa y con ello complementar el depósito ante el Banco Central de Honduras». Por tanto, se prueba que «esta operación fue reversada con instrucciones superiores». Parte de los fondos, de acuerdo a la investigación de ConfidencialHN fueron utilizados para cubrir viáticos de funcionarios y gastos de funcionamiento, por no contar la cancillería con la plata necesarios para cumplir con estas necesidades en ese tiempo; el proyecto no se pudo concretar porque superaba los 500 mil dólares hechos por un ingeniero electromecánico y los 147 mil dólares que quedaron en la cuenta 11101-20-000156-1 y los valores de recuperación formaban parte del proyecto para equipar a Relaciones Exteriores con una unidad central de aire acondicionado.

De hecho, un documento de carácter confidencial respecto a los saldos en cuentas especiales en el Banco Central de Honduras, se demuestra que desde la cuenta 1101-20-000156-1 se trasladaron valores a la cuenta 11101-20-000296-7, asignada a la cancillería y que al momento de su revisión contaba con 706 mil 979 dólares con 49 centavos. «El saldo existente al 31 de enero en la cuenta ADAV es de 147 mil 748 dólares más los valores pendientes de recuperar por 243 mil 144 dólares sumando un total de 400 mil 892 dólares los cuales se estará en capacidad de atender el requerimiento de adquisición del aire acondicionado», dice el documento.

El dossier que forma parte de esta investigación comprende memorandos, depósitos de dinero en el sistema financiero nacional e informes confidenciales, desglose de cómo fueron distribuidas fuertes sumas de dinero a varios colaboradores del expresidente Manuel Zelaya, en particular, el decreto ejecutivo PCM-025-2007 del 6 de septiembre de 2007, que precisa en uno de sus apartados que «…en caso que la situación financiera de estas instituciones lo permita de fondos adicionales o complementarios para incrementar los ingresos y así atender programas y proyectos que el gobierno considere necesario».

El gobierno aprovechó la bonanza que gozó en su momento la Empresa Nacional Portuaria (ENP) por lo que se sustrajo unos 100 millones de lempiras que fueron asignados a Relaciones Exteriores para atender compromisos diplomáticos, siendo firmado por Manuel Zelaya, Edmundo Orellana, Héctor Hernández Amador, Marlon Brevé, Jenny Meza Paguada, el fallecido general Álvaro Romero, Yani Rosenthal, Eduardo Enrique Reina, Arístides Mejía, Rebeca Santos, Jorge Rosa, Ernesto Galeas, Rixi Moncada, Mayra Mejía, Ricado Martínez Castañeda, Rodolfo Pastor Fasquelle, Karen Zelaya, Marco Tulio Cartagena, César Salgado y Jorge Aldana.

El exsecretario de Seguridad Romero y la exsecretaria de Industria y Comercio Miriam Azcona Bocock recibieron 14 mil 500 dólares en dos depósitos fraccionados; el ex subsecretario de Seguridad Jorge Rodas Gamero y el exdirector del Instituto de la Propiedad Lorenzo Sauceda obtuvieron 10 mil 500 dólares en dos pagos; el exdirector de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), Bayardo Pagoaga y la exsecretaria de Salud Jenny Meza recibieron 14 mil 500 y 14 mil 400 dólares de forma respectiva bajo el mecanismo de transferencias fraccionadas.

Asimismo, el exsecretario de Turismo Ricardo Martínez y el extitular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Héctor Hernández Amador, les giraron desde la cancillería 14 mil 500 y 14 mil 400 dólares. Los otrora colaboradores Valerio Gutiérrez López, Ricardo Arias Brito, el exjefe del gabinete Roberto Babún Sikaffi, el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA) José Francisco Fúnez, Emelda Casco Canizales, Fredis Cerrato, Mario López Gómez y otros también recibieron entre 14 mil 100 y 14 mil 500 dólares a través de las dos transferencias giradas por Relaciones Exteriores.

Estos pagos tienen un denominador común: las transferencias se realizaron los días 29 de diciembre de 2006 y 17 de enero de 2007. El método de dividir los giros en dólares fue para no despertar sospechas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), para evadir cualquier investigación por lavado de dinero, de acuerdo a las normas vigentes ya que se exige que la persona que reciba o transporte más de 10 mil dólares justifique cómo obtuvo ese dinero.

La circulación y distribución de dinero hacia los funcionarios del expresidente Zelaya quedó hasta plasmado en papeles y manuscritos, sin sello o membrete que indicará la institución responsable, incurriendo en el informalismo. Para el caso, el exsecretario de Defensa, Arístides Mejía, recibió 14 mil 500 dólares en «calidad de depósito de Milton Jiménez Puerto». El entonces secretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, firmó un improvisado recibo por 170 mil dólares y fechado el 21 de diciembre de 2007.

Cabe mencionar que la gestión de estos recursos fue llevada a cabo por el gerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Andino, pues su firma está estampada y sellada en oficios y comunicaciones que fueron giradas a la Secretaría de Finanzas para efectuar transferencias a fin de «reembolsar» a los funcionarios los gastos que efectuaron en sus «giras de trabajo». Los oficios 99, 120, 121, 126, 135, 150, 151, 152, 153, 203, 204, 221, 225, 243, 266 29, 325, 336, 013, todos dirigidos al departamento internacional del Banco Central de Honduras para el reembolso de gastos que van desde atenciones a funcionarios del servicio exterior, hasta la compra de útiles menores para el despacho de Orellana.

Es más, los oficios girados al BCH desde el 29 de fabrero de 2008 hasta el 12 de enero de 2009 autorizados por Andino -en perjuicio de la cuenta 1101-20-000156- se detallan que hubo viáticos por dos días y medio, reembolso de gastos,  pago de servicios profesionales, anticipos de sueldo, eventos relacionados con el medioambiente, gastos en representaciones y otras; uno de los beneficiarios fue el exfiscal general Edmundo Orellana. Las notas aclaratorias espeficican que «todos estos valores fueron retirados en efectivo y los retiros mensuales de 160 mil constituyen gastos mensuales otorgados al ministro, los originales de los oficios están en poder del BCH.

De hecho, Andino mintió a los auditores del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) cuando se le preguntó si tenía conocimiento de la cuenta 1101-20-000156 y dijo que no sabía del tema; se limitó a comentar que sí sabía que contaba con tres cuentas, las 11101-20-000205-3 asignada a Modernización y Fortalecimiento, 11101-20-000121-9 para gastos de cumbre presidencial y 11101-20-000296-7 a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo al oficio 740 del 19 de noviembre de 2008.  El gerente general de la cancillería -responsable de retirar dinero del BCH- modificó los gastos de representación y le dio otro destino a los fondos de la referida cuenta que totalizaban 147 mil 748 dólares.

Asimismo, el administrador le dio otro destino a los reembolsos efectuados por Finanzas por un valor de dos millones 450 mil lempiras, según el oficio 656A del 8 de octubre de 2008 y firmado por él. Lo mismo hizo con un reembolso  de un millón 550 mil lempiras. Los fondos fueron liquidados durante la gestión del excanciller Milton Jiménez Puerto y que fueron autorizados por Finanzas a fin de que fueran incorporados al presupuesto ya que estaban asignados a la adquisición de la unidad central de aire acondicionado en la cancillería.

No obstante, el dinero aportado por Taiwán fue desviado para para realizar pagos de «investigaciones especiales» y compras de equipos de seguridad, giros a la Secretaría de Defensa para la adquisición de vehículos y motocicletas, honorarios por servicios en el exterior, asuntos de seguridad nacional a cargo de las FFAA, los cuales fueron firmados por el exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; el exsecretario de Defensa Arístides Mejía y el ex subsecretario de la Presidencia Marcio Sierra. El monto total de los recibos firmados por los excolaboradores del entonces presidente ascienden a 310 mil 400 dólares.