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TEGUCIGALPA, HONDURAS

La fiscalía federal de Nueva York presentó cargos contra el oficial de Policía en retiro Mauricio Hernández Pineda, quien se entregó en fecha reciente en Ciudad de Guatemala a funcionarios antidroga para responder por los delitos de conspirar para introducir drogas a EE.UU., uso de armas automáticas y conspiración para usar armas de fuego con la intención de trasegar drogas a la nación del norte.

El documento que obtuvieron Radio Globo y ConfidencialHN confirman que el pariente de Juan Orlando y el exjefe narco Tony Hernández incurrió en tales delitos, según el escrito presentado por el fiscal federal Geoffrey Berman al juez Kevin Castel.

La entrega de Hernández Pineda fue concertada entre funcionarios de la DEA y posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde se encuentra bajo custodia y se prevé que en los próximos días se programe la fecha del juicio en su contra.

Lea la acusación formulada por la fiscalía neoyorquina:

Tribunal de Distrito de EE.UU.

Corte (federal) de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York

EE.UU. versus Mauricio Hernández Pineda (el demandado)

Cuenta (cargo) 1 (conspiración para la importación de cocaína). El gran jurado acusa:

VISIÓN GENERAL

1. Desde 2000, hasta 2018, varias organizaciones del narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de promientes políticos y particulares hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir en Honduras varias de toneladas de cocaína enviadas desde Colombia y otros lugares por vía aérea y marítima y ​​transportar las drogas hacia el occidente rumbo a la frontera con Guatemala y eventualmente a EE.UU.

2. Para protegerse de la interferencia estatal y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras y la Policía Nacional de Honduras (HNP, en inglés).como Mauricio Hernández Pineda, el acusado, miembro de alto rango de la HNP que participó y apoyó las actividades de narcotráfico de, entre otros, a su primo, Juan Antonio Hernández Alvarado, (alias) Tony Hernández.

3. Pineda, entre otras cosas, proporcionó seguridad armada, incluyendo a personas que portaban ametralladoras, para (proteger) los envíos de varias toneladas de cocaína y envió a sus coconspiradores en Honduras, información sensible sobre las operaciones planificadas de aplicación de la ley evadir la detección (de los cargamentos) mientras podían transportar cocaína a través de Honduras. A cambio, Hernández Pineda recibió cientos de miles de dólares en ingresos por drogas.

ALEGACIONES ESTATUTARIAS

4. Desde 2000 hasta 2018, tanto en Honduras y en otros lugares, en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier Estado o distrito particular de EE.UU., Mauricio Hernández Pineda, el acusado, otros conocidos y desconocidos y, al menos, uno de los cuales fue arrestado y llevado por primera a la corte del Distrito Sur de Nueva York, habían acordado intencionalmente violar las leyes de EE.UU. para introducir sustancias controladas en violación del Título 21 del Código de EE.UU., Secciones 952 (a) y 960 (a) (1).

6. Además, el acusado Mauricio Hernández Pineda y otros conocidos y desconocidos conspiraron, fabricaron y distribuyeron una sustancia controlada y poseían con intención y conocimiento razonable de hacer creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a EE.UU. y a las aguas (territoriales) a una distancia de 12 millas de la costa en violación del Título 21 del Código de EE.UU., secciones 959 (a) y 960 (a ) (3).

7. Más allá de que el acusado Mauricio Hernández Pineda fuera parte de la conspiración, otros conocidos y desconocidos, fabricaron y distribuyeron a bordo de un avión registrado en EE.UU.,con la intención de distribuir una sustancia controlada, en violación del Título 21, del Código de EE.UU., secciones 959 (c) y 9 (a) (3).

8. Pineda, el demandado, conspiró para (a) importar a EE.UU. desde un lugar externo (estupefacientes) así como (b) fabricar, distribuir y poseer con la intención de hacer creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a EE.UU. y en aguas (territoriales) dentro de una distancia de 12 millas de la costa estadounidense y (c) distribuir en EE.UU. a bordo de un avión registrado en ese país mezclas y sustancias que contenían varios kilogramos de cocaína, en violación del Título 21, del Código de EE.UU., sección 960 (b) (1) (B) (ii). (Título 21, Código de Estados Unidos, Sección 963; y Título 18, sección 3238.)

(Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos). El Gran Jurado acusa además: Desde 2000, hasta 2018, tanto en Honduras y en otros lugares, y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito de EE.UU. y para el cual dos o más delincuentes aliados (uno de ellos) fue llevado y arrestado por primera vez en el Distrito Sur de Nueva York, Mauricio Hernández Pineda, acusado con relación por el delito de narcotráfico por el cual él puede ser procesado en un tribunal de Estados Unidos, a saber, la conspiración de importación de narcóticos enunciada en el primer cargo de esta acusación, usó y portó armas de fuego a sabiendas y, para promover dicho delito, poseyó armas de fuego y ayudó e instigó el uso, portación y posesión de armas de fuego como ametralladoras capaces de disparar automáticamente más de un disparo y sin recarga manual, mediante una sola función del gatillo, así como dispositivos destructivos. (Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A), 924 (c) (1) (B) (ii), 3238 y 2.)

CARGO TRES

(Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos) El gran jurado acusa además: 11. Desde 2000 hasta 2018, tanto en Honduras como en otros lugares, Mauricio Hernández Pineda, el acusado y otros conocidos y desconocidos, al menos uno de los cuales fue llevado y arrestado por primera vez en el Distrito Sur de Nueva York, acordaron entre sí violar el Título 18, del Código de Estados Unidos, Sección 924 (c). Fue una parte y un objeto de la conspiración que Mauricio Hernández Pineda, el acusado y otros conocidos y desconocidos, incurrieron en un delito de tráfico de drogas por el cual pueden ser procesados ​​en un tribunal de Estados Unidos.

En el primer cargo de esta acusación, que es de usar y portar armas de fuego…violaron el Título 18, del Código de Estados Unidos, secciones 924 (c) (1) (A) (i) y 924 (c) (1) (B) (ii). (Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 924 (o) y 3238.)

ALEGACIÓN DE PÉRDIDA (en cuanto al primer cargo)

Como resultado de cometer la sustancia controlada 14. delito acusado en el primer cargo de esta acusación, Mauricio Hernández Pineda, el demandado, perderá en EE.UU., de conformidad con el Título 21, del Código de Estados Unidos, Secciones 853 y 970, cualquier propiedad que constituya, o se derive de, cualquier producto que el acusado haya obtenido, directa o indirectamente, como resultado del delito de tráfico de drogas, todos y cada uno de los bienes utilizados, o destinados a ser utilizados, de cualquier manera o parte, para cometer y facilitar la comisión del delito acusado en el primer cargo de esta acusación.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La esposa del fallecido Magdaleno Meza Fúnez, Julissa Bandy García, denunció que es víctima de una conspiración en su contra para asesinarla y que es dirigida por miembros de una pandilla y de Monse Fraga Duarte, la excompañera de hogar del capo Wilter Blanco.

Radio Globo y ConfidencialHN consiguieron una carta que fue redactada por un juez ejecutor de un recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de Bandy García, quien permanece confinada en la cárcel de mujeres de Támara desde mediados de 2018, en la que advierte que podrìa ser asesinada.

Según el acta de entrevista, la viuda responsabilizó al jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández y a Melvin Bonilla, el apoderado legal del exjefe narco Tony Hernández de cualquier acción que pudiera atentar contra su vida. En el documento que tiene en exclusiva los dos medios, indica que «dos compañeras reclusas que son miembros activas» de bandas criminales la han amenazado de manera constante,

Asimismo, reafirmó que Fraga Duarte «fue parte de un complot en su contra para que dejara de apoyar a su esposo (Meza y), siempre utilizada por estas pandilleras». Si bien reconoce que la Policìa Penitenciaria la ha protegido durante este tiempo, pero «también cabe manifestar que mis familiares recibieron mensajes de amenazas que si yo me oponía a la audiencia preliminar, tanto mía como de mi esposo y los demás implicados, asesinarían a mis hijos y a mi esposo dentro del centro penal de Ilama, Santa Bárbara».

Por tanto, la privada de libertad solicitó al juez ejecutor de la causa 02603-2019, del 27 de octubre de 2019, que se le proporcionaran más medidas de protección porque teme por su vida y la de sus hijos y cuyos miedos se elevaron luego que su cónyuge fuera asesinado por miembros de bandas criminales cuando dialogaba con el exdirector del presidio, Ildefonso Armas, quien fue liquidado en diciembre en Choluteca.

El recurso, que fue solicitado en su momento por la defensa ante un juzgado penal capitalino, precisa que Bandy García está en peligro extremo tras el crimen de Meza Fúnez o Nery Orlando López Sanabria y hace énfasis en la necesidad de redoblar las medidas para que no sea atacada mientras se le sigue el proceso judicial en su contra por la supuesta comisión de varios delitos.

En últimas líneas, la integridad de la viuda del autor de las narcolibretas se encuentra en vulnerabilidad porque la información que pudiera tener sobre la presunta actividad del ahora occiso podría costarle la muerte en cualquier instante. Si bien la junta interventora del sistema penitenciario tomó el control de todas las cárceles, incluyendo la femenina, no es una garantía de que la reclusa se encuentre a salvo.

En su momento, el defensor de DDHH, Hugo Maldonado, reafirmó las amenazas contra la implicada en la trama y aseguró que en una entrevista efectuada en una de las celdas, le dijo que «el siguiente objetivo soy yo».

El procurador aseguró que en su momento notificó al subsecretario de Seguridad Luis Suazo a fin de que ofrezca todas las medidas de protección a Bandy García, en el sentido que “no queremos que suceda lo ocurrido con Magdaleno”.

En caso de un posible ataque, se cerraría la última fuente de información útil que podría tener la justicia de EE.UU. respecto a las investigaciones que penden contra Hernández sobre sus nexos con la delincuencia organizada y narcotráfico. De hecho, Meza Fúnez tenía un vasto conocimiento de cómo Tony desarrolló negocios en el trasiego de cocaína rumbo a la nación del norte, durante la época dorada que gozaron los señores de la droga ya que contaron con la venia estatal de movilizar toneladas de estupefacientes sin ser siquiera molestados.

La muerte violenta de este personaje supuso un fuerte golpe para la fiscalìa federal de Nueva York, ya que habían amplias negociaciones sobre su colaboración para esclarecer cómo funcionó el lucrativo negocio por el que los hermanos Hernández Alvarado recibieron millones de dólares del narcotráfico.

Cabe recordar que los apuntes hechos Meza Fúnez, fueron presentados como evidencia ante un tribunal federal de Nueva York, valieron el veredicto de culpabilidad a manos de un gran jurado y se espera que el juez Kevin Castel dicte la pena a Hernández en los próximos días.

Audios publicados esta semana indican que Meza o López Sanabria entró en contacto con la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU. para alcanzar un acuerdo para revelar secretos sobre Tony y el ocupante de Casa Presidencial.

Su apoderado, Carlos Chajtur, aseguró temer algún atentado luego de que uno de sus colegas del equipo de defensores, José Luis Pinto, fuera ejecutado de varios impactos de bala en una cafetería de la comunidad copaneca de Nueva Arcadia.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

(Primera parte) Un magistrado del Poder Judicial movió influencias a fin de que un amigo suyo evitara ir a la cárcel por defraudación fiscal y por presunto blanqueo de capitales por el cual está siendo investigado desde 2009.

El magistrado de la Sala Laboral Miguel Alberto Pineda Valle, de acuerdo a datos que obtuvieron Radio Globo y ConfidencialHN, habría interpuesto sus buenos oficios para que su amigo, identificado como Barton, quien funge como testigo en una causa penal investigada por las autoridades hondureñas y de EE.UU. con relación a una extensa red ilegal, por lo que nunca sufrió persecución penal.

De hecho, esta persona, según conocedores del tema, desde hace una década es investigado por blanqueo de capitales, pero la fiscalía no ha querido perseguirlo penalmente y cualquier atisbo de impartición de justicia fue paralizado por el magistrado Valle.

El expediente 11-2019, evacuado el 2 de septiembre de 2019, indica que el testigo protegido decidió comparecer ante la jueza Melida Estrada Quintanilla, bajo nombre clave Barton a fin de declarar respecto a la red de la que formaría parte y, a pesar que tenía la opción de declarar bajo total anonimato, tomó la decisión de no utilizar la indumentaria para que no fuera reconocido «pidiendo que se mantenga su nombre clave».

Según la fiscalía de delitos tributarios del Ministerio Público, el protegido de Pineda Valle y la red corrupta, eran investigados desde hace un año su modus operandi tanto en EE.UU. como en Centroamérica por lo que «hemos investigado y descubierto que efectivamente en la organización se encuentran diferentes estratos y personas que participan, desde funcionarios públicos en los diferentes países de Centroamérica como empresas y demás intervinientes que de manera ilícita ingresaron mercadería» a Honduras.

Barton, de acuerdo al documento emitido durante la audiencia de prueba anticipada hecha el 2 de septiembre anterior, era socio de la empresa de comercio en línea 24/7 -propiedad de Americargo- que operó durante unos dos años.

«Cuando inició la empresa tenía otro socio manejábamos administrativamente, pero a mi compañero (Alex Mason) le dio cáncer y la tuvo que abandonar y me quedé solo manejándola. Dicha empresa había comenzado operaciones y agarramos una empresa en marcha, los casilleros ya existían y la agarramos con varios clientes, entonces nosotros la buscamos por no tener control ya que no conozco el trámite aduanero».

Alegó que la compañía tenía «varias fugas» de capital y se limitó a decir que ellos «se dedicaban a la atención al cliente» porque no tenían la comprensión de cómo se creaba y administraba una agencia aduanera, que no contaban con la logística y bodegas para el almacenamiento de productos importados. Según el testigo clave de la fiscalía, Americargo es propiedad de Natalia y Giovanni Díaz, «ellos son los dueños de la bodega y los dueños de los casilleros que ya los tenían» y posteriormente buscó alianzas con otras agencias aduaneras para proseguir con el negocio que al final fue clausurado.

Radio Globo y ConfidencialHN supieron de primera mano que este testigo debió ser requerido fiscalmente ya es sindicado por delitos tributarios, sin embargo, el magistrado Pineda, miembro de la Sala Laboral, optó por meter sus manos en un conflicto rutinario de defraudación; sin embargo, el incidente tomó otro giro ya que incurrió en tráfico de influencias para impedir que su amigo fuese encarcelado, a sabiendas de que es sujeto de investigación de las autoridades estadounidenses por evadir el fisco, por lo que podría tener problemas en el corto o mediano plazo.

Asimismo, sobre el testigo pende una investigación de larga data que lo vincula al blanqueo de capitales, pero a la fecha no ha sido requerido para que responda por los señalamientos.

Investigaciones preliminares efectuados por ambos medios sostienen que la amistad entre ambos es de hace muchos años y que se fue intensificando desde que Pineda Valle asumió el cargo de magistrado en la Corte Suprema de Justicia, extremo que ha valido al testigo estrella de la fiscalía no deslizar sus zapatos por el sistema penitenciario.

Un grupo de trabajadores de la confitería Venus lo denunció por abusar de su autoridad, obstrucción de la justicia y manipular un juicio a favor de un empresario, por lo que no sería la primera vez que recurra a prácticas amañadas para beneficiar intereses alejados del Estado de derecho e imperio de la ley.

El apoderado legal de los afectados, Jorge Adán López, reveló que por el conflicto laboral que sostienen los trabajadores con la empresa, unas cuatro personas han perdido la vida y Pineda Valle ha impedido cualquier resolución que favorezca a los obreros.

Pineda Valle ha sido un ferviente militante del Partido Nacional y en sus publicaciones ha mostrado simpatía por el actual jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández. Una publicación efectuada en 2013, el operador de justicia posteó que “los nacionalistas de corazón somos y estamos con el Partido Nacional… Viva JOH Presidente aunque les duela a muchos”.

Confidencial HN