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TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los procesos judiciales que tuvo que afrontar el exdirector del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Benjamín Bográn, por blanqueo de capitales, del cual fue absuelto y condenado por recepción de sobornos en el contexto del megafraude al IHSS, le pasaron factura a su salud.

Bográn, quien supo gozar de buena salud, comenzó a tener una brutal caída tras ser imputado por la justicia, por ambos delitos y en el transcurso de los años pasó de ser una persona corpulenta a debilitarse de manera acelerada, por lo que ahora debe apoyarse en aparatos mecánicos para poder respirar.

En un vídeo exclusivo que consiguieron Radio Globo y ConfidencialHN se aprecia al otrora dirigente empresarial con tubos conectados en su tráquea que le permiten respirar, sentado en una silla de ruedas apoyado por otra persona, mientras que su mirada triste se pierde en la nada; viste una camiseta verde oscuro y un buzo azul. En apariencia, no puede hablar por su condición clínica.

En el vídeo de unos 10 segundos de duración, se deja constancia que Bográn tuvo cuatro difíciles años, desde la aparición de una hernia que le obligó entregarse a la justicia, hasta una parada cardiorrespiratoria que sufrió en agosto anterior y que orilló a su equipo legal a pedir su salida del país para ser sometido a un tratamiento urgente que le permitiera seguir con vida.

Una de las versiones detallan que sufrió un accidente en su vivienda cuando un cable de eletricidad lo alcanzó y la descarga le profundizó el daño por lo que cayó en coma.

Hasta el momento, la escasa información disponible sobre la condición clínica del afectado es que sufrió un daño neurológico que pudo haber afectado funciones vitales y por ello se ve obligado a utilizar una silla de ruedas para poder movilizarse en su proceso de recuperación en Cuba.

BOGRÁN RECIBE CONDENA. Cabe señalar que un tribunal de sentencias decidió hoy condenar a Bográn a dos años de prisión por recepción de sobornos.

Por su parte, la defensa anunció que interpondrán un recurso de casación ante la Sala Penal del Poder Judicial para revertir la condena.

La terna de jueces que conocieron la causa acordaron aplicar penas complementarias al doble de la pena, es decir, que Bográn tendrá varios derechos suspendidos durante cuatro años.

La portavoz Lucía Víllars precisó que al condenado se le aplicó la figura de interdicción civil, por lo que sus derechos permanecerán restringidos por el referido tiempo y se ordenó la confiscación de los 692 mil dólares que se encuentran bloqueados en el banco panameño Multibank.

La apoderada Rosa Bonilla recordó que su cliente fue absuelto en septiembre de 2019 de blanqueo de capitales y condenado por cohecho; insistió que es inocente por lo que recurrirá a apelar el fallo.

Las personas que pagaron la fuerte suma de dinero fueron los socios de la cuestionada empresa Compañía de Servicios Múltiples (Cosem), dirigida por Óscar Laínez y Daniel Herrera, los Tetos, quienes se convirtieron en los testigos estrella del Ministerio Público y, en consecuencia, protegidos del fiscal general Óscar Chinchilla.

Los Tetos fueron los responsables de transferir a Bográn la fuerte coima a una cuenta de Multibank de Panamá a fin que facilitara gestiones para la instalación del sistema denominado Mofihss cuyo costo fue de 43.9 millones de dòlares.

Al cierre de esta historia, ni Laínez, ni Herrera, no tienen requerimientos fiscales en su contra a pesar que fueron parte del colosal saqueo que vivió el IHSS de la mano de Mario Zelaya.

TEGUCIGALP,A HONDURAS

Controvertidos personajes y cuestionados exfuncionarios estatales han hallado en la Universidad Tecnológica de Honduras una suerte de refugio donde pueden permanecer alejados del escrutinio público, sin ser juzgados por su pasado en la administración pública.

Y es que este periódico, sin proponérselo, se encontró con dos personajes que han sido fuertemente criticados y que en la actualidad fungen como docentes en el referido centro de estudios superiores; si bien tienen derecho a tener un trabajo y recibir remuneración por ello, pero éticamente están desautorizados porque ayudaron a destruir el inexistente Estado de derecho y más de una vida pusieron -y siguen poniendo- en peligro.

Resulta que estas personas, identificadas como German McNeil, ex subdirector del sistema penitenciario y Sonia Gálvez, esposa de exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar, son catedráticos de derecho en la UTH, tienen un historial que no es satisfactorio para los intereses de la gobernanza e institucionalidad, por lo que pretenden pasar con un bajísimo perfil, en un recinto donde no sean señalados o increpados…pues los alumnos siempre llevan las de perder y si optaran por recriminarles sus conductas, serían sujetos desde sanciones académicas hasta ser expulsados.

En fin, dos imágenes confirman que tanto McNeil como la cónyuge del otrora número dos del Ministerio Público están afanados en la transmisión de conocimientos a los futuros abogados, a sabiendas de que cargan en sus espaldas fuertes señalamientos hasta investigaciones por presunta corrupción y que en el futuro les podría acarrearles requerimientos fiscales.

En esta era de la información, nadie puede estar desinformado o pasar desapercibido que McNeil es sindicado de ser uno de los que profudizó la crisis en los presidios, teniendo como cereza en el pastel la muerte de Magdaleno Meza, el socio del exjefe narco Tony Hernández, ocurrido en octubre de 2019 en la cárcel el Pozo de Ilama y que fue el comienzo de su caída como el todopoderoso subjefe de prisiones.

En su última declaración, luego de ser relevado por Juan Orlando Hernández por un grupo de soldados, justificó la decisión de intervenir los presidios y que era «para bien» de los privados de libertad, a quienes les impuso excesivas restricciones; junto a su colega Rosa Gudiel, se volvieron cómplices de las atrocidades vividas en los penales -que aún prosiguen.

Cabe recordar que la muerte violenta de Meza o Nery Orlando López Sanabria vino a demostrar que ambos tienen una cuota de responsabilidad sobre el crimen y cuya confesión iba a comprometer al ocupante del palacio José Cecilio del Valle.

De hecho, semanas antes de ser ultimado por miembros de una pandilla recluida en uno de los módulos de el Pozo, la víctima había adelantado algunas negociaciones con el Departamento de Justicia de EE.UU. para declarar sobre la narcolibreta y la participación de los hermanos Hernández Alvarado con el narcotráfico.

La forma en la que murió Meza confirmó las investigaciones realizadas por este periódico en mayo de 2019 que su cabeza costaba 10 millones de lempiras ya que tenía demasiada información sobre los enlaces del Ejecutivo con el cártel de los hermanos Valle Valle en el trasiego de toneladas de cocaína rumbo a EE.UU.

Gudiel y McNeil tenían total y completo conocimiento de que la vida del ahora occiso corría peligro dentro del penal y jamás hicieron caso a los reclamos del apoderado Carlos Chajtur, por lo que se convierten en cómplices de la trama que acabó con la existencia de Meza.

Con relación a Gálvez, es necesario rememorar que las fiscalías de Colombia y Costa Rica la investigan junto a su esposo por el movimiento de dinero que habrían recibido en el contexto del megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Es más, Radio Globo y ConfidencialHN lograron comprobar en 2019 que el fiscal general Óscar Chinchilla y la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) decidieron bloquear cualquier intento de auxilio judicial solicitado por ambos países a fin de concluir con las investigaciones y emprender cualquier acción penal. En el fondo, el número uno del Ministerio Público y su ex lugarteniente se deben favores y se guardan cuando son muy necesarios.

En los oficios girados al ente acusador, a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, se pidió en 2017 y 2018 de que se abran los canales de asistencia para poder determinar algunas investigaciones que pudieran dar con los capitales pagados mediante sobornos por un empresario al exfiscal.

La directora de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Ana Fabiola Castro Rivera, pidió al secretario general de Gobernación, Ricardo Alfredo Montes Nájera, a modo que hagan caso a la «solicitud de asistencia del 6 de agosto de 2017, librada dentro de la investigación que se adelante en Honduras contra los señores Rigoberto Cuéllar Cruz y Sonia Inez Gálvez Ferrari».

«Sobre el particular y de conformidad con la solicitud presentada por el doctor Jhony Alexander Gallego Arboleda, Fiscal 25 adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2017», señala la comunicación oficial y añade que «se nos informe si las autoridades de Honduras cuentan con otros datos de identificación de los señores Cuéllar Cruz y Gálvez Ferrari, de los ya reportados como documentos de viaje (diplomáticos y generales) y de sus tarjetas de identidad, con el objeto de continuar con las indagaciones requeridas».

Además, se pudo descubrir que el Ministerio Público costarricense, a través de la causa penal 17-000179-1035-PE del 21 de marzo de 2018, elaborado por Natalia Bolívar Chaves, enviado a la fiscal adjunta de la unidad de relaciones internacionales Laure Monge Cantero, que se gestione la asistencia penal internacional a la Fiscalía General de Honduras para «obtener la información de cuentas bancarias, movimientos, saldos, líneas de crédito, tarjetas y otros productos financieros, era indispensable que aportaren elementos probatorios con sustento para realizar la solicitud del juez penal, véase que dentro del expediente únicamente se cuenta con una solicitud de la fiscalía hondureña, sin mayor documentación que venga a dar un sustento probatorio».

En la petición hecha a Chinchilla, apenas fue respondido con un escueto resumen de los hechos «que generaron la solicitud y nuevamente no se dan los elementos probatorios que habían sido solicitados con antelación y es que incluso en el punto 02, párrafo 4 se menciona que existen denuncias de testigos que los aquí imputados recibieron dinero para no perseguir a las empresas Mofihss y Cosem».

Estimado lector, no es nuestra intención estigmatizar a estas dos personas. No. Pero resulta que esta sucinta relación de hechos los coloca en un sitial nada envidiable; sin embargo, que ambos estén impartiendo sus cátedras de derecho en esa universidad entran en un conflicto hasta ético porque no cuentan con la autoridad moral para recalcar que los principales objetivos del derecho son la seguridad jurídica que «es la garantía dada al individuo de asegurar a su persona, sus bienes y derechos, para que no sean objeto de ataques violentos y en el caso de que se produzcan, la sociedad les dé protección y reparación».

Tampoco pueden explicar desde una posición ética que otra finalidad del derecho es «la justicia…que es dar a cada quien lo que le corresponde; la aplicación de esta exige que, situaciones similares sean tratadas de igual forma; esta función correctiva del derecho, es comandada por un Juez. Ulpiano, jurista romano, definió a la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo».

Estos dos personajes, si bien pisaron en su momento los tribunales para litigar a favor de sus clientes, pero en la docencia -sumado a sus antecedentes- no incidirá de manera positiva en la formación académica de los alumnos de derecho de esa universidad.

Asimismo, se debe incluir a Cuéllar, quien es coordinador de una de las áreas especialiazadas de derecho, dan lugar a que el establecimiento pueda ser visto con recelo por aquellos que se refugian en esta noble y peligrosa carrera como una convicción por defender el Estado de derecho.

No debe resultar extraño los comentarios, entre dientes apretados de los estudiantes, quienes deben tolerar ese prontuario so pena de que sean expulsados y lleguen a conocer la verdadera personalidad de sus catedráticos. Al fin y al cabo, lograr un título, termina valiendo cualquier censura y humillación para obtener sus propósitos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A pesar de que Eny Bautista dejó el sistema tributario a mediados de 2019 para asumir un cargo en el servicio exterior, el familión jamás desapareció; hubo una radicalización en el nepotismo, en el sentido que hay una enorme cantidad de personas que lograron colocar a sus parientes en cargos de confianza, con buenos salarios y, sobre todo, que son afines al Partido Nacional.

Aunque el secretario de la Presidencia del actual Ejecutivo nacionalista Ebal Díaz dijo en 2014 que adelgazarían la Administración Central y las entidades descentralizadas y desconcentradas, sin embargo, esa amenaza se convirtió en un escudo para contratar a mas activistas como un pago de favores por haber votado por Juan Orlando Hernández; a la fecha, unas 225 mil personas engrosan la pesada planilla que para este 2020 oscila en unos 50 mil millones de lempiras.

Radio Globo y ConfidencialHN , en esta nueva entrega, presenta cómo opera el familón en la extinta DARA -ahora Administración Aduanera de Honduras- logrando consumir enormes sumas de dinero aportados por los contribuyentes por un servicio que no suele ser eficiente y en el que prima la corrupción, a juzgar por las relaciones familiares y extramaritales que se viven en este organismo.

Para el caso, uno de los hallazgos de ambos medios confirma que la empleada de la unidad de recursos humanos Lucía Ávila es hermana de Ariel Ávila y cuñada de Blanca Núñez, especialista en administración de tratados, mientras que el analista de regímenes especiales Gary Almendarez, es el esposo de Martha Cecilia Valladares, quien funge como analista del departamento técnico aduanero.

Se pudo investigar que esta dama está fungiendo tal cargo sin haber recibido un título universitario en administración aduanera, a fin de comprender y gestionar el masivo movimiento de carga que suele ingresar por la aduana que opera en el aeropuerto de Toncontín. El hecho de tener lazos sanguíneos bien consolidados le permitieron gozar de una buena posición.

Asimismo, se logró descubrir que la analista de inteligencia aduanera Reina Luisa Portillo colocó a su sobrina Silian Janeth Osorto como supervisora de fiscalización.

En los listados en poder de este periódico se muestra cómo se fue sistematizando la corrupción a través del nepotismo, en el sentido que los que accedieron a una plaza por filiación nacionalista y trenzados contactos dentro de la Administración Aduanera de Honduras y cuyos nombres aparecen en amplios listados de personas que lograron un contrato temporal o permanente; muchos de ellos fueron colocados en varias posiciones el pasado 20 de enero, cuando se programaron las audiencias de celebración de contratos y, por consiguiente, se da por descontado que hubo un festival de chambas para quienes simpatizan con el régimen nacionalista.

Se colocaron en puestos, cuyos sueldos van desde los 23 mil a 27 mil lempiras Yajaira Clarissa Ávila Martínez, Roberto Emilio Reyes Silva, Breissy Mariela Cabrera Valladares, quienes tienen parientes dentro del sistema aduanero. Además, el director del organismo, Juan José Vides, colocó a su prima Ana María de Dios Chang Vides en un cargo de confianza y Christian René Madsen Amaya, localizado en el puesto 64 de las personas que accedieron a un contrato, es sobrino de Laurinda del Carmen Amaya y ambos fungen como jedes de departamentos.

Cabe recordar que alrededor de 16 personas, muchos de ellos, parientes o «muy allegados» están percibiendo sueldos que van desde los 27 mil hasta los 70 mil lempiras mensuales. Sólo en julio de 2019, se pagaron alrededor de 23 millones 014 mil 329 lempiras por sueldos y salarios; la planilla que fue engrosada durante la gestión de Bautista fueron los contratos administrativos que llegaron a los 11 millones 004 mil 360 lempiras y los regímenes especiales con cuatro millones 047 mil 266 lempiras.

En esa administración, se registraron jugosos sueldos que llegan a equipararse a lo que devenga un secretario de Estado. La exfuncionaria llegó a tener un salario mensual de 90 mil lempiras. También logró colocar a Fausto Lenin Cárcamo Ordóñez, jefe de transparencia, quien tiene un ingreso de 50 mil lempiras cada mes.

Confidencial HN