Thursday, Jun 20, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Primera parte) Los cárteles de la droga buscaron y encontraron a sujetos de carácter dócil para buscar blindajes legales en el sistema legal de Honduras. Vieron en el Poder Judicial un cómodo escudo, por lo que colocaron a sus cuadros en posiciones de mando ya que saben que sus ‘empleados’ se deben a ellos y cada orden que emitan será cumplido sin la mínima oposición.

Estas mafias planificaron a un corto, mediano y largo plazo la colocación de figuras dentro de la justicia, considerada una de las más corruptas del mundo, porque saben que sus intereses no serán trastocados, al menos, durante el actual régimen de Juan Orlando Hernández.

En esta nueva trama se pone al descubierto el tráfico de influencias en las más altas esferas de la justicia, pues algunos jueces que beneficiaron a narcotraficantes fueron promovidos a cargos superiores como «retribución» a sus favores; acomodamiento de juicios contra operadores judiciales con causas abiertas por presunta corrupción.

Asimismo, una serie de hechos conectan al cuestionado exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández, con altos funcionarios judiciales en la liberación de dos colombianos que operaban un narcolaboratorio descubierto en el occidental departamento de Lempira, según investigaciones preliminares.

Los equipos de investigación de Radio Globo ConfidencialHN, lograron determinar que varias figuras de la actual Corte Suprema de Justicia como Rolando Edgardo Argueta Pérez y Mario Sales Alvarenga, han sido operadores claves del narcotráfico durante los últimos años, en especial, Sales, más conocido como el Contador, quien ha alcanzado incluso cargos como pago de favores y pasar desapercibido como un pieza de la criminalidad organizada.

La aparición de Sales Alvarenga en comisiones como representante de la Corte Suprema de Justicia y las centrales obreras no es producto del azar, fue colocado -o premiado- como una suerte de caballo de Troya para ir tomando control o atando cabos sueltos dentro del engranaje judicial, de acuerdo a los intereses del momento.

El Contador se volvió uno de los pivotes en el sistema, se convirtió en un colador para que otros funcionarios de dudosa reputación alcanzaran posiciones privilegiadas, ya sea haciéndose de la vista gorda o logrando ascender a quienes salieron reprobados en exámenes para neutralizar cualquier confesión futura que pudiera comprometerlo.

Radio Globo ConfidencialHN lograron determinar a través del oficio PCSJ-35-2018 que Sales Alvarenga fue integrado por Argueta a las comsiones de selección de personal para el periodo 2017-2019, por lo que el personaje aprovechó esta rendija para ir colocando en posiciones claves a quienes les debía favores, ya sea por encubrir corrupción, delincuencia organizada o narcotráfico o para «mantener contentos» a cuadros que pudieran resultar incómodos en el futuro.

Este personaje accedió a las pruebas escritas, orales, pruebas de confianza y cuantas fueron aplicadas a los aspirantes a cargos de decisión (jueces y magistrados) y los benefició al aprovecharse de su puesto, contando con la aquiescencia del mismo Argueta Pérez, pues sabían que la única manera de mantener en calma a sus colaboradores era ofreciéndoles fabulosas plazas y jugosos sueldos, a los cuales pretende aspirar algún empleado de la Corte, cuyo pecado es no estar sobre la jugada estar en el ajo.

Uno de los beneficiarios de la red criminal que tomó por asalto el Poder Judicial fue Gilman Nolasco, el exjuez de letras penal de Gracias, quien dejó en libertad a los narcotraficantes colombianos Rubén Darío Pinilla y Fredy Roldán Jiménez, a pesar de que las pruebas contra ambos eran abrumadoras ya que fueron arrestados por la fuerza pública en 2013 en el narcolaboratorio propiedad de Tony; fue colocado como juez de apelaciones de Santa Rosa de Copán y a un coordinador local de fiscales fue enviado a una corte de segunda instancia de Santa Bárbara.

Esta recompensa obedeció, lógicamente, por haber colaborado con Tony para liberar a los dos mafiosos clientes, aunque ambos fueron arrestados posteriormente, por el mismo delito, pero volvieron a ser puestos fuera de las rejas; desde luego, el Contador fue una figura clave para operar en los ascensos de personal que tuvieron relación o, al menos, participaron en el proceso judicial contra Pinilla y Roldán Jiménez.

En el caso de Nolasco, no pudo pasar las pruebas para ascender en la esfera judicial y fue ayudado, en un claro ventajismo, para mantenerlo contento. Aprovechó el caso que abordó como una moneda de cambio y resultó beneficiado.

Las pruebas que fueron presentadas contra los imputados «resultaron ser débiles», aunque el predio donde se estaban elaborando alcaloides fue confiscado y las evidencias quedaron documentadas en sendos informes elaborados por los exagentes de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) dirigida en aquella ocasión por Leandro Osorio. No obstante, no fue suficiente para que Pinilla y Roldán permanecieran en prisión por mucho tiempo.

Sin importar la contudencia de las evidencias, el exjuez Nolasco optó el 31 de julio por dejar en libertad a los sospechosos ya que les dictó sobreseimiento provisional por el cultivo de marihuana y un sobreseimiento definitivo por aprovechamiento ilegal de productos forestales, según la resolución que obtuvieron los equipos de investigación de ambos medios.

Pinilla reveló en un testimonio que pagó unos tres millones de lempiras para ser excarcelado y prorcionó detalles de cómo fue distribuido el dinero para ser puesto en libertad; el suramericano fue detenido una semana después en la misma zona y ningún funcionario judicial dio una explicación de la fuga y su posterior recaptura.

Meses después de ser puesto en libertad por gestiones de Tony, tanto Pinilla como Roldán se dieron a la fuga y su paradero permanece como desconocido.

Por esa causa, Nolasco fue separado de sus funciones como juez penal de Gracias y recurrió a la decisión tomada por el extinto Consejo de la Judicatura; dijo en febrero de 2014 -cuando fue destituido- que se le transgredieron sus derechos «ya que ni siquiera se nos ha hecho una audiencia de descargo para que nosotros podamos presentar pruebas y desvanecer esta situación».

De pronto, fue reintegrado en su cargo y comenzó a escalar posiciones que lo tienen en la actualidad como un alto funcionario del Poder Judicial.

En conclusión, Sales Alvarenga ha fungido durante los últimos años como el poder en la sombra de la Corte Suprema de Justicia, ya que logró acceder a puestos de privilegio para mover piezas que serían útiles a sus intereses, encubrir irregularidades o, en el peor de los casos, ser el Contador de las organizaciones narcotraficantes que han tomado control de las rutas del narcotráfico y cuenta con la bendición de altos operadores gubernamentales.

Espere la segunda entrega…

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El proceso para la adquisición del avión presidencial Embraer Legacy que usa el jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández para viajar cómoda y plácidamente por el mundo fue bajo engaños y truculentos procesos a fin de hacer creer a la población que fue donado por el gobierno de Taiwán que sería «de beneficio» para los hondureños.

Los colaboradores de Hernández crearon una compleja patraña en octubre de 2014 en torno a la compra de la aeronave «de uso exclusivo para acciones encomendadas del gobierno (Poder Ejecutivo)» y que contó con la complicidad de Taipéi y reproducido de manera uniforme por la prensa tradicional de que el lujoso equipo fue un regalo por las profundas relaciones que mantienen ambos países.

A pesar de la parafernalia mediática montada a la controvertida adquisición del avión que fue supuestamente donado por el gobierno asiático, ConfidencialHN pudo comprobar que el Ejecutivo nacionalista mandó a pedir tres millones 900 mil dólares y cuyos fondos serían ejecutados por el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, más conocida como el Tasón. Sin embargo, sólo se aprobaron dos millones 055 mil dólares.

El proyecto, presentado el noviembre de 2015, se establece que tal monto sería para dotar de seguridad, mantenimiento y servicios complementarios del avión, a un plazo de 40 meses y cuyos enlaces eran el entonces secretario de Defensa Samuel Reyes y Juan Ramón Molina como el jefe del Comité Técnico del Tasón.

La información explica que el 9 de octubre de 2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, dirigido personalmente por Hernández, autorizó a la Tasa de Seguridad -mediante la resolución CNDS 101-2014- a realizar una compra directa del aparato a una empresa irlandesa denominada ECC, que es una subsidiaria del constructor aeronáutico brasileño Embraer, saltándose las normas ya establecidas en la Ley de contratación del Estado.

Al respecto, la herramienta legal exige a todos los poderes públicos que para hacer contrataciones, tienen que establecer una convocatoria a proveedores, el proceso de precalificación, la apertura de ofertas y la selección de la empresa que debería proporcionar los servicios o, en este caso, la entrega del avión, la cual nunca ocurrió. Todo se hizo de manera secreta y se usaron los fondos del fideicomiso.

El monto total de la compra del jet usado fue de 13 millones de dólares, de acuerdo al oficio TSP-0693-2014, emitido el 10 de octubre de 2014, en la que se pide al expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Marlon Tábora, que realice el giro a Embraer SA, en Dublín, Irlanda, a través de Citibank de Nueva York, con la justificación que «esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a la adquisición de la aeronave Legacy 600, serie 14501091, matrícula N991EC, aprobado según resolución CNDS 101-2014″.

Además, el 13 de mayo de 2015, el Ejecutivo nacionalista suscribió con Embraer dos contratos relacionados con el soporte de servicios generales y mantenimiento del avión presidencial. Sólo por mantenimientos programados se destinaron un millón 989 mil dólares, divido en cuotas de 366 mil 119 dólares con 41 centavos; 114 mil 976 para el programa start up team; 120 mil 658 para el entrenamiento de pilotos; 59 mil 757 para el entrenamiento técnico de mantenimiento y 18 mil 839 a la revisión de públicaciones técnicas.

En soportes de servicios pool exchange se pagaron un millón 793 mil 663 dólares con 94 centavos y que fue dividido en varias cuotas relacionadas con soporte técnico de motores, rescate y revisiones programadas, según la investigación efectuada por este periódico. En esta entrega, se revelan los contratos autorizados de manera directa por el gobierno a la empresa brasileña, quien cedió el avión y que previamente pasó por varios dueños antes de ser operado por la Fuerza Aérea Hondureña.

Respecto a las horas de vuelo, se pudo corroborar que aeroplano tuvo matrículas de Singapur, EE.UU., San Marino, Brasil y Anguila  por lo que se deja al descubierto la falacia de las autoridades de que el equipo era nuevo; fue construido en 2009 y su capacidad es de 13 pasajeros, todos colocados de manera cómoda en elegantes butacas, según se pudo constatar.

Los documentos que tiene en su poder este periódico confirman que el avión fue comprado de manera directa, sin cumplir la Ley de contratación del Estado y se usaron fondos destinados para la protección de la ciudadanía. 

DESTAPANDO MENTIRAS. No bastando con la compra, el gobierno tuvo que usar la limosna de guante blanco para que las revisiones del avión fueran periódicas, por lo que la obtención de más dinero recurrieron a «la cooperación bilateral con gobiernos y agencias amigas del gobierno de Honduras».

Además, ConfidencialHN confirmó que la legislación taiwanesa no puede donar aviones a presidentes por una prohibición expresa en su marco legal; pero un turbio entramado hizo que el gobierno de Hernández pudiera acceder a la lujosa aeronave que lo transporta por el mundo en sus agotantes giras de trabajo y placer.

Cabe recordar que el Embraer Legacy 600, sería destinado a Panamá y el Ejecutivo nacionalista tendría otra aeronave que debería ser para emergencias y otros requerimientos. El Ministerio de la Defensa Nacional de Taiwán confirmó en 2016 que no le donaron ningún aparato al presidente Hernández, sino que al gobierno de Panamá, dirigido en su momento por el exgobernante Ricardo Martinelli.

El avión presidencial, explicó un alto funcionario del ministerio, iba destinado a Panamá y desconoce cómo fue a dar a Honduras.

Sin embargo, Taiwán emitió un comunicado el 14 de octubre de 2014 donde se congratulaba por la entrega del costoso equipo al Ejecutivo. Para esa fecha, un reportero del diario Liberty Times Net, Cao Boyan, escribía sobre el debate que se generó en la isla asiática respecto a la entrega del equipo a Honduras -iban incluidos varios helicópteros de fabricación estadounidense- y funcionarios del ministerio de Exteriores taiwanés negaban haber hecho el regalo.

Con el título “¿Donó un avión el presidente chino (Ma Ying-jeou)? La cancillería al rescate”, cuestionan el regalo hecho por Taipéi a Tegucigalpa. “Funcionarios diplomáticos del Ministerio de Exteriores negaron el 20 de octubre de 2014 que el país haya donado (a Honduras) un avión presidencial e hicieron hincapié en que la donación de la aeronave y helicópteros son utilizados para rescate”, dice el artículo que fue traducido del mandarín al español por este periódico.

En el caso de Honduras, el embajador Joseph Kuo, dijo al extinto canal Globo Tv que el avión que “donó” su gobierno era para “misiones de rescate, desastres naturales, transporte de personal, acciones humanitarias” y otros. “Pero no sé de qué se trata eso”, expresó el diplomático ante la pregunta formulada por el si Taiwán había hecho la entrega del avión para fines utilitarios.

“Es una colaboración de nuestros proyectos…es para operaciones gubernamentales, transporte de funcionarios…para apoyo de operaciones de las Fuerzas Armadas”, explicó. Kuo reveló que el avión no sólo es para uso exclusivo del presidente. “Pero estamos en el camino correcto para ayudar en toda necesidad”, explicó.   

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El gobierno de Juan Orlando Hernández pretendió bloquear la extradición a EE.UU. de los hermanos Luis Alonso, Miguel Arnulfo y José Inocente Valle Valle, arrestados el 4 de octubre de 2014 por la Policía Nacional de Honduras. Tal decisión provocó la ira del entonces embajador estadounidense James Nealon, a quien tomó por sorpresa el hecho de que se ordenara no proceder con la entrega de las tres personas para que fueran juzgadas y sentenciadas por sus vínculos con la narcoactividad.

Nealon incluso advirtió a altos funcionarios que de mantenerse la medida, EE.UU. se vería obligado a revisar los acuerdos que habían suscrito con Honduras en materia de cooperación, como la Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, la entrega de recursos destinados a programas gubernamentales y evaluar incluso el papel de la administración de Hernández ya que se estaban tocando de manera directa los intereses norteamericanos en el país, en particular, en el combate a la narcoactividad.

El entonces embajador mandó un correo a un ex alto funcionario -e influyente personaje del gobierno- en el cual hizo un diplomático pero enérgico reclamo por el bloqueo de la solicitud de enviar a los sospechos ante un tribunal federal norteamericano y le recordó que ellos habían «profundizado la cooperación» y que permitió que el gobernante pudiera consolidar lazos con la administración de Obama, por lo que vio la negativa como una bofetada a las relaciones entre ambos países.

La carta enviada por el exembajador James Nealon y que obtuvo este medio, refleja la ira de EE.UU. por no querer entregar a los hermanos Valle Valle y advierte de fuertes reprimendas por estropear la cooperación entre Honduras y la nación del norte en el combate al narcotráfico. 

CONFUSIÓN Y MALESTAR DE EE.UU. El correo, fechado 23 de noviembre de 2014, casi dos meses después del arresto de los tres hermanos, el diplomático mandó a decir al exfuncionario nacionalista que «con la decisión de ustedes de suspender las extradiciones, hay cierta confusión y malestar y no entienden bien lo que ha pasado. Digo esto con la honestidad y confianza que tenemos nosotros, para que sepan».

Nealon recordó las palabras del ex vicepresidente Joe Biden, quien dijo en un almuerzo que sostuvo con Hernández de que «uno de los requisitos más importantes es que tienen que extraditar como lo hizo Colombia» y también exteriorizó que «sin extradición, tenemos poca oportunidad de conseguir fondos del Congreso. Para mí (Nealon) hay que tener esto mucho en cuenta».

Tal correo, cuyo contenido pudo ser visto como «ofensivo» para el gobierno recientemente instalado, por el tipo de lenguaje empleado, hace una serie de veladas advertencias y deja claro que las relaciones no se harán a la conveniencia de una de las partes, sino dentro del marco ya establecido para que la cooperación fuera fluida.

«…Y si no podemos seguir con las extradiciones, eso obviamente sería un atraso en las relaciones, en Washington, pensaron, a los más altos niveles, que somos socios y que estamos trabajando de forma muy estrecha en este campo Yo también pienso así, y he hecho todo un esfuerzo personal para convencer a Washington que aquí tenemos un socio confiable con lo cual podemos trabajar. Ojalá no me haya equivocado», expresó el exembajador a su interlocutor.

Dejó claro que la negativa de entregar a la justicia estadounidense a los tres hermanos era «como un balde de agua fría en Washington».

Acerca de la solicitud de pedir otra reunión con altos colaboradores del expresidente Barack Obama, Nealon dijo que las mismas debian ser programadas con antelación, pues creyó de que las dudas que plantearon los emisarios de Hernández en las reuniones efectuadas en EE.UU. en cuando a las sentencias contra los capos y la colaboración con las agencias de aplicación de la ley «se habían solucionado».

ARGUETA COLABORÓ CON JOH PARA PROTEGER A LOS VALLE. Antes y durante el proceso de detención de los hermanos Valle Valle, el gobierno de Hernández bloqueó de manera conveniente cualquier solicitud de extradición que efectuara EE.UU. contra los cabecillas de la agrupación.

Es más, antes de que el jefe del Ejecutivo nacionalista accediera a la silla presidencial, hubo una conspiración para que uno de los capos, o sea, Luis Alonso Valle, no fuese requerido por la justicia norteamericana.

El juez de primera instancia decidió absolver al Luis Alonso Valle Valle por el delito de violación especial al aplicarle el sobreseimiento definitivo, de acuerdo al documento que tiene en sus manos Radio Globo y ConfidencialHN. No obstante, el fallo fue revertido en segunda instancia a modo de «proteger» al capo hondureño.

A este narcotraficante se le imputó el 18 de mayo de 2012 el delito de violación en contra de una dama, pero fue sobreseido definitivamente un año después por un juzgado penal de Nueva Arcadia, en Copán; el Ministerio Público apeló el fallo y el recurso fue admitido el 18 de junio por una corte de apelaciones penal, dirigida por el actual presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, quien junto a los magistrados Carlos Roberto Cálix Hernández y Rodrigo Humberto Girón revirtieron la sentencia respecto al encausado y le terminaron otorgando sobreseimiento provisional.

Tal determinación orilló al juez de primera instancia a emitir el respectivo sobreseimiento a favor de Valle Valle, siguiendo órdenes de Argueta y los restantes magistrados y el hecho de dictar la medida al extraditado, lo dejaba a la disposición del Ministerio Público durante cinco años para ser investigado y requerido en caso que las circunstancias lo establecieran.

Es decir que si la posibilidad de ser pedido en extradición era inminente, la causa sería reactivada y enviado a un presidio a modo de bloquear los intentos de Washington para juzgarlo y condenarlo por sus nexos con el narcotráfico, a sabiendas que sabían sobre los nexos del acusado con los cárteles de la droga que controlaban la zona occidental hondureña durante ese tiempo.

De acuerdo al documento que tiene en sus manos Radio Globo y ConfidencialHN, constata que el presidente de la corte de apelaciones penal, Rolando Argueta, revirtió el sobreseimiento definitivo y ordenó al juez de primera instancia que notificara a Valle Valle, por lo que podría ser «investigado» durante los próximos cinco años, a fin de bloquear cualquier pedido de extradición de EE.UU.  

Los documentos que contienen los respectivos fallos y que fue emitido el 27 de junio de 2013, se encuentran firmados y sellados por el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, como una suerte de blindaje legal para Valle Valle.

Esta y otras medidas le valieron a Argueta para tener un meteórico ascenso en su carrera como abogado y que con aval de Juan Orlando Hernández le permitió llegar a la dirección de fiscales y titularidad de la Corte Suprema de Justicia.  En esta relación de hechos, se descubre que Argueta se convirtió en uno de los operadores estrella de Juan Orlando Hernández, pues favoreció a Valle Valle al dejarlo bajo la tutela del Estado hondureño para no impedir que EE.UU. pudiera extraditar con éxito al otrora capo.

Argueta maniobró desde su posición como magistrado de apelaciones y jefe de fiscales -la tercera posición de mando del Ministerio Público- para frenar cualquier trámite de extradición y, si era superado por las circunstancias, optaba por entregar aquellos cuya escala dentro de los cárteles fuera de mínima relevancia. Desde luego, las presiones de EE.UU. para lograr la expatriación de los sospechosos de narcotráfico  fueron enormes y se terminó imponiendo sus deseos de juzgar a quienes conspiraron para introducir estupefacientes a ese país.

De hecho, fue cómplice en la liberación de los narcotraficantes colombianos Rubén Darío Pinilla y Fredy Hernán Roldán, arrestados en julio de 2013 en un narcolaboratorio instalado en la comunidad de La Iguala, en Lempira,  ya que no se prosiguió con la interposición de los recursos legales que ordena la legislación penal, por lo que favoreció la huida de ambos; Tony Hernández fue el apoderado de los narcotraficantes colombianos durante ese incidente que concluyó con la desarticulación del narcolaboratorio que resultó ser de su propiedad.

Pinilla reveló en un testimonio que pagó unos tres millones de lempiras para ser excarcelado y prorcionó detalles de cómo fue distribuido el dinero para ser puesto en libertad;  el suramericano fue detenido una semana después en la misma zona y ningún funcionario judicial dio una explicación de la fuga y su posterior recaptura.

Meses después de ser puesto en libertad por gestiones de Tony, tanto Pinilla como Roldán se dieron a la fuga y su paradero permanece como desconocido.

JEFE POLICIAL PERSEGUIDO. El retorcimiento de la justicia hondureña, de la cual fue consentida por Hernández y obedecida por Argueta, hubo víctimas como el exjefe Sabillón, quien fue separado en un bochornoso cuartelazo e hizo que su vida corriera peligro de muerte, viéndose obligado durante 2015 a exiliarse en EE.UU. y junto a él cayeron otras personas que colaboraron en el seguimiento, captura y posterior entrega  las autoridades norteamericanas de los tres hermanos Valle Valle.

Este extremo despertó la sed de venganza del gobernante, quien junto a sus cuadros de confianza urdió para separarlo del puesto, a pesar de que contaba con el apoyo incondicional de Washington, pues vio en él una persona creíble y apegada al cumplimiento de la ley.

El operativo que se realizó en la finca de los Valle Valle fue preparado y ejecutado en la total secretividad y ningún alto funcionario, incluido Hernández, tuvo conocimiento del mismo, hasta horas después de la captura de los tres narcotraficantes, por lo que se procedió a montar un escenario de supuesta sublevación contra Sabillón, quien cayó en desgracia con el actual presidente.

Toda esta trama, urdida desde la gestión del actual mandatario al frente del Congreso, logró que el narco se permeara en la estructura institucional, cooptara y presionara a funcionarios de las fuerzas de seguridad, financiara campañas políticas y se volviera el poder detrás del trono de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que concluyó, desde luego, en dos victorias cuestionadas de Hernández y se apresta a desempolvar la maquinaria que lo colocaría en un tercer mandato, a modo de eludir cualquier pedido de extradición de EE.UU.