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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El jefe de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro, optó por hacer la vista gorda ante varias denuncias respecto a los vínculos del exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández y de turbios negocios con el narcotráfico que en los últimos años han venido realizando funcionarios de mediana escala de la Policía Nacional de Honduras.

En memorandos que le hicieron llegar desde inicios de 2016, se le informó a Castro sobre la presencia de narcopistas en el nororiental departamento de Olancho, en los que pudo haber participado Tony en contubernio con el exdiputado liberal Fredy Nájera, alcaldes, incluyendo a un coronel de la Policía Militar del Orden Público y algunos operadores de justicia en la descarga y transporte de toneladas de cocaína, cuyo destino final fue EE.UU.

Un oficio girado al titular de la ATIC por el jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, Julio Alberto Hernández, el 14 de enero de 2016, indicó que sostuvo una reunión el 12 de enero de ese año con un informante de confianza, quien le hizo saber sobre la existencia de la pista clandestina en un lugar denominado Planes de Teyaco, en la que solían aterrizar aviones procedentes de América del Sur cargados de estupefacientes y que contaban con la venia de un «(comisionado) general de la Policía de apellido Oliva Acosta, quien vive cerca de esa zona y al parecer es dueño de la pista».

Los colaboradores en el ilícito -afirma el documento al que accedieron Radio Globo y ConfidencialHN– están Nájera, preso en EE.UU. por delincuencia organizada, un coronel de la Policía Militar identificado por el apellido Nájera, el alcalde del lugar, un jefe departamental de la fuerza pública y un juez de Policía y el mismo Tony Hernández «quien es hermano del presidente Juan Orlando Hernández».

En el memorando que leyó Castro, se hace constar que una aeronave aterrizó en la pista un 24 de diciembre de 2015 y «que estas caen una vez por semana en la pista, al llegar el avión este es cuidado por lo menos por 200 personas y para llegar a la zona se puede (hacer) caminando pero es un trayecto entre 8 y 10 horas, y la otra es en helicóptero».

El informante, aseguró el subalterno, «se pueden observar muchos vehículos de lujo y también está el problema del consumo de la droga que se está llevando a cabo en la discoteca de la zona».

Entre las recomendaciones que le proporcionó el informante al jefe Hernández es que en caso de realizar trabajos de inteligencia e incursión en la zona remota «no se trabajara con policías» porque temía que estuvieran involucrados en el ilícito y pudieran alertar a quienes se encargaban del aterrizaje de las narcoavionetas y el traslado de la droga hacia otras regiones.

Aunque Castro tuvo conciencia y comprensión de las advertencias hechas por el subalterno, prefirió ocultar la información.

En otro informe girado el 14 de enero de ese año, se reveló que un subinspector de apellido Castillo y un subcomisionado, cuyo apellido es Mayes, asignados a la subestación policial del barrio El Manchén, en Tegucigalpa, «hicieron un trabajo en diciembre de 2015 que no supieron explicar, pero que se agenciaron con al menos dos millones de lempiras».

Aunque los dos hechos podrían no estar relacionados entre sí, pero hay un factor en común y es que Castro jamás decidió emprender una investigación que concluyera con un requerimiento fiscal contra Hernández, Nájera y los funcionarios de seguridad y defensa involucrados en narcotráfico, si bien el informante pudo dar datos superficiales sobre la llegada de narcoavionetas a zonas remotas o de difícil acceso en Olancho.

Una búsqueda rápida hecha por este periódico concluyó que ninguna de estas personas, en especial, los dos excongresistas y los oficiales de la subestación de El Manchén fueron sujetos de persecución penal por sus relaciones con el trasiego de drogas y delincuencia organizada.

También resulta hasta curioso el hecho de que el Ministerio Público jamás persiguiera penalmente a Tony y Nájera mientras fungieron en sus cargos y gozaban de absoluta libertad, por lo que se deja en evidencia el pacto de impunidad del fiscal general Óscar Chinchilla y el jefe del régimen Juan Orlando Hernández.

A la fecha, Chinchilla no ha querido pronunciarse sobre las imputaciones de la justicia estadounidense contra el acusado y su incapacidad por no hacer cumplir la ley; también ha decidido encubrir a Castro, señalado por no proceder criminalmente contra agentes que pertenecen a escuadrones de la muerte -por su participación en la muerte de varias personas- y el crimen contra Sherill Yubissa Hernández, ocurrido en junio de 2018, en la comunidad de Santa Rosa de Copán.

Algunas fuentes familiarizadas con el tema, dijeron a Radio Globo y ConfidencialHN  explicaron que Washington ha venido incrementado la presión contra Chincilla para agilizar los procesos que podrían concluir con una persecución penal contra el actual titular del Ejecutivo, aunque todo apunta a que acusador se resistirá hasta el último momento para no perseguir a su amigo, pues uno de sus motivos es que le colocó a su esposa Catherine Chang en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En la actualidad, los dos exlegisladores se encuentran encarcelados en EE.UU. y el hermano del inquilino del palacio José Cecilio del Valle afronta un juicio por delitos de narcotráfico, uso de armas para trasladar drogas hacia la nación del norte y mentir a agentes federales, por lo que podría ser condenado a una pena de 40 años hasta prisión de por vida.

Tony, según la fiscalía federal de Nueva York, operó varias narcopistas en Honduras y poseía narcolaboratorios en Colombia en sociedad con reconocidos traficantes de estupefacientes, por lo que es visto como un capo a gran escala que contó con toda una infraestructura institucional y que le permitió trasegar cientos de toneladas de drogas hacia la nación del norte al contar con la venia de su hermano.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Departamento de Justicia de EE.UU. a través de la fiscalía federal de Nueva York solicitará al juez Kevin Castel que el exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández no interrogue al agente especial de la DEA Sandalio González luego que este lo cuestionara tras su arresto en noviembre de 2018.

Un documento que obtuvo en exclusiva Radio Globo y ConfidencialHN precisa que el fiscal Geoffrey Berman pidió que se bloquee cualquier pedido de la defensa para que el hermano de Juan Orlando Hernández entable preguntas durante el juicio que arrancará el próximo miércoles, a fin de garantizar la efectividad del proceso que se achaca.

«El Gobierno solicita que la Corte impida al acusado interrogar a los testigos sobre cuestiones de hecho relacionadas con la aplicación de la Regla 4.2 del nuevo reglamento de la conducta profesional ya que cualquier testimonio sería irrelevante y confuso para el jurado», indica el escrito presentado ante el tribunal federal de Nueva York.

Y es que la fiscalía busca dar un paso adelante en el sentido que Castel permita a Tony interrogar a testigos y agentes que participaron en la delación y arresto, respectivamente, pues reafirma que ya no tiene sentido porque hizo una confesión en la que se declaró no culpable (y la efectuada en octubre de 2016) y cualquier pregunta estaría orientada a bloquear las deliberaciones que se efectuarán durante el juicio.

Otro motivo del Departamento de Justicia es que tiene previsto entregar declaraciones efectuadas por el acusado y que serán de utilidad para emitir una sentencia condenatoria, por lo que solicitó al tribunal que entregue los instructivos para aclarar cualquier duda que se pudiera generar en el contexto del proceso judicial.

«El uso de esta evidencia por parte del gobierno es completamente legal. Debe (señor juez)  por lo tanto, independientemente de sus opiniones personales, tenga en cuenta esta evidencia junto con todas las evidencias del caso para determinar si el Gobierno ha demostrado que el acusado tiene culpa más allá de una duda razonable…Usted ha escuchado evidencia que los agentes de la ley recuperaron cierta evidencia y fue admitida adecuadamente en este caso y usted puede considerarlo adecuadamente adecuadamente correcto. Si lo aprueba o desaprueba sobre cómo se obtuvo la evidencia, no debe ingresar en sus deliberaciones», señala la petición girada por Berman.

En la solicitud se plantea que el acusado sea excluido del proceso de interrogatorio a los testigos ya que podría obtener cierta ventaja respecto a fiscalía, pues en su momento pidió que su testimonio fuera  suprimido porque la DEA violó la norma respecto a la compañía de un abogado. «No se debe permitir al acusado interrogar al agente especial Sandalio González, quien realizó la entrevista posterior al arresto…En consecuencia, el acusado debe ser excluido de cuestionar a cualquier testigo», argumentó la fiscalía.

Sandalio, en efecto, es el centro de toda la investigación porque proporcionó toda la información sobre cómo operó la estructura criminal de Tony y sus conexiones con el denominado cártel venezolano los Soles, compuesto por militares y alto rango y que alcanza a la familia presidencial de ese país.

Este funcionario de la DEA fue el responsable de la operación en la que cayeron Franqui Francisco Flores de Freitas y a Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores ya que ambos utilizaron Honduras como un puente para movilizar toneladas de drogas rumbo a la nación del norte, por lo que recibieron una condena de 18 años de cárcel. Entre los colaboradores de los denominados narcosobrinos se encuentra el hondureño Roberto de Jesús Soto García, quien también se declaró culpable de delitos de delincuencia organizada.

¿Cuál es la conexión entre Soto García y Tony Hernández? Radio Globo ConfidencialHN revelaron en octubre de 2016 que un agente, identificado por el apellido Matthews, confesó al capitan en retiro Santos Rodríguez Orellana que estaba investigando a Wilter Blanco (condenado a 20 años de prisión) a Hernández y Soto García, quienes tendrían una sociedad para movilizar estupefacientes hacia EE.UU. y conspirar para atentar contra el exembajador James Nealon.

En tanto, el jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández, al tener conocimiento de estos hechos a través de los aparatos de inteligencia, decidió dar un giro radical en las relaciones con Caracas al comenzar a cuestionar a Nicolás Maduro  -a quien calificó de «camarada» durante un mitin político en Managua, ocurrido en 2014 y que en la última asamblea general de la ONU pidió una transición democrática para sacar al gobernante quien vive un asedio internacional liderado por EE.UU.- como una cortina de humo para disipar cualquier sospecha contra su hermano y sus relaciones con el cártel dirigido por militares suramericanos, tanto para quedar bien con Washington, como para mandar un salvavidas al controvertido pariente.

El testimonio que dé Sandalio ante el tribunal federal neoyorquino será de un descomunal peso en el sentido que revelará cómo opera la megaconspiración para introducir drogas al país del norte, quiénes son sus cabecillas, el modus operandi, en qué países se establecieron bases para el procesamiento y distribución de la cocaína y los enlaces políticos, así como los cuadros de las fuerzas de seguridad y defensa que permitieron las operaciones al margen de la ley.

Tony procurará hasta el último instante acceder a interrogar a Sandalio para desviar la atención y generar dudas razonables que, de todos modos, serán desestimados. Aplicará a través de sus abogados Michael Teinn y Omar Malone técnicas a las que recurrieron los narcosobrinos como pedir la supresión de la evidencia y sus declaraciones a los agentes de la DEA, incluyendo a Sandalio, para salir bien librado del juicio que podría tenerlo en prisión de por vida.

El agente González dará su estocada final, ya que obtuvo pruebas durante sus años de investigación de cómo salía la droga de Venezuela, quiénes la recibían en Honduras y los métodos de enviarla hacia EE.UU. Según publicó Reuters en septiembre de 2016 cómo «Gonzalez testificó que la investigación comenzó luego de que un testigo que cooperaba con la agencia en Honduras, un narcotraficante conocido como ‘El Sentado’, le dijo en octubre que un funcionario venezolano llamado Bladimir Flores iba a enviar a un sobrino para reunirse con él».

“Él (testigo cooperante) indicó que esos individuos querían volar aviones cargados de droga a Honduras con planes de vuelo”, dijo Gonzalez, indicó Reuters en su cable. «Ante la corte, Gonzalez calificó a los sobrinos de la primera dama como importantes narcotraficantes», se informó.

El funcionario antidroga detalló que “ellos (narcosobrinos) indicaron que tenían el manejo del principal aeropuerto en Caracas y que entonces podrían fácilmente despachar aviones con drogas desde la rampa presidencial”. Uno de los testigos que utilizó Gonzáles fue un individuo indentificado como Carlos Amílcar Cabrera, el Sentado, quien fue pieza clave para detener a los dos narcotraficantes a pesar que hubo inconvenientes durante el proceso.

En su declaración ante el tribunal federal, González reveló que Leva Cabrera fue asesinado en diciembre de 2015; una de las hipótesis sería que era uno de los operadores que tendría mucha información que comprometería a la alta clase política y gubernamental.

En aquella ocasión, el funcionario antidroga afirmó que el Sentado -identificado como CW1 (testigo colaborador 1) fue ultimado a pocos días de su arresto. “Alrededor del 4 de diciembre de 2015, fui notificado que CW1 había sido asesinado…lo mandaron a matar desde Venezuela”, confirmó González.

Para borrar pistas que pudieran llevar hacia otros actores, el testigo estrella afirmó que también mataron a otras dos personas más, bajo el mecanismo de aniquilar cabos sueltos que sabían mucho de las relaciones con los narcos y la clase política hondureña y venezolana.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Una colaboradora de confianza de la fallecida secretaria de Comunicaciones del Ejecutivo Hilda Hernández rindió un amplio testimonio ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) sobre la entrega de unos 4.5 millones de lempiras a un grupo de periodistas, cuyos fondos provendrían de las arcas del Partido Nacional de Honduras.

Este periódico confirmó ese hecho a través del cruce de información entre miembros de la fiscalía especial adscrita al Ministerio Público y allegados a la testigo, quien se presentó en una fecha que se mantiene bajo reserva a brindar una extensa declaración de cómo operó la entrega de estos fondos y qué sujetos tuvieron total conocimiento y participación en los pagos al grupo de comunicadores, cuyas identidades no fueron reveladas.

Periodistas de ConfidencialHN fueron informados por estas personas en torno al testimonio de quien puede ser considerado una pieza fundamental para desentrañar cómo fueron a parar tales recursos a manos de estas personas y, en caso que la declaración, las pruebas documentales y periciales sean concluyentes, se prevé que en el futuro cercano se emitan requerimientos fiscales.

De hecho, la testigo confirmó en su declaración ante fiscales especiales de que Claudia Noriega -sindicada en la trama corrupta Pandora– y Carol Alvarado fueron partícipes en el entramado que movilizó dinero hacia el grupo de comunicadores, cuyos nombres ya están en los expedientes que maneja la UFECIC.

Uno de los que tuvieron información de primera mano, explicó a ConfidencialHN que la testigo delató a los periodistas que pudieron recibir dinero procedente del partido en el gobierno y que les permitió tener en su momento un elevado tren de vida; no se determinó si fue mediante el pago en efectivo o a través de transferencias o cheques al portador.

Aunque los cruces de información que se realizaron durante la jornada, si bien son profundos, pero las fuentes pidieron discreción a modo de no alertar a los posibles encausados y que será cuestión de tiempo para que la unidad especial que dirige Luis Javier Santos remita la información a los juzgados anticorrupción a fin que prosiga la causa judicial.

Algunos abogados que fueron consultados por este medio indicaron que la testigo protegida recurrió a la figura de prueba anticipada, o sea, que brindó una declaración en una etapa preparatoria de la causa para efectos de que el juez la admita como que si la misma se hubiese realizado en el juicio y que sería fundamental para emitir resoluciones en torno al caso.

Sobre Noriega pende una acusación por encubrimiento en el blanqueo de capitales por la causa penal de Pandora y permaneció bajo prisión preventiva hasta que la magistrada y jueza Lidia Álvarez Sagastume decidió que se defendiera en libertad.

La prueba anticipada que ya maneja la UFECIC la involucra directamente con el hecho, por lo que se le podría ampliar el requerimiento fiscal y su estatus legal se vería complicado en caso que las pruebas recabadas la incriminen directamente.

Con relación a Carol Alvarado, fue la mano derecha de la fallecida secretaria Hernández y también activó en el caso de corrupción que implicó la pérdida de unos 280 millones de lempiras a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

La UFECIC afirma en su acusación que Noriega -excoordinadora del programa de la tarjeta de descuento La Cachureca- fue uno de los cerebros que maquinó para que el dinero sustraído de oficina estatal se destinara a otros propósitos no relacionados con la agricultura en beneficio de segmentos empobrecidos de la sociedad.

Por este hecho, permanece con prisión preventiva en una unidad militar de la periferia sur capitalina el exsecretario Jacobo Regalado Weinzenblut.

Cabe recordar que la causa Pandora estuvo orientado a financiar la cuestionada campaña electoral de Juan Orlando Hernández en 2013, por lo que fueron usadas las oenegés Fundación Dibattista Todos Somos Honduras, dirigidas por Fernando Josúe Suárez, quien permanece bajo custodia de la ATIC mientras se dirime el asunto en un tribunal especial.

En una declaración que emitió Suárez en 2018, mencionó ante un juez nacional a Alvarado de ser cómplice del hecho.

“Estos cheques en efectivo eran entregados a la ingeniera Hilda Hernández y en su defecto mandaba a la señora Carol Alvarado a recoger dichos montos en efectivo”, reza una de las partes de la confesión que proporcionó Suárez.

Los fondos que fueron drenados desde la SAG fueron a parar a las cuentas de los partidos Liberal, Nacional y Frente Amplio, según informaron responsables de la UFECIC.

Confidencial HN