Monday, Jul 15, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El titular del Ministerio Público de Honduras, Óscar Chinchilla, decidió a través de la dirección de fiscales imponer una Ley mordaza contra el jefe de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), Luis Santos, luego que de que la periodista de ConfidencialHN, Lidieth Díaz, le entregara información que señala al gobernante Juan Orlando Hernández de vínculos con actos de corrupción y delincuencia organizada.

En un memorando girado el 28 de marzo -el mismo día que fue arrestado el director de este periódico y Radio Globo, David Romero-, el jefe de fiscales Mario José Salgado, ordenó a todos los fiscales de que «no recepcionen expedientes investigativos que no hayan iniciado con noticia criminis (noticia que refiere a un hecho reñido con la ley), puestos previamente en conocimiento por la oficina fiscal, por parte de las autoridades investigativas, debiendo obligatoriamente cada expediente investigativo sea dirigida técnica y jurídicamente por un agente de tribunales a través de su respectivo auto de requerimiento de investigación».

El escrito, recibido por todos los fiscales, incluyendo Santos, es de «cumplimiento inmediato» y todos los jefes de áreas deben ser los «encargados de la supervisión y monitoreo; «la no observancia de la presente traerá consigo la responsabilidad administrativa «que está contemplada en las disposiciones disciplinarias institucionales».

Según la queja interpuesta por el funcionario es que la dependencia «ha tenido conocimiento, que algunas direcciones de investigación han venido haciendo caso omiso a esta obligación (de que toda investigación debe ser conocida por la dirección de fiscales) asumiendo sus directores o investigadores la dirección técnica jurídica de las investigaciones, las cuales son llevadas con sus resultados finales ante algunas jefaturas o agentes de tribunales quienes por negligencia o acomodamiento proceden a validar las mismas».

Aunque este memorando fue librado una semana antes de que Díaz se apersonara a la UFECIC a entregar al fiscal Santos el dossier de las investigaciones realizadas por los equipos de investigación de Radio Globo y ConfidencialHN, demuestra que Chinchilla optó por ir un paso adelante para neutralizar la libertad de criterio que deben tener sus subalternos en cuanto a la recepción de denuncias que comprometen a funcionarios del actual gobierno. En otras palabras, desautorizó al titular de la fiscalía especial para conocer o recibir expedientes que trastocan los intereses de Hernández y su entorno.

Este movimiento de piezas hecho por el fiscal general reafirma el pacto de impunidad que mantiene con el titular del Ejecutivo nacionalista, ya que a la fecha las denuncias interpuestas por actores civiles y políticos contra Hernández han sido desestimados.

La principal razón por la cual Chinchilla bloquea cualquier investigación que pudiera concluir en un requerimiento fiscal es que el gobernante colocó a su esposa Catherine Chang Carías como representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), luego de fungir un alto cargo en el directorio del Banco Central de Honduras (BCH) sin cumplir los requisitos que exige la ley del organismo.

Chang Carías -hija del veterano dirigente Rigoberto Chang Castillo- laboró por casi tres años en el BCH con un sueldo superior a los 200 mil lempiras mensuales, sin que se le conociera por la toma de decisiones dentro de la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia.

El número uno del Ministerio Público ha bloqueado varios requerimientos contra personajes involucrados en corrupción como el exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar, quien fue señalado por una comisión parlamentaria de recibir sobornos de empresarios para estropear investigaciones en torno al megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).  A la fecha, Cuéllar sigue libre, sin ser sujeto de persecución penal en su contra, a pesar de que las evidencias recabadas son concluyentes.

Aunque su lugarteniente Roberto Darío Cardona, ex subsecretario de Recursos Naturales entre 2010 y 2013, se declaró culpable de haber sido el intermediario para el pago de coimas a favor de Cuéllar por unos 280 mil dólares, el requerimiento fiscal sigue engavetado en el escritorio desde donde despacha Chinchilla.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Primera parte) El proceso de profundización del sistema burocrático hondureño también trajo beneficiosos y espectaculares sueldos a los íntimos colaboradores del jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández que están ubicados en puestos claves de la Administración Central que les permite tener un tren de vida que dista del ciudadano de a pie que debe dejar de comer y honrar deudas para estar al día en sus impuestos.

Radio GloboConfidencialHN detectaron en la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) un festín de sueldos para los principales miembros del ente responsable del sistema aduanero, donde son beneficiados altos ejecutivos, parejas sentimentales, amantes y, en otras palabras, los ingresos que perciben se quedan en familia, se pudo determinar que hay fuertes vínculos entre quienes laboran junto a la directora Eny Bautista.

Si bien la política de sueldos del Ejecutivo nacionalista está orientada en la «austeridad» y «eficiencia» de sus colaboradores, pero también se premia la lealtad de los cuadros afines a Hernández y se traduce en una empleomanía a costa del dinero público.

Alrededor de 16 personas, muchos de ellos, parientes o «muy allegados» están percibiendo sueldos que van desde los 27 mil hasta los 70 mil lempiras mensuales, según las planillas que fueron analizadas por ambos medios.

En esta investigación, se pone al descubierto de cómo el nepotismo campea en las oficinas estatales y contradice la orden emanada en 2014 por el mismo Hernández quien pidió «adelgazar» la burocracia, extremo que nadie ha cumplido.

Respecto a los sueldos, la jefa de DARA, Eny Bautista, tiene un salario mensual de 90 mil lempiras y cada año gana en total un millón 260 mil lempiras; además logró colocar a Fausto Lenin Cárcamo Ordóñez, jefe de transparencia, quien tiene un ingreso de 50 mil lempiras casa mes.

Algunas fuentes de la entidad sostienen que ambos tienen una relación más allá de la laboral, por lo que no resulta extraño sobre los beneficios que recibe dentro de la administración aduanera.

Asimismo, la alta funcionaria colocó en una plaza laboral a Indira Melissa Cárcamo Ordóñez, hermana de su ‘mejor compañero’, en la posición de jefa de personal, con un sueldo de 70 mil lempiras mensuales.

Además, Bautista, usó su poder e influencias para colocar en puestos claves o de sensibilidad sin tener la formación académica e intelectual, tal es el caso de Larissa Velásquez, quien fue contratada como especialista de recursos humanos, a pesar de que la Dirección General de Servicio Civil exige determinados requisitos para que se sujete a las normas. A la fecha, no ha sido separada del cargo por no tener el perfil exigido.

Otra de las colaboradoras que ha puesto a trabajar a su parentela en el sistema aduanero es Wendy Odalis Flores Valladares, actual subdirectora de rentas aduaneras, logró que su esposo Edgar Andino ostente un ingreso de 70 mil lempiras cada mes.

En la misma posición se encuentra la subtitular de DARA, Linda Rubenia Almendares ya que gana 85 mil lempiras y su esposo, identificado como Denis Roberto Rodríguez, quien gana 50 mil cada 30 días.

En otras palabras, la oficina responsable de administrar las aduanas terrestres, aéreas y marítimas de Honduras, se convirtió en un reducto de activistas del Partido Nacional, las bases de datos que ha revisado Radio Globo ConfidencialHN apuntan a que esta práctica se profundizó de tal manera que el Estado y los contribuyentes son los grandes perdedores.

En caso de ser despedidos, justificada o injustificadamente, suelen recurrir a instancias judiciales para que se les restituya en los cargos y se les dé sueldos caídos, por lo que suponen un fuerte golpe a los intereses de la sociedad.

La manía de contratar a esposas, amantes, compañeros sentimentales y otros se volvió política de Estado, esta dependencia adscrita al Ejecutivo, el festín de los sueldos y salarios ha logrado beneficiar a muchas personas, entre ellas, Alejandro Ayala, quien tiene un ingreso de 60 mil lempiras mensuales, mientras que su compañera de romance Maritza Martinez, actual asesora legal, gana 27 mil lempiras, según las indagaciones hechas dentro de esta oficina.

En esta investigación, se ha podido ubicar que los esposos Xiomara Morales y Wilson Reinaldo Mendoza Gálvez, cada mes llegan a cobrar sueldos de hasta 124 mil lempiras; en tanto, el matrimonio conformado por Ary Josué Madrid García, jefe de control de tránsito y Martha Suyapa Franco Ponce, jefa de gestión de información, se agencian de 100 mil lempiras, por lo que al año llegan a recaudar 1.4 millones de lempiras.

Las conductas descubiertas por Radio Globo ConfidencialHN van en contra, incluso, del Código de Conducta del Servidor Público, la cual exige a los funcionarios y empleados de «abstenerse de usar su cargo, poder, autoridad o influencia para obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas o ilegales para sí o para terceras personas naturales o jurídicas».

Al cierre de esta investigación, ni el Tribunal Superior de Cuentas, ni otros entes contralores, ni la dirección de Servicio Civil han emprendido acciones para corregir esta escalada de nepotismo que prima en la Dirección de Rentas Aduaneras.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, mantiene un cómodo pacto de impunidad con el jefe del régimen nacionalista, Juan Orlando Hernández, por lo que «por ética» no puede perseguirlo penalmente ya que su esposa Catherine Chang Carías ha tenido fabulosos cargos en la actual administración y se apresta para dar un salto cuantitativo a una entidad supranacional: ser directora en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Y es que la cónyuge del titular del Ministerio Público fue hasta el 4 de abril integrante de la junta de directores del Banco Central de Honduras (BCH) y a pesar de ser abogada, violentó la ley del organismo ya que no cumplió con los requisitos exigidos (ser economista).

El hecho de ser hija del exsecretario de Gobernación y activista del Partido Nacional, Rigoberto Chang Castillo, le permitió allanar el camino para tener un sueldo superior a los 200 mil lempiras mensuales y vivir una vida repleta de lujos a costa del dinero público.

Resulta que la alta dirección del BCH, dirigido por el tecnócrata Wilfredo Cerrato Rodríguez, le realizó una fiesta de despedida de la entrañable compañera, quien pasará al directorio del BCIE en representación del Estado de Honduras, donde tendrá un jugoso sueldo y muchas prebendas que son conferidas a los funcionarios del banco supranacional cuya sede se encuentra en Tegucigalpa.

La tarjeta de invitación, girada a un selecto grupo de bantralinos (empleados o funcionarios del BCH) dice que «esto no es un adiós, esto es un gracias», una leyenda que indica que echarán de menos a Chang Carías, cuya función no se conoció dentro del directorio de la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, salvo por el jugoso sueldo que ganó y sus conexiones políticas con prominentes figuras del nacionalismo.

Para que la refinada dama pudiera alcanzar un cargo -al que aspiran muchos economistas con amplias carreras en el ámbito bancario- tiene que ser autorizado por el titular del Ejecutivo, o sea, Juan Orlando Hernández, quien se ha convertido en una suerte de padrino mágico ya que la ha colocado en la alcurnia gubernamental que vive del presupuesto general financiado por los contribuyentes y donaciones internacionales.

Este íntimo y trenzado nexo hace que tanto el cuestionado gobernante y el opaco fiscal general mantengan una relación que va mucho más allá de ser amigos, correligionarios y compañeros de oficio; por tanto, moral y éticamente, no pueden atacarse. Hernández ha llegado a la oficina de Chinchilla a tener amenas conversaciones y dejarse tomar instantáneas mientras hacen parafernalia sobre el combate a la corrupción e impunidad que prima en Honduras.

Mientras eso ocurre, la refinada  Catherine Chang Carías engrosa su faltriquera con mucho dinero sin apenas sudar la camisa. Sólo debe tolerar tediosas reuniones donde se hablan sobre indicadores macroeconómicos, índices de precios al consumidor, la balanza de pagos y las cuentas nacionales que le resultan ser un poco complicadas en virtud de su formación académica…siempre hará lo mismo, ahora que a escala regional, donde tendrá que ver decenas y decenas de documentos con números que al final se traducirán en generosos sueldos que le permitirán tener un estatus y caché. 

Este compromiso adquirido por el matrimonio Chinchilla Chang con Hernández les impide hablar mal de él. El fiscal general no puede siquiera abrirle una investigación por denuncias de corrupción, delincuencia organizada y vínculos con el narcotráfico, pues sabe perfectamente que el gobernante los ayudó a volverse acaudalados. Ay de él si se atreve a contrariarlo, las consecuencias pueden ser hasta inimaginables.

Por tanto, las denuncias interpuestas por actores sociales y organizaciones civiles que se oponen a los designios dictatoriales del jefe del Ejecutivo ante el Ministerio Público a través de sus respectivas fiscalías, terminan siendo desestimadas o engavetadas en los oxidados estantes mientras arrecia la impunidad en Honduras.

A la fecha, son incontables las denuncias contra Hernández por corrupción y otros ilícitos, sin embargo, las investigaciones y requerimientos terminan siendo desviados hacia funcionarios de tercera categoría quienes pagan las consecuencias del actual régimen. Por tanto, el presidente insiste que «nadie está por encima de la ley», salvo él.

Esta trama evidencia cómo se ha ido construyendo la arquitectura de la impunidad en el país, pues hay nexos maritales entre jueces y altos oficiales de Policía, fiscales y militares y se constituye como un mecanismo de blindaje para evitar cualquier tipo de persecución penal.

Por tanto, no resulta extraño el hecho de que oficiales de las fuerzas de seguridad y defensa salgan librados de procesos judiciales, ya que los casos son deformados adrede a fin de permitir que los operadores de justicia desestimen las causas y a los señalados se les «restituya» el honor.

Esto mismo pasa entre Juan Orlando y Óscar Chinchilla, tales nexos les da oxígeno para seguir atentando contra el Estado de derecho y el imperio de la ley.