Monday, Oct 21, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Cortesía Radio House) Uno de los periodistas más polémicos que hay en el país, nos recibió muy amablemente en su oficina. Hablamos de David Romero Ellner, y no rehuyó ningún tema, ni siquiera los más delicados. Esto fue lo que nos dijo.

¿Por qué le cierran Globo TV?

Cierran Globo Tv por una decisión política del gobierno.

Si bien es cierto se dio un impase administrativo, la administración no estuvo ojo al Cristo en la renovación de la licencia, pero cuando hemos tabulado todas las leyes de Honduras, especialmente las que tienen que ver con la libertad de expresión, no hay ninguna, incluyendo las de Conatel, que diga que es causal para cerrar un medio.

Es un asunto administrativo que tiene una solución administrativa. Es como cuando a usted le quitan la licencia porque está vencida. Se va a renovar y paga una multa, porque tenía la licencia vencida. Una vez tenga la licencia vigente, le devuelven su carro, paga la multa y sigue conduciendo.

Recuerde que Conatel solo regula espectros, no regula esas cuestiones administrativas.

Fue una decisión política, encaminado a cerrar un medio que de una u otra manera ha sido critico frontal a las posiciones del gobierno.

¿Cuál es su opinión sobre el gobierno de Juan Orlando Hernández?

Creo que el gobierno de Juan Orlando Hernández, lo poco positivo que ha hecho lo oculta en muchos atentados que comete él.

¿Atentados de qué tipo?

Por ejemplo, atentar contra la libertad de expresión.

Atenta contra los derechos humanos.

Habla mucho de que está contrarrestándose la violencia y, sin embargo, la modalidad de las muertes ahora son las masacres. Ya no es el individuo, sino que los grupos de individuos o personas que son asesinadas.

No voy a negar algunos alcances que ha tenido el gobierno, sería egoísta de mi parte, sobre todo en el ordenamiento de las finanzas, sí creo que ha habido trabajo en el control de la evasión de impuestos, han hecho mucho trabajo. Pero se ha abusado. Están cerrando empresas por cuestiones que le puede buscar una solución sin necesidad de cerrar empresas para no generar desempleo.

En lo demás hay mucha mentira y mucha demagogia, mucha propuesta política que contrasta con lo que el pueblo hondureño quiere.

¿Por qué lo sentencia a estar en prisión? -le pregunto en relación a la acusación de violación que hay en su contra.

A mí se me acusó por una cuestión pre fabricada por el gobierno de Ricardo Maduro, recuerde que nuestro posicionamiento siempre ha sido anti gubernamental. Hemos dado dado esas batallas no porque seamos anti gobierno es porque condenamos conductas.

Nosotros enfrentamos a Don Ricardo Maduro en ese momento. Fuimos el único medio de comunicación que denunció que era extranjero. Nos opusimos a su elección como candidato presidencial y luego como presidente.

Denunciamos también que las empresas de él lavaban activos en aquel momento, exhibimos documentación. Todo eso golpeó el sistema, golpeó a esta gente.

Recién llegado Maduro comenzó una persecución contra nosotros, se inventaron una patraña con una persona muy cercana por cierto. Teníamos alguna vinculación familiar.

En ese momento teníamos una fiscalía en contra, un sistema judicial en contra, un gobierno en contra, hicieron con nosotros lo que quisieron. Nos condenaron por un delito que nunca cometimos. Sin embargo, aquí estamos.

¿En qué consistía ese montaje?

Un montaje, una patraña donde incluso se nos violentó todo el debido proceso. No nos permitieron custodiar nuestras pruebas.

Pero es un tema particular que ya lo superé. Pocas veces me refiero a él, porque no vivo de ese pasado. Me considero inocente. Y soy inocente. Sobreviví esa etapa muy dura de mi vida y aquí estoy de frente.

¿Teme ir a la cárcel?

No.

¿Tiene pruebas de corrupción de funcionarios?

Sí. Aquí las puede ver usted. Parte de las pruebas que tengo, no solamente corrupción sino participación de funcionarios en narcoactividad.

¿Ya presentó esas pruebas

Ahora vengo de mi medio de dar lectura algunos de estos documentos. Ya hemos hecho trabajos sobre eso. Mi compromiso es presentárselas al público. No soy ente fiscalizador del Estado. Y si al Estado le interesa proceder, las mandarán a buscar.

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¿Lo acusan de vender polémica y de vender información que tiene que decir al respecto?

¿Vender polémica?

Sí. Que cobra por esta información que tiene aquí.

Le voy a decir una cosa: si alguien, si hay una tan sola persona, y este es un reto que le hago a cualquiera, que diga que David Romero Ellner con tarjeta de identidad 0318-1955-00112 ha ido a traficar con un tan solo documento, lo autorizo para que monte una conferencia de prensa, haga lo que quiera. Y si yo en efecto lo hice, renuncio a esta carrera tan noble como es el periodismo y me retiro de los medios.

Oiga bien. Ya sea funcionario público o privado, nunca en mi vida he traficado con información.

Si estoy en los lugares que estoy y tengo reconocimiento de la opinión pública, especialmente de los usuarios de los medios en los cuales trabajo, es porque mi conducta ha sido intachable.

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¿Quién quebró el Seguro Social?

Una mafia integrada por funcionarios públicos. Por políticos del Partido Nacional y empresarios.

¿A quién acusaría en este caso?

Acusaría a la clase política gobernante en este momento. Acusaría a esta estructura y red criminal que estamos acusando nosotros. Que a pesar de que quebraron el Seguro, siguen haciendo negocios con las empresas que quebraron el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

¿Por qué quiere ser presidente Don David?

No, no quiero ser presidente. Solamente dirijo un movimiento político a lo interno de LIBRE, con la intención de generar nuevos liderazgos. Pero en particular, no quiero ser presidente.

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¿Siempre sigue la línea de Mel Zelaya y Xiomara?

Tampoco. No sigo esa línea. Soy un simpatizante más de Libre. Un aportante emocional, si usted quiere. Social.

Tengo mis diferencias con Manuel Zelaya Rosales como la puedo tener con cualquier otro líder del partido. Somos seres humanos.

Tengo por formación, por condición y por convicción, no ser borrego. Tengo criterio y mi criterio lo defiendo frente a cualquiera. Si eso molesta, me pela un eje.

 

¿Se considera defensor de las grandes mayorías?

Tampoco. Simple y sencillamente camino al par de la red de la historia. Tratamos de hacer un periodismo militante y el periodismo militante radica casualmente en estar, en lo que nosotros consideramos, causas justas.

Nos ha permitido romper cercos mediáticos que aquí nunca se habían hecho. Desde hace 38 años hago periodismo de militancia, esto significa, que usted no puede estar por encima de los problemas.

No debe ser protagonista, pero sí debe compartir en ese momento entre la causa y efecto, ver por qué hay que buscar una solución al problema o conflicto.

Billy Joya lo acusa de asesino. ¿Mandó a matar a alguien usted?

Jamás he mandado a matar a nadie. Billy Joya es un criminal sin autoridad moral. Participó en las redes criminales del 3:16 en su momento. Fui víctima de él.

Estuve secuestrado y fui torturado por él y por su gente en aquel momento.

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¿Está de acuerdo con la reelección?

Como figura no es mala. Estoy en contra de la reelección en esta coyuntura en este momento, porque la reelección como está planteada, no es más que darle continuidad cuatro años más a un hombre que de una u otra manera ha sometido toda la institucionalidad a sus caprichos. Se ha convertido en un dictador o mejor dicho, en un dictadorzuelo, en un país de maravillas como es Honduras.

¿Está de acuerdo con una reelección si se aprueba en una Asamblea Nacional Constituyente?

Así si estaría de acuerdo. Sí el pueblo decide de que quiere reelección, bienvenido sea. Hay que consultar al soberano, al pueblo.

Nosotros no tenemos constitución, fue violada en el 2009. Es urgente un nuevo pacto, es urgente una nueva constituyente. Si de la consulta popular el pueblo decide libremente votar por una reelección, bienvenido sea, frente a eso no tenemos oposición.

En esta coyuntura, en este momento, me opongo.

¿Quiere cerrar con un mensaje final?

Agradecerles a ustedes, Herman. Sinceramente creo que cada espacio que se abre para dialogar y platicar sobre la temática nacional es buena, educa.

Ustedes hacen su esfuerzo como todos los que estamos en difícil campo de la comunicación.

Creo que debemos pelear esos espacios, para que la libertad de expresión sea el principal instrumento democrático en este país. Y todos tengamos derecho a decir nuestras verdades aunque no la compartamos.

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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez dijo la mañana del 19 de julio que no podía opinar sobre la reelección presidencial y dejó que sean los “políticos” definan la controvertida figura.

“Esos son problemas estrictamente políticos y los tienen que definir los políticos, la iglesia está para buscar la justicia social en todo momento”, señaló el jerarca luego de haber inaugurado la edificación de un hospital privado que funcionará en San Pedro Sula.

Rodríguez se ha venido contradiciendo en torno a la problemática figura: ha dicho que está a favor, a veces está en contra y, en otras ocasiones, se calla o toma posturas ecuánimes para no involucrarse más en el tema.

Una búsqueda hecha por ConfidencialHN revela las contradicciones en las que ha incurrido el purpurado hondureño. En enero de 2015, en declaraciones a periodistas, el jerarca católico afirmó que sobre la reelección que “hay que sopesar todo, lo positivo y lo negativo, para luego decidir en conciencia, porque son los legisladores que deben aprobar”.

Aseguró en aquella ocasión que los políticos buscaban reelegirse en el cargo para cumplir compromisos con la población; aunque discrepó si convenía o no y pidió a los diputados que “lo discutan y oren para buscar lo mejor para Honduras”.

Resulta hasta irónico que el líder de los católicos cambie de opinión una y otra vez respecto a la reelección, sobre todo, en la actual coyuntura en la que Juan Orlando Hernández busca seguir en el cargo.

Es más, no se pronunció cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró “inaplicable” varios apartados del artículo 239 que prohibía hablar de la reelección, so pena de las sanciones que eran sujetos los altos funcionarios.

¡Ah! Pero tampoco salió a defender la Carta Magna cuando el actual titular del Poder Judicial, Rolando Argueta catalogó como “cosa juzgada” el tema de la reelección presidencial.

No hubo comunicados de la Conferencia Episcopal de Honduras sobre el cambio abrupto a uno de los artículos constitucionales, ni pidió que se respetara el Estado de derecho.

En cambio, en 2009, una semana después de golpe de Estado acusó al expresidente Manuel Zelaya de haber querido quedarse en la presidencia cuando pretendía consultar a la población si estaba de acuerdo que se instalara en las elecciones generales de ese año una cuarta urna para realizar profundas reformas constitucionales.

Pidió en esa ocasión a Zelaya que no volviera más a Honduras y que si venía, podría haber “derramamiento de sangre”.

“Un llamado al amigo José Manuel Zelaya: usted citó claramente tres mandamientos de la santa ley de dios: no mentir, no matar, no robar. Pensemos si una acción precipitada, un regreso al país en este momento podría desatar un baño de sangre. Sé que usted ama la vida, sé que usted respeta la vida y hasta el momento no ha muerto un solo hondureño. Por favor, medite porque después sería demasiado tarde”, declaró en cadena nacional el purpurado.

Esos dos escenarios revelan las cambiantes decisiones que ha tomado el cardenal Rodríguez respecto a un eventual continuismo.

Además, esas posturas lo han llevado a confrontarse con organizaciones populares, a quienes pidió que no sintonizar Radio Globo, por ser crítica con el gobierno de Juan Orlando Hernández.

La asesinada dirigente del Consejo de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, denunció en diciembre de 2015 que el cardenal estaba fomentando el odio contra las comunidades y pueblos indígenas del país.

Recordó la asesinada líder ambientalista que el cardenal Rodríguez prohibió a los feligreses organizarse, integrarse o ser parte del Copinh, ni escuchar radio Guarajambala, órgano de divulgación de la combativa organización popular.

Cáceres dijo que el purpurado estaba promoviendo el odio, fundamentalismo, discriminación y racismo contra el pueblo indígena lenca.

Por ahora, el cardenal ha esquivado un duro escollo que amenaza con arrastrarlo y comprende que tarde o temprano tendrá que tomar partido en el proyecto continuista del titular del Ejecutivo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La superestructura que acobija la impunidad en Honduras se está moviendo con brutalidad. No está dispuesta a dejar cabo suelto para complicar sus planes continuistas y ha mandado a “callar” por una larga temporada al oficial de Policía José Francisco Sosa al encerrarlo en el Primer Batallón de Infantería.

Engañaron las autoridades a los medios al decirles que el oficial –quien se opuso a que le confiscaran su modesta vivienda en una colonia de clase baja de la capital– era enviado a la Penitenciaría Nacional de Támara mientras es juzgado por un juez “de jurisdicción” nacional por cuatro supuestos delitos.

Resulta que al momento de proceder a confiscar la vivienda, según información a la que accedió ConfidencialHN no había orden de captura contra el agente policial, sino el “aseguramiento” de la propiedad porque habría sido adquirida con dinero del narcotráfico. El señalado negó en todo momento pertenecer a redes criminales y que el dinero lo obtuvo mediante préstamos de bancos privados y fondos de pensiones.

¿POR QUÉ FUE ENCARCELADO SOSA? Anunció en entrevista que concedió a David Romero, director de Radio Globo que denunciaría a políticos y candidatos a cargos públicos ya que les dirá las “fechorías” que han cometido. Esta advertencia es una formal declaración de guerra del poder contra una Policía que se resiste a morir y refleja las profundas divisiones: los leales al imperio de la ley y quienes se confabularon con el nacionalismo para acceder a más privilegios y perpetuar la impunidad.

Sosa es una de las víctimas de la persecución emprendida por el Estado en el marco de un proyecto continuista desde la Casa Presidencial y que está dispuesto a cubrirse las espaldas de cualquier ataque y cualquier “intruso”.

No ha tenido la suerte que corrió el exjefe policial, Ramón Sabillón, quien aprovechó salir en silencio del país y contar en EE.UU. cómo están organizadas las mafias del poder, las que conspiraron para sacarlo en noviembre de 2014 del mando tras haber capturado a los hermanos Valle Valle, Héctor Emilio Fernández Rosa, “Don H”, y otros transportistas de drogas que, cuyas confesiones a la justicia estadounidense, podrían hacer temblar el proyecto trazado del continuismo.   

“EN ESTA MIERDA”. La Junta que preside la mayor purga que jamás ha tenido la Policía ha separado a Sabillón y Sosa, alegando que desobedecieron la autoridad y, aunque el oficial se encuentra a esta hora en la unidad militar, su vida corre peligro: ha dicho que hay muchos miembros de las FFAA “metidos en esta mierda (del narcotráfico)”. Esa revelación puede costarle caro y no resulta extraño que se lo tenga en confinamiento en el batallón, bajo el argumento de “salvarle la vida”. Ya sea que esté en la Penitenciaría Nacional o en bajo fuerte resguardo de efectivos del Ejército, pueden ser las últimas horas de vida de Sosa, cuyo pecado fue reclamar al Ministerio Público que le explicará por qué le quitaba la casa que la terminó de pagar hace tres años.

Fuentes de total confianza a las que accedió ConfidencialHN confirman que el imputado fue trasladado la noche del sábado 16 de julio desde el complejo penitenciario de Támara al Primer Batallón de Infantería.

DELITOS IMPUTADOS. Respecto al juicio llevado a cabo por un juez nacional, en el que cargan al imputado cuatro delitos, como atentado, desacato a la autoridad, almacenamiento ilegal de armas de guerra y de equipo de uso exclusivo de la Policía Nacional de Honduras. El juez nacional tomó en cuenta la carga acusatoria del Ministerio Público y, cuando el acusado fue echado de la casa, no se le notificó por qué se le requería y el togado determinó enviarlo a la cárcel bajo la figura de la “detención judicial”.

Respecto si un juez nacional debía conocer el caso, en particular, el de desacato a la autoridad, el exjuez de sentencias y presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz aclara que estos funcionarios sólo pueden conocer delitos de criminalidad organizada; el de desacato lo puede abordar otro togado porque no entra en el campo del crimen. Aunque dijo desconocer en qué contexto fue capturado el policía, recalca que los jueces nacionales están para conocer casos de secuestro, narcotráfico, robo de vehículos y otros que controla el crimen organizado.

El artículo seis de la Ley especial de órganos jurisdiccionales con competencia territorial nacional en materia penal reafirma la explicación que realiza Díaz sobre el ámbito de acción en que debe incurrir el juez. Cabe preguntarse: ¿Por qué se le imputan más delitos al oficial cuando se le sacó de su casa? ¿Por qué no se le leyó la acusación por la que se le capturaba? ¿Por qué un juez nacional terminó conociendo el delito de desacato cuando es a otro que le corresponde abordarlo? ¿Será que lo juzgan y lo apresan porque va a denunciar cómo está entrelazado la mafia política, militar, policial y gubernamental? ¿Por qué lo envían a la Penitenciaría Nacional y luego lo trasladan a una unidad militar? ¿Se enteraron que lo iban a ultimar o ya estaba preparado el complot? ¿Será que va a delatar a la mafia política y, en consecuencia, a la cúpula gubernamental?

ACUSAR A PUNTA DE COMUNICADOS. La junta ha pedido que se destituya a Sosa y se basa en un artículo del New York Times y una tibia publicación de El Heraldo que lo sindica de estar tras la muerte de Arístides González.

La comisión, compuesta por la expresidenta del Poder Judicial e integrante de varias comisiones interventoras, Vilma Morales, el representante de sociedad civil, Omar Rivera (tildado de “jetón” por el arrestado oficial) y el pastor protestante Alberto Solórzano piden que lo destituyan por haber desobedecido un mandato judicial.

Esas investigaciones del diario estadounidense llevaron al presidente Hernández a crear la comisión que, en corredores, los llaman “comisionados de papel”.

¿Y «TONY» HERNÁNDEZ? Resulta hasta curioso que el procedimiento judicial contra el subcomisario Sosa haya sido muy rápido y que el Ministerio Público haya entregado con brutal rapidez la carga probatoria, entre esas pruebas están las publicaciones del York Times y la acobardada entrega de artículos de El Heraldo sobre el asesinato en diciembre de 2009 al zar antidrogas Arístides González y que se involucra al miembro de la Policía y demás miembros que supuestamente participaron en la planificación y ejecución del funcionario.

En cambio, a la fecha, el organismo acusador se ha rehusado en indagar sobre la liberación de dos presuntos narcotraficantes, cuyo apoderado legal fue Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández y hoy es diputado por el Partido Nacional y ha sido muy cuestionado por haber creado una trenzada red de relaciones que facilitaron la fuga de los narcotraficantes colombianos Rubén Darío Pinilla y Hernán Roldán Jiménez arrestados el 31 de enero de 2014 en un operativo antidrogas en una de las montañas del occidental departamento de lempira.

Fue el propio Tony que representó legalmente a los capos y fue denunciado en 2014 ante la Fiscalía de Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores Públicos del Ministerio Público por haber influenciado para que los dos productores de drogas quedaran en libertad…días después, ambos desaparecieron para no volver más. El juez dio sobreseimiento provisional para los acusados y aprovecharon la coyuntura para huir. Así como entraron a Honduras –de manera ilegal– así se fueron.

Hasta el fiscal asignado al empobrecido departamento fue destituido porque dio visto bueno para que se dejara libre a los dos sindicados. Una breve búsqueda comprueba que en la audiencia del 31 de julio de 2013, el acusador no aportó pruebas contundentes para condenarlos, por lo que fue investigado y separado. Uno de los presuntos responsables contó con cinismo que pagó unos tres millones de lempiras en sobornos para quedar en libertad.

Para ese tiempo, Óscar Chinchilla ya era fiscal general y el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, era el jefe de fiscales. Chinchilla, confirmó en aquel tiempo el operativo antidrogas y señaló que a ambos capos se les confiscó unas cuatro manzanas de tierra donde producían cocaína y otros alucinógenos. Los fiscales fueron removidos y se inició una investigación que, curiosamente, no alcanzó a Tony Hernández, pues ya era diputado y su hermano titular del Ejecutivo, según una investigación que hizo en su momento Canal 36.

Al cierre de este análisis, ni el titular del Ministerio Público, ni el presidente del Poder Judicial han vertido opiniones sobre el tema.

“CÁRTEL CACHURECO”. El exdirector de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, reveló a la periodista Lidieth Díaz, directora del programa de entrevistas “En Exclusiva” de Globo Tv, que el “hermano del hombre” había sido colaborador de transportistas de drogas a EE.UU. y había trabajado con el hoy prófugo alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón. “Uno de los hermanos de ‘el hombre’ ha sido colaborador del señor Ardón”, afirmó el exjefe policial.

Cuando entrevistó a uno de los capos extraditados, le preguntó si el arresto era político, pero les dijo que cumplía una orden y la respuesta que recibió lo hizo comprender cómo el narcotráfico penetró la clase política, en particular, al bipartidismo: “¿Cuándo van a capturar al cártel cachureco”, le dijo uno de los capos, quien se identificó como liberal porque sentía afinidad por esa organización y hasta financió campañas políticas para ganarse simpatías y que le permitieran movilizar toneladas de drogas sin ser sujeto de persecución de las autoridades.

Los que concursaron para cargos de elección popular recibieron fuertes sumas de dinero y, por ese motivo, realizaron fastuosas campañas políticas que, ni aun sumando cuatro años de salario como diputado o alcalde, podrían compensar los millones de lempiras que gastaron en propaganda electoral.

HERMANO DE “EL HOMBRE”. “Es ‘Chande’ (en mención a Alexander Ardón) no lo pierdan de vista y le digo que un hermano de ‘el hombre’ trabaja con él y le pregunté quién era el hombre y me dijo que ya sabía”, señaló Sabillón en aquella entrevista.

Luego de haber accedido a hablar, la superestructura lo persiguió sin ambages y se vio obligado a salir de manera discreta de Honduras. Sabía que decir otra palabra más no viviría para contar el resto de la historia.

Hasta la cuestionada Hilda Hernández, secretaria de comunicaciones y hermana del Juan Orlando y Antonio, escribió en Twitter un mensaje: “Dios mío sabes que el veneno que destilan malas personas en contra nuestra jamás nos quitarán la paz a quienes seguimos tu palabra”.

La revista “InsightCrime”, especializada en analizar la criminalidad organizada, tildó a los hermanos Ardón (Hugo y Alexander) de jefear el cártel “AA”. Hugo, fue beneficiado por la cúpula nacionalista en el gobierno con el cargo de director del Fondo Vial, pero ejerció función por poco tiempo, pues al verse descubierto huyó.

En tanto, “Chande” –quien nunca se dejó tomar fotografías– fue el todopoderoso alcalde nacionalista de El Paraíso, región que el Estado olvidó y el crimen tomó posesión de las tierras fronterizas con Guatemala. Cuentan que en las calles de la comunidad el silencio se hizo política pública y el prófugo alcalde se pavoneaba con fuertes anillos de seguridad. Esos gustos no suelen ocurrir en municipios cercanos, ya que tener protección podría hasta complicar las transferencias que realiza el gobierno para obras de infraestructura.

CUADRO AZUL. El excéntrico personaje repitió cargo bajo la bandera del Partido Nacional. Ningún connotado miembro del “cachurequismo” objetó la participación del folclórico y prófugo alcalde copaneco, mucho menos los miembros más recalcitrantes criticaron que se colocara al edil en las papeletas. ¿Se callaron porque Alexander Ardón sabe algo de ellos? ¿Por qué jamás hubo protestas de los más aguerridos luchadores contra el narcotráfico que se atreviera a pedir la expulsión definitiva del dirigente azul?

No obstante, se han mostrado hasta felices cuando se silencia con cárcel a un miembro de la Policía, en el caso del subcomisario Sosa, quien se hartó de los señalamientos de El Heraldo y New York Times y se atrevió a decir que comenzará a revelar secretos que pueden poner en jaque a la corroída clase política hondureña.

Cualquiera que sea el escenario, los señalamientos al Partido Nacional se profundizan, la población los ve con recelo por los probados actos de corrupción y supuestos vínculos con el crimen organizado. Las campañas mediáticas y los ataques virulentos que se orquestan desde Casa Presidencial están dejando de ser efectivas y los planes para el continuismo comienzan a flaquear.

Mientras eso pasa, recurren al “terrorismo cibernético” por las redes sociales para atacar a quienes critican la gestión hernandista y apuestan por quedarse hasta el último momento en el Ejecutivo para evitar acusaciones o persecución judicial futura.

Cualquiera que sea el futuro, pasa por las manos de EE.UU., el verdadero poder en las decisiones nacionales. Tiene en sus manos la decisión de avalar o no el continuismo y comprende que sus planes e intereses estratégicos en la región pasan por las manos de políticos vasallos y tienen en la actual gestión a los más indicados.

Los peones han caído, los alfiles deben moverse cuantas veces pida el «jugador» para no verse comprometido, los caballos han sido sorprendidos y las torres temen un feroz ataque de los embavecidos peones del bando contrario y quieren apropiarse de la dama o «reina» para mandar un mensaje claro al rey: «como nos traicionaste, vamos por vos». ¿Habrá jaque mate? La respuesta se sabrá antes del 27 de enero de 2018.