Wednesday, Nov 20, 2019
HomeExclusivas (Page 72)

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Mientras el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, promueve la transparencia en la administración pública, los fideicomisos se convirtieron en el mecanismo para el enriquecimiento ilícito y la corrupción.

Desde la aplicación de esta controvertida figura, se ha privilegiado a empresas fantasmas vinculadas a poderosos grupos económicos y políticos que son aliados del titular del Ejecutivo y que tienen acceso a casi todos los privilegios.

Especialistas consultados por ConfidencialHN han explicado que la utilización del fideicomiso fomenta la opacidad de la gestión administrativa, se ampara a la sombra del secreto bancario y, por ende, es difícil penetrar a la información de quién es beneficiado con mutimillonarios proyectos que dejan cuantiosas ganancias.

Por ejemplo, citan los especialistas, los proyectos que se entregan a los responsables de los fideicomisos suelen consistir en alquiler de bienes inmuebles y vehículos, por lo que incumplen con la Ley de Contratación del Estado respecto a las licitaciones y se hacen de manera directa; evitan los engorrosos trámites que exige la burocracia.

Los fideicomisos ascienden a más de 10 mil millones de lempiras, según datos del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) y se encuentran distribuidos en los programas presidenciales Vida Mejor,  Bono 10 mil y el cuestionado Fondo de Seguridad Poblacional o «Tasa de Seguridad» (administrado por un Comité Técnico) que recauda cada año unos dos mil millones que provienen de los contribuyentes.

En la mayoría de las ocasiones, señala el Fosdeh, no se cuenta con los recursos para financiar la pesada carga de estos programas promovidos desde el gobierno anterior y deben recurrir al sistema financiero para solicitar préstamos que son administrados vía fideicomiso. En este entramado, la entidad gana un 10 por ciento: cinco por ciento por la administración de los recursos y el otro cinco por ciento por la tasa de interés (valor del dinero) por el préstamo.

SECRETOS BIEN GUARDADOS. Hasta el momento, la población no puede saber cómo se utilizan estos recursos; la magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Daisy de Anchecta, lamentó que el Comité del «tasón» le negara información sobre el alquiler de patrullas a la Policía Nacional por empresas arrendadoras de vehículos.

Añadió la funcionaria que le negaron la información por mandato expreso de la Ley de Secretos Oficiales de 2013, que manda a guardar hasta por 25 años cualquier dato que pueda comprometer la seguridad del Estado.

NADIE SABE Y TODOS CALLAN. El proyecto del Centro Cívico Gubernamental, cedido por el gobierno nacionalista -a través de Coalianza- al banco Lafise, es un claro ejemplo de los negocios secretos. Las normas se imponen, nadie sabe y todos callan sobre la forma de cómo se deben administrar los recursos.

En el caso de Lafise, no tiene voz  ni voto para decidir a quién se le otorga el proyecto de infraestructura, ni a quién se le va alquilar un edificio para que funcione un secretaría de Estado o una institución desconcentrada o descentralizada del Poder Ejecutivo. A fin de cuentas, es Casa Presidencial quien determina a quién se lo adjudica. Es la ley del silencio y basta ser cuadro de confianza del presidente Hernández o un furibundo activista azul.

Con relación al tema, al secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP) y reconocido dirigente del Partido Nacional, José Noé Cortés, se le rentó el edificio donde opera una oficina tramitadora para el registro de placas vehiculares, se limitó a decir que lo hizo a través del fideicomiso ordenado por el gobierno, que establece que cualquier arrendamiento de oficina en Tegucigalpa o Comayagüela se hará mediante esta figura.

VUELVEN «LOS TETOS». ConfidencialHN ha obtenido información exclusiva sobre el edificio que rentó el  que ese edificio que rentó el IP pertenece a los «Tetos», vinculados al monumental latrocinio contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a través de la empresa Comapañía de Servicios Múltiples (Cosem) dedicada a la digitalizacion de la información de los derechohabientes, quien el Ministerio Publico los ha privilegiado con la figura de «testigos protegidos» por la estrecha amistad con el presidente Juan Orlando Hernandez.

Fideicomiso_ilustracion

 

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Un testigo protegido denominado «A-1», presentado por el Ministerio Publico en el proceso judicial por el asesinato de Alfredo Landaverde, asegura que la muerte del exasesor en materia de seguridad,  fue planificada por varios oficiales de la Policía Nacional en una casa de Tatumbla, unos 25 kilómetros al oriente de la capital.

En el acta de audiencia que se encuentra en el expediente No.33-2016, al que tuvo acceso en exclusiva ConfidencialHN, en la declaración realizada el pasado 2 de junio, está tipificada como «prueba anticipada del testigo ‘AB-1’ en contra de desconocidos por suponerlos responsables del asesinato de Alfredo Landaverde»; el testigo  abunda en detalles, nombres, lugares y momentos en el proceso de planificación para ejecutar al reconocido dirigente del Partido Demócrata Cristiano.

Si bien hay ciertas contradicciones, el interrogado asegura ante la juez Lisseth Vallecillo Banegas, que en mes de octubre de 2011 estaba asignado en Tegucigalpa, específicamente en la Jefatura Metropolitana uno, distrito siete, en la Colonia San Francisco de Comayagüela, al mando del subcomisario de Policía Dorian Sobalvarro (ejecutado por desconocidos el 6 de abril de 2014 a inmediaciones de la subdirección de Tránsito) quien, dijo «me asignó para su seguridad personal».

Relata en su testimonio, que a mediados de octubre de 2011, mientras conducía un carro picop Land Cruiser, con franjas rojas, se trasladaron a una residencia en Tatumbla y que logró escuchar las conversaciones de su jefe con otros oficiales de policía que -según dijo-, eran comisarios o subcomisarios.

«Yo iba con él (Sobalvarro) en el vehículo y escuchaba conversaciones con otros comisarios, decía mi comisionado, sub comisario y varios apellidos: Chamorro, Murillo, Moncada; comisario Soto y Merlo, que si iban ir a la reunión», luego agregó que escucho cuando su jefe dijo que » hay que callar ese viejo hijueputa (Landaverde), ese viejo chamero ya que los estaba hurgando y que la organización corría peligro».

Según declara el testigo, llegaron a Tatumbla a eso de las ocho de la noche a una residencia; dice que se estacionó fuera de la residencia de donde al abrir los portones salió una dama en una camioneta (Land Cruiser) Prado color blanco con gris» abrió el vidrio, era una dama y un niño, le entregó unas llaves, le dio un beso, cargó el niño y después ella se fue con rumbo desconocido», describe el testigo A-1.

Prosigue con su testimonio asegurando que su jefe (Sobalvarro) se introdujo a la casa y le dijo que se quedara cuidando el vehículo y escuchando música «a los 15 minutos  llegaron dos vehículos, una Land Cruiser blanca  camioneta y un pick-up doble cabina color  como gris», los vehículos, dijo, los estacionaron afuera.

«Recuerdo que andaban varios oficiales uniformados, en lo que yo pude reconocer al subcomisionado de policía Ricardo Murillo Matute, lo acompaña el subcomisionado Chamorro Gotay, el comisionado Kenneth Sabillon y un comisionado que decía en su fichero Videz «C» y, luego agregó que en el doble cabina «andaba el comisario  Constantino Zavala, el vehículo era conducido por un hombre de civil y atrás andaba el comisario de policía Moncada, jefe del distrito de la Granja 1-5».

Recuerda en su testimonio que todos se bajaron de los vehículos, menos uno, y  que personalmente saludó al comisionado Murillo quien le preguntó por Sobalvarro, indicándole, después de saludarlo, que éste se encontraba dentro de la casa «vino el comisario Zavala y le dijo a Flores Santos, el que andaba ropa de color, ‘que metiera los carros’, después de eso se cerro el portón eléctrico», confiesa.

Asegura que se fue atrás de la casa, la que describe como una residencia aislada, «que está al fondo, ventanas de vidrio, amplia, portón eléctrico, color marrón o anaranjado, muro alto, me fui por unos bloques, me trepé para escuchar», afirma.

El testigo protegido al declara ante la jueza de audiencia dice haber escuchado la siguiente conversación «ya que estamos reunidos el MAZCA está listo, tenemos la patrulla 105 coordinando y el elemento que la conduce es de confianza y vamos a matar a ese viejo cabrón de Landaverde, ya estamos planificando, pero hay un problema que es Salgado, en la ruta de escape, no puede ser por el anillo porque es jurisdicción de la Kennedy a caer a Villa Vieja».

Luego agrega: «después de esa conversación me retiro del muro al vehículo que me dejaron cuidando. La reunión, dijo, duró aproximadamente unos 50 minutos o una hora», señala que tanto la camioneta y el picop en que llegaron los oficiales se fueron con rumbo desconocido». Entonces prosiguió: «Dorian me ordenó que me fuera en la paila del vehículo regresando al lugar designado que es el distrito 1-7 de la San Francisco» .

Dice en su testimonio que luego de «haber visto todo lo que vio y para evitar problemas» pidió que lo trasladaran al distrito policial del Barrio La Granja de Comayagüela, «para ese entonces ya a todos los habían relevado por la muerte del hijo de la rectora (Julieta Castellanos), un policía de apellido Mendoza decía que a todos «los sapos los vamos a matar, por eso pedí mi traslado», asegura.

Finalmente el supuesto policía presentado como testigo protegido del Ministerio Público, asegura que por temor a su vida no pudo seguir en la Policía. «La verdad es que todos han sido matados, él Dorian (Sobalvarro) ya lo mataron», sentencia.