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CARACAS, VENEZUELA

(Spútnik) Las autoridades venezolanas detuvieron a 24 personas por presuntamente cometer hechos vandálicos durante las protestas contra el Gobierno, anunció el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien señaló que 11 de estas personas serán procesadas por tribunales militares.

«11 de los 24 detenidos fueron capturados mientras atacaban la Base Aérea La Carlota. Serán puestos a la orden de la justicia militar», escribió Reverol en su cuenta de la red social Twitter.

De acuerdo con la información difundida a última hora del jueves por el ministro las personas fueron detenidas «por actos terroristas durante (el) desarrollo de manifestaciones violentas en varios sectores de la Gran Caracas (abarca el área metropolitana y ciudades de la periferia capitalina)».

El funcionario venezolano señaló que «la derecha antidemocrática convocó una marcha no autorizada al TSJ en el municipio Libertador para cometer actos vandálicos» y aseguró que durante estos hechos fue capturado un miembro del partido opositor Vente Venezuela, identificado como Julio Rojas, a quien presuntamente le fue incautado un bolso con artificios lacrimógenos y material utilizado para actos violentos.

La madre de Rojas aseguró que se trata de un secuestro y sostuvo que su hijo fue aprehendido por la Policía Nacional mientras hacía compras en un supermercado.

«Mi hijo no está detenido, está secuestrado. Mi hijo fue capturado por el narco esbirro Néstor Reverol, prófugo de la justicia norteamericana. Mi hijo estaba haciendo mercado cuando fue aprehendido por oficiales de la PNB. Le pusieron una bolsa en la cara para que nadie lo viera», reseñó el diario venezolano El Nacional.

La mujer, identificada como Sol Rojas, señaló que su hijo está preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

«Ese señor dijo que mi hijo fue arrestado con un morral lleno de lacrimógenas y que quemó una tanqueta el 8 de junio, cuando lo único que tenía mi hijo encima era una bolsa de papas que acababa de comprar», sostuvo.

Las protestas contra el Gobierno de Venezuela iniciaron hace tres meses y muchas han culminado en confrontaciones entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad del Estado.

Hasta el momento se han registrado 91 muertos y más de 1.400 heridos entre quienes se encuentran opositores, oficialistas, funcionarios de seguridad y transeúntes.

También se han registrado saqueos a comercios y quema de vehículos y oficinas del Estado.

El Gobierno venezolano ha calificado a quienes realizan estas acciones como terroristas y asegura que serán sometidos a la justicia.

Por su parte, el Ministerio Público y organizaciones defensoras de los derechos humanos, han denunciado que es «ilegal» procesar a civiles en tribunales militares.

Sin embargo, los ministros Vladimir Padrino López, de Defensa, y Reverol, de Interior, han asegurado que cuando los manifestantes ataquen a centinelas, bases o vehículos militares, no serán sometidos a jueces civiles, sino militares.

WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) La coalición antiterrorista, encabezada por EEUU, admitió que sus bombardeos causaron otras 119 muertes civiles en Irak y Siria.

«A lo largo de mayo la colación concluyó la estimación de 141 informes, de los cuales 114 fueron calificados de falsos, y 27 reconocidos como fiables», dice el comunicado del Mando de la coalición.

La nota indica que estos 27 casos «se saldaron de forma no intencional con la muerte de 119 civiles».

«De momento según la información disponible se puede afirmar que desde el inicio de los bombardeos de la coalición al menos 603 civiles fueron abatidos sin intención».

EEUU lidera una coalición internacional contra Daesh (autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países) de la que participan más de 70 naciones y que realiza ataques aéreos en Siria e Irak desde 2014.

Sus operaciones en territorio sirio, sin embargo, no están autorizadas por el Gobierno de Bashar Assad ni fueron avaladas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Damasco se pronunció en numerosas ocasiones en contra de estas operaciones que carece del consentimiento oficial del Gobierno sirio y viola la soberanía de este país árabe.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Spútnik) El juez federal argentino Daniel Rafecas elevó a juicio el tercer tramo de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983) en la que se juzga a una decena de represores por los crímenes cometidos en el centro clandestino «El Vesubio» de la provincia de Buenos Aires.

«El juez Rafecas elevó a juicio a decena de represores por crímenes de lesa humanidad en El Vesubio», informaron a Spútnik fuentes judiciales.

Este centro clandestino fue utilizado por el Ejército para hacer desaparecer a las personas que eran consideradas una amenaza por la dictadura.

Por allí pasaron el escritor Haroldo Conti, el escritor y guionista de historietas Héctor Oesterheld, y el cineasta Raymundo Gleyser, todos ellos desaparecidos.

También fue secuestrada en El Vesubio la socióloga alemana Elizabeth Käsemann, hija del teólogo y profesor Ernst Käsemann.

La joven fue una de las 16 víctimas que fueron acribilladas en la «masacre de Monte Grande», como se conoce a la matanza de mayo de 1977 que se produjo en este municipio de la provincia de Buenos Aires.

Todos estos casos serán ventilados durante el juicio.

La decena de procesados, muchos de ellos exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal, han sido acusados de la privación ilegal de la libertad y la tortura de las 370 víctimas que pasaron por El Vesubio.

También será investigada la tortura seguida de muerte de dos de los detenidos, así como la participación necesaria de los diez represores en el homicidio de casi 50 personas que salieron del centro clandestino en los llamados «traslados-homicidios».

Esta práctica consistía en la simulación de traslados de las víctimas a distintos lugares bajo la justificación de que estarían en mejores condiciones o serían liberadas, cuando en realidad ya se había decidido su ejecución.

El Tribunal Oral Federal número 4 será el responsable de llevar adelante el proceso denominado tramo «Vesubio III» de la causa Primer Cuerpo de Ejército.

Las organizaciones de derechos humanos cifran en 30.000 el número de desaparecidos que causó el terrorismo de Estado a lo largo de más de siete años, y en 500 el número de niños que fueron sustraídos durante la dictadura a sus progenitores para arrebatarles su identidad.