HomeNacional (Page 3073)

TEGUCIGALPA, HONDURAS

«No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras», advirtió hoy la oenegé Global Witness.

Según la investigación de Global Witness, desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

Alan García, de 17 años, añadió el organismo que entregó su informe hoy sobre el riesgo de corren los ambientalistas, sobrevivió a una bala que lo alcanzó en el pecho. Estaba protestando contra una presa hidroeléctrica en la tierra de su comunidad cuando el ejército abrió fuego. Su padre murió asesinado a tiros en el mismo ataque.

Tres años más tarde, en 2016, la destacada activista ambiental Berta Cáceres fue asesinada por manifestarse en contra de la misma presa.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE ESTOS ASESINATOS? Tras dos años de investigación sobre quiénes son los responsables de estos asesinatos, podemos poner de manifiesto que los proyectos que son la causa de los conflictos están vinculados con las élites ricas y poderosas del país, entre ellas algunos miembros de la clase política.

En nuestra investigación se sacan a la luz acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para imponer proyectos y acallar a la oposición. Además, analizamos detenidamente cómo Estados Unidos está financiando a las fuerzas estatales de Honduras, que son responsables de algunos de los peores ataques.

ÉLITES PODEROSAS Y UNA IMPUNIDAD TERRIBLE

La respuesta a estos delitos son unos niveles terribles de impunidad. En ocasiones contadas se detiene a los asesinos, pero casi nunca se castiga a las personas que los contratan.

Entre las personas relacionadas con la violencia se encuentra Gladis Aurora López, la presidenta del partido que gobierna en Honduras, que es una de las figuras políticas más poderosas del país. Varios documentos filtrados a Global Witness ponen de manifiesto que el proyecto planificado de construcción de la presa hidroeléctrica Los Encinos, en el oeste del país, está bajo el control del marido de López, quien tiene la intención de vender energía al Estado a pesar del evidente e ilegal conflicto de intereses que plantea esta situación. En una carta dirigida a Global Witness, López y su marido niegan todo tipo de implicación en actos violentos o ilegales.

Tres activistas indígenas que se opusieron a este proyecto han sido asesinados; sus cuerpos se encontraron con indicios de tortura y descuartizados.

Entrevistamos a Roberto, uno de los activistas indígenas que se ha opuesto abiertamente al proyecto de Los Encinos, quien describió cómo su comunidad fue desalojada de sus hogares por un escuadrón de la policía, el cual también prendió fuego a sus cultivos.

AYUDA ESTADOUNIDENSE DESTINADA A LA POLICÍA Y EL EJÉRCITO. Al ser el principal donante de ayuda de Honduras, Estados Unidos ejerce una importante influencia. En 2016, este país contribuyó 100 millones de dólares estadounidenses (USD) en ayuda bilateral, lo cual podría impulsar enormemente la lucha contra la pobreza en un país que sufre los niveles más altos de desigualdad de toda América Latina. Sin embargo, decenas de millones de dólares procedentes de esta ayuda se destinaron a la policía y el ejército, cuerpos que están seriamente implicados en la violencia contra los activistas ambientales y de la tierra.

Entretanto, Estados Unidos sigue inyectando dinero en la industria hondureña, a pesar de los motivos de preocupación planteados en el Congreso sobre el dudoso historial de derechos humanos del país. La embajada de Estados Unidos ha estado fomentando una intensificación de las inversiones en las industrias extractivas de Honduras. Por ejemplo, el gigante minero estadounidense Electrum ya planea una inversión de 1.000 millones de dólares (USD).

¿CÓMO PUEDE ACABARSE CON LOS ASESINATOS? En nuestro informe, detallamos una serie de recomendaciones importantes para propiciar cambios, entre las que se incluyen las siguientes:

El Gobierno de Honduras debe garantizar la protección de los defensores de la tierra y el medio ambiente, llevando a la práctica las instituciones encargadas de su seguridad y dotándolas de los recursos necesarios.

El Gobierno, la policía y el sistema judicial de Honduras deben llevar ante la justicia a los autores de los delitos contra estos activistas y poner fin a la corrupción que fomenta los proyectos empresariales abusivos.

El Gobierno de Honduras debe colaborar con la sociedad civil para reforzar y aplicar leyes que garanticen el consentimiento de las comunidades indígenas antes de que los proyectos reciban el visto bueno.

Los inversores extranjeros y las instituciones financieras internacionales deberían detener cualquier inversión prevista en las industrias que provocan la violencia: proyectos de minería, construcción de presas, tala, turismo y agricultura a gran escala.

Estados Unidos debe aplicar las condiciones sobre derechos humanos que afectan a la ayuda a Honduras, condenar los asesinatos de defensores y suspender la inversión en las industrias que provocan la violencia hasta que se proteja mejor a los activistas, se lleven a juicio los delitos contra ellos y se consulte a las comunidades antes de que comiencen los proyectos empresariales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Una fuerte explosión en un centro comercial de la capital hondureña dejó tres personas afectadas.

Información de los cuerpos de socorro indicaron que los empleados de un restaurante de comida rápida  resultaron afectados por la explosión de un recipiente de gas; se desconoce el estado de las víctimas.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en un establecimiento comercial ubicado a inmediaciones del aeropuerto Toncontín.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Jaime Silva, informó que el local fue evacuado para erradicar la fuente que provocó la explosión.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La portavoz del Ministerio Publico (MP), Lorena Cálix, aseguró que ya comenzaron las “diligencias de investigación” contra el Tribunal de Sentencias en la Sala tres y los policías que tenían bajo su la custodia del gerente de construcción de Ciudad del Ángel, José Santos Arias Chicas, ahora prófugo de la justicia.

En ese sentido la portavoz del (MP), reveló que los jueces que conocían del caso contra Arias Chicas, ya sabían que el sexagenario en dos ocasiones había incumplido con su arresto domiciliario, y por tanto él debía estar encarcelado.

Ante eso, Cálix manifestó que por los momentos desconocen “el criterio que manejaron para no darle la razón al Ministerio Publico en cuanto a la revisión de la medida, lamentablemente el desenlace ha sido este y tenemos que investigarlo”.

“Por considerar el grave perjuicio que le provocaron a las personas en Ciudad del Ángel, esta persona tenía que estar bajo la medida de prisión preventiva, además teníamos información que ya se le había buscado en dos oportunidades anteriores en el lugar donde tenía que estar bajo arresto y no se encontraba”.

“Hoy se pretendía desarrollar las audiencias de proposición de pruebas donde el Ministerio Público Solicitó al Tribunal de Sentencias se hiciera una revisión de medidas, sin embargo el Tribunal es del criterio que procede la declaración de rebeldía y librar una orden de captura contra Chicas  y una vez sabido sea sometido a la prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional”, explicó.

Por tanto, la portavoz explicó que la Fiscalía de protección al Consumidor y de la Tercera Edad, procedió al secuestro de documentos (audios de sentencias previas a la de hoy) y  “constancias (…) donde establecen claramente que ha esta persona (Arias Chicas) se le busco en dos ocasiones para la revisión de las medidas y no se le encontró en el lugar”.

Confidencial HN