Tuesday, Aug 20, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

(Spútnik) El comienzo del juicio por el asesinato de Berta Cáceres previsto para este 15 de octubre se suspendió debido a que la familia de la activista hondureña considera que la decisión de convocar a juicio en estas condiciones es ilegal, debido a que el Tribunal todavía se encuentra recusado.

«Se suspendió la audiencia porque el tribunal afirmó no tener jurisdicción debido a que existe una apelación, la cuestión es que la ley dice que hasta que no se agoten todos los procedimientos de ley, todos los recursos que tú puedas interponer, entonces no está resuelta en firme la situación de esa recusación y por lo que el tribunal sigue estando impedido para conocer», dijeron a esta agencia fuentes del Copinh.

Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros en su casa el 3 de marzo de 2016 pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.

Días antes de ser asesinada, la activista realizó denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.

El Copinh y la familia de Berta Cáceres anunciaron en la mañana de este 15 de octubre que el equipo de abogados que los representa no se presentaría a la audiencia por considerarla ilegal.

A finales de septiembre, la organización recurrió la decisión de la Corte de Apelaciones de mantener al mismo Tribunal al frente del caso de la activista asesinada a pesar de que hubiera sido recusado por falta de imparcialidad.

Previo a esto, la Corte de Apelaciones de Honduras declaró nula la recusación presentada contra el Tribunal que lleva el caso del asesinato en 2016 de la activista y el juicio oral se reanudará con los mismos magistrados.

«Hay una determinación por parte del tribunal y del poder judicial de terminar con el caso ya mismo porque a ellos les interesa tener resultados, no les importa otra cosa más que sacarse de arriba el caso de Berta Cáceres «, dijeron las fuentes a Spútnik.

Desde el Copinh sostienen que lo que le interesa al tribunal es obtener resultados «quieren decir ‘aquí ya hay resultados, ya no hay impunidad, ya no pueden molestar más con eso’, quieren condenar, hacer el juicio lo más rápido posible, y pareciera que ya tienen el fallo del juicio».

La organización de la que Cáceres fue fundadora considera que lo que el Tribunal necesita es «desarrollar una pantomima de juicio para poner el fallo que ya tienen hablado».

El Copinh afirma que las presiones para que el juicio concluya rápido vienen de parte del Gobierno, y «también de los gobiernos de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de EEUU» y esto lleva a que el Tribunal esté pasando por encima de «cualquier tipo de legalidad y por eso es esa premura de que a pesar que todavía hay muchos recursos pendientes de resolver y con posibilidad de interponer otros recursos, que el tribunal estando todavía recusado nos está llamando a juicio».

La familia de Cáceres considera que aun así, de forma irregular, se convocó a la audiencia para este 15 de octubre, «violando cualquier normatividad» y afirmaron que la responsabilidad por la demora del juicio es responsabilidad de la acusación privada, es decir el equipo legal que representa al Copinh y a la familia de Cáceres.

«Es desproporcionado que digan eso, porque no es culpa ni responsabilidad de las partes el retraso de un juicio que comenzó hace dos años, nosotros estamos exigiendo lo que por derecho es necesario», afirmó el Copinh.

Actualmente, nueve personas se encuentran en detención preventiva, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.

Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

“Los contratos de energía son impagables y al Estado es un burro amarrado contra un tigre suelto”, esta denuncia fue hecha el lunes por la parlamentaria socialdemócrata Doris Gutiérrez sobre los onerosos contratos suscritos con generadores térmicos y renovables.

La funcionaria indicó que hubo contrataciones de generadores sin los mínimos controles; los oferentes tampoco contaban con la maquinaría para la reparación de las plantas en caso de averías.

“Mientras me he desempañado como diputada se han aprobado cantidad de contratos, también renovación de energía eólica, térmica y todos son contratos leoninos”, denunció Gutiérrez.

En una intervención radial, la legisladora se mostró incrédula que se revisen los contratos suscritos con las empresas proveedoras de electricidad, por lo que consideró que las posibilidades de renegociación son casi improbables.

Asimismo, denostó a los funcionarios del actual gobierno porque se están arrepintiendo por la crisis que ha padecido la ENEE que cerrará funciones en diciembre.

Cabe recordar que el presidente Juan Orlando Hernández anunció una refundación del sistema eléctrico nacional y la implementación de un bono temporal para los que consuman menos de 300 kilovatios mensuales.

Además, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) decidió aumentar un 18 por ciento a la tarifa por uso de electricidad.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ante un inminente despido masivo, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, exigió que se les pague a todos los trabajadores el 100 por ciento de sus prestaciones.

“Le decimos a los compañeros, el sindicato bajo este nuevo camino trazado está abriendo la brecha para que podamos sostener al sindicato bajo los derechos de los trabajadores y que cualquiera que salga de la ENEE reciba sus prestaciones”, prometió.

Con una “depuración” obrera casi segura por el proceso de reestructuración anunciado, Aguilar explicó que ya se planteó que los despidos se realicen cumpliendo indicadores de experiencia o capacidad de trabajo y no por temas políticos.

Durante su presentación ante los medios el sindicalista expresó que el proceso de transformación servirá para ponerle un alto a los generadores de energía que venden “el sol y el aire” más caro de Centroamérica por una ley que condena la ENEE.

Cuestionó que se traslade en la tarifa “el costo real” a los usuarios y el pueblo quien le ha pagado por más de 15 años las plantas generadoras y ya es tiempo que se le permita a la Estatal competir en igualdad de condiciones.

“La EENE vende un kilovatio a cuatro centavos y lo está generando, trasmitiendo y distribuyendo, entonces por qué los generadores renovales bajo proyectos amañados vamos a comprar un kilowatt a 17 centavos de dólar, eso es inaceptable”.