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TEGUCIGALPA, HONDURAS

Una corte de apelaciones anticorrupción determinó anular un fallo contra los exdirectivos del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) acusados por varios delitos.

Sobre el tema, el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, indicó que el organismo de alzada dictaminó declarar la nulidad de un fallo contra los exdirectivos del organismo y pidió al juez de primera instancia que dé una explicación al respecto.

«Se ha notificado a las partes respecto a la resolución ya que se declaró la nulidad por falta de motivación de los fundamentos de hecho y derecho y se desestimaron las excepciones y las pruebas admitidas durante la audiencia inicial sobre la participación de los imputados (en la compra de la maquinaria», expuso.

Aseveró que por petición de los magistrados de apelaciones, cuando se reciban los recursos de las partes acusadora y defensora, deberán estar apegadas a derecho para que los procesos contra los exdirectivos «sigan sin problemas».

En consecuencia, el togado podrá emitir otra resolución sin necesidad que de exista una notificación hacia las partes procesales.

Cabe recordar que unos diez exmiembros de la directiva del IHSS se encuentran procesados judicialmente por varios delitos relacionados con la compra de maquinaria médica quirúrgica a una empresa capitalina.

Por la causa se encuentran imputados Óscar Arnaldo Carranza,
Benjamín Bográn, Leonardo Villeda Bermúdez, Fabricio Valentín Vásquez, Javier Pastor, José Hilario Espinoza, Carlos Montes Rodríguez, Armando Villatoro, José Manuel Espinal y Humberto Lara.

Los acusados se encuentran con medidas sustitutivas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exdirector del IHSS, Mario Zelaya, y los ex subsecretarios de Trabajo y Salud, Carlos Montes y Javier Pastor, de manera respectiva, serán informados este miércoles sobre la pena que deberán purgar por lavado de dinero y recepción de sobornos respecto al megafraude contra el organismo de seguridad social.

Se tiene previsto que la lectura de la condena se efectúe la tarde del miércoles contra los imputados, por lo que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) estimó que este fallo «marcará en la historia de Honduras, un antes y un después en el modelo de investigación y persecución penal estratégica en delitos de alto impacto social».

En el caso denominado coimas a viceministros, fueron hallados culpables Zelaya, Montes y Pastor, ya que se logró probar que recibieron hasta 51 millones de lempiras «a cambio de agilizar pagos consecuencia de los contratos suscritos entre empresas privadas y el IHSS».

«Tales operaciones financieras nacionales e internacionales que provocaron la incorporación de recursos de fuente ilícita al sistema bancario hondureño, comenzaron en el año 2011 a raíz que Mario Zelaya solicitó millonarias coimas a la Compañía de Servicios Múltiples (Cosem) para que Javier Pastor y Carlos Montes» pudieran agilizar contratos de prestación de servicios.

Los dos exfuncionarios, quienes eran miembros de la denominada Comisión de Verificación del contrato denominado Contratación de Servicios Profesionales de Organización, Digitación, Automatización, Sistematización de Archivos y Bases de datos de Planillas y Tarjetas de Afiliación de la Cuenta Individual del IHSS, «les aligeraran los trámites y no les pusieran ninguna objeción al momento de efectuar los pagos. Tal contrato ascendió a 376 millones 318 mil 250 lempiras o 19 millones 775 mil 000 dólares».

Lo anterior, derivó en una serie de transacciones atípicas que el Ministerio Público logró documentar, pese a que los funcionarios trataron de ocultar su origen ilícito, siendo beneficiado Mario Zelaya con dos millones 131 mil 924 dólares a través de pagos a las empresas C&M Motors (28 mil 200 dólares a compañía constituida en EEUU por su hermano Carlos Zelaya).

Asimismo, se registraron pagos a una empresa llamada Tour Operadora (20 mil 000 dólares para compra de pasajes), Inversiones Novaterra (513 mil 040 dólares para compra de inmuebles), Inversiones y Desarrollo Ética (359 mil 000 dólares para compra de inmuebles).

Otras compañías como Mahony Title Land Service recibió un millón 080 mil dólares para compra de bienes en EE.UU. y Reasa por cinco mil 684 dólares para compra de vehículo, así como pagos a Mario Zelaya Palencia por 21 mil dólares, Vanessa Velásquez Lanza por un total de 70 dólares y a la chilena Natalia Patricia Ciuffardi Castro, quien obtuvo 35 mil dólares.

Por su lado, Javier Pastor recibió dadivas de 235 mil dólares de las cuales 85 mil fueron en transferencias directas a su persona y 150 mil a nombre de Mariscos Hybur un negocio propiedad de la familia de la esposa, mientras que Carlos Montes se favoreció de forma ilegal con 150 mil dólares que le fueron transferidos a través de un empresario residente en EE.UU. de nombre Carlos E. García (cuñado del encausado).

«En base a estos hechos, la UNAF solicitó el 5 de abril de 2017 que se imponga a los sentenciados una pena máxima de 24 años de reclusión, 20 por lavado de activos y 4 por cohecho pasivo impropio», por lo que el tribunal nacional de sentencuias, se pronunciará sobre la condena contra los tres acusados.

TEGUCIGALPA, HONDURAS  

La Comisión de Dictamen de la reforma al artículo 115 de la Ley General de Administración Pública, que se aprobó anoche en primer debate, decidió suspender la discusión porque iniciarán un proceso de con consultas con sectores obreros y empresariales antes de continuar con el segundo y tercer debate, según la diputada Doris Gutiérrez podría estar gestándose otro pacto de impunidad.  

Sobre el tema,  Gutiérrez mencionó que desde el Congreso pretenden darle atribuciones supernumerarias al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) quitándole “en alguna medida” funciones a la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público.

Según la entrevistada, con la reforma por adición al artículo 115 del decreto 146-86, quieren que  “una serie de delitos incluso dolosos, culposos cometidos por funcionarios puedan ser resueltos a través de un proceso civil, administrativo o penal por el TSC”.

En ese sentido la congresista por el Pinu expresó que el órgano contralor no tiene funciones del  tipo penal y por la “rapidez con que leyeron la reforma” que ni siquiera “apareció en el ordenador” se debe realizar un análisis profundo porque podrían estar tramando otro pacto de impunidad.

“Me pongo en alerta, pero como les digo, nosotros solo lo que escuchamos porque no tenemos los documentos nos queda de tarea conseguirlos y hacer las observaciones del caso, no permitiremos que se sigan generando desde el Congreso medidas que pudieran liberar a muchos funcionarios de procesos que están sometidos”, mencionó.