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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El penalista Dagoberto Aspra, indicó que la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, tiene aspiraciones políticas, pues su comportamiento se debe a un posicionamiento de los asesores de imagen.

Aseguró que “ella estuvo en una manifestación política donde llegaron muy pocas personas con otros actores políticos y podemos definir que puede tener un objetivo”.

El exjefe de la unidad de investigaciones del CNA recalcó que el comportamiento su excompañera de trabajo, ha cambiado ya que se dedica a atacar a señalados por corrupción mediante las redes sociales.

“Utiliza plataformas sociales como Twitter y atacar de manera personal hechos y personas señaladas ya que obedece a un plan estratégico que tiene de posicionamiento de medios”, agregó.

Aspra, dijo que era lamentable que la asamblea del CNA tenga temor de la actual directora porque suele tener reuniones con funcionarios norteamericanos, por lo que termina imponiendo su voluntad.

En su momento, el excoordinador general de la denominada instancia de sociedad civil, José María Díaz, fustigó a Castellanos por partidizar los ideales del organismo por lo que le mandó a decir que se abstuviera de utilizar su cargo para participar en mitines políticos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

(Spútnik) El canciller hondureño, Lisandro Rosales, negó que las negociaciones entre Tegucigalpa y Washington contemplen la designación de Honduras como un tercer país seguro.

«Contrario a algunas publicaciones, las pláticas con EEUU no contemplan a Honduras como un 3er país seguro. La agenda se enfoca en seguridad regional, promoción de inversiones y oportunidades y programas de empleo temporal que promuevan una migración regular, segura y ordenada», publicó Rosales en su cuenta de Twitter.

​Para demostrarlo, el canciller adjuntó un comunicado conjunto emitido al término de un encuentro que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mantuvo el 26 de agosto pasado con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Kevin Mc Aleenan.

El concepto de tercer país seguro, surgido a raíz de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), define al Estado que acoge a personas rechazadas por los países donde solicitaron asilo originalmente.

Según la Convención de Ginebra, este destino final tiene que garantizar que los solicitantes de asilo no sean retornados a su país de origen, asegurar el derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación, y reunificación familiar.

Para Estados Unidos, un acuerdo de tercer país seguro con México y naciones centroamericanas permitiría denegar asilo a los migrantes que transitan por su territorio.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández pretende castigar a los colegios, alumnos y docentes, incluyendo a padres de familia con fuertes sanciones en caso que pidan la salida del inquilino del palacio José Cecilio del Valle o porten pancartas con denuncias de corrupción en las que están involucrados altos funcionarios estatales durante los desfiles colegiales que se realizarán el próximo domingo 15 de septiembre.

En otras palabras, gritar consignas como Fuera JOH o no saludarlo durante el tránsito de las bandas en el estrado principal acarrearía nefastas consecuencias, según las normas aprobadas por la Secretaría de Educación, dirigida por el ingeniero agrónomo Arnaldo Bueso.

En la edición 35,024 del diario oficial La Gaceta, del 16 de agosto de 2019, indica que las sanciones serán calificadas desde leves hasta muy graves, que acarrearán multas que van desde el cinco hasta el 10 por ciento del sueldo de los docentes, hasta suspensión de labores sin goce de salario entre ocho y 30 días calendario. En el peor de los casos, los castigos podrían llegar hasta un año sin derecho a sueldo y degradación del cargo o la destitución sin el pago de los respectivos derechos laborales.

«La sanción será aplicada a la gravedad de la falta… y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal», reza el artículo 27 de la controvertida norma aprobada por Bueso.

Con relación a las faltas, el secretario de Educación ordenó que las mismas serán graves cuando «abandonen el desfile patrio sin la debida autorización, ejecuten música con contenido político, proferir palabras obscenas y utilizar señas indecorosas hacia las autoridades y público en general; provocar o participar en riñas que no trasciendan en escándalo».

También serán sujetos de sanción el hecho de «detener o perder injustificadamente la distancia entre un centro educativo y otro; no acatar las instrucciones de la comisión de evaluación y disciplina encargada de cada bloque, cuando se pierde la distancia de los mismos o se excedan los tiempos asignados para el recorrido y no hacer el saludo correspondiente frente al Estrado Principal o Tribuna de Honor, donde está ubicado el pabellón nacional».

Además, entre las faltas que abren paso a una inminente represión contra el magisterio opuesto al régimen está «no presentarse a la hora establecida en la convocatoria; no presentarse al desfile patrio sin causa justificada; desobediencia manifiesta e irrespeto por parte del personal administrativo, docente y educandos de los centros educativos, hacia las autoridades que coordinan el evento».

La finalidad de Bueso, es quedar bien con su superior, en el sentido que aplicó algunas reglas que podrían desatar una ira incontenible entre maestros, alumnos y padres de familia, ya que conculca algunos derechos como asistir de manera masiva a estas marchas, en el sentido que se pretende penalizar el exceso de participantes establecidos para cada centro educativo y presentar menos de la cantidad mínima establecida en la guía».

No se tolerará portar pancartas, vestuario, leyendas, accesorios y otras manifestaciones que exhiban contenidos políticos o partidistas ajenos a la temática del desfile; proferir insultos «contra la imagen y el honor de las autoridades representativas de los tres poderes del Estado y autoridades departamentales y municipales; ejecutar música con fines políticos partidistas; desfilar con personas que no estén legalmente matriculadas en el centro educativo que representan y quedarán descalificados de cualquier premiación».

Este reglamento pretende ahogar cualquier reclamo contra Hernández y altos funcionarios del régimen señalados por nexos con el narcotráfico y la delincuencia organizada; el mismo gobernante ha enfentado masivas protestas que exigen su salida por las imputaciones que van desde el drenaje de recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) hasta fuerte vínculos con cárteles de la droga, quienes habrían financiado la campaña nacionalista en las elecciones de 2013 y 2017.

En los últimos años, el Ejecutivo ha gobernado el sistema educativo con puño de hierro y, para muestra un botón, ha expulsado a reconocidos dirigentes gremiales opuestos a las agresivas políticas de desarticular un aguerrido movimiento magisterial que ha estado en las calles tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y que se reactivó en los últimos meses ante la intentona de privatizar el sistema de enseñanza.

Las bases han venido denunciando una grave vulneración de sus derechos, pues se les ha sometido a arbitrarias audiencias de descargo a fin de ser despedidos, extremo que ha enervado a este gremio que se ha sumado a las voces que piden la renuncia de Hernández.

Confidencial HN