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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los exdirectivos del Colegio de Abogados de Honduras, dirigidos por Olvin Mejía Santos, fueron hallados culpables por haber drenado unos 30 millones de lempiras, según dictaminó hoy un tribunal de sentencias anticorrupción.

Uno de los que fue procesado en esta causa, Roberto Andrés Romero, fue absuelto por los jueces por lo que se pidió al sistema penitenciario tramitar su salida inmediata de la prisión.

Se citó a los encausados para la individualización de la pena a partir del próximo 26 de septiembre a las 9:00 de la mañana y las penas oscilarán entre los ocho y 16 años de cárcel.

Al respecto, el portavoz judicial Carlos Silva precisó que el expresidente del gremio Olvin Mejía fue hallado culpable por apoderarse de fondos privados de jubilaciones y pensiones, mientras que el exgerente Josué Argeñal se le halló responsabilidad por el mismo delito.

Asimismo, uno de los implicados, Héctor Andino, fue declarado culpable a título de cómplice necesario; con relación a Óscar Reinaldo Casco, Pastor Eliut Valladares, Francisco Valladares y Rossel Euraque se les halló responsabilidad penal por cómplices en la trama.

Los acusadores privados y representantes del Colegio de Abogados dejaron claro que la finalidad es recuperar más de 400 millones de lempiras que fueron robados en gestiones anteriores, por lo que están dando seguimiento a las causas abiertas por la justicia.

Los imputados, a excepción de Romero, seguirán recluidos en la Penitenciaría Nacional de Támara por mandato judicial.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La magistrada de apelaciones Delmi López, se sometió hoy a la audiencia inicial ya que es imputada en la trama corrupta Shalom que buscaba dejar en libertad a dos primos mafiosos del exconcejal y ahora reo Teodoro Bonilla.

La actual funcionaria se encuentra en los juzgados penales capitalinos en la referida audiencia a fin de responder por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

En esta etapa se definirá si López es sobreseida o si prosigue la causa en su contra, pues el Ministerio Público asegura contar con evidencias que servirán para declararla culpable por la comisión de tales ilícitos y pague una pena de prisión.

Cabe recordar que Bonilla fue condenado a seis años de prisión ya que se logró demostrar que presionó tanto a la magistrada como a la exfuncionaria Liz Núñez, a quien se la condenó por abuso de autoridad, pero logró recobrar su libertad ya que pudo conmutar la pena.

El exconcejal se encuentra recluido en una unidad militar de la periferia sur capitalina desde 2017, cuando el tribunal que lo juzgó decidió responsabilizarlo por presionar para la salida de dos primos que lavaron más de 100 millones de lempiras al tener como fachada el autolote sampedrano Shalom y jamás lograron justificar la procedencia del dinero.

La fiscalía para el enjuiciamiento de funcionarios judiciales hallón elementos que conecta a los tres con el ilícito, por lo que procedió a emitir requerimientos a fin de que se dedujeran responsabilidades.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La junta depuradora policial jamás pudo investigar los vínculos del exoficial Mauricio Hernández Pineda, confesó hoy el integrante de la comisión Carlos Hernández.

Y es que el organismo decidió en 2017 sacar de la fuerza al acusado por un tribunal federal de Nueva York de tener nexos con el narcotráfico por haber ayudado a Juan Antonio Tony Hernández en la movilización de toneladas de estupefacientes rumbo a EE.UU. por lo que en los próximos días podría ser solicitado en extradición-

Al respecto, el controvertido depurador se limitó a decir que «no tenía los documentos probatorios que podría sustentarse en un juicio, pero se sacó de la institución como ocurrió con otros”.

Argumentó que recurrieron al estribillo de no idóneo para el cargo a fin de echar a Hernández del cuerpo policial, aunque informaciones extraoficiales indican que el subcomisionado permaneció en disponibilidad (sin funciones específicas) hasta ser quitado de la nómina.

Asimismo, dijo que «no sabía» que el exfuncionario tiene parentesco tanto con Tony y el titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández.

Entrelíneas, el depurador admitió que fracasó por no hacer una exhaustiva investigación que pudiera determinar que el exoficial tenía relación con la delincuencia organizada.

Cabe recordar que el fiscal federal neoyorquino Geoffrey Berman acusó criminalmente a Hernández ante el juez Kevin Castel, por lo que se enfrenta a una pena que oscila entre los 10 años y cadena perpetua.

A última hora del miércoles, la defensa de Tony emitió un comunicado en el que negó que el imputado tuviera lazos sanguíneos con los hermanos Hernández Alvarado.

Confidencial HN