Friday, Sep 20, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Es primer caso donde se le expone de esa manera a un profesional de la medicina”, manifestó el presidente temporal del Colegio Médico de Honduras, Cesar Ponce respecto a la captura de la cirujana Ingrid del Cid Oyuela efectuado la semana anterior por el Ministerio Público.

Refirió que el gremio le dará a acompañamiento al proceso de denuncia por violación a los derechos humanos.

“Vamos acompañar en todo el proceso a la doctora, con las instancias legales, nacionales, también  el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos brindará apoyo en el debido proceso internacional en caso de que no se pueda resolver la petición de la doctora”, aseguró.

Del Cid se apersonó la semana pasada al Conadeh a establecer la denuncia que va a llevar su respectivo proceso dentro de este órgano, informó.

Según Ponce, es la primera vez que se observa un caso donde se expone de forma indigna a un profesional de la medicina.

“Este es el primer caso donde a un médico se le violentan los derechos humanos como a una persona que se le viene siguiendo un proceso judicial, no conocemos de otro caso en particular. Pero estamos en vigilancia y como colegio buscamos salvaguardar la protección”, indicó.

Agregó que “hemos visto a través de las redes sociales un manejo de información que deja mucho al descubierto la integridad de las personas, que menores de edad se quedan al descubierto mientras se le sigue un proceso ya siendo culpable o no, nos parece que eso debe de tenerse con mayor respeto a las personas”, opinó.

Referente  a los médicos que han sido denunciados por mala praxis, Ponce explicó que los procesos de justicia se han llevado de forma normal, por tal razón este caso los ha llenado de indignación.

“Dentro del Colegio Médico llegan las denuncias a través de los pacientes; de los colegas, de los órganos administrativos e instituciones, existe un tribunal de honor que lleva toda este incidente, pero  necesitamos ante todo salvaguardar la integridad de nuestros colegas y damos el apoyo necesario para que ellos puedan llevar los debidos procesos, sin violentar  sus derechos”.

“Es la primera vez que se observa  tanta violación de derechos ante una exposición de un profesional de la medicina. Creemos que el derecho a la inviolabilidad humana es fundamental”, reiteró.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Organizaciones feministas calificaron este día  como “indignante y reducido” el  presupuestado destinado al Ministerio Público  para la investigación de casos de femicidios en Honduras.

La representante del Centro de Estudios de la Mujer, Suyapa Martínez, expresó su preocupación referente a la alta demanda de casos de femicidios y que en el marco de la discusión y la aprobación del presupuesto general de 2019, ya esté etiquetada una asignación que es muy baja.

“Estamos sumamente preocupadas dado de que formamos parte de la comisión interinstitucional de seguimiento y muertes violentas en donde recientemente se hizo su lanzamiento y este es una lucha de las mujeres”, afirmó.

Prosiguió que “desde 2016 se concretó la conformación de la comisión y allí existe un compromiso del poder ejecutivo de  su máximo representante de asignar recursos para el funcionamiento y las acciones, sin embargo de un presupuesto de 234.8 millones de lempiras que fue enviado de la Coordinación de Gobierno a la Secretaría de Finanzas, podemos ver que solo se ha etiquetado como 20 millones para la demanda que existe».

Añadió que “esta es una cifra desde nuestra perspectiva indignante, reducida, porque la demanda para el Ministerio Público para las unidades de investigación, es de 185 millones”.

Las entidades integrantes del comité contra los femicidios presentaron un presupuesto a coordinación General de Gobierno por 234  millones 849 mil 994 lempiras y 36 centavos.

Este presupuesto incluyen acciones de prevención desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Instituto Nacional de la Mujer (Inam) y en el ámbito de la investigación el Ministerio Público con recursos solicitados para ampliar cobertura de las unidades de investigación de muertes violentas de mujeres, femicidios tanto en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Dirección de la Policía.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La exsecretaria de DDHH, Ana Pineda, señaló que violentar el debido proceso de justicia es parte de una política “criminal de Estado” en referencia a la cirujana Ingrid del Cid Oyuela detenida por el Ministerio Público la semana anterior por supuesto homicidio culposo.

Y es que en reiteradas ocasiones los entes de seguridad y justicia han emprendido acciones que violentan los derechos humanos, lamentó la jurista.

“Que las autoridades estén trastocando el debido proceso es algo que no me explico, creo que es en el marco de una política criminal de Estado de mano dura donde creen que presentando a las personas como culpables de un determinado hecho van a disuadir”, criticó.

A su juicio, al violentar el proceso de justicia los mismos entes de seguridad podrían afrontar señalamientos por incurrir en irresponsabilidad.

“Lo que están haciendo es que el Estado incurra en responsabilidad y que podría conllevar otras consecuencias, porque existen vídeos, fotografías y noticias en todos los medios. En otros países del mundo, ni siquiera se establecen los nombres de las personas van con tachaduras para poder salvaguardar su dignidad humana”, advirtió.

Pineda dijo que el Colegio Médico procedió de manera coherente al emitir la denuncia correspondiente ante los órganos defensores de derechos humanos.

“Creo que el Colegio Médico ha sido bien enérgico, donde se le pide al defensor del pueblo que actué bajo su mandato constitucional, para velar por los derechos fundamentales”, exteriorizó.

La docente universitaria sugirió que “hay que darle seguimiento a esta investigación que va hacer el Conadeh, quien puede emitir un informe con recomendaciones, ante las autoridades y decirles que tomen medidas correctivas en  este caso”.

“De igual forma la Fiscalía de Derechos Humanos está obligada de tomar las medidas para velar que estos hechos no se produzcan, y no solo contra personas profesionales; contra una doctora un abogado, sino contra toda persona independientemente de quien sea se les debe respetar su dignidad humana”, concluyó.