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TEGUCIGALPA, HONDURAS

Seis policías y un alto empresario hondureño, del cual no se reveló su nombre, serán extraditados a los Estados Unidos en las próximas semanas por su vinculación a la narcoactividad, confirmó hoy el titular del Poder Judicial, Rolando Argueta.

Los policías, al igual que el empresario son acusados de traficar drogas hacia Estados Unidos y son reclamados por la justicia de ese país para ser juzgados por conspirar para introducir más de cinco kilogramos de drogas y podrían purgar penas entre los 10 y 40 años de prisión y, en extremo, cadena perpetua.

El pleno el Poder Judicial se reunirá de emergencia este miércoles para escoger al juez natural que conocerá las siete solicitudes de extradición, dijo Argueta.

El jefe del Supremo no se atrevió a adelantar cuánto tiempo duraría el tramite de extradición y al preguntarle sobre el empresario, respondió de manera muy escueta que “se trata de un ciudadano particular, que no ha ostentado ningún cargo público; le hemos dado lectura al contenido de la solicitud que es muy específica en ese punto”.

La expatriación de los seis oficiales de policía (uno se encuentra prófugo) y la del empresario se realizaran en forma separada, aseguró Argueta, que espera que mañana se dilucide cuál será el futuros de los requeridos por la justicia estadounidense.

En círculos oficiales trasciende que podría tratarse de un reconocido empresario de la costa norte hondureña, vinculado a élites políticas y empresariales del país al que se le vincula en el lavado de activos producto de la narcoactividad y que habría conspirado para introducir droga a EE.UU.

El diputado Bartolo Fuentes, del opositor partido Libertad y Refundacion (Libre), fue agredido este sábado por efectivos policiales y militares que desalojaron a un grupo de ciudadanos que se apostaron en protesta en la autopista que conecta El Progreso y San Pedro Sula.

Fuentes participaba en una protesta acompañando a los pobladores del vecino municipio de San Manuel, quienes han mantenido enérgicas tomas por la construcción de una caseta de peaje y que afectará el comercio entre ambas ciudades.

De acuerdo a la información proporcionada por el afectado, cuando ellos se apostaron frente a la caseta de cobro del peaje, un fuerte contingente de elementos del orden público procedieron a desalojarlos en forma violenta.

Fuentes recibió varios golpes en distintas partes del cuerpo que obligó a sus compañeros de protesta llevarlo a un clínica médica privada para atenderlo de emergencia.

No es la primera vez el gobierno hondureño recurre a la fuerza policial y militar para desalojar a vecinos de esa comunidad que están opuestos que la empresa Concesionaria Vial (Covi), quien administra las carreteras de Honduras, cobre peaje por permitir la circulación vehicular por ese corredor.

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Tegucigalpa, Honduras

Mas de 30 universitarios detenidos y varios golpeados, es el resultado final de un violento desalojo producido este día por militares y policías en la Universidad Nacional autónoma de Honduras (UNAH)

La desocupación obligatoria  se inicio a las seis de la mañana luego de que llegara un juez ejecutor con una supuesta orden judicial que obliga a las fuerzas del orden publico a ingresar a los predios de la Universidad en donde se encontraban unos mil estudiantes que mantenían retenidos varios edificios de distintas carreras universitarias.

El sector estudiantil tomo la máximas casa de estudios desde hace un mes exigiendo la derogación de una serie de medidas administrativas y reformas  académicas, que según su óptica, les afecta sus intereses, especialmente al negárseles el derecho que tienen a la paridad estudiantil.

De acuerdo a lo que informaron dirigentes del movimiento de los estudiantes sin identificarse debido al temor de las represalias, los militares y policías en un aproximado del millar, ingresaron al campus universitario desalojándolos violentamente en cada uno de los edificios «nos quieren quitar la capucha» grito unos de los jóvenes refiriéndose a el protector de rostro que andan en sus rostros para evitar según dicen ellos mimos; no ser identificados ni fichados por las fuerzas del orden publico.

Una acción de esta naturaleza no se había observado en la UNAH por décadas, aún en los años ochenta cuando se en esta región centroamericana se vivía bajo a doctrina de seguridad nacional impuesta por las confrontaciones ideológicas derivadas de la llamada «guerra fría»

«Estamos detenidos aquí en la DPI» (Dirección Policial de Investigación), denuncio a la capitalina Radio Globo, la dirigente estudiantil Alexandra Raquel, que junto a sus hermanos Andrea María y Emilio Flores Sosa fueron sacados de la universidad y  trasladados a la posta policial de la Colonia Kennedy, al oriente de la capital, Tegucigalpa

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Un fuerte grupo de defensores de Derechos Humanos llegaron hasta los predios del alma mater a donde se llevaba a cabo el desalojo y denunciaron que as autoridades policiales y judiciales en ningún momento mostraron una orden de desalojo  mucho menos ordenes de aprensión en contra de los jóvenes   es ilegal, se violenta la autonomía universitaria, no hay órdenes de captura» reclamo Wilfredo Méndez, del Centro de promoción de los Derechos Humanos Honduras.

Por su pare a rectora de la Universidad, Julieta castellanos, justificó el violento desalojo, alegando que no se podía permitir que  por culpa de estos «revoltosos»  se pierda el periodo académico y poner en riesgo la culminación del año académico, castellanos acostumbra en todas sus comparecencias publicas de calificar a los dirigentes estudiantiles de «revoltoso, agitadores o de encapuchados», calificaciones que los estudiantes las consideran estigmatizantes de mucho riesgo para sus vidas