Thursday, Aug 22, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El secretario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Alejandro Martínez, se retractó de su postura de dar como válida la relección presidencial con el fallo emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); ahora confirma que debe esperar lo que decidan las autoridades políticas hondureñas.

Dijo que «nosotros queremos esperar, no vamos a decirle si se violentó o no la Constitución; no le voy a decir si el fallo de la CSJ es legal o ilegal, para mí los fallos de la Corte Suprema de Justicia, son fallos estrictamente legales».

Martínez detalló, que una vez que decidan las cúpulas políticas, se deberá implementar cualquier mecanismo que se acuerde y que ordene el Congreso Nacional, confirmando que no se pueden pronunciar sobre legalidad o no de la reelección presidencial porque ellos no tienen ni conocen la sentencia del Poder Judicial.

Ahondó que no sabe si el Poder Legislativo reglamentará o realizará un plebiscito para avalar tal figura o los mecanismos que la clase política abordará al respecto. Se considera, añadió, aislados del tema, hasta que vayan a la inscripción de movimientos o candidatos.

«Vamos a decidir en su momento, con los documentos que presente quien aspire a la reelección o quien aspire a cualquier cargo, la ley es clara y dice cuáles son los requisitos para ir a un cargo de elección popular, es un acto que se dará hasta noviembre en el tribunal, pero de aquí a esa fecha, puede el Congreso estipular otra cosa», explicó.

Asimismo, señaló que ante las actividades que realizan uno u otro partido político, no pueden adelantarse mientras no sepan lo que van a decidir las fuerzas políticas del país, y ante el desconocimiento del fallo de la Corte, no pueden decir u opinar nada respecto a la reelección presidencial.

 

 

TEGUCIGALPA, HONDURAS    

El parlamentario y subcoordinador de Libertad y Refundación (Libre), Esdras López, exigió hoy que se le respeten sus derechos políticos para repetir en el cargo a pesar que ya se cerró el periodo de inscripción de candidatos.

Luego de haberse reunido con autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el congresista y director de Canal 36 indicó que espera que Libre le respete sus derechos políticos, en especial, de elegir y ser electo.

Aprovechó la reunión para promover la papeleta en la que pide que se suspenda la amnistía aprobada en 2010 por el Parlamento para quienes cometieron actos de corrupción, en particular, contra los miembros del gobierno de Manuel Zelaya.

Al respecto, dijo que la amnistía “está favoreciendo a un montón de gente en impunidad después de los sucesos de 2009. Muerte, violaciones a los derechos humanos, atentados a los medios de comunicación, actos de corrupción en el Poder Ciudadano y hay que enfrentar eso, el que no la debe no la teme y los que respetamos el debido proceso debemos someternos a la ley”.

Anunció que realizará trámites para que los poderes Legislativo y Judicial eliminen del perdón a exfuncionarios del gobierno de Zelaya que habrían incurrido en presunta corrupción.

Denunció que su compañero de dirección mandó una sentencia del Tribunal de Honor de Libre que desconoce su militancia.

López señaló que está dispuesto a debatir el controvertido tema de la reelección presidencial y está dispuesto a reglamentarla junto a las otras bancadas; arremetió contra el coordinador de Libre al responsabilizarlo de la crisis que padece la institución aunque dijo que “la unidad en el partido es granítica”.

Aseguró que “todo lo que pasa en Libre es porque voté a favor de la Corte Suprema de Justicia para que el país tenga paz y tranquilidad. Ese es el lío, Mel quería el caos en Honduras, está incitando a la violencia, quiere las AK-47, quiere boicotear las elecciones”.

Tanto López como Zelaya han tenido fuertes encontronazos por diferencias irreconciliables. El dueño de Canal 36 ha acusado a “Mel” de querer “impedir las elecciones” y el expresidente lo ha tildado de “cínico” y  “sinvergüenza” luego de atacar a su familia, según declaraciones del veterano periodista.

En tanto, el exgobernante ha respondido a los señalamientos del subcoordinador de Libre al decir que “el político que no acepta ese tipo de ataques, es mejor que no se meta, que se quede en su casa chineando a su mujercita y a sus chigüines”.

“Hoy algunos amigos están con uno y lo defienden, mañana están en contra de uno y lo atacan, ese es un proceso natural”, aseguró en su momento el exgobernante.

TEGUCIGALPA, HONDURAS    

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, volvió a atacar a la oposición por haber propuesto a las Fuerzas Armadas que disuelva el todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

En una reunión de gabinete de gobierno realizado en la occidental ciudad de Gracias, el presidente aseguró que un líder político pidió que exigió al brazo armado del Estado que desarticulara el consejo y lo consideró un “retroceso”.

Dijo que “espero haber equivocado lo que escuché, es decir, no capté quizás bien, pero si fuera cierto lo que aparentemente se dijo, esto sería un retroceso tremendo, sería como regresar los militares a sus cuarteles y que no hicieran el trabajo que están haciendo hoy”.

El jefe de Estado consideró como “acto delictivo” pedirle a las FFAA que disuelva el organismo de decisión y sería enviar a los militares a sus cuarteles.

Mucho más: Asesor hondureño Ebal Diaz confronta al congreso de EE.UU.

“Si se le plantea esto a las Fuerzas Armadas –añadió–, es como estarle pidiendo que cometa un acto delictivo” y explicó que por primera vez se trabajaba de manera coordinada con los organismos de seguridad, inteligencia y operadores de justicia para combatir el crimen.

En su exposición ante el gabinete de gobierno, sostuvo que “es importante darnos cuenta de dónde venimos, por qué llegamos a ese problema, para que no volvamos a cometer el mismo error; hay que aprender de los errores, son 20 años que se nos descompuso la cosa y no podemos darnos el lujo de volver a eso”.

Hernández preside del todopoderoso consejo, quien determina las políticas de seguridad y puede ordenar al Legislativo y Poder Judicial que no entregue información que «comprometa» a la actual gestión.

Esta declaración surge a dos semanas que el Congreso de EE.UU. introdujera la discusión de la “Ley Berta Cáceres” que, de ser aprobado, implicaría colosales recortes en la asistencia financiera a las fuerzas de seguridad, por lo que los militares tendrían que volver a las barracas.

La postura del presidente Hernández coincide con la actitud confrontativa de su asesor Ebal Díaz, quien confrontó al legislativo estadounidense al exigir que se desmilitarice la seguridad ciudadana.