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LA PAZ, BOLIVIA

(Sputnik) La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, partió de retorno a su país, al día siguiente de que La Paz la declarara persona no grata y le diera plazo de 72 horas para dejar la nación sudamericana, reportaron medios locales.

«Está abandonando el país la embajadora de México, seguramente tiene disposiciones de su Gobierno», dijo a reporteros el comandante nacional de la Policía, coronel Rodolfo Montero, citado por medios locales.

El Gobierno de Jeanine Áñez anunció el 30 de diciembre la expulsión de Mercado, la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, y otros diplomáticos hispanos, acusándolos de violar normas internacionales a causa de un confuso incidente en torno a la residencia diplomática mexicana en La Paz, donde están refugiados varios miembros de la pasada administración de Evo Morales.

El comandante policial, quien acompañó a primera hora a la embajadora Mercado hasta el aeropuerto de El Alto, donde según fuentes aeronáuticas la diplomática tomó un vuelo comercial a Lima, Perú, aseguró que la representante mexicana no había sido objeto de inspecciones extraordinarias.

Mercado se trasladó al aeropuerto en «un vehículo diplomático y los tratados internacionales no permiten que hayan revisiones a las propiedades que tienen México en Bolivia», dijo.

Pero un canal local de televisión, Red Uno, reportó que activistas contrarios al pasado Gobierno de Morales sí revisaron el vehículo de Mercado y los de varias otras personas que la acompañaban, supuestamente mexicanos, en las afueras de la residencia de la diplomática.

«La Embajadora María Teresa Mercado ha accedido a que hagamos la revisión de su vehículo sin ningún problema», relató una activista, no identificada por el canal.

La Policía, que mantiene desde hace más de un mes un fuerte cerco sobre los inmuebles diplomáticos mexicanos, no interfirió la acción de los activistas, según los medios.

«Se ha permitido que pasen los vehículos de una manera corriente excepto cuando hemos visto vecinos de nacionalidad mexicana, se los ha requisado porque ésa es una consigna que tenemos nosotros», dijo la activista entrevistada.

En la Embajada mexicana en La Paz están refugiados varios miembros del pasado Gobierno de Morales, entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien la administración de Áñez acusa de sedición y terrorismo.

La canciller Karen Longaric ha dicho reiteradamente que Bolivia no dará salvoconductos a esos refugiados para que se acojan al asilo en México.
El incidente que provocó las expulsiones fue un intento de ingreso de agentes de seguridad de la Embajada española a la residencia mexicana, ocurrido el viernes pasado, que fue calificado por el Gobierno local como un supuesto intento de facilitar la fuga de las exautoridades refugiadas.

Los gobiernos de México y España rechazaron esa denuncia y la Unión Europea consideró a las expulsiones como una «medida extrema e inamistosa».

El Gobierno de Áñez, instalado por autoproclamación el 12 de noviembre tras la renuncia forzada de Morales, tiene la misión principal de presidir nuevas elecciones generales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El gerente de Hondutel, Melvin Maldonado, aseguró el viernes que están buscando las opciones para reflotar financieramente a la empresa pública de telecomunicaciones.

Aseguró que es urgente obtener más recursos para modernizar equipos tecnológicos en un corto plazo, por lo que esperan tener resultados positivos.

Detalló que Hondutel ha invertido unos 200 millones de lempiras durante los últimos dos años, no obstante, tal cantidad no es suficiente para poder competir con las dos telefónicas privadas.

A la fecha, prosiguió, presentan un déficit que oscila en 185 millones de lempiras y en la planificación que están realizando buscan obtener unos 100 millones de dólares.

Hondutel dejó de ser la gallina de los huevos de oro desde que en diciembre de 2005 se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones, sumado los actos de corrupción y malos manejos que ha sufrido durante los últimos años.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El expresidente del Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE), Agustín Castellanos, aseguró que la estatal tiene la capacidad de pagar hasta 400 millones de lempiras por demandas laborales. 

Luego de que la justicia diera la razón a un grupo de exempleados que fueron despedidos de manera irregular, el exlíder gremial consideró que se cuenta con tal cantidad de dinero, aunque la alta dirección de resiste a honrar los compromisos adquiridos.

Estimó que por el índice inflacionario, los pagos llegarían a los 25 millones, mientras que para reintegro podría asecender a los 350 millones. 

A pesar de los mandatos judiciales, el gerente de la empresa pública, Jesús Mejía, aún se resiste a cumplir la ley. 

De hecho, el Ministerio Público lo acusó en 2018 cuando desobedeció un fallo que mandaba a reintegrar a una persona, a quien acusó de corrupto, extremo que le valió una querella en su contra.