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TEHERÁN, IRÁN

(Sputnik) El número de fallecidos por el coronavirus en Irán aumentó a 15 personas, mientras que el número de infectados creció a 95, comunicó el portavoz del Ministerio de Sanidad del país, Kianush Jahanpour.

«Hasta la fecha hay 95 casos de infección por el coronavirus, 15 personas fallecieron», afirmó Jahanpour al canal IRINN.

El 24 de febrero se informó de 64 infectados y 12 muertos por el coronavirus en el país persa.

El nuevo coronavirus infectó a más de 80.200 personas y provocó 2.704 muertes, incluidas 39 fuera de la China continental.

La Organización Mundial de la Salud, que mantiene desde finales de enero una emergencia internacional por la propagación del nuevo coronavirus, advirtió el 24 de febrero que es el momento de prepararse para una potencial pandemia.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Asociación de Medios de Comunicación pidió hoy al Legislativo que despenalice los delitos contra el honor.

Mediante una carta girada por el presidente del gremio, Jorge Canahuati, al titular del Congreso Mauricio Oliva, que proceda a derogar del nuevo Código Penal los delitos contra el honor a fin de permitir el libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Si bien la asociación se mostró satisfecha porque se quitaron algunas normas que criminalizaba el papel de los medios, no obstante, pidió que también se proceda a trasladar al ámbito civil los delitos que pudieran incurrir los comunicadores.

El dirigente basó su carta en un pronunciamiento emitido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el 17 de julio de 2019 en cuanto a la preocupación respecto a las penas de cárcel, al tiempo que exhortó al Congreso sumarse a la corriente de desincorporar del Código los delitos relacionados con el papel de los informadores.

Canahuati confió que los 128 diputados procedan a derogar estos apartados que criminalizan el ejercicio del periodismo antes del próximo 10 de mayo, cuando entra en vigencia la nueva norma.

Con esta postura, el organismo que agrupa a los medios de comunicación se suma a las voces que piden el pleno goce de las garantías constitucionales a favor de los periodistas a fin de no ser sujetos de cárcel.

Asimismo, manda un mensaje de respaldo al papel asumido por el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, quien ha venido reclamando respeto al trabajo de sus colegas y el libre ejercicio de la profesión.

Se prevé que esta semana arribe a Honduras el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, para constatar el ejercicio del periodismo y documentar denuncias de ataques contra la prensa.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Sputnik) El anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional que el Parlamento de El Salvador tiene que promulgar antes de este 28 de febrero es criticado por varias organizaciones de la sociedad civil, porque no cumple con mandatos de justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado (1980-1992).

«Un objetivo claro de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa de El Salvador sobre la Ley de Reconciliación es proteger criminales de guerra: impedir condenas de cárcel y proteger sus patrimonios», afirmó el exprocurador David Morales en su cuenta de Twitter.

​Morales, quien encabezó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de 2013 a 2016, señaló que ni el testimonio desgarrador de las víctimas conmovió a los diputados lo suficiente para abandonar su objetivo con la nueva normativa.

El 21 de febrero el diputado Juan José Martel (Cambio Democrático, socialdemócrata), alertó sobre la elaboración de un proyecto «clandestino» que representaría más impunidad para quienes violaron derechos humanos durante la guerra.

«Se ha elaborado un proyecto de ley clandestino, a espaldas de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, e incluso a espaldas de varios partidos políticos en la Comisión Política del legislativo», denunció Martel en un video compartido en redes sociales.

​El actual procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, insistió en que la nueva ley cumpla con criterios de verdad, justicia transicional, reparación y garantías de no repetición, tal como mandató la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al derogar en 2016 la Ley de Amnistía vigente desde 1993.

Tobar señaló que cientos de víctimas, discriminadas por años, exigen una ley que las repare por los daños sufridos durante el conflicto, y que imponga sanciones a los responsables de violaciones de los derechos humanos en ambos bandos.

Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones perpetradas tanto por los llamados ‘escuadrones de la muerte’ (grupos parapoliciales o paramilitares), por el ejército y por la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.