Wednesday, Dec 11, 2019
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WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) La no gubernamental Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció que un grupo de ciudadanos armados de EEUU, que se autodenominan Patriotas Constitucionales, realizan detenciones ilegales a inmigrantes.

«Hace dos noches, una organización de civiles armados que se describía a sí misma como los Patriotas Constitucionales Unidos arrestó a casi 300 personas que buscaban seguridad en Nuevo México. Otros videos parecen mostrar arrestos aún más recientes», indicó ACLU en su cuenta de Twitter.

Los miembros de la organización, que publican vídeos y fotografías de las detenciones ilegales, no son policías y no tienen ninguna autoridad bajo la ley para detener o arrestar a los migrantes, agregó ACLU.

«La Administración [de Donald] Trump ha alentado a los nacionalistas blancos a violar flagrantemente la ley. Esto no tiene lugar en nuestro país, no podemos permitir que civiles armados secuestren y detengan a personas que buscan asilo. ACLU insta a la gobernadora a investigar inmediatamente», añadió.

Por su parte, el portavoz del grupo Patriotas Constitucionales, Jim Benvie, dijo al diario The New York Times que las acciones de su grupo eran legales, comparando la detención de los migrantes con el «arresto verbal de un ciudadano».

Además, sostuvo que su grupo había estado acampado cerca de El Paso (sur) durante los últimos dos meses.
«Estamos aquí para apoyar a la Patrulla Fronteriza y mostrarle a la ciudadanía la realidad de la frontera», dijo Benvie.

Por su parte, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dijo que era «completamente inaceptable» que las familias migrantes «puedan ser amenazadas de cualquier forma cuando llegan a la frontera».

En tanto, el portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza, Carlos Díaz, dijo que la oficina «no respalda a los grupos privados ni a las organizaciones que toman los asuntos de cumplimiento de la ley por sus propias manos».

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Ministerio Público de Honduras anunció el viernes que tiene unos 14 elementos de prueba para enjuiciar a dos personas acusadas de haber ultimado en marzo de 2017 al administrador de una tienda de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), Daurin Dionisio Torres Ábrego.

«Se trata de Luis Enrique Andino Torres y Carlos Enrique Lela Zavala, a quienes el Ministerio Público también los acusa del delito de robo en perjuicio la Empresa de Seguridad de Occidente», indicó el organismo en un comunicado.

Según la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, por este caso, en audiencia de proposición de pruebas, la Sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa admitió todos los medios probatorios propuestos y señaló el desarrollo del juicio oral para los días 02 y 06 de septiembre próximo.

«De acuerdo a las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y coordinadas por la Fiscalía, se establece que el 21 de marzo de 2017 se conoció de la existencia de un cadáver en la (zona denominada) Las Crucitas, a inmediaciones del Cuerpo de Bomberos de la colonia La Haya de Comayagüela, donde se procedió a realizar el respectivo reconocimiento y levantamiento cadavérico de la víctima», destacó el ente.

Se logró concluir que el día de los hechos los enjuiciados transitaban en la zona y alrededor de las 12:00 del mediodía ingresaron al Banasupro, exigiendo el dinero del establecimiento, luego despojaron del arma de fuego al guardia de seguridad y posteriormente dispararon contra la humanidad de Torres Ábrego y huyeron.

WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU presentó un citatorio ante el Departamento de Justicia para obtener la versión completa del informe elaborado por el fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta colusión entre Rusia y la campaña de Donald Trump en 2016.

«He presentado una citación ante el Departamento de Justicia para [obtener] la completa versión del informe de Mueller y la evidencia subyacente. El Departamento está obligado a cumplir con esta citación para el 1 de mayo», señaló el presidente del Comité, Jarrold Nadler, en un comunicado.

El 18 de abril, el Departamento de Justicia publicó el informe Mueller de unas 400 páginas.

El fiscal general de EEUU, William Barr, declaró que la investigación no halló evidencias de que Trump, o su campaña hayan conspirado con Rusia para interferir en las elecciones de 2016.

Desde mayo de 2017, Mueller investigó la supuesta intervención de Rusia en los comicios estadounidenses de 2016.

Además, fueron investigados el supuesto «complot» de Trump y su sede electoral con las autoridades de Rusia, así como las sospechas de que el presidente estadounidense podría obstaculizar esta investigación.
El fiscal especial presentó el informe de su investigación a finales de marzo.

Las autoridades rusas han rechazado enfáticamente las acusaciones de presunta interferencia en procesos electorales, ya sea en EEUU u otros países.