Friday, Nov 15, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre) Gilberto Ríos, cuestionó este martes el trabajo que ha realizado por la MACCIH que ha  desvelado casos muy “limitados” en comparación a otros casos de suma importancia.

Y es que mientras la Maccih presentó un causa de Patuca III donde se sobrevaloraron 4 millones de lempiras, paralelamente  el director de Radio Globo y ConfidencialHN, David Romero, reveló  que la familia presidencial lavaron aproximadamente 4 mil millones de lempiras  a través de la narcoactividad.

“Creo que si es importante lo que hace la Maccih, desgraciadamente el trabajo es muy  limitado , nos parece que no se concentra en temas más importantes por ejemplo en temas del narcotráfico de este gobierno, vemos que hay una clara participación de altos poderes del Estado en altos escándalos de corrupción”.

Sobre este punto, añadió que esto no avanza porque van a parar al Poder Judicial donde sos desestimados. “El pueblo está bastante decepcionado porque la Corte para eso la compraron los cachurecos, una justicia  al servicio de ellos, allí los juicios son frenados y es casi una burla a todo el pueblo y nos falta mucho que trabajar en ese campo”.

Concluyó que “por lo que denunció David Romero, hay razón suficiente para salir a las calles, tenemos compañeros que todavía están en cárceles de máxima seguridad y asesinatos que están en la impunidad y compañeros que están en el exilio y esa represión es la que impide que el pueblo vuelva a la calle, es necesario organizarse”.

 

 

 

 

 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, exhortó al parlamento a rechazar una ley impulsada por los legisladores de la derecha para privatizar la administración del agua.

«Hago un llamado a la Asamblea Legislativa a escuchar el clamor del pueblo, y no aprobar ley que privatice la gestión del agua», publicó el jefe de Estado en las redes sociales Facebook y Twitter.

Agregó que su Gobierno rechaza «contundentemente cualquier tipo de privatización de este bien público», a propósito del ente sugerido por la Comisión de Medio Ambiente del parlamento para administrar el agua.

Tras varios meses sin sesionar, dicha Comisión aprobó el lunes, sin los votos del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), la conformación del ente que controlaría los recursos hidráulicos con la eventual aprobación de una Ley Integral de Agua.

El ente incluiría a tres actores del sector público (los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Universidad de El Salvador) y a cuatro representantes del sector privado (Consejo de Alcaldías, las Juntas de Agua, los productores agropecuarios y los industriales).

La diputada del FMLN, Dina Argueta, dijo en el canal 33 local que «la concentración de las decisiones del control del agua ha quedado en manos de privados, ¿eso no es privatización? Acá a la población se le ha mentido por años diciéndole que si las cosas no funcionan hay que hacerlas privadas».

El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, también reaccionó al anuncio hecho por la Comisión de Medio Ambiente, y a través de su cuenta de Twitter pidió a Sánchez Cerén que vetara la ley si finalmente se aprueba.

Una Ley General de Aguas impulsada por los movimientos sociales, el FMLN y sectores académicos lleva años estancada en el legislativo, con 92 artículos ya aprobados, por la falta de consenso sobre la gestión del recurso.

La derecha parlamentaria, encabezada por la Alianza Republicana Nacionalista, promueve la mencionada Ley Integral del Agua, que cede la gestión del recurso en manos de una comisión dominada por la empresa privada.

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

(Spútnik) Un juez de Guatemala emitió una orden de arresto contra la exfiscal Thelma Aldana (2014-2018), quien encabezó las más sonadas investigaciones de corrupción de los últimos años en este país y es candidata presidencial a las elecciones generales de junio, por peculado y fraude tributario, informaron medios locales.

El juez Víctor Cruz, de décimo primera instancia penal, ordenó a la policía en un documento fechado el 18 de marzo pero divulgado el martes en medios locales «la aprehensión de Thelma Esperanza Aldana Hernández, de 63 años de edad (…) en Guatemala o en cualquier lugar de la República donde sea habida, por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada; falsedad ideológica; casos especiales de defraudación tributaria».

Aldana, candidata por el partido Movimiento Semilla y quien trabajó junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, no se encuentra en el país actualmente, dijo un miembro de su grupo político, según el medio digital soy502.com.

La ex fiscal general de Guatemala fue reconocida el martes como candidata presidencial por el Tribunal Superior Electoral (TSE) poco después de que un juez librara una orden de arresto en su contra por supuesto peculado y fraude tributario.

La propia Aldana informó en su cuenta de Twitter del reconocimiento de su candidatura por el Movimiento Semilla junto a su compañero de fórmula, Jonathan Menkos, una decisión que le otorga inmunidad.

«En medio de la incertidumbre que quiere imponer el Pacto De Corruptos, tengo una gran noticia para los guatemaltecos decentes: Junto a Jonathan hemos sido inscritos como candidatos ante el TSE. El pueblo guatemalteco hará temblar a los corruptos. Estamos listos», sostuvo Aldama.

​El anuncio de la ex fiscal general (2014-2018), quien se encuentra fuera de su país, presuntamente en El Salvador, coincidió con la emisión de una orden de captura en su contra por los delitos de peculado y falsedad ideológica.

«A los que promueven el bloqueo de nuestra inscripción se les ha olvidado que Guatemala ya no es la misma de hace 15 años. Esa esperanza que nació en el 2015 nos tiene acá defendiendo los valores que nos unen a los guatemaltecos decentes y diciéndole al mundo Corruptos nunca más», agregó Aldama.

​La jurista es célebre en su país y en el exterior por haber encabezado la primera gran investigación contra la corrupción en su país en 2015, junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que condujo a la renuncia y posterior encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidente Roxana Baldetti.

Aldana, quien presidió la Corte Suprema de Justicia entre 2011 y 2012, estableció por entonces tribunales especiales para juzgar casos de femicidio.