Wednesday, Dec 11, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, desmintió que el régimen de Juan Orlando Hernández pretenda despedir personal sanitario mediante un decreto de ley.

Y es que los gremios advirtieron una inminente masacre laboral luego de que se presentara en el Legislativo una iniciativa para facilitar los despidos, sin emabrgo, la funcionaria negó tal extremo, pues se pretente aplicar una “evaluación del recurso humano”.

“Creemos que (los sindicalistas) están muy mal informados porque el decreto está orientado a ayudarnos a incrementar el recurso humano asistencial; hay que hacer un reordenamiento interno a fin de mejorar y simplificar algunos procesos administrativos”, dijo.

Prosiguió que “no se trata de despedir, aunque es importante reconocer que hay que hacer una evaluación de recurso humano, ya que  la mayoría de la población se queja (del mal servicio) pero no quiere decir que vamos a despedirlos, vamos a facilitar los procesos administrativos para la contratación de recurso asistencial” .

Ante la amenaza de los gremios de emprender acciones que podrían paralizar el país, Flores lamentó que «afecten» la atención médica.

“Es una información no adecuada que se le está brindado a la población. Me parece que a veces se está buscando un pretexto para desestabilizar  el país,  nuestro pueblo enfermo necesita  atención y no es justo que paralicemos el sistema de salud», añadió.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El comisionado de Policía John Antony Cole será restituido en el cargo de jefe policial en el Progreso luego de que un juez determinara un sobreseimiento definitivo a su favor, informó el miércoles la Secretaría de Seguridad.

Mediante un comunicado, el organismo precisó que la medida fue tomada luego de que un juez de Juticalpa acordara absolver al funcionario a quien se lo acusó de homicidio cometido en 1995, pues el incidente habría ocurrido en el cumpliento de sus funciones.

Por tanto, el director de la fuerza pública, José David Aguilar, acordó reintegrarlo en la jefatura policial progreseña.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras, en seguimiento a la detención judicial de un Sub Comisionado de Policía el pasado mes de marzo ejecutada por la ATIC en relación a un caso de 1995 en actos del servicio, a la opinión en general comunica:

1. Una vez efectuada la captura, la Secretaría de Seguridad le asignó un cuerpo de abogados para asesorar y defender los derechos e intereses en materia jurídica durante el proceso judicial.

2. Según una orden emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa Olancho, al señor John Antony Cole Altamirano le fue revocado el auto de prisión decretado en su contra y se le otorgó sobreseimiento definitivo.

3. Tomando en consideración la determinación del juez competente y que el caso por el que fue acusado se suscitó en el cumplimiento del deber; el Director General de la Policía Nacional determinó restituirlo en el cargo que venía desempeñando.

4. Por tal razón a partir de la fecha el Sub Comisionado Cole Altamirano retoma el mando de la Unidad Metropolitana de Policía #11 en El Progreso, Yoro.
La Policía Nacional garantiza los derechos y libertades consignadas en la constitución de la República y reitera el respeto irrestricto de los derechos humanos de la población.

El Ocotal, DC, 17 de abril de 2019.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El jefe de la MACCIH, Luiz Antonio Marrey Guimaraes, entregó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el informe trimestral del trabajo que realiza en Honduras.

Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, el jefe del organismo dio por recibido el documento.

Guimaraes, quien llegó en junio pasado al país, expresó que hay corrupción en casi todos los países, pero que la cuestión fundamental es cómo reacciona cada uno contra eso, qué trabajo hacen sus instituciones y cómo es el mecanismo de rendición de cuentas de aquellos que ejercen cualquier forma de poder.

El convenio de la MACCIH entró en vigencia el 19 de abril de 2016, por lo que su vigencia expira el 19 de abril de 2020.

Para que la Misión continué en el país el gobierno y el Congreso Nacional, deberán ratificar el convenio.

Sin embargo, desde que el brazo de apoyo de la OEA comenzó sus acciones en Honduras, ha sido cuestionada por varios actores sociales, ya que señalan no ver resultados sobre la desarticulación de las redes de corrupción y ver tras las rejas a los autores intelectuales al más alto nivel.