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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, informó este lunes que envió una queja formal al Ejecutivo luego del cierre de varias empresas que operaban en el país.

El directivo reclamó que la falta inseguridad jurídica, el cambio constante de las reglas de acuerdo a reglamentos y no con el espíritu de la ley, son las principales consecuencias de la fuga de capital.

“Enviamos una carta a través del secretario de la Presidencia Ebal Díaz en la que se expresa que después del último cierre de las empresas hemos visto cómo se ha minado la confianza de más empresas por acciones repetitivas de la autoridad tributaria de varias instituciones que no están respetando la ley, que si no a base de reglamentos quieren hacer acciones que no están dentro del espíritu de la ley”.

Al respecto insistió que “tenemos que señalar con nombre y apellido o con punto y coma todas las acciones que están haciendo que el país no crezca económicamente”.

Y es que las empresas se quejan por muchos abusos que están cometiendo desde las oficinas del Estado, señaló Sikaffy.

“Nosotros estamos en una economía abierta donde la mayoría de los países que estamos compitiendo que son nuestros vecinos tienen igual o más incentivos fiscales para las empresas prueba de ello es que hemos tenido en el último mes tres empresas que se han ido”.

Aclaró que existen exoneraciones fiscales que son de la canasta básica, y existen incentivos fiscales para que las empresas generen trabajo, rentabilidad y oportunidades de empleo para miles de hondureños.

“Lo que hay que poner claro es de que la empresa privada goza de incentivos fiscales para invertir y generar trabajo”.

SANTIAGO DE CHILE, CHILE

(Spútnik) Al menos 3.529 mujeres fueron víctimas de feminicidios en 25 países latinoamericanos y caribeños en 2018, reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

«Al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas en 2018 por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe», señaló el Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal en un informe.

Este lunes se observa el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

«El asesinato de mujeres por razones de género es el extremo del continuo de violencia que viven las mujeres en la región. Las cifras dan cuenta de la profundidad que alcanzan los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos en la región», dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

El informe advierte que las cifras más altas se observan en El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Bolivia.

El Salvador tiene una tasa de 6,8 feminicidios por cada 100.000 mujeres, Honduras de 5,1, Guatemala de dos y República Dominicana de 1,9.

Bolivia, cuya tasa fue de 2,3 feminicidios por cada 100.000 mujeres, en 2018 fue el tercer país con mayor número de asesinatos y el peor de América del Sur.

En esta subregión le siguen Paraguay (1,7), Uruguay (1,7), Ecuador (1,3), Argentina (1,1), Brasil (1,1), Venezuela (0,8), Colombia (0,5) y Chile (0,5).

En el Caribe, Trinidad y Tobago y Barbados lideraron la lista en 2018 con 3,4 muertes por cada 100.000 mujeres.

Pero la peor tasa de feminicidio caribeña supera las cuatro muertes por cada 100.000 mujeres en países como Guyana y Santa Lucía, de acuerdo con información de 2017.

La Cepal advirtió que en la región hay problemas para registrar y comparar estos crímenes de género, ya que en la mayoría de los países del Caribe (donde se observa una ausencia de tipificación del feminicidio o femicidio en los códigos penales) solo se recopilan cifras sobre las muertes de mujeres cometidas por parejas o exparejas.

Además, en América Latina los países difieren en la definición normativa del crimen, que va desde una expresión amplia del feminicidio a tipos penales que lo acotan al ámbito del matrimonio y la convivencia.

La Cepal está impulsando la construcción de un Sistema de Registro de Feminicidios en los países de América Latina y el Caribe para mejorar la calidad de la información nacional y fortalecer la comparabilidad regional.

WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) El presidente de EEUU, Donald Trump, extendió por un año una declaración de emergencia nacional para Nicaragua, debido al «desmantelamiento de las instituciones democráticas» por parte del Gobierno del país centroamericano y la represión de activistas.

«La situación en Nicaragua, incluida la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el desmantelamiento y debilitamiento sistemático de las instituciones democráticas y el estado de derecho (…) sigue representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos «, dijo el mandatario en una declaración enviada al Congreso.

El aviso extiende por un año la emergencia declarada el 27 de noviembre de 2018.

La emergencia nacional está destinada a ampliar los poderes presidenciales para invocar una docena de leyes estadounidenses relevantes, sin embargo, no está claro cómo se aplicaría la declaración a Nicaragua.

Trump utilizó una declaración de emergencia similar con respecto a la frontera entre Estados Unidos y México para invocar las leyes existentes que, según la administración, permiten el desvío de dinero de los programas gubernamentales para construir un muro fronterizo.

Nicaragua vive una crisis política desde mediados de abril de 2018, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración que preside Daniel Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de «terroristas».

Por su parte, Ortega ha acusado repetidamente de «injerencia» al Gobierno de Trump.

Confidencial HN