Monday, Oct 14, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

La denuncia interpuesta por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra el expresidente Porfirio Lobo por presuntas irregularidades en la transferencia de fondos del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) refleja que el organismo se volvió arma de persecución contra los críticos del actual gobierno.

A la vez, evidencia la amoralidad de sus cabezas visibles -Gabriela Castellanos y Odir Fernández- al ocultar los recursos que reciben del Estado y que utilizaron el mismo esquema al que habría recurrido Pepe para solicitar dinero a fin de ser implementado en «apoyo institucional para seguridad presidencial».

Un dossier de documentos que obtuvo ConfidencialHN y Radio Globo revelan que Castellanos y Fernández incurrieron en dolo al afirmar que Lobo malversó 25 millones de lempiras que estaban «destinados a obras sociales» y que fueron destinadas a temas de seguridad del presidente.


Según la directora del CNA y el jefe de investigaciones, Lobo creó una arquitectura para drenar dinero del Pani que serían para cuestiones benéficas al usar como argumento la existencia de una crisis financiera que le estaba dificultando cumplir con sus obligaciones sociales.

No obstante, varios documentos analizados por este medio indican de que Pepe pidió a través de un oficio fechado 1 de octubre de 2013 al exsecretario de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, que le efectuara una transferencia para asuntos netamente de seguridad presidencial.

De hecho, la transacción fue concretada el 17 de octubre de ese año, cuando la Unidad de Servicios Financieros de la Administración Central y la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas le giró tal cantidad de dinero a la Presidencia, siendo aprobado por David Fernando Alfaro, Miguel Antonio López y James Aldana Medina.

El dinero que fue enviado a Casa Presidencial para labores de resguardo provino de la partida 0449, que controla un fondo común a donde van a dar los recursos asignados a todas las entidades y que no fueron ejecutados durante el ejercicio fiscal determinado, en este caso, de 2013.

Este fondo de remanentes suele ser utilizado por Finanzas para emergencias y otras necesidades de las instituciones.

En consecuencia, la petición efectuada por Lobo está respaldado por el artículo 12 de las las disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto en las que se establece que los recursos pueden «provenir de transferencias procedentes de otras entidades públicas».

Sin embargo, el CNA insiste en su denuncia que Lobo sacó hasta 150 millones de lempiras del Pani para labores de asistencia social y que una parte habría sido desviada, por lo que exigió que al expresidente se lo acuse por malversación de caudales.

No obstante, las fechas que la oficina anticorrupción cree que se cometieron los ilícitos no coinciden con el pedido de los fondos de protección solicitados por Pepe.

La acusación presentada por la autodenominada instancia de sociedad civil carece de sentido lógico y sustento legal porque, según el dossier revisado por ConfidencialHN indica que no existió una solicitud directa de fondos al Patronato Nacional de la Infancia.

CNA DISFRAZA DINERO PÚBLICO. Una búsqueda en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) respecto a la entrega de dinero efectuado al CNA revela de que el organismo disfrazó y ocultó las transferencias que le efectuó el fondo común.


El CNA hizo pasar como «aporte del sector privado» el giro monetario de tres millones 080 mil lempiras que recibió en diciembre de 2016, cuando el documento establece que la responsable del giro fue la Secretaría de Finanzas, según el formulario 1509, con identificación 08019005010377, cuyo receptor fue la instancia de sociedad civil.

Este documento fue firmado por la contadora general Leslie Aguilera, la jefe de la unidad administrativa Ilse Osorio y validado por María Antonia Juárez, representante de la firma auditora Juárez Group según el documento que encontró este periódico.

Mientras tanto, en el segundo tramo de dinero que se les asignó en octubre de 2017, ocultaron de los registros públicos los tres millones 900 mil, al sustituirlos por una transferencia de un millón 833 mil 333 lempiras y hacerlas pasar como aportes del «sector privado» y fueron avalados por Osorio, Aguilera y la auditora Juárez.

ConfidencialHN encontró en en legajo de documentos que el CNA pidió dinero para «supervisar» las elecciones generales de noviembre de 2017 y que no han sido liquidados.

Tampoco aparecen en el portal de transparencia con una explicación creíble, tal como lo exigen las normas presupuestarias y de auditoría.

 

AMORALIDAD EN EMPLEADOS DEL CNA. Este periódico también dio con documentos sobre transferencias que fueron realizadas al CNA, precisamente desde el fondo común 0449, asignado -curiosamente- a la unidad de Servicios Financieros de la Administración Central y que fueron girados al a la pagaduría especial de la oficina anticorrupción.

En dos giros de dinero efectuados el 27 de diciembre de 2016 y 28 de septiembre de 2017 dan cuenta de giros por sumas de tres millones 080 mil lempiras y tres millones 900 mil lempiras exactos, de manera respectiva, los cuales fueron aprobados por Alberto Murillo, Carlos Alberto Flores y James Aldana Medina y ambas operaciones fueron satisfactorias.

La transferencia de los fondos se realizaron desde una cuenta especial del BCH el 26 de diciembre de 2016 y en septiembre de 2017, que fueron originadas desde el mecanismo denominado resultados acumulados de ejercicios anteriores, al igual que ocurrió con la transferencia que solicitó Lobo a la Secretaría de Finanzas.

Es decir que tanto la asignación presupuestaria dirigida al CNA como la transferencia realizada a la Presidencia surgieron del mismo fondo común.

Sin embargo, Castellanos y Fernández insisten que el expresidente nacionalista malversó caudales al pedir dinero para seguridad gubernamental, a sabiendas de que hay normas y manuales de clasificación presupuestaria, por lo que coincide en que tanto Casa Presidencial como el Consejo Anticorrupción recibieron aportes de los Servicios Financieros de la Administración Central.

O sea, que el organismo que procura combatir la corrupción e impunidad en Honduras recurrió a la misma fuente que usó el entonces presidente y cuyo dinero aportado sirvió para denunciar irregularidades en la gestión pública, incurriendo en serias y profundas contradicciones y graves crisis morales que ponen en entredicho el papel de los dos personajes acostumbrados al histrionismo y asedio mediático para responder preguntas prefabricadas.

Esta acción podría abrir en el futuro acusaciones de índole penal contra el CNA, ya que se utilizaron los mismos mecanismos, las mismas instituciones y con iguales resultados, por lo que se configuraría el delito de malversación de caudales.

PERSECUCIÓN CONTRA PEPE. Cabe recordar que el expresidente Lobo, quien en los últimos días ha ido recrudeciendo sus cuestionamientos contra el actual presidente Juan Orlando Hernández y la cacería que sufre su esposa Rosa Elena de Lobo montada por el CNA, podría estar yendo a los tribunales en condición de imputado de abuso de autoridad y malversación.

Los retos hechos por el exmandatario han provocado molestia desde el Ejecutivo nacionalista y la oficina que dirige Castellanos, por lo que se profundiza la persecución contra Pepe y cuadros de confianza que trabajaron con él entre 2010 y 2014 cuando ocupó la titularidad del Ejecutivo.

El CNA estimó en su denuncia que no se realizaron ejecuciones presupuestarias, en particular, de Casa Presidencial, por lo que vieron hasta raro que la administración Lobo pidiera dinero al Pani para la ejecución de obras, actividades, pagos y otros, cuando tenían que ejecutar el dinero asignado a funciones del entonces dignatario.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Una de las corrientes de Libertad y Refundación (Libre) pidió hoy al coordinador de la formación política y expresidente Manuel Zelaya de que acepte la postulación para las elecciones generales de 2021, por lo que se allana el camino para poder postularse por segunda vez a la titularidad del Ejecutivo.

El movimiento Pueblo Organizado en Resistencia (POR), solicitó en una asamblea que Zelaya proceda a aceptar la solicitud a fin de que sea el candidato oficial a la reelección.

«El POR apoya la decisión del coordinador general del partido Libre, José Manuel Zelaya Rosales, de dedicar todos sus esfuerzos políticos a la construcción de la unidad nacional, para la refundación del país, por medio a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente», según escribió una organización afín al partido en redes sociales.

«La inmensa mayoría de las bases de Libre -prosigue el texto-, ve en José Manuel Zelaya Rosales, la capacidad de guiar un proceso electoral victorioso, por lo que le solicitamos, hacer un compás de espera en su decisión de no participar como candidato, hasta que se dé la consulta sobre la reelección en 2020», indicó el diputado y miembro de la coordinación nacional del POR, Edgardo Castro.

Esta corriente mandó a decir a las demás fuerzas internas de la formación opositora que hagan «un solo frente» que se dedique de lleno a la consolidación de la estrategia «hasta la salida de la dictadura».

“Continuamos nuestro esfuerzo por la lucha de la liberación de presos políticos, y nuestro respaldo unánime a la candidatura de Manuel Zelaya Rosales, ya que reconocemos que el pueblo hondureño mantiene su respaldo a uno de los mejores presidentes de la historia de Honduras, el POR marcha hacia la victoria junto a Mel”, sostuvo Castro.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) La polémica persiste en El Salvador a propósito de una invitación a matar delincuentes, lanzada por un líder de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), triunfadora en los recientes comicios presidenciales de la mano de Nayib Bukele.

Las redes sociales se dividen entre quienes apoyan y quienes repudian una incitación a responder a la violencia con más violencia, hecha por el diputado Guillermo Gallegos, expresidente la Asamblea Legislativa (Parlamento) y defensor de la pena de muerte.

«Si te veo matar a un delincuente, yo no te vi», publicó en su perfil de Facebook el parlamentario de GANA, que en su momento abogó por armar a la población para defenderse del azote de las pandillas en esta nación centroamericana.

Muchos seguidores aplaudieron este llamado a apropiarse de la justicia, pero otros alertaron sobre la violación de derechos humanos, el creerse por encima de la ley y la espiral de violencia que engendraría.

«Guillermo Gallegos, dice que piensa promover la paz a través de matar a los delincuentes. A ver si entendí, ¿la violencia, genera paz? Gallegos lo que usted ofrece no es justicia, es venganza, y así sólo vamos a crear una sociedad con antivalores», razona el usuario @SvPolitico.

Gallegos, ahora vicepresidente del Órgano Legislativo, acusó a sus detractores de ser «defensores, ayudantes, colaboradores y novios o novias de los mareros», para ratificar lo que muchos denunciaron como una «apología del delito», postura recurrente en un político no exento de polémica y cuestionamientos.

Exjefe de bancada de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y miembro de su Consejo Ejecutivo Nacional hasta su cambio de partido, Gallegos fue investigado por favorecer con sus votos como diputado concesiones por más de medio millón de dólares a una asociación fundada por su esposa, Nora Romero, aunque el Tribunal de Ética Gubernamental lo absolvió.

Además, Gallegos promovió desde su escaño dar una amnistía para los policías procesados por lesiones o asesinatos cometidos durante enfrentamientos contra estructuras criminales, a despecho de lo que promueve el ministerio de Justicia y Seguridad Pública: una investigación del incidente en cuestión para garantizar que las fuerzas del orden actúen en apego a las leyes y los derechos humanos.

Azotado por años de violencia, El Salvador avanzó en la lucha contra este flagelo mediante políticas públicas de prevención y ataque a las fuentes de financiamiento, aunque los indicadores de criminalidad aún son altos.

El presidente electo, Nayib Bukele, no se ha manifestado sobre las declaraciones de su correligionario, aunque en el Plan Cuscatlán, la plataforma de gobierno que presentó en enero pasado, propuso crear un equipo de seguridad enfocado en mejorar la situación de la violencia desde todos los ejes, no solo desde la represión.

Bukele, ganador de la presidencia salvadoreña en primera vuelta con el 53,03 % de votos válidos, enfrentó a su vez un juicio por expresiones de violencia contra la mujer, en perjuicio de la exsíndica Xochitl Marchelli, quien luego retiró los cargos alegando motivos de salud.